BLOG VECINAL ORIENTADO A LA DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES VIVIMOS EN EL NOA Y EN PARTICULAR EN LA HERMOSA CIUDAD DE SALTA "LA LINDA".
Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

27 de junio de 2016

El Gobierno Nacional se somete a Monsanto como cadete de la corporación

MONSANTO MANDA Y MACRI OBEDECE



El Gobierno Nacional se somete a Monsanto como cadete de la corporación

Dice Bloomberg que Monsanto Co. y Argentina anunciaron un acuerdo para el cobro de regalías por la soja genéticamente modificada, poniendo fin a años de disputa entre la compañía de semillas más grande del mundo y el tercer mayor productor de transgénicos.

El Gobierno legisla con el fin de dar garantías a corporaciones extranjeras: "El Estado tendrá el control total de la comercialización de semillas con el fin de garantizar el cobro de regalías a empresas privadas como Monsanto", dijo el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile el jueves en una rueda de prensa realizada en Buenos Aires. "Ese es el espíritu de la resolución."

Productores sometidos: "El pacto representa un cambio cultural para los agricultores argentinos, que han evitado generalmente el pago de regalías a las empresas de semillas mediante el uso de semillas transgénicas guardadas de cosechas anteriores o compradas a proveedores no registrados. Para Monsanto, el acuerdo debería ayudar a asegurar sus ingresos en el tercer mayor mercado después de los EE.UU. y Brasil.

El Gobierno cadete de Monsanto:
"De acuerdo con la resolución, el Instituto Argentino de semillas, también conocido por sus siglas en español INASE, se encargará de supervisar la detección de cultivos de semillas de soja Intacta OGM de Monsanto. El INASE permitirá delegar los ensayos de laboratorio para los intercambios regionales de granos. Según la bolsa de cereales de Buenos Aires, la cosecha de soja argentina de esta temporada será de 56 millones de toneladas métricas".

Las tasas de cáncer siguen aumentando: Mientras el 20% de los porteños morirá de cáncer, ya que los agrotóxicos no se quedan en el campo, el Ministerio de Salud no emite opiniones al respecto, el SENASA niega la toxicidad del glifosato y el Ministerio de Ciencia y Tecnología asegura contrariando a la ciencia que las personas pueden beber un vaso de glifosato sin sufrir daños a la salud.

Macri y amigos quieren hacer creer que los científicos, médicos y vecinos informados sobre los daños a la salud que produce el glifosato son "kirchneristas" para defender a Monsanto: En medio de la conferencia en el marco del anuncio del acuerdo entre el Gobierno y Monsanto, Buryaile hizo referencia al caso José López y mandó un mensaje al kirchnerismo. "En un momento donde tanta gente entierra plata para que no se la encuentren, el sector agropecuario va a enterrar en la próxima campaña 12 mil millones de dólares, todos legales, todos por derecha, para que la Argentina crezca", chicaneó el ministro.






Mientras tanto: El glifosato sigue aumentando las tasas de enfermedades sin discriminar por ideología ni partidos politicos.

Diego Ignacio Mur
Fuente: © 2016 Bloomberg LP
BWN Argentina

FUENTE

26 de junio de 2016

GERMEN DE CONFLICTOS: LEY DE SEMILLAS





GERMEN DE CONFLICTOS: LEY DE SEMILLAS

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un proyecto para actualizar la ley de semillas, vigente desde 1973. El Secretario de Agricultura de la Nación anticipa aquí las líneas principales del articulado que está puliéndose en la Casa Rosada. Lo que está en juego es hacia qué modelo agrícola se dirige la Argentina. Opinan diversos actores involucrados.

(POR GABRIEL STEKOLSCHIK para NexCiencia) Como sus antecesores, Jesús Ramírez cultiva la tierra desde que tiene recuerdos. Las cinco hectáreas que heredó de sus ancestros le dieron de comer a la familia durante incontables generaciones. A lo largo de todos esos años que se pierden en la historia, los Ramírez se valieron del trueque para reunir actualmente unos pocos animales y, también, para diversificar sus cultivos. El secular intercambio de semillas con sus vecinos hoy les posibilita cosechar algunos cereales, legumbres, frutas y hortalizas.

Se estima que la agricultura se inició hace unos diez mil años y, desde entonces, las semillas se constituyeron en una fuente sustancial para la producción de alimentos. Durante esos milenios, el cruzamiento de ejemplares y la selección de plantas con nuevos atributos generaron una amplia diversidad de variedades vegetales que le permitieron a la humanidad sortear plagas y sequías, al mismo tiempo que se conseguía mejorar la productividad de los cultivos.

El siglo XX trajo consigo cambios trascendentales en la práctica agrícola. Con la promesa de erradicar el hambre del mundo, la llamada “revolución verde” de los años ‘60 incorporó el uso de maquinarias, sistemas de riego, fertilizantes y pesticidas para el cultivo de ciertas variedades de cereales seleccionadas por su alto rendimiento. La productividad se multiplicó significativamente, aunque exigió fuertes inversiones de capital y un manejo empresarial muy alejado del de la agricultura tradicional.

Paralelamente, se desarrollaban e introducían en el mundo agrícola los vegetales híbridos, cuyos atributos particulares resultan en rindes muy elevados. Esta innovación marca el inicio de un proceso de apropiación de la semilla por las empresas privadas. Porque ciertos híbridos –el maíz y el girasol son casos emblemáticos- producen semillas estériles o, si no, que no tienen los atributos genéticos que hacían valiosos a sus progenitores. Ahora, el grano cosechado no sirve para la siembra y el agricultor debe comprar las variedades híbridas de alto rendimiento en cada temporada. Así, comienza a desarrollarse un mercado de semillas con fuertes inversiones privadas.

No obstante, un grupo de cultivos (trigo, soja y arroz, entre los más importantes) no pudieron hibridarse de manera efectiva. Es decir, su descendencia mantiene las características de los progenitores y, por lo tanto, sus semillas pueden aprovecharse para la resiembra.

Pero, en los años ’90 y de la mano de la ingeniería genética, el panorama de la agricultura mundial vuelve a cambiar de manera contundente: se crean las plantas transgénicas. Es decir, vegetales a los que se les introducen genes que otorgan a los cultivos resistencia a ciertas plagas y capacidad de sobrevivir a los herbicidas que se utilizan para eliminar las malezas.

Con esta innovación tecnológica, se facilita notoriamente el manejo agrícola y, por ello, las semillas transgénicas son adoptadas rápidamente por los agricultores.

Esto resulta en que las empresas privadas avancen aun más en el proceso de apropiación de las semillas. Porque los transgenes se pueden incorporar a cualquier tipo de cultivo, tanto a los híbridos como a los que no lo son y, como se trata de genes que se pueden patentar, se pueden cobrar regalías por el uso de semillas que tengan incorporados los transgenes.

En definitiva, el desarrollo de la agricultura intensiva y la promoción casi exclusiva de algunas variedades de alto rendimiento concentraron paulatinamente la propiedad de las semillas en pocas manos y redujeron significativamente la heterogeneidad de los cultivos. Un informe elaborado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que solo durante el siglo pasado se perdió el 75% de la diversidad agrícola.

“El que controla la semilla tiene la capacidad de incidir en la toda cadena de valor de la producción de alimentos y puede condicionar los resultados de cualquier política agrícola y alimentaria”, advierte Anabel Marin, investigadora del CONICET especializada en innovación.

Un grano incómodo

La ley de semillas hasta ahora vigente en la Argentina se promulgó en 1973. En lo relativo a la propiedad intelectual, la norma reconoce a quien obtiene una nueva variedad de semilla (el “obtentor”) el derecho exclusivo para su explotación comercial por un lapso determinado.

No obstante, según la misma ley, esa exclusividad tiene dos excepciones. Por un lado, el llamado “derecho al uso propio”, que autoriza al agricultor a resembrar las semillas obtenidas en cada cosecha sin tener que pedir autorización o pagar por ello al obtentor de la variedad sembrada.

Por otro lado, con el fin de facilitar la investigación y desarrollo de nuevas variedades, la ley establece la denominada “excepción del fitomejorador”, que permite a quienes se dedican al mejoramiento vegetal utilizar libremente cualquier variedad comercial -aun cuando le pertenezca a otro obtentor- como fuente de investigación para su propio programa de mejoramiento.

Ambas excepciones al derecho del obtentor consagradas en la ley argentina respetan el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en 1978 (UPOV 78), del cual nuestro país es signatario.

Con la irrupción de los transgénicos se alteró la calma reinante. Porque la propiedad intelectual de las construcciones genéticas no está regida por la ley de semillas, sino por la ley de patentes. Mediante esta última norma, quien incorpora un transgen a cualquier variedad vegetal puede impedir que el agricultor ejerza el derecho al uso propio, y que el mejorador utilice libremente un vegetal transgénico para sus investigaciones.

Es decir que, actualmente, en la Argentina se solapan dos sistemas de propiedad intelectual que ofrecen niveles desiguales de protección: la ley de semillas (para las mejoras efectuadas por cruzamiento), y la ley de patentes (para las innovaciones realizadas por ingeniería genética). La primera ampara a las empresas mejoradoras locales, en tanto que la segunda resguarda a la multinacional Monsanto.

En setiembre de 2013, Monsanto lanza comercialmente en la Argentina la soja transgénica “Intacta RR2 Pro”, resistente a herbicidas y a insectos, cuyo cultivo se expandió rápidamente por todo el país. Pero este fenómeno no se vio reflejado en los ingresos de la empresa por regalías, debido a que los productores resembraban parte de los granos cosechados (ejerciendo su derecho al uso propio) y, también, por la multiplicación y comercialización ilegal de semillas.

Por ello, a finales de 2014, la corporación implementó un contrato que, entre otras cosas, obliga a los agricultores a renunciar al derecho de uso propio, a permitir el ingreso a su campo a fiscalizadores designados por la empresa, y a vender su cosecha únicamente a exportadores y/o acopiadores autorizados por Monsanto.

Las tensiones generadas a partir de este hecho obligaron al gobierno nacional a reconocer el problema: “Hay una coexistencia de derechos de propiedad que genera un gris legal muy peligroso que hace necesaria la intervención del Estado, porque, si esto se judicializa, el país pierde”, declara Roberto Delgado, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y anuncia: “En este momento, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, hay un proyecto para modificar la ley de semillas. Se le están haciendo correcciones de forma para enviarlo al Congreso Nacional”.

Brote de discordia

“El núcleo de la discusión es si el agricultor puede hacer ‘copias’ de la propiedad inicialmente adquirida, todas las veces que quiera y en la cantidad que quiera”, considera Miguel Rapela, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), que –con 83 socios- aglutina a todas las empresas semilleras que operan en el país, tanto locales como multinacionales.

Rapela sostiene que “el derecho al uso propio en la Argentina es uno de los más amplios del mundo”, y opina: “Hay que limitarlo de alguna manera, porque, si no, para las empresas no hay negocio”.

Sin embargo, Marin denuncia una realidad diferente: “Los mejoradores locales crecieron mucho con la protección legal que existe actualmente. El negocio de ellos es crear continuamente variedades nuevas, más productivas, para que todos los años el agricultor elija comprar la nueva semilla en lugar de resembrar las que obtiene de su cosecha”.

La investigadora establece una diferencia entre los obtentores locales y Monsanto: “Los mejoradores argentinos tienen una infraestructura de creación y testeo de variedades muy importante. En cambio, Monsanto tiene los derechos sobre dos genes transgénicos. Y tengamos en cuenta que la soja tiene alrededor de 46.000 genes”.

Los estudios científicos efectuados hasta el momento indican que, si bien facilitan el manejo de los cultivos, los transgenes no mejoran el rendimiento de la cosecha.

“Si los genes de Monsanto no estuvieran integrados a las nuevas variedades de semillas más productivas que producen las empresas locales cada año, no tendrían ningún valor”, consigna Marin.

El desequilibrio existente entre los derechos de propiedad intelectual que otorgan las leyes de semillas y de patentes, sumado al control implementado por Monsanto a través de sus contratos, tiene consecuencias económicas: “Actualmente, la multinacional se esté apropiando del 66% del precio total de venta de cada bolsa de semillas”, revela Marin.

Representando al mismo tiempo los intereses de Monsanto y de los mejoradores locales, Rapela plantea, como alternativa para paliar ese desequilibrio, el concepto de “variedad esencialmente derivada”, introducido en la Convención de la UPOV del año 1991, que la Argentina no suscribió.

“Actualmente, si hago cualquier mínima modificación cosmética a una variedad que otro obtuvo con una gran inversión, estoy generando una nueva variedad y puedo registrarla como propia, cuando claramente es una variedad esencialmente derivada de la primera”, explica Rapela. “Con el concepto de variedad esencialmente derivada, se busca proteger al obtentor tradicional frente al avance de la ingeniería genética, que mediante una mutación puntual o la inserción de un gen puede incorporar pequeñas modificaciones de manera rápida y efectiva”, completa.

“Es una idea que restringe la excepción del fitomejorador y, por lo tanto, favorece la concentración de los derechos de propiedad intelectual en beneficio de los más poderosos”, apunta Marin, y especula: “Ante una probable disputa legal por la titularidad de una variedad, la historia de los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos muestra que siempre ganan las grandes empresas multinacionales”.

El insuficiente control del Estado sobre la comercialización de semillas no solo posibilitó que Monsanto se atribuya el poder de policía, sino que facilitó el desarrollo de un mercado ilegal que, solo para la soja, se calcula que representa un 70% del total sembrado en el país.

Las quejas por esta realidad no vienen solamente de los mejoradores, que solo cobran derechos de propiedad intelectual por menos de un tercio de lo que se vende. También los productores agrícolas se reconocen perjudicados: “Si la semilla no está fiscalizada, no tenemos garantía de que incluya el mejoramiento tecnológico por el que estamos pagando, y eso recién podemos constatarlo después de la siembra”, explica Omar Barchetta, dirigente de la Federación Agraria Argentina, entidad que representa a pequeños y medianos agricultores de todo el país.

Barchetta es, actualmente, diputado nacional por el Partido Socialista de Santa Fe y, como tal, autor de un proyecto de ley de semillas presentado en 2012 pero que, hasta la fecha, no logró tratamiento parlamentario. “Nuestro proyecto busca, entre otras cosas, impedir contratos como el de Monsanto y otorgar al Instituto Nacional de Semillas (INASE) la normativa y la infraestructura necesarias para que ejerza adecuadamente su función de fiscalización”, afirma.

“La ley de semillas actual brinda todas las herramientas necesarias para fiscalizar el comercio de semillas”, contradice Carlos Vicente, representante en América Latina de GRAIN, una organización no gubernamental internacional que apoya a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. “Si algo ya es ilegal, no hace falta otra ley para combatirlo. Hace falta decisión política”, considera. “La lucha contra el comercio ilegal es una excusa para avanzar aun más con los derechos de propiedad sobre la semilla”, concluye.

“La ley vigente está desactualizada. Ni siquiera incluye la palabra ‘biotecnología’. Hay que revisarla de la A a la Z”, juzga Rapela.

Retoño de acuerdo

A finales de 2012, coincidiendo –sospechosamente, para algunos- con el anuncio de Monsanto del inminente lanzamiento de su soja Intacta, el gobierno nacional anunció por primera vez su intención de modificar la ley de 1973. Desde entonces, la Secretaría de Agricultura ha celebrado incontables reuniones con diferentes actores del mercado de semillas.

“Finalmente, hemos alcanzado un consenso que está incorporado en el proyecto que enviaremos al Congreso”, informa Delgado, y precisa: “Son unos pocos artículos que no modificarán la ley vigente sino que agregan cuestiones que no estaban consideradas”.

Según Delgado, el consenso logrado establece que “todos los derechos de propiedad deberán estar incluidos en el precio de la semilla y solo podrán cobrarse en el momento en que se vende la bolsa”.

De esta manera, para el funcionario, “se seguirá respetando el derecho al uso propio, que está consagrado en la ley actual”.

Para asegurar el cobro de los derechos, Delgado promete “un férreo control de la semilla ilegal”, a través del INASE: “Los productores que hagan uso propio se van a anotar en un Registro en donde van a declarar cuál es el uso que hacen de la semilla. Así, nosotros vamos a saber quiénes adquirieron semilla fiscalizada y en qué cantidad, y qué destino le dieron”.

“El consenso se logró sin la participación de campesinos y agricultores familiares”, denuncia Vicente.

“Los dejamos fuera de la mesa de consenso porque no se van a ver afectados”, asegura Delgado.

Un punto relevante del articulado que está puliéndose en la Casa Rosada es la creación de un “fondo tecnológico”, mediante la imposición de un canon –que se cobrará por hectárea sembrada- a los productores considerados “grandes”.

“Lo llamamos ‘canon tecnológico’ -especifica Delgado- y lo pagarán quienes, por año, facturen más de tres veces el valor de la categoría máxima del monotributo” (NdR: hoy eso equivaldría a una facturación anual de $1.800.000).

Si bien admite que “todavía no está definido” cómo se distribuirá el fondo tecnológico, el funcionario aclara que ese dinero tiene el objetivo de “remunerar las inversiones que se hacen e incentivar el mejoramiento vegetal”. Según Delgado, “el fondo tiene que servir para estimular el desarrollo de nuevas variedades en horticultura, fruticultura, cultivos regionales, oleaginosas y cereales menores, y otras producciones en las que nadie tiene interés en invertir”.

Planteando como “un absurdo que existan derechos de propiedad intelectual sobre 10.000 años de libre intercambio”, Vicente sostiene que “es imposible la coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio“, e ironiza: “El canon tecnológico no va a frenar el avance de la soja”.

Por su parte, Marin propone abrir un debate sobre la iniciativa open source, de semillas de uso libre, que ya desarrolló 29 variedades de 14 cultivos: “Es un sistema colaborativo en el que la innovación está motorizada por la libre circulación de ideas y la coparticipación de muchos investigadores”, ilustra. “Es una lógica muy diferente a la de que la innovación tiene que estar sustentada en fuertes inversiones de unas pocas empresas”, comenta, y finaliza: “Es crucial que se ponga sobre la mesa, y se discuta, cuál es el modelo agrícola que se está favoreciendo, y reconocer claramente los costos y riesgos de la acción elegida y quién los va a pagar, si es posible pagarlos. Porque algunos efectos pueden ser irreversibles”.

Entretanto, en la chacra de los Ramírez transcurre una jornada más. Ajeno a la disputa de intereses que puede cambiar el futuro de los suyos, Jesús observa cómo sus dos hijos varones desmalezan el terreno que van a sembrar en los próximos días. Cada tanto, les da alguna indicación.

Podes ver más información sobre el tema en http://nexciencia.exactas.uba.ar/

http://www.todociencia.com.ar/germen-de-conflictos-ley-de-semillas/

El Senasa prohíbe dos insecticidas tóxicos para los humanos, insectos benéficos y las aves


El Senasa prohíbe dos insecticidas tóxicos para los humanos, insectos benéficos y las aves
Abr 17, 2016


Los principios activos Metamidofos y Metil Azinfos son de riesgo para quienes los aplican y para insectos benéficos, y de extrema toxicidad para aves.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispuso a través de su Resolución 149/2016 prohibir la elaboración, importación y fraccionamiento de formulaciones de insecticidas realizadas con Metil Azinfos y Metamidofos a partir del 1 de julio de 2016.

La Resolución publicada en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente del Senasa, Jorge Dillon, también determina la prohibición de comercialización y uso de ambos principios activos a partir del 31 de marzo de 2017. Las empresas elaboradoras de ambos insecticidas deben declarar stocks de tales productos en los próximos 30 días corridos.

Ambos principios activos son elevado riesgo para quienes los aplican, para insectos benéficos y de extrema toxicidad para aves.

La autoridad sanitaria nacional destacó que existe una amplia gama de productos autorizados que son igualmente eficaces, cuyo manejo y utilización son de menor riesgo para la salud humana y el ambiente.

El Metil Azinfos es un insecticida fosforado usualmente empleado en el Alto Valle del Río Negro para controlar gusanos, polillas, gorgojos, chinches, trips y mosca de los frutos en plantaciones frutales. En tanto que el Metamidofos es un insecticida organofosforado empleado para controlar isocas y chinches en soja, pulgones en frutales, mosca blanca en porotos y trips en cítricos, entre otros usos posibles.

18 de junio de 2016

Empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino


Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso

Por Juan Parrilla |15 de junio de 2016

La mitad de la Escombrera Cerro Amarillo está del lado argentino.

Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.

La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.

La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.

Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.

En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".

El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.

Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.

Vista de la escombrera hacia el noroeste, del lado argentino.
 Vista de la escombrera hacia el noroeste, del lado argentino.

Ayuda estatal y renuncia

Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.

Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como "un tema entre empresas particulares".

En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.

Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.

Contaminación

Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.

Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Los investigadores también localizaron 470 neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".

Las imágenes satelitales revelaron la existencia de los neumáticos, cuyo volumen fue constatado por una visita de los investigadores de Glencore.
 Las imágenes satelitales revelaron la existencia de los neumáticos, cuyo volumen fue constatado por una visita de los investigadores de Glencore.

Lo más grave tiene que ver con la capacidad del material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera– aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que "casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas".

En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino, se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay "contaminación por nitrato como nutriente limitante".

Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay "sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados".


Laguna LC5, semicubierta por material de la escombrera Cerro Amarillo.
Laguna LC5, semicubierta por material de la escombrera Cerro Amarillo.

URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas ácidas provenientes de la escombrera".

Vista de vegas hacia el oeste.
Vista de vegas hacia el oeste.

A la hora de analizar las imágenes satelitales, el informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2 hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.


La tabla muestra el retroceso de las lagunas y las vegas, y el avance de la escombrera.


La tabla muestra el retroceso de las lagunas y las vegas, y el avance de la escombrera.

Por otra parte, se hallaron "errores" e "inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.

El mapa que presentó Antofagasta Minerals en el Estaduo de Impacto Ambiental no muestra la frontera.
El mapa que presentó Antofagasta Minerals en el Estaduo de Impacto Ambiental no muestra la frontera.

Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho. De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige al lado argentino.

La laguna LCH1, en el sector chileno de la escombrera, está seca.
 La laguna LCH1, en el sector chileno de la escombrera, está seca.

Por último, el informe subrayó la falta de actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta de control, tanto estatal como privado.

Acuerdo

En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.

Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial, Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.

Luego de una serie de pasos formales, el 28 de abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo, financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad de la obra por 10 años.

Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de ese acuerdo:

Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.

Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes". Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de la ley de glaciares.

Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso. "Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero (Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal", explicó a Infobaeel abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.

Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".

FUENTE

2 de junio de 2016

25 enfermedades que son causadas por agroquímicos glifosato


glifosfato

25 enfermedades que son causadas por agroquímicos glifosato


Monsanto invirtió en el herbicida glifosato y lideró el mercado con el nombre comercial Roundup en 1974, después de la prohibición del DDT.

Pero fue a finales de 1990 que el uso de Roundup está masificado gracias a la estrategia de marketing tan ingeniosa de Monsanto.

La estrategia fue modificar las semillas genéticamente para cultivos de alimentos que podrían tolerar altas dosis de Roundup.

Con la introducción de estas semillas modificadas genéticamente, los agricultores pueden controlar fácilmente las plagas en sus cultivos de maíz, soja, algodón, colza, remolacha azucarera, alfalfa; cultivos que se han desarrollado, así como también fueron erradicadas todas las alimañas de ellos por el Roundup.

Dispuestos a vender su herbicida estrella, Monsanto también alentó a los agricultores a utilizar Roundup como agente de secado para secar sus cosechas y así hacer la cosecha más rápido.

Así que el Roundup se utiliza de forma rutinaria y directamente a muchísimas cantidades de organismos no modificados genéticamente de los cultivos, como trigo, cebada, avena, canola, lino, guisantes, lentejas, habas de soja y remolacha azucarera.

Entre 1996 y 2011, ya que el uso de Roundup estaba generalizado su uso en los cultivos de organismos modificados genéticamente (OMG)

Monsanto ha falsificado datos sobre la seguridad de Roundup y ha vendido este producto a los departamentos municipales de parques y jardines y también a los consumidores por serbiodegradables y estar en conformidad con el medio ambiente.

No sólo eso, sino que también ha promovido su utilización en zanjas, parques infantiles, campos de golf, jardines escuela, céspedes y jardines privados. Un tribunal francés dictaminó que esta comercialización estuvo plagada de publicidad falsa.

En los casi 20 años de exposición intensa, los científicos documentaron las consecuencias para la saludde Roundup y el glifosato en los alimentos, en el agua que bebemos, el aire que respiramos y los lugares donde juegan nuestros niños.

Encontraron que las personas enfermas tienen niveles más altos de glifosato en su cuerpo que las personas sanas.

También encontraron los siguientes problemas de salud que le atribuyen a la exposición al Roundup y / o glifosato:

1. TDAH
En las comunidades agrícolas, existe una fuerte relación entre la exposición al Roundup y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad Trastorno por Déficit, probablemente debido a la capacidaddel glifosato para afectar a las funciones hormonales de la tiroides.

2. Alzheimer

En el laboratorio, Roundup tiene el mismo estrés oxidativo y da muerte a las células neuronales observadas en la enfermedad de Alzheimer. Esto afecta a la CaMKII, una proteína cuya desregulacióntambién se asoció con la enfermedad.

3. La anencefalia (defecto de nacimiento)


Una investigación sobre los defectos del tubo neural en los bebés cuyas madres vivían a una distancia de mil metros de donde se aplicó el pesticida, un estudio mostró una asociación entre el glifosato y laanencefalia.

Esta enfermedad en sí, se caracteriza por la ausencia de una parte importante del cerebro, cráneo y pericráneo formado durante el desarrollo del embrión.

4. El autismo

El glifosato tiene una serie de efectos biológicos alineados a las enfermedades conocidas y asociadas con el autismo.

Uno de estos paralelismos se observa disbiosis en los niños autistas y la toxicidad del glifosato para las bacterias beneficiosas lucha contra las bacterias patógenas, así como alta resistencia a glifosato bacterias patógenas.

Además, la capacidad de glifosato para facilitar la acumulación de aluminio en el cerebro podría hacer esto la principal causa de autismo EE.UU..

5. Los defectos de nacimiento

El herbicida de glifosato y pueden alterar la vitamina A (ácido retinoico), un camino de comunicación celular crucial para el desarrollo fetal normal.

Los bebés cuyas madres vivían en un radio de 1 km en comparación con los campos con glifosato tenían más del doble de probabilidades de tener defectos de nacimiento, según un estudio del Paraguay.

Los defectos de nacimiento se han cuadruplicado en la década siguiente los cultivos Roundup llegaron al Chaco, donde se usa glifosato entre 8 y 10 veces más por acre que en los EE.UU en una provincia de Argentina.

Un estudio realizado en una familia de granjeros en los EE.UU. documentado altos niveles de glifosato y defectos de nacimiento en los niños, como el ano no perforados, las deficiencias en la hormona del crecimiento, hipospadias (relacionado con orificio urinario normal), defectos del corazón y micropene.

6. El cáncer de cerebro

En un estudio comparativo entre niños y niños con cáncer cerebral sanos, los investigadores encontraron que si uno de los padres habían estado expuestos al Roundup dos años antes del nacimiento del niño, las posibilidades de que su cáncer de cerebro en desarrollo se duplicaron.

7. El cáncer de mama

El glifosato induce el crecimiento de células cancerosas en la mama por receptores de estrógeno. El único estudio en animales de exposición a largo plazo al glifosato producidas ratas con tumores mamarios y esperanza de vida reducida.


8. Cáncer

Encuestas de puerta a puerta con 65.000 personas en las comunidades agrícolas de Argentina donde se utilizó Roundup – conocido como ciudades fumigados – mostraron un promedio de cáncer de dos a cuatro veces mayor que el promedio nacional, con altas tasas de cáncer de mama, de próstata y de pulmón.

En una comparación entre dos personas, una en la que se aplicó el Roundup, el 31% de los residentes tenía un familiar con cáncer, mientras que sólo el 3% lo mantuvo en un pueblo sin Roundup.

El cáncer de promedio más alto entre las personas expuestas a Roundup probablemente surgen de la capacidad reconocida de glifosato para inducir daño en el ADN, que se ha demostrado en numerosas investigaciones de laboratorio.

9. Intolerancia al gluten y la enfermedad celíaca

Peces expuestos al glifosato desarrollan problemas digestivos que son una reminiscencia de la enfermedad celíaca. Existen relaciones entre las características de la enfermedad celíaca y los efectos conocidos de glifosato. Esto incluye los desequilibrios en las bacterias del intestino, el desplazamiento de las enzimas implicadas en la eliminación de toxinas, deficiencias de minerales y la reducción de aminoácidos.

10. La enfermedad renal crónica

Los aumentos en el uso de glifosato podrían explicar las recientes apariciones de quiebras renales entre los agricultores de América Central, Sri Lanka y la India. Los científicos llegaron a la conclusión de que “mientras que el glifosato solo no causa una epidemia de la enfermedad renal crónica, parece que ha adquirido la capacidad de destruir el tejido renal de miles de agricultores cuando forman complejos con agua dura y metales nefrotóxicos.”

11. Colitis

Toxicidad del glifosato sobre las bacterias beneficiosas que eliminan clostridios así como alta resistencia a glifosato clostridios, que podría ser un factor significativo en la predisposición al crecimiento excesivo de clostridia. El crecimiento excesivo de clostridios, especialmente colitis pseudomembranosa, se ha demostrado como una causa de la colitis.

12. Depresión
El glifosato altera los procesos químicos que influyen en la producción de serotonina, un neurotransmisor importante que regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. El desequilibrio de la serotonina está vinculada a la depresión.

13. Diabetes

Los bajos niveles de testosterona son un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Las ratas alimentadas con dosis significativas de Roundup en un período de 30 días, que cubre el inicio de la pubertad, tuvieron una reducción en la producción de testosterona suficiente para alterar la morfología de células de los testículos y el comienzo de la pubertad.

14. Enfermedades del Corazón


El glifosato puede cambiar las enzimas del cuerpo, causando disfunción lisosomal, un factor importante en la enfermedad e insuficiencia cardíaca.

15. El hipotiroidismo

Una encuesta realizada puerta a puerta con 65.000 personas en las comunidades agrícolas en la Argentina en el que se utiliza el Roundup se encontró un mayor promedio de hipotiroidismo.
16. La enfermedad inflamatoria intestinal

El glifosato puede inducir una deficiencia severa de triptófano, que puede conducir a la enfermedad inflamatoria intestinal grave que desajusta severamente la capacidad de absorber los nutrientes a través del aparato digestivo debido a la inflamación, sangrado o diarrea.

17. Enfermedad hepática
dosis muy bajas de Roundup pueden cambiar las funciones de las células en el hígado, según un estudio publicado en 2009 en “Toxicología”.

18. Enfermedad de Lou Gehrig


deficiencia de sulfato en el cerebro estaba asociada con la esclerosis lateral amiotrófica. El glifosato cambia el sulfato de transmisión tracto digestivo al hígado, y puede llevar a una deficiencia de sulfato en todos los tejidos incluyendo el cerebro.

19. Esclerosis Múltiple


Se encontró una correlación entre un aumento de la incidencia de la inflamación del intestino y esclerosis múltiple. El glifosato puede ser un factor causal. La hipótesis es que la inflamación intestinal inducida por el glifosato causa bacterias digestivas para infiltrarse en el sistema circulatorio mediante la activación de una respuesta inmune y, como consecuencia, un trastorno autoinmune, lo que resulta en la destrucción de la vaina de mielina.

20. Linfoma no Hodgkin


Una revisión sistemática y una serie de metanálisis de casi tres décadas de investigación epidemiológica sobre la relación entre el linfoma no Hodgkin y la exposición a los pesticidas agrícolas llegado a la conclusión de que el linfoma de células B tenía una asociación positiva con glifosato.

21. Enfermedad de Parkinson

Los efectos perjudiciales de los herbicidas en el cerebro se han reconocido como un importante factor ambiental asociada con trastornos neurodegenerativos, incluyendo la enfermedad de Parkinson. El inicio Parkinson después de la exposición al glifosato ha sido bien documentado, y los estudios de laboratorio muestran que el glifosato causa la muerte celular característica de la enfermedad.

22. Problemas en el embarazo (infertilidad, muerte fetal, aborto involuntario)
El glifosato es tóxico para las células de la placenta, que, según los científicos, explican los problemas de los trabajadores de embarazo agrícolas expuestos al herbicida.

23. obesidad

Una experiencia consistente en la transmisión de las bacterias del tracto digestivo de un ratas obesas humanos para el aparato digestivo causada obesidad en ratones. Tener glifosato producido un cambio en las bacterias de los productores tracto digestivo de endotoxina, la exposición al glifosato puede contribuyendo así a la obesidad.

24. Los problemas reproductivos
os estudios en animales de laboratorio encontraron que las ratas macho expuestas a altos niveles de glifosato, tanto en el desarrollo prenatal o pubertad, sufren de problemas reproductivos, incluyendo la pubertad tardía, bajo conteo de esperma y la producción de la testosterona baja.

25. Respiratoria


Las mismas encuestas con 65.000 personas en Argentina se han encontrado altos promedios de las enfermedades respiratorias crónicas.


FUENTE: http://naturalezabellezaysalud.com/25-enfermedades-causadas-agroquimicos-glifosato/

26 de mayo de 2016

Monsanto aprieta a Macri y deja de lanzar nuevas semillas transgénicas al mercado




Una importante autoridad de Monsanto aseguró por estas horas que la empresa suspenderá el lanzamiento de nuevos eventos transgénicos. Lo hará en reclamo de que se controlen los cargamentos de soja en busca de granos con genética de su “propiedad”.

23 de mayo| Ramiro Thomás |

Patricio Eleisegui, periodista de investigación que mantuvo una conversación con un el segundo ejecutivo en importancia de Monsanto en la región.

A lo largo de los años el agronegocio ha causado contaminación en los pueblos agrícolas, expulsión de las comunidades campesinas y monopolización de las tierras y los insumos.

Hoy se asiste a la pelea entre dos de sus actores. Por un lado Monsanto, quien pretende con el cobro de regalías y la ley de semillas monopolizar el negocio de las semillas modificadas genéticamente. Por el otro los grandes productores, quienes se oponen a esto por el único hecho de que los costos de producción se acrecientan.

Obviamente no hay entre ellos ninguna diferencia de principio ni de criterio respecto a la contaminación y la desigualdad que genera este sistema agropecuario.

Eleisegui es autor del libro Envenenados, entre otros. Participó como entrevistado y productor del documental francés Bientôt dans vos assiettes. En 2008 fue consagrado ganador en Prensa Digital del premio ESET Latinoamérica.

¿Con qué medidas amenaza Monsanto?

Monsanto decidió que suspenderá los lanzamientos de nuevos transgénicos. La medida comprende en principio a una soja ya probada en campo que se iba a lanzar en septiembre. Es una tecnología que la empresa probó principalmente en Pergamino, Provincia de Buenos Aires. La soja resiste los herbicidas glifosato y dicamba. Pero habría otros eventos que también quedaron aplazados hasta nuevo aviso.

¿Por qué amenaza con aplazar esos lanzamientos transgénicos?

Básicamente Monsanto reclama que se le permita controlar los cargamentos de soja de aquellos que no le compraron la semilla para, de esa forma, controlar si esa soja tiene su genética. Si es así, en tanto la empresa no vendió la semilla, la empresa quiere cobrar una multa. Ya lo viene haciendo compulsivamente.

¿Quiénes adhieren al pedido de Monsanto en Argentina?

Bueno, otra empresa que reclama que se aumenten los controles es Bioceres de capital nacional. El año pasado Cristina anunció una soja de ellos que resiste sequía. La realidad es que el resto de las compañías, Bayer, Dow, etc, están dejando que Monsanto haga el trabajo sucio, que se plante frente al Gobierno y obtenga lo que necesita. Y luego esas empresas saldrán al mercado con sus semillas y un marco que ya les asegure las ganancias. Ahora se mantienen en silencio dejando que la batalla la libre el más grande. Por algo en todos estos años toda la genética que tenemos en soja es de Monsanto. Es la única que corrió el riesgo de las regalías. El resto espera.

¿A qué instituciones apela Monsanto para presionar al gobierno? ¿Qué consecuencias podría traer que esa medida se concrete?

Monsanto viene llevando a cabo reuniones con funcionarios del Ministerio de Agroindustria buscando legitimar el control. Hace poco, Agroindustria emitió una resolución que vetó el monitoreo de Monsanto y ahí se recalentó la pelea. Ahora la empresa directamente elevó una queja a la embajada estadounidense para que por lo menos observe. Lo que Monsanto dice es “¿por qué Estados Unidos abre su mercado a los productos argentinos si en Argentina no nos dejan vender lo nuestro?”

No es la primera vez que apelan a la Embajada. En épocas de Néstor Kirchner procuraron lo mismo que ahora y como no hubo caso, directamente operaron en tribunales internacionales. Eso derivó en el decomiso de cargamentos de soja en diversos puertos de Europa.

Si la Embajada reacciona al pedido de Monsanto puede haber complicaciones para la exportación de productos argentinos a Norteamérica. Macri en cierta medida logró con la visita de Obama cierta apertura a algunas mercaderías argentinas. Esto puede enturbiar ese canal que se abrió. Si se lo piensa en las producciones regionales de ciertas frutas por ejemplo, un conflicto así puede todavía golpear peor al interior.


FUENTE: http://www.copenoa.com.ar/Monsanto-aprieta-a-Macri-y-deja-de.html

SALTA: El “Tata” Martino quiere desmontar 2.400 hectáreas en las que viven campesinos



 26 de mayo 2016.- 

Un grupo de familias del chaco salteño acusó al director técnico de la Selección de fútbol, Gerardo “Tata” Martino, de comprar sus tierras y tramitar una autorización de desmonte para venderlas con el permiso otorgado, pese a que parte de la propiedad es un área protegida por la ley de bosques.
El expediente exhibe varias irregularidades y contradicciones.

El conflicto comenzó en 2010, cuando Martino compró junto a tres socios dos de los catorce lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Son más de 5 mil hectáreas en total. Pero se encontró con que allí vive desde hace unos 120 años la familia Rea y que otra treintena de familias usan esos terrenos para pastar.

Los Rea son ocho: la madre con siete hijos. El padre falleció hace unos años, al igual que otros dos hijos. Argumentan que siempre vivieron allí y que son la quinta generación instalada en un puesto bautizado como La Esquinita, porque queda justo en un ángulo de los dos lotes que compró Martino. Sus terrenos son explotados también por una veintena de familias del vecino paraje el Lecheronal y otra diez del paraje Climaco. Son los legítimos propietarios de las tierras, aunque nunca reclamaron judicialmente su titularidad, pese a que están en condiciones de hacerlo.


Infobae intentó comunicarse con Martino para conocer su versión, pero los voceros del DT no respondieron a los pedidos de entrevista. Aún así, este medio pudo reconstruir su posición en base a varios testimonios que brindó en distintos canales informales. Al parecer, Martino dice que compró los terrenos de buena fe, que no sabía que había gente viviendo y que su objetivo no es explotarlos, sino hacer un negocio inmobiliario.

Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.700 hectáreas y de desbajerado sobre otras 700. El DT asegura que desde el propio gobierno de Salta le recomendaron que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador.

A primera vista, dos cosas llaman a la atención. Por un lado, si Martino tiene razón, sería grave que un Gobierno provincial promueva el desmonte. Por otro, en lugar de accionar contra el vendedor –que lo habría estafado y le vendió una propiedad que al poco tiempo fue embargada–, el técnico busca avanzar contra la familia Rea, a la que le ofreció apenas 100 hectáreas.


El problema de fondo son los desmontes y los desalojos a comunidades criollas y originarias. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente nacional, entre 1998 y 2014 se desmontaron, sólo en Salta, 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Es la provincia más afectada, detrás de Santiago de Estero.

La Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aseguran que parte del problema tiene que ver con dos decretos del gobernador Juan Manuel Urtubey que violan abiertamente la ley de bosques, ya que consagraron la posibilidad de rezonificar terrenos a simple solicitud del titular de la finca para que puedan pedir permisos de desmonte. En Greenpeace estiman que esta maniobra habilitó la deforestación de unas 120 mil hectáreas que están protegidas, casi un tercio del total de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la ley en 2007.

El caso de Martino va en esa línea: el gobierno provincial promoviendo el desmonte y priorizando los agronegocios. La mayoría de los terrenos suelen usarse para la ganadería. A lo sumo se planta maíz y sorgo para los animales. Pero en Salta no son pocos los que creen que en cualquier momento el INTA aprobará una semilla transgénica de soja capaz de ser cultivada en la zona.

La ley de bosques exige una serie de requisitos para autorizar un desmonte, entre ellos, la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y social, celebrar una audiencia pública y respetar los derechos de las comunidades que usan los bosques. Martino habría cumplido con los tres, pero sólo en apariencia.

Uno de los que se acercó a la familia Rea para ofrecer su colaboración es Nahuel Morandini, un técnico de la Universidad Nacional de Salta que es parte de una cátedra sobre ecología y que tiene familiares en la zona. Le contó a Infobae que el estudio de impacto ambiental y social lo hizo el experto en agronegocios Gonzalo Barni, un ex delegado de Bayer CropScience en Salta –según su cuenta de Linkedin–, quieninformó al Ministerio de Ambiente que en El Totoral no vive nadie y que ningún habitante de la zona usa la finca para pastar.

“El informe ambiental es una gran mentira y el social está lleno de contradicciones. Pero el problema vino después, porque la Provincia pidió que se haga un mapa de uso de las tierras por parte de las familias de El Lecheronal y de Climaco, pero antes de que Barni lo presente, una comisión del Ministerio de Ambiente viajó a El Totoral y llegó a las mismas conclusiones: que nadie vive en la finca, que nadie usa el lugar y que los reclamos que hay sobre la tierra son de otras personas“, explicó Morandini.

“Este proyecto en particular sobresale por el nivel de falencias técnicas del estudio de impacto ambiental.Es muy llamativo que técnicos profesionales aprueben algo con tantos problemas“, coincidió en una entrevista con Infobae el presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak.


El Ministerio de Ambiente finalmente aprobó el pedido técnico de desmonte. En la zona sospechan de los vínculos entre Martino y el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya que ambos se reunieron en enero de 2015, cuando el DT vacacionó con su familia en Salta, y el propio entrenador reconoció que fue el Ejecutivo el que le recomendó vender las tierras con la autorización de desmonte tramitada.

El último paso antes de la habilitación final fue la audiencia pública, que no es vinculante. Son contadas las veces en las que se logró frenar un pedido de desmonte. Se realizó el 12 de mayo, pero no en la zona, sino en la localidad de la Estrella, que ni siquiera queda en Rivadavia, sino en Orán, a más de 80 kilómetros por caminos de tierra que demandan no menos de dos horas y media en auto para llegar. De hecho, todas las audiencias que se hicieron por terrenos en el municipio de Rivadavia Banda Sur se celebraron fuera del departamento. Es una estrategia sistemática del Gobierno provincial para desalentar la participación.

Para ser parte de una audiencia hay que pedir un permiso. En este caso, se presentaron la familia Rea, la Fundación Refugio, el propio Morandini, la organización El Ocultar –que nuclea a los vecinos de la zona– y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Pero el Gobierno rechazó el pedido de los últimos tres y casi impide la participación activa de los Rea, que tuvieron que hacer un escándalo para ser tenidos en cuenta.


El presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak, hizo hincapié en las groseras contradicciones en las que incurrió el Ministerio de Ambiente.

Primera. De acuerdo al Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la finca el Totoral está ubicada sobre un punto en el que confluyen áreas protegidas, zonas pasibles de desmonte y terrenos de uso intermedio, es decir, que pueden ser parcialmente desforestados. Sin embargo,actualmente la provincia está revisando su mapa con el objetivo de agregar una serie de Áreas con Valor de Conservación (AVC) y corredores ecológicos que las unan. Y El Totoral está, justamente, dentro de esas áreas.

Segunda. La finca está ubicada dentro de un Área de Gestión Territorial Integral (AGTI) llamada Los Palmares, en el núcleo de la cual hay una reserva, en cuyos alrededores la actividad productiva debería ser compatible con la necesidad de conservación.

“Es una contradicción que el mismo ministerio que propone conservar un área autorice desmontes. El problema es que en el expediente no se menciona nada de eso“, advirtió Leak a Infobae.

Usualmente, entre 10 y 15 días hábiles luego de la audiencia se concede el permiso definitivo de desmonte, por lo que es posible que en breve Martino y sus socios consigan la habilitación.



Los Rea podrían perder sus terrenos.

El tema prácticamente no trascendió en Salta, hasta que la semana pasada el diputado Jesús Ramón Villa alertó a sus colegas por los desmontes en Rivadavia y puso como ejemplo el caso de Martino, aunque no brindó muchos detalles.

“Esto es una figurita repetida, algo que sufrimos a diario. Los que quieren desmontar y quedarse con los terrenos suelen ser personas con poder político, económico y mediático, y siempre se salen con la suya“, le dijo el diputado a Infobae.

Morandini contó que el entrenador de la Selección se enojó con la divulgación del caso y lo insultó. “Nosotros estuvimos conteniendo la noticia, porque queríamos llegar a una instancia de diálogo, pero la información es pública y no hay motivo para ocultarla. Martino me dijo de todo, que él ya había pagado para levantar un embargo y que no iba a poner un peso más, que cerraba toda negociación“, recordó. Y agregó: “Primero nos ofreció una hectárea, después 10 y al final 100, porque no entiende cómo funcionan los modelos de producción acá. La familia lo único que pide es que respeten sus tierras. No quieren plata, sino seguir viviendo y trabajando en paz”.

7 de mayo de 2016

ACTUALIZACIÓN DE LA ANTOLOGÍA TOXICOLÓGICA DEL GLIFOSATO:



Naturaleza de Derechos - 27 de Febrero de 2016


ACTUALIZACIÓN DE LA ANTOLOGÍA TOXICOLÓGICA DEL GLIFOSATO:

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE SUS RIESGOS.

FEBRERO 2016.


La Antología Toxicológica del Glifosato se trata de la recopilación mas completa de trabajos científicos de la ciencia digna que da cuenta de los riesgos de daño grave a la salud humana, ambiente y biodiversidad del agrotóxico glifosato, ya sea por la exposición directa a las fumigaciones terrestres y aéreas, como la indirecta través del consumo de alimentos y utilización de productos de higiene personal con residuos de dicho químico.

En esta oportunidad ponemos a disposición la segunda actualización de dicha Antología. El trabajo esta a cargo de nuestro compañero de lucha y trabajo Eduardo Rossi, miembro activo del Paren de Fumigar Santafesino, integrante de la ONG Equística de Rosario y colaborador permanente de Naturaleza de Derechos.

La primera actualización de la recopilación de la Antología Toxicológica del Glifosato (data de Abril de 2015) fue puesta a disposición del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en el mes de Junio de 2015 - a través de la presentación que se realizó por varias organizaciones y colectivos ante dicho organismo, encargado de autorizar el uso y comercialización de los agrotóxicos en la Argentina- para que proceda a la apertura del procedimiento de análisis de riesgos del Glifosato, previsto en la normativa vigente, a los efectos de determinar o bien mayores restricciones en el uso, suspensión o cancelación de los registros autorizados.

Sin embargo, el organismo estatal desoyó esas voces de la investigación científica independiente, lejanas de los intereses corporativos, y en el mes de Enero de 2016 comunicó oficialmente que no procederá a la revisión del Glifosato por considerar - sin escrúpulos- la inexistencia de riesgos.

Concretamente el SENASA sustenta su decisión administrativa en el trabajo de recopilación científica del CONICET del año 2009 “Evaluación de la Información Científica vinculada al Glifosato en cuanto a la Salud Humana y al Ambiente” según el cual, respetando las condiciones establecidas en la etiqueta, no existe riesgo de la utilización del mismo (sic).

Dicho informe fue fuertemente rechazado y criticado por centros académicos y universitarios, científicos, organizaciones y colectivos sociales, atento a su improvisación, precariedad y falta de ecuanimidad en la consulta del material bibliográfico consultado, ya que las conclusiones a las que arriba se sustentan en trabajos científicos, en su mayoría, financiados y gestionados por las propias empresas con intereses en la producción y comercialización de los agrotóxicos.

Mas allá de eso, estamos en el año 2016, y la información científica sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud, ambiente y biodiversidad es abrumadora y contundente que anula y descalifica al precario, improvisado y parcial informe del año 2009 del CONICET, sobre el cual el SENASA pretende burdamente justificar la negativa al inicio del procedimiento de análisis de riesgos estipulados en el capítulo 18 de la Res. 350/99.

Por ello, ya en vías de la construcción de la acción judicial pertinente para reencausar el proceder administrativo incorrecto del SENASA, encomendamos a Eduardo Rossi una actualización de la Antología Toxicológica del Glifosato, a los efectos de exponer a la justicia federal, la escasez argumental del organismo estatal, ante la constante e incesante suma de evidencias científicas que muestran los riesgos actualizados, claros, concretos y precisos del agrotóxico glifosato, que demandan - desde la perspectiva de la precaución - una actuación ineludible del estado y proceder a su inmediata reevaluación en la Argentina.

La primera recopilación de la Antología Toxicológica del Glifosato data del 10 de Abril de 2015 y acumulo 437 trabajos científicos. (Acceder)

Esta segunda actualización (al 27 de Febrero de 2016) suma 487 trabajos de investigación. (Acceder)



FUENTE: http://www.naturalezadederechos.org/cienciadigna/infoglifosa2.htm

8 de abril de 2016

Bióloga del Conicet: "Los Transgénicos son Genocidas y Ecocidas"


Alicia Massarini, Dra. en ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

 

El problema con esta tecnología es que no puede ser usada para el bien porque está diseñada, pensada y usada para maximizar la ganancia económica de corporaciones extranjeras.[...]


Alicia Massarini, Dra. en ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires que se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, coautora de la séptima edición deBiología de Curtis, caracterizó a los productos transgénicos como "ecocidas y genocidas".


La científica propone que lo mejor es dejar atrás este modelo y "recuperar las producción diversificada de alimentos".


El modelo transgénico -que sigue Argentina- produce "commodities y no alimentos".


La científica fue entrevistada por La Gaceta, oportunidad en la cual advirtió que los transgénicos "no mejoran su valor nutricional", y que no solo afectan al medio ambiente y salud por el uso de agroquímicos, sino que ya existen estudios experimentales probando que su consumo a largo plazo produce enfermedades, en incluso muerte prematura.


La propaganda de Monsanto y sus cómplices es que los transgénicos "mejoran" el producto.Pero la realidad es otra.


"El discurso de quienes promovían esto fue que se mejoraría la calidad del producto, pero los transgénicos en el mercado confieren una ventaja económica al productor. No son amigables con el medio ambiente ni son alimentos", indicó la experta.


Economía


El problema con esta tecnología es que no puede ser usada para el bien porque está diseñada, pensada y usada para maximizar la ganancia económica de corporaciones extranjeras. Los cultivos orgánicos son más rentables.


"Todo lo demás se considera daños colaterales", sostuvo la Dra. En una medición realizada en el año 2014 por ArgenBío, la superficie total sembrada con transgénicos en Argentina fue de 24,3 millones de hectáreas. La científica explico que "Esto que producimos no son alimentos, sino commmodities para exportar y alimentar el ganado de los países centrales y de China. Es una falacia que se hable de que estamos contribuyendo a paliar el hambre del mundo, porque el hambre es cada vez más notable".


En una carta abierta, 1.381 científicos denunciaron el boicot de Monsanto contra el primer estudio de Gilles Eric Séralini, por lo que fue republicado en junio de 2014; ahora están investigando los graves efectos metabólicos evidenciados.


Pese a las falacias de "monsantontos" y promotores corporativos de Monsanto, en este momento los científicos no solo corroboran sino que además amplían el estudio que realizara primeramente el biólogo molecular Gilles Eric Séralini sobre la toxicología a largo plazo del maíz genéticamente modificado y su herbicida Roundup.


La transgénesis es peligrosa


"Se rompe la armonía que tiene ese genoma como sistema integrado. Esto puede traer efectos laterales no previsibles y no mensurables. Por ejemplo, la producción de proteínas o de sustancias que en el metabolismo se alteren y que funcionen como toxinas, que se puedan acumular", explicó Alicia Massarini.

Fecha Artículo: 8.7.15 Publicado por: Jorge Ramos

Fuentes
La Gran Epoca
EcoPortal

BWN Argentina
http://www.preparemonosparaelcambio.com/2015/07/biologa-del-conicet-los-transgenicos.html

http://despiertaalfuturo.blogspot.com.ar/2015/07/biologa-del-conicet-los-transgenicos.html 

RELACIONADO:
ENTREVISTA RADIAL (21.03.2015)
ALICIA MASSARINI (*)


(*) Doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Profesora de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Desde abril de 2011 Coordinadora de la Diplomatura Superior de “Enseñanza de las Ciencias. Enfoques para la Democratización del Conocimiento Científico y Tecnológico” en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Autora de numerosos artículos publicados en revistas internacionales en el área de la Biología Evolutiva y de libros, capítulos de libros, artículos y materiales para la formación docente orientados a la enseñanza de la biología con un enfoque CTS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...