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Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

30 de septiembre de 2017

En seis meses se desmontaron en el norte 47.000 hectáreas de bosques nativos




En seis meses se desmontaron en el norte 47.000 hectáreas de bosques nativos

Argentina es uno de los diez países en el mundo que más ha desmontado, en este panorama en los últimos seis meses se talaron 47.000 hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley de Bosques que no se cumple. Greenpeace pide una ley penal para sancionar a los productores responsables de la tala ilegal.
Por Material de Internet 01/08/2017

Argentina está dentro de un podio que demuestra la falta de una política ambiental: es uno de los diez países en el mundo que más ha desmontado: entre 1990 y 2015 se perdieron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, algo así como 300 mil hectáreas al año. Según un informe de Greenpeace entre enero y junio de este año se desmontaron en las provincias del norte alrededor de 47.000 hectáreas de bosques para dar paso a la ganadería y a la soja transgénica.

El 80% de la deforestación se centra en cuatro provincias: Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, el 42% de esa tala se produjo en tierras protegidas. De todas, Chaco fue donde más creció la deforestación. En los últimos seis meses se desmontaron 17.000 hectáreas, 10.000 en forma ilegal. Santiago del Estero taló 13.701 hectáreas, 8.003 protegidas. Formosa desmontó 7.754 hectáreas, 136 de forma ilegal. Salta tuvo un desmonte de 7.009 hectáreas y 678 se hallaban protegidas. Todos los desmontes ilegales corresponden a tierras protegidas por la Ley de Bosques que en Argentina no se cumple, sólo se trata de un mero slogan usado políticamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“Se aplican multas a los infractores de la Ley de Bosques pero no son suficientes para desalentar el delito; en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa legal”, afirma Hernán Giardini, Coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Estamos pidiendo una Ley penal que sancione a los responsables de destruir los bosques nativos con penas de 2 a 10 años de prisión. Quienes destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes”.

Los números que divulga la ONG ambientalista son oscuros en términos de protección de la naturaleza. Desde que la Ley de Bosques fue sancionada en el año 2007 hasta finales del 2016 se desmontaron 2,4 millones de hectáreas, en esta inmensa pampa de troncos caídos, 750.000 hectáreas estaban protegidas por esa Ley que cuesta tanto cumplir, fudamentalmente porque la política se sirve de los “favores” para no cumplirla para financiarse, en este juego de corrupción los intendentes son protagonistas centrales, porque es bajo sus órbitas de gobierno en donde se mira para otro lado, permitiendo el desmonte de productores amigos del poder.

FUENTE:
http://www.sunchaleshoy.com.ar/2017/08/01/en-seis-meses-se-desmontaron-en-el-norte-47-000-hectareas-de-bosques-nativos/

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Alertan por los impactos de la soja en la provincia


17 de junio de 2014

Alertan por los impactos de la soja en la provincia
Ya hay cultivos experimentales en San Rafael, Lavalle y Santa Rosa. Su afección al suelo, la flora, la fauna y la salud humana son las principales consecuencias negativas.

Carla Romanello - cromanello@losandes.com.ar

Junto con Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y parte de Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Jujuy, Mendoza podría convertirse en un nueva provincia sojera. Es que desde hace dos años empresarios del rubro han comenzado a plantar cultivos experimentales de esta oleaginosa en San Rafael, Santa Rosa y Lavalle.

Así los productores de soja, que ya ocupan 60% de la extensión sembrada de todo el país, parecen ir por más al buscar cultivarla bajo riego en zonas tradicionalmente no aptas por la baja cantidad de precipitaciones anuales.

Ante este panorama especialistas remarcan los impactos negativos que este monocultivo en el suelo, la flora, la fauna y en la salud de las poblaciones cercanas.

Desembarco en Mendoza

Desde el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), que depende del Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la provincia, son conscientes que hay proyectos experimentales que buscan plantar soja en Mendoza, pero desconocen la cantidad de tierras empleadas porque no han sido asentadas en el Registro Único de Tierras (RUT).

“Desde hace varios años se vienen haciendo pruebas pilotos en distintos lugares de la provincia, tratando de ver en qué zona sería más propicio cultivar”, comenzó a explicar Francisco Gómez, titular del IDR quien aclaró que los productores no están obligados a declarar el cultivo y que no pesa sobre él ningún tipo de restricción. “No hay una política activa referida a hacer un seguimiento o tratar de disuadir para no plantar soja”, aseguró.

De todas formas, según su visión, las condiciones actuales de la provincia no serían propicias para que a los productores les sea rentable cultivar soja.

Asimismo reconoció el efecto ambiental perjudicial que podría tener: “Como todo monocultivo causa un impacto ambiental negativo con respecto a la flora y la fauna por la explicación de agroquímicos en forma masiva”, destacó Gómez.

Desde el INTA de San Rafael han tomado conocimiento que la multinacional Nidera está realizando pruebas para este cultivo. “Si bien nuestros suelos se adaptan a esta oleaginosa, inevitablemente tiene algunos efectos colaterales, pero sobre todo por el uso continuo de la misma plantación en el mismo terreno”, expuso Guillermo Guida, jefe del instituto en ese departamento quien precisó que esto provoca una extracción selectiva de nutrientes del suelo y la proliferación de plagas y enfermedades. “Lo que se recomienda siempre es la rotación de cultivo y mucho más en el caso de la soja, pero sabemos que ha venido proliferando un modelo de repetición por un motivo económico que perjudica al suelo”, aseveró.

Problemas de salud

Para el doctor cordobés Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, una de las principales consecuencias negativas de las plantaciones de soja se puede ver en la salud. “El modelo de cultivo no es sustentable ya que genera que las plantas se hagan resistentes a los herbicidas y que los productores tengan que aumentar la dosis todos los años afectando negativamente en las poblaciones rurales”, detalló el profesional.

En Córdoba, hay más de 5 millones de hectáreas cultivadas con soja por lo que sólo durante 2013 se tiraron 75 millones de litros de agroquímicos. “Hemos hecho mediciones de aguas de lluvia entre octubre y marzo y encontramos altas concentraciones de glifosato (herbicida principal utilizado) lo que da cuenta de que esos venenos han cambiado la atmósfera de toda la provincia”, señaló.

Entre las enfermedades que causa este herbicida enumeró el cáncer, problemas respiratorios y reproductivos. “Las mujeres que están expuestas a estos compuestos abortan espontáneamente de forma más frecuente y tienen más probabilidades de que los chicos nazcan con malformaciones”, indicó.

El médico también se refirió a los impactos en los ecosistemas: el desmonte, la contaminación de los ríos y la reducción de la biodiversidad.A pesar de la alta rentabilidad de este negocio para Ávila Vázquez no le queda mucho tiempo: “Ya hay países de Europa como Dinamarca y Holanda que han decidió no comprar más semillas transgénicas porque los chanchos nacen con malformaciones”, dijo.

Menos mano de obra

Por su parte, Patricio Eleisegui, periodista y autor del libro “Envenenados” sobre el desarrollo de la soja en todo el país, manifestó que una de las particularidades que tiene el cultivo es que genera costos muy bajos de producción porque emplea menos mano de obra que otro tipo de plantaciones.

“Por ejemplo para 100 hectáreas de soja se necesita un puesto de trabajo cuando en ganadería se necesitan entre 9 y 10”, precisó a la vez que remarcó que con maquinaria de última generación se pueden llegar a manejar 1.000 hectáreas con una sola persona. “Si uno cultiva soja necesariamente tiene que dejar de lado otro cultivo por lo que necesariamente va cambiando la matriz productiva hacia una con menos mano de obra”, destacó.

Con respecto a la expansión en Mendoza aclaró sobre la necesidad de establecer algún tipo de control de impacto ambiental. “Están introduciendo semillas transgénicas cuyo efecto en el ecosistema se desconoce y si el estado no fija las reglas, las empresas van a actuar con total libertad”, aseguró.

Expansión sojera

En el año 1970, la soja comenzó en la Argentina como una plantación casi experimental. Durante esta década empezó a expandirse lentamente y en 1972 fue declarada cultivo de interés nacional.

El hito que provocó su explosión cuantitativa fue en 1996 cuando se comenzaron a comercializar los primeros cultivos de soja transgénica resistentes al herbicida glifosato. A partir de entonces se fue extendiendo desde el este hasta ocupar gran parte de la zona oeste del país donde se encuentra la Diagonal Árida.

Para la campaña 2013-2014, se han sembrado más 20.000.000 de hectáreas de las que se espera cosechar alrededor de 53.000.000 de toneladas de granos, un nuevo récord de la soja en el país, que hoy representa el 20% de lo producido en el mundo.

A pesar de las retenciones por su exportación que son de 35% este cultivo sigue siendo altamente rentable para los productores.

FUENTE: 

El desmonte disminuyó 40% de los servicios ecosistémicos en Salta


Un informe de la FAUBA a la Defensoría del Pueblo de la Nación demuestra que en Salta la remoción ilegal del monte reduce dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono o evitar el ascenso de las napas.


Al poseer menos cobertura vegetal, las áreas desmontadas pierden capacidad para proveer el servicio de regulación hídrica. Esto causa un aumento en la recarga de los acuíferos, el ascenso de las napas freáticas y serios problemas de salinización. Foto: centromandela.com

POR: PABLO ROSET 22 MARZO, 2017

(SLT-FAUBA) En gran parte de nuestro país, la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola se hace a expensas de desmontes. La remoción del bosque original, asociada al cultivo posterior de soja, baja la capacidad de tales ecosistemas para proveer servicios. Eso es, precisamente, lo que investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinaron en la Provincia de Salta. Su informe para la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) deja en claro que las áreas desmontadas al margen de la ley dejan de brindar hasta un 40% de sus servicios ecosistémicos (SE), en promedio.



El IPSE puede ser usado como un indicador agregado del estado o las tendencias en la provisión de servicios ecosistémicos en escalas espaciales grandes.

“A pedido de la DPN, cuantificamos la provisión de SE en áreas desmontadas ilegalmente en Salta, en una ventana de tiempo entre 2006, justo antes del desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos de análisis. En el primero comparamos para un mismo momento (el 2014) las parcelas desmontadas contra bosques de referencia cercanos sin desmontar. En el segundo comparamos las parcelas desmontadas contra sí mismas antes del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. En el primer caso, la pérdida promedio fue del 40%. En el segundo, la caída fue mayor aun”, afirmó José Paruelo, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.

Paruelo señaló que para el informe empleó el índice de provisión de SE (IPSE), un indicador desarrollado en conjunto por investigadores de la FAUBA, el Conicet, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de la República (Uruguay). “El IPSE fue la herramienta más adecuada para el informe a la DPN ya que brinda una medida relativa de la provisión de SE. Se calcula a partir de datos provistos por imágenes satelitales, lo que nos permite realizar análisis en períodos de tiempo largos (desde 2000), en grandes superficies y de manera económica”. Esta tecnología fue publicada en la revista Ecological Indicators.


El desmonte reduce drásticamente la cobertura vegetal. Esto resalta la necesidad de contar con situaciones de referencia para poder comparar, y revaloriza la importancia de constituir una red amplia de áreas protegidas que cubra los distintos ecosistemas del país. Foto: Greenpeace

“El desmonte redujo la provisión de SE porque afectó varios aspectos clave del funcionamiento de los ecosistemas: su ganancia de carbono (es decir, cuánto producen) y su variación a lo largo del año (es decir, cuándo producen). Las áreas desmontadas fueron más estacionales y menos productivas. Además, también detectamos que allí, la estación de crecimiento comenzó más tarde en el año. Esto último deteriora uno de los más importantes SE de los bosques: la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de que las napas freáticas asciendan y que los suelos se salinicen es mayor”, alertó José Paruelo, quien también es Investigador Superior del Conicet.
Los servicios ecosistémicos en la Argentina


El uso de sensores remotos es clave para el estudio de la superficie terrestre en escalas de poco detalle.

Para el investigador, caracterizar la situación ambiental de un territorio extenso como el argentino, o el de un continente entero, es un desafío enorme. En tal sentido, es muy importante contar con índices que describan la capacidad de sus ecosistemas para brindar servicios. “Entre otros, los SE incluyen desde regular el clima, la pérdida de suelo o las inundaciones, hasta proveer alimentos o mantener la diversidad biológica. Es decir, son los aspectos estructurales y funcionales de esos sistemas de los cuales obtenemos beneficios directos, como los alimentos, e indirectos, como el secuestro de carbono. La pregunta es: ¿cómo pasamos de la teoría a describir efectivamente la condición ambiental del país?”.

“A gran escala, la caracterización de la provisión de SE hay que pensarla para cada porción de territorio, y para eso, los datos satelitales son fundamentales”, sostuvo Paruelo, y añadió: “Con ese objetivo desarrollamos el IPSE. En otro estudio que realizamos en la FAUBA, este índice nos permitió estimar cómo cambió la provisión de SE en la Argentina entre 2000 y 2013. Un resultado notable fue un mapa en el que mostramos que el nivel de provisión disminuyó en la mayor parte de nuestro territorio”.


El mapa de tendencias en el IPSE muestra que, para el período 2000-2013, la mayor parte del territorio sufrió una disminución en el nivel de provisión de SE.

Según Paruelo, el mapa sirvió también como disparador de preguntas críticas como: ¿Por qué aumentó o disminuyó la provisión de SE? ¿Hicimos algo mal o está fuera de nuestro control? Para responderlas es necesario contar con situaciones de referencia contra las cuales comparar. Esas situaciones se encuentran en la red de áreas protegidas públicas y privadas.

“Por definición —explicó Paruelo—, las áreas protegidas son las que han experimentado la menor intervención humana y, entonces, resultan ideales como referencia para interpretar los cambios que se observan. En este sentido, el mapa que mencioné antes se debería convertir en una herramienta fundamental para detectar cuáles áreas tendrían que ser preservadas, dado que indica dónde se producen más servicios y cómo es la tendencia en el tiempo”.

“Disponer de índices basados en datos espectrales es muy atractivo. Sin embargo, debemos estar atentos al mal uso que puede hacerse de ellos. Como en el caso de la salud humana, un médico no puede prescindir de la información que le brindan los diagnósticos por imágenes. No confiaríamos mucho en un médico que no toma en cuenta tales elementos. Pero tampoco confiaríamos en aquel que prescinde del análisis clínico y de la observación del paciente. No podemos dejar de lado la observación a campo, la historia natural y la integración de la información proveniente todas las fuentes posibles (desde sensores remotos hasta experimentos, pasando por el conocimiento local) en modelos que describan el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Quienes nos formamos en esta facultad aprendimos eso de Alberto Soriano y de Rolando León, dignos herederos de Alexander von Humboldt en la observación de la naturaleza”, finalizó Paruelo.
ACERCA DEL AUTOR

Ingeniero Agrónomo, MSc. en Recursos Naturales (UBA), escritor y músico.

FUENTE: http://sobrelatierra.agro.uba.ar/el-desmonte-disminuye-la-provision-de-servicios-ecosistemicos-en-salta/
RELACIONADO: 
http://sobrelatierra.agro.uba.ar/santiago-del-estero-lidera-el-ranking-mundial-de-desmontes/

15 de septiembre de 2017

Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida"


  
Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida"

“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en

Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida" Marie-Monique Robin
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“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la ‘dosis hace el veneno’”. Con esta advertencia a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década, y sobre el que versa su último ensayo: Las cosechas del futuro. Cómo la agroecología puede alimentar al mundo (Península).

Una obra fruto del análisis comparativo de diversos sistemas de producción alimentaria que, en sintonía con otras anteriores como Nuestro veneno cotidiano y El mundo según Monsanto, cuestiona el mito de que la bajada del precio de los alimentos o de que el fin del hambre en el mundo solo son posibles mediante la producción industrial de alimentos. La principal novedad que aporta la autora gala con este último libro es que existe una alternativa demostrable, “más sobresaliente de lo que creía antes de iniciar la investigación”, y que se llama agroecología.El cáncer de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según la OMS

La transición de la agroindustria a la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, “llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas y transgénicos. “España es el país más permisivo de la UE con el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la comercialización de otras sustancias tóxicas, como el bisfenol A que en otros lugares como Francia está prohibido”.

Una permisividad, alerta la autora gala, con unas consecuencias más que visibles: “Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad en toda Europa, al afectar a una de cada cuatro”. Al mismo tiempo, los cánceres de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ponen también de relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta (presuntamente por el tipo de alimentación de la gestante). “La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las deficiencias del principio toxicológico de que 'la dosis hace el veneno’ debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de literatura científica sobre esta cuestión”, apunta Robin.

El cenit del petróleo y la comida barata

Tradicionalmente se ha relacionado el bajo coste de los alimentos con los monocultivos, el uso de pesticidas y fertilizantes para reducir las plagas, así como otras técnicas modernas de producción a gran escala. Sin embargo, Robin afirma que “los precios de los alimentos que compramos en el supermercado son completamente falsosporque no incluyen los costes directos ni los indirectos”.

Los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas, del pago de las tasas por los gases de efecto invernadero, de las subvenciones (para el gasóleo, para exportar o directamente de la Política Agraria Común de la UE), así como de los sistemas públicos de salud, por el aumento de enfermos crónicos, son algunos de los costes asociados a la agroindustria que no se incluyen el precio de origen. “Si sumamos todos estos costes a los productos en origen, su precio subiría y serían más caros que los ecológicos”. Además, añade Robin, más de la mitad del precio está engordado por los intermediarios y finalistas.Tendrán que pasar muchos años para descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos

Una realidad de la que no estamos muy lejos, según la autora gala, para quien antes o después tendrá que dispararse el precio de la comida, ya sea por el fin de las subvenciones (como se prevé con la PAC), por la creciente especulación bursátil con las materias primas en los mercados de futuro, o por el no menos inminente encarecimiento de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, debido a su cenit.

Los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir de petróleo y gas, por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondría a la agroindustria en la encrucijada. “Esta es la gran debilidad de las industrias alimentarias. Se sustentan sobre un modelo que depende de los combustibles fósiles, y está claro que el precio de éstos será cada vez mayor, por lo que el de los alimentos será parejo. No tiene sentido que la alimentación en el mundo dependa de la producción de petróleo en una región tan convulsa como es Oriente Medio”, lamenta Robin.
Alimentos saludables en un mundo sostenible

Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso de que se produjesen las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica (relacionadas con los biocarburantes) han llevado a la francesa a recorrerse el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria.La gran debilidad de la agroindustria es que se sustenta sobre un modelo dependiente de los combustibles fósiles

“Muchas veces, cuando hablamos de agroecología pensamos que se trata de volver a las técnicas empleadas por nuestros abuelos. No es así, se trata de prácticas mucho más complejas que dependerán de la zona geográfica donde se desarrollen, del tipo de cultivo o del tipo de tierra”, explica la autora. Sin embargo, Robin sí pudo comprobar que todos ellos coincidían en un principio básico: la complementariedad. “Se trata de un principio común mediante el que se busca complementar la biodiversidad del medio, mediante rotación de cultivos o interfiriendo en los ciclos biológicos de los insectos, para prevenir plagas y aumentar la producción”.

La demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores ha aumentado proporcionalmente al deterioro de la cadena alimentaria, “pero la oferta todavía no llega para abastecerlos a todos”, apunta Robin. Para hacerla extensiva a todo el mundo no llega con la concienciación del consumidor, que al fin y al cabo es el que más poder detenta con sus decisiones de compra, sino que se necesitan medidas políticas concretas.

Entre las propuestas más urgentes para facilitar el cambio, la periodista cita “la prohibición de la especulación con alimentos, el fomento de la soberanía alimentaria mediante una férrea protección de los mercados y agricultores locales, y el acortamiento de las cadenas de distribución buscando conexiones directas entre consumidores y productores”. Solo mediante la eliminación de los intermediarios y finalistas, explica la francesa, el precio de los alimentos orgánicos se reduciría hasta en un 90%.

Las bases para posibilitar un cambio de modelo están puestas “desde hace muchos años”, pero de no iniciarse una pronta transición, advierte Robin, “no podremos anticiparnos a las crisis alimentarias que resurgirán en cualquier momento”.

12 de septiembre de 2017

SALTA: Alertan sobre la contaminación en el río Arenales


La investigación se inició para detectar si el vertedero contamina al río. A.Mansilla

Alertan sobre la contaminación en el río Arenales
12 DE SEPTIEMBRE 2017 

El CIF detectó elevados niveles de metales pesados en las aguas. El cinc supera 10 veces los valores permitidos.

La contaminación del río Arenales es muy grave: se detectaron hasta diez veces más niveles de metales pesados que los parámetros establecidos en la Ley Nacional 24.051. Los detalles de un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) sobre las condiciones de los suelos y aguas subterráneas en cercanías del vertedero San Javier generaron que se tomen más medidas ante la crítica situación.

El informe, que se conoció ayer, se enmarca en una investigación preliminar a cargo del fiscal penal 8, Federico Jovanovics, que busca determinar si los líquidos que emana el basural generan contaminación.

Según los resultados del CIF, se deberá ampliar la investigación ya que concluyeron que hay fuerte presencia de nitritos, cobre y cinc, antes y después del área del San Javier, a cargo de la empresa Agrotécnica Fueguina.

A esa compañía, el municipio le renovó el contrato en diciembre de 2016 para operar en el vertedero por cuatro años. "El convenio prevé rescisión inmediata en caso de comprobarse contaminación", había expuesto en ese entonces el secretario de Ambiente, Federico Casas.

Ayer, el intendente Gustavo Sáenz, dijo que la empresa seguirá "trabajando en cuanto y en tanto demuestre que puede cambiar esta situación".

Para determinar si hay o no responsabilidad de la empresa, el Ministerio Público dispuso que se unifiquen las causas que llevan el fiscal Federico Jovanovics y su par Horacio Córdoba Mazuranic, quien también posee en trámite una investigación similar en las aguas del río Arenales.

Las actuaciones se realizaron tras una serie de denuncias, entre ellas las de concejales del Partido Obrero por posible contaminación.

"Consideramos que este es un asunto de enorme importancia social y por ello la comunidad debe estar al tanto de la contaminación detectada a fin de que tomen sus recaudos, máxime cuando estamos a pocos meses de una nueva etapa estival", difundió Jovanovics a través del portal oficial.

"Sin dudas, ambas fiscalías van a trabajar de manera urgente en estos casos, sin embargo, creemos necesario informar de lo que hasta ahora se pudo detectar, y esperamos poder avanzar con más estudios técnicos y otras medidas de pruebas que seguramente nos darán un mayor panorama de la situación por la que atraviesa uno de los ríos más importantes para Salta, pues cruza la ciudad de extremo a extremo", agregó.

De acuerdo al informe del CIF, en cuanto al cinc, se advierte una presencia que supera en más de diez veces el parámetro establecido.

Para nitritos, una sal existente en el agua en estado de oxidación, el valor máximo permitido es 60 microgramos por litro. Los estudios realizados sobre las muestras tomadas en el Arenales, tanto en la zona anterior como en la posterior a la planta del vertedero, indican 380 microgramos por litro.

En cuanto al cobre, las pruebas exponen la existencia de 5 microgramos por litro, aguas arriba y 13 aguas abajo. Con relación al cinc, la cantidad detectadas es de 400 y 500 microgramos por litro.

Los valores legales aceptables para los casos de "cobre" y "cinc", en tanto, marcan un máximo de 2 y 30 microgramos por litro respectivamente.

Confirmaron la presencia de metales pesados en las aguas del río Arenales

11 DE SEPTIEMBRE 2017
La información surge de un estudio realizado por el CIF.Los niveles de contaminantes como “nitritos”, “cobre” y “cinc”, aparecen con valores muy preocupantes



. Tal como se había informado el 24 de julio pasado en torno a una investigación iniciada a fin de establecer la contaminación de suelo y aguas subterránea en cercanías del vertedero San Javier, el CIF hizo entrega en los últimos días un informe técnico de dos tomas de muestras de agua.

La toma de muestras dispuestas por el fiscal Jovanovics, tenían como objetivo la realización de un estudio técnico complejo respecto a la detección de sustancias contaminantes en el agua del río Arenales, tanto en un sector anterior y como en otro posterior a la planta de tratamiento de residuos.

Como resultado de ello, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” del vertedero, situación que abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.

Sobre el informe del CIF, el fiscal explicó que el estudio tenía como objetivo establecer la existencia de elementos contaminantes, la identificación de los mismos y los niveles de contaminación. Para esto último se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.

“En esta ley, reglamentada por el decreto presidencial Nº 831/93, se determinan los valores aceptables de existencia de residuos peligrosos, entre ellas sales y metales pesados”, explicó Jovanovics. En este caso, se “tuvo en cuenta la tabla 2, la cual especifica los “niveles guía de calidad de agua dulce superficial- para la protección de acuática”.

En su informe, el CIF reveló la existencia de tres elementos contaminantes detectados en las muestras tomadas. “Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal.

“En cuanto al cinc, se advierte una presencia que supera en más de diez veces más del valor establecido”, agregó. Para “nitritos”, una sal existente en el agua en estado de oxidación, el decreto 831 señala como valor máximo permitido 60 microgramos por litro. Los estudios realizados sobre las muestras tomadas en el Arenales, tanto en la zona anterior como en la posterior a la planta del vertedero, indican respecto a la existencia de “nitritos” un valor de 380 microgramos por litro. Los valores legales aceptables para los casos de “cobre” y “cinc”, en tanto, marcan un máximo de 2 y 30 microgramos por litro respectivamente.

En cuanto al “cobre”, los estudios realizados indican la existencia de 5 microgramos por litro, “aguas arriba” y 13 “aguas abajo”, mientras que con relación al “cinc”, la cantidad detectadas es de 400 y 500 microgramos por litro.

Mayor complejidad
En vista de que los elementos detectados se tratan de sustancias altamente tóxicas, en este caso para la vida acuática del río Arenales, la fiscalía deberá ahora profundizar la investigación en busca de obtener mayor cantidad de elementos que permitan avanzar con la investigación.

En vista de ello, y atento a la complejidad del caso, el Procurador General Pablo López Viñals, bajo la facultades que posee para extremar los pormenores en busca de garantizar el éxito de la investigación, dispuso la actuación conjunta de los fiscales, Jovanovics y Horacio Córdoba Mazuranic, quien también posee en trámite una investigación similar en las aguas del río Arenales.

De esta manera, los fiscales podrán avanzar con mayor facilidad y agilidad respecto a las distintas pruebas que se deberán realizar de ahora en más, las que tampoco serán sencillas sino que exigirán una mayor complejidad, tanto en su disposición como en su ejecución.

“Consideramos que este es un asunto de enorme importancia social y por ello la comunidad debe estar al tanto de la contaminación detectada a fin de que tomen sus recaudos, máxime cuando estamos a pocos meses de una nueva etapa estival”, explicó Jovanovics.

“Sin dudas, ambas fiscalías van a trabajar de manera urgente en estos casos, sin embargo, creemos necesario informar de lo que hasta ahora se pudo detectar, y esperamos poder avanzar con más estudios técnicos y otras medidas de pruebas que seguramente nos darán un mayor panorama de la situación por la que atraviesa uno de los ríos más importantes para Salta, pues cruza la ciudad de extremo a extremo”, agregó.


5 de septiembre de 2017

No hay megaminería sin contaminación ni conflicto social





En el Día Internacional contra la Megaminería el referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas analiza la situación actual y denuncia las consecuencias de la actividad en el país.
Enrique Viale

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Esta se expande hoy en Argentina en una decena de provincias, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones.

Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).

Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.

El emprendimiento minero Veladero, en San Juan, está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune.

El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.

Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.

Después de casi 20 años de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).

Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad.

En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.

Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.

Por su parte, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. Esto es algo que no puede ser negado o minimizado ni siquiera por el lobby minero, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento.

El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.

En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.

Con este contexto, resulta preocupante la obsesión del nuevo Gobierno Nacional en llevar la gran minería a las provincias en que la cual está expresamente prohibida por ley. En efecto, entre los años 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Van por las zonas donde hay resistencia social intentando “convencer” a las poblaciones. Los primeros objetivos parecen ser la meseta de la provincia de Chubut, Mendoza y La Rioja. Ese el rol asignado al ministro Sergio Bergman, que al principio parecía confuso, casi risueño al admitir su total desconocimiento de la materia ambiental.

Por otra parte, si el kirchnerismo tenía una relación connivencial con el lobby de la minería transnacional esta administración directamente los metió dentro del gobierno: Daniel Meilán fue designado como Secretario de Minería de la Nación. Su principal antecedente es como funcionario del área durante el gobierno menemista, que marcó el inicio del modelo megaminero vigente. Asimismo, nombró como Subsecretario de Minería de la Nación a Mario Capello, un reconocido lobbista de las transnacionales mineras y que actuó directamente contra la Ley de Protección de Glaciares.

En conclusión, resulta vital prestar especial atención a las largas luchas ciudadanas que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y son las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, en definitiva, marcando caminos alternativos.

*El autor es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, coautor del libro Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, e impulsor de la Ley de Glaciares.


FUENTE: https://www.laizquierdadiario.com/No-hay-megamineria-sin-contaminacion-ni-conflicto-social

4 de septiembre de 2017

La minería amenaza a los glaciares argentinos


FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.


Según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación existen en total trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales setenta y siete se encuentran en las cuencas inventariadas por el IANIGLA (1) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que deben estar protegidos.

“Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan”

El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el Juez Federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la causa.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”


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