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El desarrollismo o el “crecimientismo”, la “nueva” utopía del bloque “democrático y popular” de “izquierda”
por Guilherme CarvalhoEste texto tiene como principal objetivo presentar algunos puntos que creemos relevantes a la reflexión crítica acerca de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía, cuyos principales exponentes son el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el IIRSA. Los ítems presentados no pueden ser comprendidos aisladamente, sino como un todo articulado.
Últimamente ha sido común oír, aún de personas vinculadas a organizaciones sociales y ONGs que acompañan los procesos de negociación entre los países para incrementar el comercio multilateral o la integración económica sudamericana, la afirmación de que la Iniciativa Para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ya no interesa más a los gobiernos de América del Sur. ¿Será verdad?Lo que hemos visto durante los últimos años es la proliferación de grupos y de formas de resistencia a los fundamentos de la estrategia que sustenta el IIRSA, así como su expresión material que son los grandes proyectos de infraestructura. Indígenas costeros, extractivistas, jóvenes, grupos de mujeres, ONGs, campesinos, integrantes del Ministerio Público Federal, investigadores y muchos otros segmentos sociales han ofrecido una reñida oposición a estos emprendimientos y a todo lo que está asociado a ellos –degradación ambiental, concentración de los fundos y expansión de la pobreza entre otros problemas. Es lógico que en este escenario el interés de los gobiernos de la región sea disminuir la presión que viene de la sociedad. Y una de las formas encontradas es diseminar la idea de que el IIRSA es pasado, aunque la realidad niegue este discurso.
Este texto tiene como principal objetivo presentar algunos puntos que creemos relevantes a la reflexión crítica acerca de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en la Amazonía, cuyos principales exponentes son el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y el IIRSA. Los ítems presentados no pueden ser comprendidos aisladamente, sino como un todo articulado. Con todo, creemos que la forma en la que el texto fue escrito es la más adecuada, pues este podría ser usado en reflexiones de grupo.
En fin, queremos resaltar que algunos elementos no fueron incorporados a este texto, por las dificultades enfrentadas durante su elaboración. Esperamos superar esa falta en otros materiales.
Grandes proyectos de infraestructura para garantizar el acceso, uso y control de los recursos amazónicos a las grandes empresas nacionales y extranjeras
Iniciaremos nuestro abordaje realizando un interesante ejercicio. Agarremos dos mapas, el primero conteniendo las áreas de América del Sur donde se concentran recursos estratégicos como madera, agua, minerales y tierras fértiles entre otros, y el segundo, con la localización de todas las obras de estructura previstas por el IIRSA y el PAC en sus respectivas carteras de proyectos. Ahora, coloque uno sobre el otro. ¿Qué es lo que usted percibe? Sin duda alguna usted no tendrá dificultades para llegar a la conclusión de que los emprendimientos que están siendo ejecutados, o que todavía serán implementados en la Amazonía, buscan, entre otros objetivos, garantizar el acceso de grupos poderosos a aquellos recursos.
Pero garantizar el acceso no basta. Es necesario también que el uso y el control de los mismos sean efectivizados a cualquier costo; de esta forma, una serie de medidas están siendo tomadas por el gobierno federal para que los intereses de las grandes corporaciones sean completamente satisfechos: líneas de financiamiento que más parecen una donación de recursos públicos, establecimiento de aparcerías público-privadas, concesión a la iniciativa privada para la exploración, cambios constitucionales, flexibilización de la ley ambiental, etc. [1]
Un último ejercicio. Sobreponga a los dos mapas anteriores, otro contenido de localización de las bases militares estadounidenses en América del Sur. Tal vez quede sorprendido con la coincidencia existente ya que estos “enclaves” del imperio permiten a los estadounidenses el control militar de todos los territorios concentradores de recursos naturales. ¿Teoría de la conspiración? Todo indica que la reactivación de la 4º Flota Naval de los EEUU no busca solamente cazar “insurgentes”. [2]
Frente a un brutal proceso de concesión territorial
Propongo un viaje por una de las principales carreteras que atraviesan la Amazonía brasilera: la BR-364 que se inicia en Sao Paulo y llega hasta la frontera del Acre con el Perú. Tomemos el trecho de esta carretera en el estado de Rondonia. En este están siendo construidas dos obras de gran envergadura en el ámbito del PAC, las hidroeléctricas de Santo Antonio –a 7 km de la capital del estado, Portobello– y Jirao, distante a cientos de kilómetros. Las dos otras hidroeléctricas están previstas en el portafolio del IIRSA: Guajaramirin, frontera Brasil y Bolivia, y Cachuela Esperanza, ésta en territorio boliviano. [3] Con esto, navíos de gran calado utilizados en el comercio internacional podrán acceder a la bahía del río Madera.
Es impresionante la cantidad de tierras públicas a lo largo de la BR-364 que pasó al control de las empresas involucradas en la construcción de las represas. En el caso de Jirao, 50,1% de las acciones del Consorcio Energía Sustentable de Brasil pertenecen a la multinacional Suez Energy, y 9,1% a la empresa Camargo-Correa; ambas pasaron a tener bajo su dominio un stock de tierras nada despreciable. [4] Además, y este es otro dato importante, las hidroeléctricas de la (pan) Amazonía tiene entre sus objetivos transformar los principales ríos de la región en hidrovías para así impulsar el intercambio comercial en escala internacional.
Como si no fuera poco, las empresas que construyen las hidroeléctricas no solo usufructúan de la venta de energía producida sino que también pasarán a contralar de algún modo, el movimiento de las embarcaciones en los ríos de la Amazonía. Por lo tanto, expandirán su poder por vastos territorios de la región a partir de la “privatización” de sus ríos principales.
Los proyectos de infraestructura provocan un profundo reordenamiento del territorio amazónico
Investigaciones realizadas en Rondonia en el ámbito del Proyecto Nueva Cartografía Social, coordinado por el profesor Alfredo Wagner de la Universidad del Estados de Amazonas (UEA), indican que las concentraciones de tierra se aceleraron durante la construcción de Santo Antonio y Jirao. Y el Programa Tierra Legal del gobierno federal ha sido uno de los instrumentos para garantizar la legalización de las tierras disputadas en la región.
Con la construcción de las hidroeléctricas en la Amazonía es posible que las grandes empresas alcanzaran tres objetivos importantes para ellas: 1. Evidentemente, producir y vender energía, 2. Transformar los ríos más importantes de la región en hidrovías, y 3. Impulsar la instalación o expansión de actividades económicas con fuerte inserción en el mercado global, como el agronegocio.
No es difícil comprender que la transformación de la bahía del Madera en un área navegable para grandes embarcaciones es por sí sola un elemento de gran valorización de las tierras, principalmente de aquellas localizadas en los márgenes de los ríos. Esto también ocurre con la apertura y/o asfaltado de carreteras, ampliación de la red de distribución de energía, construcción y modernización de puertos y aeropuertos, etc.
La IIRSA y el PAC procuran construir un sistema logístico integrado, articulando energía, transporte y comunicación. Esta red logística está en función de garantizar la competitividad de las empresas que están siendo instaladas o que se instalarán en la región en los próximos años. De alguna forma, esta red está volcada a la atención de las demandas de agricultores familiares, indígenas o extractivistas. Es lógico que la harina y el frijol circularán por los caminos, pero esto debe ser considerado como un “efecto colateral” del objetivo principal que es atender a los intereses de los sectores económicos con fuerte vinculación con el mercado internacional: la pecuaria, la producción de agrocombustibles y celulosa, las industrias electrointensivas, y las madereras, por ejemplo, los segmentos a ser contemplados por la IIRSA y por el PAC.
Los grandes proyectos de infraestructura promueven un profundo reordenamiento territorial, donde la producción pequeña familiar y el extractivismo, entre otros, tienden a ser sustituidos por actividades económicas intensivas en capital y en el uso de recursos naturales. Según Milton Santos (2008,p 31)[5], la “exigencia de fluidez manda a quebrar las fronteras, mejorar los transportes y comunicaciones, eliminar los obstáculos a la circulación de dinero (aunque la mercadería quede para después), suprimir las regulaciones hostiles al galope del capital hegemónico”. De esta forma, los territorios son moldeados a imagen y semejanza del gran capital.
Los grandes proyectos promueven la diseminación de los conflictos en la Amazonía
El anuncio de la ejecución de estos proyectos por sí solo ya constituye un motivo para el desplazamiento de personas hacia los locales de las obras, a fin de disputar los trabajos –en gran medida precarios y de baja calificación–, o para intentar lucrar con la apertura de nuevos emprendimientos. Las consecuencias de este proceso se hacen sentir sin demora:
a) Aumento exponencial de la demanda por servicios públicos de salud, educación, vivienda y transporte, especialmente;
b) Ocupación desordenada del territorio con la ampliación de periferias urbanas
c) Recrudecimiento de las diferentes modalidades de violencia(contra mujeres y niños, aquellas motivadas por el mercado de drogas, prostitución y otras), y
d) Degradación ambiental. Las difíciles situaciones que atraviesan Portobello (Rondonia) y Altamira (Pará) son ejemplares.
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Entre las presiones, destacan:
- El aumento de la demanda mundial de proteínas natural y vegetal: la población del planeta consume cada vez más carne (ganado, cerdo, pollo), soya y otros productos agrícolas a fin de mejorar la capacidad de consumo de millones d personas –de chinos por ejemplo–, como también cambios en los hábitos alimenticios, principalmente de las nuevas generaciones encuadradas en el sistema “mcdonaldiano”, o premiadas por las circunstancias cotidianas. La Amazonía aparece, entonces, como propicia a la expansión del agronegocio para atender esta demanda, sometiendo a sobrepresión las tierras ocupadas por agricultores y agriculturas familiares y poblaciones tradicionales.
- El aumento de la demanda por energía: la Amazonía está siendo preparada para convertirse en la gran provincia energética brasilera, que atienda las demandas de todas las regiones del país. Según cálculos del profesor Osvaldo Sebá (Unicamp), si todas las represas previstas y/o definidas en la Amazonía fueran efectivamente ejecutadas, sumarán 302 hasta el año 2050. ¡Una locura! ¿Cuáles serían los impactos de esta cantidad absurda de represas en el clima del planeta? [6] ¿Se puede uno imaginar la cantidad de personas que serán desplazadas de manera forzosa para garantizar la ejecución de estas obras, o los millares de hectáreas de bosque (localizados en tierras indígenas, parques y otras áreas de protección) que deberán ser cubiertos por la formación de lagos? ¿Será que uno consigue dimensionar los conflictos surgidos por este proceso en toda la región?
- La producción del agrocombustibles: apenas por una cuestión didáctica, resolvemos acentuar separadamente el ítem de los agrocombustibles del acápite anterior volcado a la energía. Esto para resaltar los impactos emergentes de esta actividad en las poblaciones locales y en el ambiente. Son millones de almácigos de oleaginosas que están siendo preparados para el cultivo, en particular en el estado de Pará, patrocinado por una empresa vinculada a PetroBras y a Vale. Además de la posibilidad que queda en la producción de alimentos, la concentración de tierras tiende a recrudecer como ya está ocurriendo.
- El aumento de la demanda de minerales: la China es actualmente el mayor mercado consumidor de minerales brasileros. Cerca del 60% de la producción de Vale tiene como destino aquel país. Esta y otras empresas multinacionales como la ALCOA, desarrollan intenso trabajo de levantamiento de “jaziras”, buscando controlar vastas extensiones del territorio amazónico. Los conflictos con comunidades remanentes de quilombos[7], indígenas, extractivistas, pueblos ribereños, agricultores familiares, asentados de la reforma agraria, y pequeñas y medianas ciudades han sido frecuentes. [8]
- La demanda por madera y el desabastecimiento de stocks en Asia; la industria maderera de Malasia y otros países de la región podrá entrar en crisis en los próximos años a causa del desabastecimiento del stock existente, debido a la intensidad de la explotación predatoria con la que la actividad es realizada. Es posible constatar, por ejemplo, que la apertura de carreteras en Perú ha venido acompañada del aumento de extracción ilegal de madera. En ese contexto, la Pan-Amazonía se afirma como región estratégica para el sector. Como bien sabemos, la explotación ilegal de madera en la Amazonía brasilera, históricamente ha caminado lado a lado con la disputa de tierras, la deforestación y la formación de pastos o de áreas para la agricultura intensiva.
La violencia no es algo circunstancial en el proceso de expansión capitalista en la Amazonía, pero si parte constitutiva del modelo hegemónico que se emplea en la región, como bien afirmó el profesor Alfredo Wagner en sus estudios sobre la reforma agraria realizados en la década de 1980. Y esa violencia se expresa actualmente de diferentes formas: como abuso o uso de fuerzas de represión del Estado, o estrangulamiento financiero de organizaciones que se oponen a la lógica dominante; campaña masiva de descalificación de liderazgos y de los movimientos sociales –ver lo que ocurre con los movimientos de mujeres de Altammira que se oponen a Bello Monte–; o el asesinato y la persecución política, entre otros. Infelizmente, la tendencia es que la violencia recrudezca a raíz de los conflictos y las presiones citadas anteriormente.
No se trata de integración sudamericana
No se trata de integración sudamericana, pero si de una conexión de territorios hacia la globalización capitalista: es una estrategia fragmentadora desde el punto de vista socio-territorial. No es todo el territorio lo que le interesa al gran capital; solo las parcelas cuyas localizaciones son consideradas estratégicas, -como las más adecuadas hacia la construcción de puertos y aeropuertos-, o por concentrar grandes valores de recursos en el mercado internacional. En este sentido, podemos afirmar que la IIRSA busca, fundamentalmente, conectar partes del territorio sudamericano al mercado globalizado.
Documentos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comúnmente afirman que la IIRSA es un avance en relación a otras tentativas de integración suscitadas en el pasado. De acuerdo con los especialistas del banco, la IIRSA se fundamenta en una visión integrada del territorio sudamericano. Todavía, la estrategia de concentrar recursos en determinadas partes del territorio sudamericano para construir un sistema integrado de logística, articulando energía, transporte y comunicación –los llamados ejes de la integración– lejos de promover la horizontalización del desarrollo tiende a recrudecer las diferencias entre los países y al interior de cada nación.
El modelo de desarrollo patrocinado por la IIRSA y el PAC, basado en ejes de integración, puede, por ejemplo, provocar elvaciamiento económico y poblacional de extensas áreas de América del Sur, a diferencia de lo que afirman el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) o el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principales financiadores de esta estrategia. Algunos autores llegan a afirmar que la fragmentación promovida por el actual modelo hegemónico puede constituirse a futuro en un peligro real para la propia idea de nación.
Integración física y reforma estructural son las dos caras de la moneda
La integración de la infraestructura no es suficiente para la integración latinoamericana. Las reformas estructurales conforman el otro lado de la estrategia.
Para los defensores de la integración sudamericana, fundada en la expansión del mercado y la libre circulación de mercaderías y capitales, la constitución de una red logística profundamente articulada, agregando transporte, energía y comunicación, siempre fue considerada importante, pero no suficiente como para garantizar la integración de América del Sur. O sea, al lado de la construcción de centenas de hidroeléctricas y la expansión de la red de energía, más puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, termoeléctricas, pavimentación y/o apertura de caminos, transformación de grandes ríos en hidrovías y otros emprendimientos, defendían también la ejecución de un conjunto de acciones que redujeran al máximo los “obstáculos” al incremento del comercio internacional, como la flexibilización de las legislaciones ambientales y laborales de los países desarrollados; la constitución de nuevos marcos regulatorios que disminuyeran las restricciones a inversiones extranjeras y a la circulación del capital –desde la agilización del paso de camiones con mercaderías por fronteras nacionales, hasta las cuestiones de orden tributario y fiscal, repatriación de ganancias, protección de inversiones y otros ítems considerados estratégicos por los grandes grupos económicos.
De acuerdo con este punto de vista, la integración económica sudamericana depende, de un lado, de la integración física del continente y, de otro, que sean ejecutadas las llamadas reformas estructurales para garantizar la protección de las inversiones, facilidades para la repatriación de capitales, la apertura de la economía, etc. Por tanto, integración física y reforma estructural son dos lados de una misma moneda.
IIRSA y PAC son algunos de los medios priorizados por Brasil para garantizar su supremacía en la región
La cuestión si Brasil debe o no empeñarse en constituirse en una potencia regional es un debate superado entre los segmentos que controlan el Estado brasilero. El plan PluriAnual 2004-2007 del gobierno federal ya había presentado esa perspectiva de modo muy claro, cuando afirmó que la integración sudamericana era una de las cuestiones de inserción competitiva de la economía brasilera en el mercado internacional. La preocupación mayor, inclusive entre el sector militar, es saber cuál será la reacción de EEUU a esa pretensión brasilera. Como afirma el dicho popular, “es ahí que la puerca tuerce el rabo”.
El proceso de internalización de las empresas brasileras ha sido impresionante, en particular en los mercados de los países vecinos. Los sectores que comandan el Estado brasilero saben muy bien lo que pretenden con la integración sudamericana. No es en vano que segmentos integrantes de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) pasaran a defender que el Brasil exija de sus vecinos la aprobación de leyes nacionales que protejan inversiones extranjeras, en el caso de las empresas brasileras, asociadas o no al capital internacional. Algo que Brasil se ha resistido a aceptar en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los grandes proyectos de infraestructura han servido como una especie de catapulta para un conjunto de empresas brasileras, en especial las contratistas. De manera resumida, podemos decir que los acuerdos firmados por Brasil con las demás naciones sudamericanas han seguido la siguiente ruta: 1. Las demandas por financiamiento son presentadas al gobierno brasilero; 2. El BNDES entra en el juego y dispone los recursos; 3. Los contratos asignados prevén que los servicios de consultoría o equipamiento sean obtenidos en Brasil; y 4. Las empresas acceden a recursos del BNDES en condiciones ventajosas y constituyen consorcios con empresas de países donde las obras se ejecutan.
O sea, las empresas brasileras ganan en todo, mientras que los países vecinos se quedan con la deuda pública y los impactos socio-ambientales. En caso de que usted tenga condiciones, acceda a la lista de obras que están siendo ejecutadas o finalizadas en América del Sur en los últimos 10 años, que contaron con la participación de empresas brasileras.
Por otro lado, Brasil ha invertido en la modernización de las fuerzas armadas y su aparato militar: submarino nuclear, reactivación de la industria bélica nacional (la de helicópteros, por ejemplo), compra de jets, etc. Se calcula que Brasil pretende gastar cerca de 30 billones de dólares para armarse
La Amazonía está siendo despedazada
Para que los objetivos de los defensores del actual modelo de desarrollo sean alcanzados, es preciso despedazar la Amazonía. ¿Qué significa esto? El macrozoneamiento ecológico–económico –irónicamente aprobado durante la semana del medio ambiente de 2010– avanza en la perspectiva de despedazar la Amazonía. Su parte occidental deberá ser, según el gobierno y sus aliados, en buena parte preservada. Todavía la porción oriental y una parcela de la occidental mantendrán algunas áreas verdes desconectadas entre sí, y el restante estará abierto a las actividades económicas intensivas en el uso de los recursos naturales. A esa estrategia la denominamos despedazamiento de la Amazonía. No es en vano, por tanto, que poderosos grupos políticos y económicos realicen lobys en el congreso nacional, a fin de que algunos estados que hoy integran la Amazonía, dejen de serlo. A ellos les interesa tomar tales Estados “libres” para que las grandes empresas se instalen de forma acelerada.
O sea, la Amazonía está siendo “despedazada” a fin de acelerar la concreción de los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras, a pesar de los impactos presentes y futuros sobre poblaciones y el equilibrio climático. Una duda persiste en este proceso: ¿cómo Brasil garantizará el cumplimiento de acuerdos internacionales para enfrentar el cambio climático, si ejecuta esta estrategia basada en la explotación intensiva de los recursos de la región para atender las demandas de los principales mercados del planeta? En caso de que las negociaciones internacionales definan que la plantación de especies exóticas pase a ser considerado reforestación, la ecuación estará cerrada. Esta es una de las respuestas posibles.
El “despedazamiento” de la Amazonía coloca en riesgo las conquistas democráticas alcanzadas en la región, así como los derechos humanos. Esto porque la expansión acelerada del capital en la región exige, entre otras medidas: a) La revisión de la legislación referente a la demarcación de las tierras indígenas, a fin de permitir la entrada de empresas mineras y madereras, o bien como que sea oficializada la posibilidad de revertir las áreas ya demarcadas; b) Que se dificulte la constitución de nuevas áreas de protección (en sus diferentes modalidades) y de vestigios de quilombos, en el intento de impedir que más tierras sean “inmovilizadas” para el mercado; c) Que la legislación ambiental sea flexibilizada al máximo para permitir la instalación de grandes emprendimientos económicos y de proyectos de infraestructura; d) Que la extensión de áreas de frontera sea disminuida para permitir la actuación de empresas extranjeras en estos espacios; e) La adopción de nuevas medidas que faciliten el paso de los recursos públicos en condiciones ventajosas a la iniciativa privada, en forma de subsidios, financiamientos, créditos y exenciones , perjudicando sensiblemente el área social.
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No luchamos contra empresas, sino contra un bloque de poder
¿Qué es lo que la experiencia de resistencia contra los grandes proyectos de infraestructura nos ha enseñado? En primer lugar, que luchamos actualmente no contra uno u otro segmento cuyos intereses se realizan a través de este modelo desarrollista, pero si contra un bloque de fuerzas políticas y económicas nacionales e internacionales – que involucra a la Justicia y los medios de comunicación– que está ejecutando una amplia campaña para garantizar el apoyo de la población a los emprendimientos. Este bloque se complejizo y se amplió con la adición de sectores de movimientos sociales y ONGs. Esto significa que el entonces denominado campo popular y democrático, responsable de algunas de las principales conquistas políticas y sociales en Brasil, se fragmentó profundamente y no existe más. Por consiguiente, la resistencia se tornó una tarea más ardua todavía.
En segundo lugar, este bloque se encuentra orgánicamente articulado desde el plano local hasta el internacional. Tal situación exige a la sociedad civil actuar con ahínco en diferentes escalas. Lo que no es tan fácil debido a la existencia de diversos problemas como por ejemplo las dimensiones continentales amazónicas, las dificultades de acceso a recursos públicos en Brasil para desarrollar sus actividades y las crecientes restricciones de la cooperación internacional.
En tercer lugar, el bloque hegemónico ha rescatado elementos del pasado para justificar la nueva ola expansionista del capital en la región. Es el caso de la idea del “progreso”, muy utilizada durante la era de la dictadura militar en Brasil, como soporte para conquistar el apoyo de la opinión pública a las políticas y proyectos de ocupación acelerada del territorio amazónico. Este discurso encuentra enorme receptividad en la sociedad brasilera, principalmente en los sectores de renta más baja, seducidas por la expectativa de que tales emprendimientos se convertirán en una fuente de un gran número de empleos y, consecuentemente, mejorarán su calidad de vida. Es por esto que el discurso de quien combate el actual modelo encuentra muchas dificultades para enraizarse entre la población.
En diferentes momentos de la historia hubo intentos de sectores de la izquierda para establecer alianzas con fracciones del capital en torno a determinados objetivos. En Brasil, los partidos defendieron por mucho tiempo que el país debería ejecutar por una revolución nacional burguesa, como etapa en la lucha por la construcción del socialismo en el país. Otras iniciativas fueron puestas en práctica o simplemente defendidas, y esto ocurrió no solamente en Brasil.
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El poder que la palabra “desarrollo” posee es increíblemente fuerte en la sociedad, de la misma manera que el “progreso” en los principios del capitalismo, como bien demostró Celso Furtado. [11] Para Milton Santos (2008)[12], en la actualidad la “competitividad toma como discurso el lugar que, a inicios de siglo, ocupaba el progreso y, en la post guerra, el desarrollo”; sin embargo desvinculada de la idea del progreso moral antes existente.
Parece ser que, en el actual momento histórico del capitalismo, el desarrollo adquirió el mismo significado profundo que el progreso representaba en el pasado. Es más, es preciso resaltar que no estamos hablando de una noción sustituyendo otra, sino de ideas fuerza que se retroalimentan, que llenan y orientan las expectativas de gran parte de la humanidad. Llegamos al punto en el cual las manifestaciones contrarias al modelo actualmente hegemónico sufren todo tipo de acusaciones, de retrógradas, de “antipatriotas” por los segmentos que controlan el aparato del Estado y los medios, grandes empresas, espacios mayoritarios del poder legislativo y judicial, además de movimientos sociales defensores de soluciones a partir del fortalecimiento de las reglas y de las instituciones del mercado, incluyendo algunas ONGs nacionales e internacionales. Esto sin hablar de la adopción de medidas de intimidación, de desmoralización y de criminalización ejecutadas de modo articulado contra los que confrontan al “orden” instituido. Acordémonos que Edson Lobão, Ministro de Minería y Energía, llamó “demonios” a quienes se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte.
El desarrollo pasó a ser el elemento central del discurso, de la práctica y de la utopía de un sector representativo de la izquierda, controlando o no el aparato del Estado. Una izquierda que posee una visión productivista, de dominio del hombre sobre la naturaleza y cuyas propuestas están asentadas en el consumo intensivo e insustentable de los recursos naturales. Por consiguiente, el desarrollo se constituye en una especie de divisor de aguas dentro de la misma izquierda. La verdad es que el debate sobre nuestras utopías se empobreció demasiado debido a esto, ya que nos convertimos en rehenes de una trampa político-ideológica, cuyos parámetros son dados por los que controlan el capital, el Estado o los mecanismos de poder. Tales parámetros confinan el debate acerca de nuestro futuro y el de muchos otros países a la definición de las medidas consideradas más eficaces para patrocinar e impulsar el desarrollo. El PAC y la IIRSA son ejemplos cabales de lo que estamos hablando.
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En fin, la lucha contra Belo Monte, expresa concretamente el tipo de acción que hoy es necesaria para poder enfrentar a la lógica dominante materializada por los grandes proyectos de infraestructura. Con todo, si no hubiese reñida resistencia a nivel de las bases, nada de esto sería posible.
Gobiernos neoliberales y "socialistas" con el mismo plan de "desarrollo"
de www.bolpress.com, el miércoles, 27 de julio de 2011
(SENA-Fobomade, Erbol y Bolpress).- Prácticamente todos los gobiernos de Sudamérica, incluidos los “socialistas del Siglo XXI”, siguen creyendo que el aumento de las exportaciones de materias primas y la construcción de carreteras aseguran el “desarrollo” económico. Por esa razón, el neoliberal Alan García y el “izquierdista” Evo Morales esgrimen los mismos argumentos para denostar a los indígenas y a las ONGs que se oponen al extractivismo minero y petrolero.
En 2009 el presidente de Perú Alan García denostó a los “agitadores violentistas y politiqueros” que soliviantaron a los nativos del municipio Bagua, ubicado en el departamento de Amazonas, para que se opusieran a la explotación de hidrocarburos. Dos años después, su homólogo Evo Morales acusó a ONGs de promover una campaña en contra de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos (Beni), cuyo trazo está previsto que atraviese por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El gobierno neoliberal de García, afín a la política de Estados Unidos, denunció que los agitadores hicieron creer a los nativos que iban a quitarles la tierra y el agua, “lo cual no era cierto”. En esa misma línea, Morales, de ascendencia indígena y de tendencia socialista, dijo el 13 de julio de 2011 que está convencido de que detrás de los indígenas están ONG europeas que se oponen a la carretera del TIPNIS con “el argumento de preservar el medio ambiente”.
Tanto los indígenas peruanos de Bagua como los del TIPNIS en Bolivia reclaman el respeto a sus territorios y rechazan la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura caminera en sus territorios por considerar que afectarán a su forma de vida y al ecosistema.
Ya en octubre 2009, los presidentes Rafael Correa de Ecuador y Morales de Bolivia denunciaron que las movilizaciones indígenas contra el “desarrollismo” no son más que “una nueva forma de conspiración de think tank y ONGs financiadas por transnacionales de extrema derecha y por agencias de inteligencia”.
Morales dijo tener pruebas de que algunos indígenas son “instrumentos del imperialismo” y reciben fuertes sumas dinero de ONGs “que vienen a envenenar a los pueblos”. “Son gringuitos que vienen a crear disturbios y quieren imponer aquí lo que nunca lograron en sus países”, opinó Correa.
Luego de los violentos disturbios en Bagua el 5 de junio de 2009, que dejó como saldo 12 policías y 10 indígenas muertos, el presidente peruano afirmó que los nativos no tenían derecho a bloquear una carretera en rechazo a dos decretos que autorizaban la explotación de hidrocarburos en ese territorio indígena.
“Cuatrocientos mil nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos: ‘tú no tienes derecho a venir por aquí’; de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piensa de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”, fustigó en esa oportunidad el gobernante peruano.
Con la misma lógica “neoliberal”, el viernes de la semana pasadael ministro boliviano de la Presidencia Carlos Romero aseveró que el Estado no puede someterse a la voluntad de una comunidad indígena que se opone a la construcción de la carretera a través del TIPNIS, y que exige ser consultada antes del inicio de obras, tal y como establecen las leyes nacionales y los convenios internacionales.
“En ninguna parte del mundo la consulta es vinculante porque un Estado no podría someterse a la decisión de una comunidad local, sea indígena o no indígena. Son políticas de Estado (la construcción de la carretera) y ese es el espíritu del Convenio 169 (de la OIT); no hay posibilidad de veto”, enfatizó Romero en contacto telefónico con Erbol.
En 2010 Alan García bloqueó la Ley de Consulta Previa en Perú, devolvió la norma al Legislativo con varias observaciones, y recomendó a los legisladores que pongan en claro que los indígenas “no tienen derecho a veto” y que la decisión final en los temas consultados le corresponde al Poder Ejecutivo.
García objetó la ley de Consulta supuestamente porque “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”. Fue por demás sugestivo que los presidentes del ALBA apelaran al mismo argumento “neoliberal” para invalidar las demandas indígenas en Bolivia y Ecuador.
“No aceptaremos que el Ejecutivo tenga que pedirle permiso a tal o cual gremio para gobernar”, advirtió el presidente Rafael Correa en la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y del Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP).
Estamos “del lado de los históricamente excluidos, pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente....”, pero sin privilegiarlos por encima de otras culturas, subrayaron los presidentes en la declaración de la X Cumbre del ALBA, celebrada en 2010 en Ecuador.
La declaración de la X Cumbre precisa que los usos y costumbres consuetudinarios de los pueblos indígenas deberán respetar las normas constitucionales y legales vigentes; y que el Estado se encargará de la administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto, “y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos”.
El mensaje de los presidentes de “izquierda” fue claro y contundente: A partir de ahora el Estado tendrá “la última palabra” en los procesos de consulta y aprobará proyectos petroleros, mineros o forestales en territorios indígenas por necesidad pública, coincidiendo plenamente con la posición del “derechista” Alan García.
En 2010, varias autoridades del gobierno boliviano, entre ellas el presidente de YPFB Carlos Villegas, comentaron de manera insistente que la licencia ambiental y el derecho a la consulta se había convertido en un “obstáculo” para la inversión petrolera. El propio Presidente Morales llegó a decir que el derecho a la consulta “es una pérdida de tiempo” porque demora la inversión minera e hidrocarburífera y “obstaculiza el desarrollo de Bolivia”.
El derecho a la consulta está absolutamente garantizado por el Estado, pero debe ser reglamentado “porque ha sido mal manejado”, opinó el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, y anunció que en los futuros procesos de consulta se reconocerán los derechos indígenas, pero se privilegiarán los intereses del Estado, que precisa “agilizar la inversión” sobre todo en el sector petrolero.
Neoliberales y “socialistas” obnubilados por el “desarrollo”
“Antes los imperios venían a Bolivia e imponían políticas de la muerte, sin respetar los recursos naturales, el medio ambiente y la Madre Tierra. Con su desarrollo industrial irracional contaminan el ambiente, destruyen a la humanidad y al planeta tierra porque para el capitalismo la tierra es una mercancía…”, se lamentaba el Mandatario boliviano en diciembre de 2009.
“El hombre tiene derechos económicos, políticos, sociales, es decir derechos humanos, pero por encima de esos derechos están los derechos de la Madre Tierra… Ese es el único camino para asumir los retos del desarrollo sin dañar a la naturaleza”, predicaba Morales hace apenas un año.
Sin embargo, el Presidente indígena cambió de libreto en su segundo mandato y ahora defiende a capa y espada las “concesiones” extractivistas y las inversiones de transnacionales petroleras y mineras.
“Cuando queremos construir caminos no faltan hermanos indígenas que no quieren; cuando queremos explorar petróleo, tampoco quieren; cuando queremos instalar plantas hidroeléctricas también se oponen… No puedo entender que representantes de algunos grupos de hermanos indígenas del oriente, de la amazonia y del norte paceño, influidos por algunas ONG, se opongan al desarrollo que requiere el pueblo boliviano…”, reflexionó el Presidente Morales la semana pasada.
La política del gobierno es preservar la naturaleza, pero también es su obligación fomentar el desarrollo: “Necesitamos del desarrollo para tener escuelas, hospitales, para tener mejor comercio, telefonía, educación para los hijos; necesitamos estas carreteras para un mejor transporte…”, argumentó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
En ese marco, la construcción de la ruta del TIPNIS “no es un tema político; es un asunto reivindicatorio de dos departamentos que necesitan la carretera para promover su desarrollo. El gobierno está abierto al diálogo sobre la construcción de la carretera, pero no frenará el desarrollo regional”, reiteró el ministro de Comunicación Iván Canelas.
El asambleísta Juan Carlos Cejas (MAS) recalcó que no sólo los indígenas del TIPNIS tienen derechos, sino también todos los sectores sociales que se beneficiarán con la nueva vía. Por todo eso, los comunarios del TIPNIS no tienen otro camino que “ceder ante el progreso”, arengó el jefe de bancada del MAS en el Senado Isaac Ávalos.
En conclusión, el interés prioritario del recién fundado Estado Plurinacional de Bolivia ya no es preservar los territorios comunitarios de los pueblos indígenas como fuente de identidad y sustento del “socialismo comunitario”, sino acelerar la extracción y la exportación de minerales, hidrocarburos y otros recursos naturales.
En otras palabras, al gobierno indígena no le importa chocar con los pueblos originarios o manosear a la Madre Tierra con tal de satisfacer los intereses materiales de las transnacionales, de la empresa privada local y de la nueva burguesía campesina.
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