BLOG VECINAL ORIENTADO A LA DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES VIVIMOS EN EL NOA Y EN PARTICULAR EN LA HERMOSA CIUDAD DE SALTA "LA LINDA".
Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

15 de septiembre de 2017

Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida"


  
Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida"

“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en

Comemos veneno: "El cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida" Marie-Monique Robin
I
“El aumento de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer está directamente relacionado con los alimentos que comemos. Las hormonas sintéticas presentes en los fertilizantes y pesticidas que entran en contacto con la comida son muy peligrosas para la salud y no suelen detectarse en los análisis toxicológicos, por lo que se invalida el principio de que la ‘dosis hace el veneno’”. Con esta advertencia a modo de carta de presentación, la galardonada documentalista y periodista Marie-Monique Robin nos introduce en el mundo de la agroindustria, su campo de investigación desde hace más de una década, y sobre el que versa su último ensayo: Las cosechas del futuro. Cómo la agroecología puede alimentar al mundo (Península).

Una obra fruto del análisis comparativo de diversos sistemas de producción alimentaria que, en sintonía con otras anteriores como Nuestro veneno cotidiano y El mundo según Monsanto, cuestiona el mito de que la bajada del precio de los alimentos o de que el fin del hambre en el mundo solo son posibles mediante la producción industrial de alimentos. La principal novedad que aporta la autora gala con este último libro es que existe una alternativa demostrable, “más sobresaliente de lo que creía antes de iniciar la investigación”, y que se llama agroecología.El cáncer de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según la OMS

La transición de la agroindustria a la agroecología todavía es posible, explica Robin, pero aun existiendo la voluntad política necesaria para propiciar los cambios legislativos que la permitan, “llevará muchos años descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos”. Es por ello que urge, en primer lugar, limitar el uso de pesticidas y transgénicos. “España es el país más permisivo de la UE con el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la comercialización de otras sustancias tóxicas, como el bisfenol A que en otros lugares como Francia está prohibido”.

Una permisividad, alerta la autora gala, con unas consecuencias más que visibles: “Las parejas españolas son las que más problemas tienen de infertilidad en toda Europa, al afectar a una de cada cuatro”. Al mismo tiempo, los cánceres de cerebro y la leucemia están creciendo a un ritmo anual del uno al tres por ciento entre los niños, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ponen también de relieve el auge del origen fetal de las enfermedades en la edad adulta (presuntamente por el tipo de alimentación de la gestante). “La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya se está dando cuenta de estas consecuencias y reconociendo las deficiencias del principio toxicológico de que 'la dosis hace el veneno’ debido a las indetectables hormonas sintéticas, como demuestra la mayoría de literatura científica sobre esta cuestión”, apunta Robin.

El cenit del petróleo y la comida barata

Tradicionalmente se ha relacionado el bajo coste de los alimentos con los monocultivos, el uso de pesticidas y fertilizantes para reducir las plagas, así como otras técnicas modernas de producción a gran escala. Sin embargo, Robin afirma que “los precios de los alimentos que compramos en el supermercado son completamente falsosporque no incluyen los costes directos ni los indirectos”.

Los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas, del pago de las tasas por los gases de efecto invernadero, de las subvenciones (para el gasóleo, para exportar o directamente de la Política Agraria Común de la UE), así como de los sistemas públicos de salud, por el aumento de enfermos crónicos, son algunos de los costes asociados a la agroindustria que no se incluyen el precio de origen. “Si sumamos todos estos costes a los productos en origen, su precio subiría y serían más caros que los ecológicos”. Además, añade Robin, más de la mitad del precio está engordado por los intermediarios y finalistas.Tendrán que pasar muchos años para descontaminar las tierras y las aguas subterráneas hasta poder producir alimentos sanos

Una realidad de la que no estamos muy lejos, según la autora gala, para quien antes o después tendrá que dispararse el precio de la comida, ya sea por el fin de las subvenciones (como se prevé con la PAC), por la creciente especulación bursátil con las materias primas en los mercados de futuro, o por el no menos inminente encarecimiento de los combustibles fósiles como el petróleo y el gas, debido a su cenit.

Los productos químicos utilizados en la agroindustria se elaboran a partir de petróleo y gas, por lo que un aumento en el precio de estos recursos, junto a la escasez de agua, pondría a la agroindustria en la encrucijada. “Esta es la gran debilidad de las industrias alimentarias. Se sustentan sobre un modelo que depende de los combustibles fósiles, y está claro que el precio de éstos será cada vez mayor, por lo que el de los alimentos será parejo. No tiene sentido que la alimentación en el mundo dependa de la producción de petróleo en una región tan convulsa como es Oriente Medio”, lamenta Robin.
Alimentos saludables en un mundo sostenible

Las perniciosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de la agricultura industrial, así como la crónica de una muerte anunciada que Robin comenzó a describir antes incluso de que se produjesen las primeras crisis alimentarias en Latinoamérica (relacionadas con los biocarburantes) han llevado a la francesa a recorrerse el mundo en busca de alternativas ecológicas. Después de estudiar diferentes técnicas agroecológicas pudo comprobar que su rendimiento puede ser mayor que con técnicas propias de la agroindustria.La gran debilidad de la agroindustria es que se sustenta sobre un modelo dependiente de los combustibles fósiles

“Muchas veces, cuando hablamos de agroecología pensamos que se trata de volver a las técnicas empleadas por nuestros abuelos. No es así, se trata de prácticas mucho más complejas que dependerán de la zona geográfica donde se desarrollen, del tipo de cultivo o del tipo de tierra”, explica la autora. Sin embargo, Robin sí pudo comprobar que todos ellos coincidían en un principio básico: la complementariedad. “Se trata de un principio común mediante el que se busca complementar la biodiversidad del medio, mediante rotación de cultivos o interfiriendo en los ciclos biológicos de los insectos, para prevenir plagas y aumentar la producción”.

La demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores ha aumentado proporcionalmente al deterioro de la cadena alimentaria, “pero la oferta todavía no llega para abastecerlos a todos”, apunta Robin. Para hacerla extensiva a todo el mundo no llega con la concienciación del consumidor, que al fin y al cabo es el que más poder detenta con sus decisiones de compra, sino que se necesitan medidas políticas concretas.

Entre las propuestas más urgentes para facilitar el cambio, la periodista cita “la prohibición de la especulación con alimentos, el fomento de la soberanía alimentaria mediante una férrea protección de los mercados y agricultores locales, y el acortamiento de las cadenas de distribución buscando conexiones directas entre consumidores y productores”. Solo mediante la eliminación de los intermediarios y finalistas, explica la francesa, el precio de los alimentos orgánicos se reduciría hasta en un 90%.

Las bases para posibilitar un cambio de modelo están puestas “desde hace muchos años”, pero de no iniciarse una pronta transición, advierte Robin, “no podremos anticiparnos a las crisis alimentarias que resurgirán en cualquier momento”.

12 de septiembre de 2017

SALTA: Alertan sobre la contaminación en el río Arenales


La investigación se inició para detectar si el vertedero contamina al río. A.Mansilla

Alertan sobre la contaminación en el río Arenales
12 DE SEPTIEMBRE 2017 

El CIF detectó elevados niveles de metales pesados en las aguas. El cinc supera 10 veces los valores permitidos.

La contaminación del río Arenales es muy grave: se detectaron hasta diez veces más niveles de metales pesados que los parámetros establecidos en la Ley Nacional 24.051. Los detalles de un informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) sobre las condiciones de los suelos y aguas subterráneas en cercanías del vertedero San Javier generaron que se tomen más medidas ante la crítica situación.

El informe, que se conoció ayer, se enmarca en una investigación preliminar a cargo del fiscal penal 8, Federico Jovanovics, que busca determinar si los líquidos que emana el basural generan contaminación.

Según los resultados del CIF, se deberá ampliar la investigación ya que concluyeron que hay fuerte presencia de nitritos, cobre y cinc, antes y después del área del San Javier, a cargo de la empresa Agrotécnica Fueguina.

A esa compañía, el municipio le renovó el contrato en diciembre de 2016 para operar en el vertedero por cuatro años. "El convenio prevé rescisión inmediata en caso de comprobarse contaminación", había expuesto en ese entonces el secretario de Ambiente, Federico Casas.

Ayer, el intendente Gustavo Sáenz, dijo que la empresa seguirá "trabajando en cuanto y en tanto demuestre que puede cambiar esta situación".

Para determinar si hay o no responsabilidad de la empresa, el Ministerio Público dispuso que se unifiquen las causas que llevan el fiscal Federico Jovanovics y su par Horacio Córdoba Mazuranic, quien también posee en trámite una investigación similar en las aguas del río Arenales.

Las actuaciones se realizaron tras una serie de denuncias, entre ellas las de concejales del Partido Obrero por posible contaminación.

"Consideramos que este es un asunto de enorme importancia social y por ello la comunidad debe estar al tanto de la contaminación detectada a fin de que tomen sus recaudos, máxime cuando estamos a pocos meses de una nueva etapa estival", difundió Jovanovics a través del portal oficial.

"Sin dudas, ambas fiscalías van a trabajar de manera urgente en estos casos, sin embargo, creemos necesario informar de lo que hasta ahora se pudo detectar, y esperamos poder avanzar con más estudios técnicos y otras medidas de pruebas que seguramente nos darán un mayor panorama de la situación por la que atraviesa uno de los ríos más importantes para Salta, pues cruza la ciudad de extremo a extremo", agregó.

De acuerdo al informe del CIF, en cuanto al cinc, se advierte una presencia que supera en más de diez veces el parámetro establecido.

Para nitritos, una sal existente en el agua en estado de oxidación, el valor máximo permitido es 60 microgramos por litro. Los estudios realizados sobre las muestras tomadas en el Arenales, tanto en la zona anterior como en la posterior a la planta del vertedero, indican 380 microgramos por litro.

En cuanto al cobre, las pruebas exponen la existencia de 5 microgramos por litro, aguas arriba y 13 aguas abajo. Con relación al cinc, la cantidad detectadas es de 400 y 500 microgramos por litro.

Los valores legales aceptables para los casos de "cobre" y "cinc", en tanto, marcan un máximo de 2 y 30 microgramos por litro respectivamente.

Confirmaron la presencia de metales pesados en las aguas del río Arenales

11 DE SEPTIEMBRE 2017
La información surge de un estudio realizado por el CIF.Los niveles de contaminantes como “nitritos”, “cobre” y “cinc”, aparecen con valores muy preocupantes



. Tal como se había informado el 24 de julio pasado en torno a una investigación iniciada a fin de establecer la contaminación de suelo y aguas subterránea en cercanías del vertedero San Javier, el CIF hizo entrega en los últimos días un informe técnico de dos tomas de muestras de agua.

La toma de muestras dispuestas por el fiscal Jovanovics, tenían como objetivo la realización de un estudio técnico complejo respecto a la detección de sustancias contaminantes en el agua del río Arenales, tanto en un sector anterior y como en otro posterior a la planta de tratamiento de residuos.

Como resultado de ello, el fiscal informó con gran preocupación la existencia de contaminación con metales pesados en el agua del río, tanto “aguas arribas” como en “aguas abajo” del vertedero, situación que abrió ahora un panorama más amplio respecto a los pasos a seguir para poder detectar el origen de la contaminación ambiental.

Sobre el informe del CIF, el fiscal explicó que el estudio tenía como objetivo establecer la existencia de elementos contaminantes, la identificación de los mismos y los niveles de contaminación. Para esto último se tomó como base los parámetros establecido en la Ley Nacional 24.051, norma a la cual la Provincia se encuentra adherida.

“En esta ley, reglamentada por el decreto presidencial Nº 831/93, se determinan los valores aceptables de existencia de residuos peligrosos, entre ellas sales y metales pesados”, explicó Jovanovics. En este caso, se “tuvo en cuenta la tabla 2, la cual especifica los “niveles guía de calidad de agua dulce superficial- para la protección de acuática”.

En su informe, el CIF reveló la existencia de tres elementos contaminantes detectados en las muestras tomadas. “Se halló nitritos, cobre y cinc. Lo llamativo es que en para los valores de los dos primeros contaminantes, superan en seis veces los valores guía”, explicó el fiscal.

“En cuanto al cinc, se advierte una presencia que supera en más de diez veces más del valor establecido”, agregó. Para “nitritos”, una sal existente en el agua en estado de oxidación, el decreto 831 señala como valor máximo permitido 60 microgramos por litro. Los estudios realizados sobre las muestras tomadas en el Arenales, tanto en la zona anterior como en la posterior a la planta del vertedero, indican respecto a la existencia de “nitritos” un valor de 380 microgramos por litro. Los valores legales aceptables para los casos de “cobre” y “cinc”, en tanto, marcan un máximo de 2 y 30 microgramos por litro respectivamente.

En cuanto al “cobre”, los estudios realizados indican la existencia de 5 microgramos por litro, “aguas arriba” y 13 “aguas abajo”, mientras que con relación al “cinc”, la cantidad detectadas es de 400 y 500 microgramos por litro.

Mayor complejidad
En vista de que los elementos detectados se tratan de sustancias altamente tóxicas, en este caso para la vida acuática del río Arenales, la fiscalía deberá ahora profundizar la investigación en busca de obtener mayor cantidad de elementos que permitan avanzar con la investigación.

En vista de ello, y atento a la complejidad del caso, el Procurador General Pablo López Viñals, bajo la facultades que posee para extremar los pormenores en busca de garantizar el éxito de la investigación, dispuso la actuación conjunta de los fiscales, Jovanovics y Horacio Córdoba Mazuranic, quien también posee en trámite una investigación similar en las aguas del río Arenales.

De esta manera, los fiscales podrán avanzar con mayor facilidad y agilidad respecto a las distintas pruebas que se deberán realizar de ahora en más, las que tampoco serán sencillas sino que exigirán una mayor complejidad, tanto en su disposición como en su ejecución.

“Consideramos que este es un asunto de enorme importancia social y por ello la comunidad debe estar al tanto de la contaminación detectada a fin de que tomen sus recaudos, máxime cuando estamos a pocos meses de una nueva etapa estival”, explicó Jovanovics.

“Sin dudas, ambas fiscalías van a trabajar de manera urgente en estos casos, sin embargo, creemos necesario informar de lo que hasta ahora se pudo detectar, y esperamos poder avanzar con más estudios técnicos y otras medidas de pruebas que seguramente nos darán un mayor panorama de la situación por la que atraviesa uno de los ríos más importantes para Salta, pues cruza la ciudad de extremo a extremo”, agregó.


5 de septiembre de 2017

No hay megaminería sin contaminación ni conflicto social





En el Día Internacional contra la Megaminería el referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas analiza la situación actual y denuncia las consecuencias de la actividad en el país.
Enrique Viale

En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, dominación territorial y degradación ambiental. Esta se expande hoy en Argentina en una decena de provincias, que incluyen desde Salta y Jujuy hasta la patagónica Santa Cruz, pasando por la región cordillerana, la precordillera y las estribaciones.

Fue a partir del andamiaje jurídico montado en los noventa —sostenido y profundizado en la actualidad— que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación: la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su (gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.

Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo total de la energía de la provincia. En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).

Con estas características, en la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a otras concepciones del territorio y a las débiles economías regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son incompatibles con esta actividad.

El emprendimiento minero Veladero, en San Juan, está operando sobre glaciares y ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la actividad en ilegal, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5 millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal. Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece impune.

El destino casi exclusivo de este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por ejemplo, América Latina produce el 26,2% de la bauxita en el mundo, pero sólo consume el 2,9%; en cuanto al cobre, produce el 45,1% y consume el 6,1 por ciento. Respecto del oro, se extrae el 15,2%, pero se consume solamente el 3 por cuento. A esto hay que agregar que la minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83% de su producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.

Y en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.

Después de casi 20 años de explotación de La Alumbrera y ya en su fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida a través de los diversos programas sociales entre los más altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de beneficiarios de la asignación universal por hijo).

Lo mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan —elegida como modelo del lobby minero—, que, a pesar de tener en funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias vecinas que no desarrollan la actividad.

En esta provincia, la empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia), paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae y aporta en concepto de regalías menos del 1% del total de ingresos provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1% del total del empleo en esa provincia.

Lo cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el país minero por excelencia, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% de la agricultura, el 16% del comercio y el 10% de la manufactura.

Por su parte, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y no haya gran conflictividad social. Esto es algo que no puede ser negado o minimizado ni siquiera por el lobby minero, a lo largo de toda América Latina y de la geografía de los países del sur en general, a medida que se fue ampliando la frontera minera y que aumentó la cantidad de proyectos de extracción de oro, cobre y otros minerales, los conflictos territoriales y ambientales provocados por esta actividad también se multiplicaron. Cada proyecto minero desencadena, de por sí, un proceso conflictivo que no cesa ni aun cuando este es momentáneamente paralizado, ni cuando se hubiere agotado el ciclo de vida del yacimiento.

El sistemático ataque a las libertades individuales más básicas para imponer este modelo conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia democracia.

En suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social. Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo, las poblaciones.

Con este contexto, resulta preocupante la obsesión del nuevo Gobierno Nacional en llevar la gran minería a las provincias en que la cual está expresamente prohibida por ley. En efecto, entre los años 2003 y 2011, gracias a la resistencia y movilización de las poblaciones afectadas, fueron varias las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería con uso de determinadas sustancias tóxicas. Van por las zonas donde hay resistencia social intentando “convencer” a las poblaciones. Los primeros objetivos parecen ser la meseta de la provincia de Chubut, Mendoza y La Rioja. Ese el rol asignado al ministro Sergio Bergman, que al principio parecía confuso, casi risueño al admitir su total desconocimiento de la materia ambiental.

Por otra parte, si el kirchnerismo tenía una relación connivencial con el lobby de la minería transnacional esta administración directamente los metió dentro del gobierno: Daniel Meilán fue designado como Secretario de Minería de la Nación. Su principal antecedente es como funcionario del área durante el gobierno menemista, que marcó el inicio del modelo megaminero vigente. Asimismo, nombró como Subsecretario de Minería de la Nación a Mario Capello, un reconocido lobbista de las transnacionales mineras y que actuó directamente contra la Ley de Protección de Glaciares.

En conclusión, resulta vital prestar especial atención a las largas luchas ciudadanas que están marcando huellas históricas en la defensa de los territorios en nuestro país y son las que vienen teniendo desde hace años un debate serio sobre la problemática a través del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones, conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de trabajo, universidades, en definitiva, marcando caminos alternativos.

*El autor es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, coautor del libro Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, e impulsor de la Ley de Glaciares.


FUENTE: https://www.laizquierdadiario.com/No-hay-megamineria-sin-contaminacion-ni-conflicto-social

4 de septiembre de 2017

La minería amenaza a los glaciares argentinos


FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que hay más de 40 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares.


Según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación existen en total trescientos veintidós proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales setenta y siete se encuentran en las cuencas inventariadas por el IANIGLA (1) en el relevamiento nacional de glaciares. De estos proyectos, 44 se encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo, que deben estar protegidos.

“Con sólo el 10% del inventario realizado ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan”

El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y es parte del abundante material que el Juez Federal Sebastián Casanello secuestró en sus recientes requerimientos al Ministerio de Ambiente de la Nación dentro de la causa penal que investiga los derrames de solución cianurada en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold en 2015 y 2016; y fue cedido a las organizaciones por parte de la “Asamblea Jáchal No Se Toca”, querellante en la causa.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y letrado de la Asamblea, señaló que “resulta increíble que esta crucial información recién tome estado público ahora y sólo como consecuencia de allanamientos judiciales. Pareciera que su destino era su ocultamiento para dilatar la aplicación efectiva de la Ley de Glaciares. De un primer análisis de la documentación secuestrada por la Justicia Federal encontramos importantísimo material que permitirá seguir avanzando en la investigación judicial”


30 de agosto de 2017

VENEZUELA UN CASO TESTIGO – UNASUR O REPUBLIQUETAS BANANERAS.



(*) MGTR. CARLOS ANDRÉS ORTIZ
Analista de Temas Económicos y Geopolíticos.

VENEZUELA UN CASO TESTIGO – UNASUR O REPUBLIQUETAS BANANERAS.

Mucha similitud, casi un “deja vu”, son las actuales clarísimas amenazas de invasión a Venezuela, proferidas en oprobioso tono de soberbia imperial por EEUU; comparables con las amenazas que en 1902 hicieron las flotas armadas de Gran Bretaña, Italia y Alemania, que por la fuerza de los cañones pretendían cobrar la deuda que por entonces tenía el país hermano con esas potencias europeas. La firme intervención diplomática de Argentina logró evitar la agresión, lo cual instituyó al respecto la Doctrina Drago, así llamada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.

Aquella oligarquía mental y económicamente subordinada a Gran Bretaña que gobernaba a Argentina en esos años, tenía vigentes y aplicaba algunos criterios de patriotismo y dignidad nacional, pese a su anglofilia tan acentuada. En eso se diferenciaban de la actual Ceocracia de negocios rápidos e impúdicos, que con discursos de pastores evangélicos hipócritas pregonan buenas intenciones que sus acciones desmienten, mientras se mofan en los hechos de toda expresión de soberanía.

Tal como fundamenté en mi libro DEL COLONIALISMO DECIMONÒNICO AL NEOCOLONIALISMO DEL SIGLO XXI - 1800-2100, (disponible en el blog), el siglo actual marca el regreso del colonialismo descarnado y brutal del siglo XIX, en versión remozada y acentuada, sin tapujos ni ambigüedades; sin otros límites que los que impone la fuerza bruta, sea esta la ejercida por presiones financieras fortísimas, por el machacar concentrado del poder mediático llevado a extremos de lavados de cerebros a escalas de cooptación total de voluntades, por presiones económicas y geopolíticas sutiles o intencionalmente visibles, y en última instancia por agresiones armadas.

Esta última alternativa incluso cuenta con un abanico de opciones, que van desde fomentar descontentos violentos, guerras de incitación a violencias desenfrenadas por medio de las redes sociales (como en las “primaveras árabes” y en Ucrania), fomento al terrorismo, guerras híbridas (como la fase actual del intervencionismo en Venezuela), y por último la agresión militar directa, en forma “convencional” de invasiones y/o bombardeos directos.

En lo geopolítico, el siglo XXI comenzó en los años ’90, con la agresión abierta y sin tapujos, ejercida por las potencias atlantistas, con su brazo armado la OTAN,
contra Yugoeslavia. Tuvo todos los visos de un escarmiento, por el “atrevimiento” de haber tenido la Yugoeslavia de Tito una postura internacional propia, no subordinada a ninguno de los dos grandes bloques hegemónicos de la Guerra Fría.

También el comienzo de la era actual, el siglo XXI en lo geopolítico, puede situarse en la implosión de la ex Unión Soviética, en 1990.
La amenaza de invadir Venezuela está en línea con las invasiones y bombardeos a Iraq, a Libia, la guerra de invasión a Siria, las intervenciones militares francesas en varias de sus ex colonias del África Subsahariana, los bombardeos “preventivos” en Afganistán; y las prearmadas guerrillas y acciones terroristas urbanas que asolan el país caribeño – sudamericano parecen tener el sello de agencias intervencionistas extranjeras, tal como todo indica que sucedió en Ucrania. Por no mencionar las invasiones a Panamá, a Grenada, y en las primeras seis décadas del siglo XX a prácticamente todos los países caribeños, bajo la doctrina del gran garrote. ¿Por la democracia y la “libertad”? ¡NO!, imperialismo grosero y explícito.

Todo eso es el contexto, sin obviar errores políticos y limitaciones económicas del gobierno venezolano, ni tampoco el fracaso de los intentos industrialistas y diversificadores de la economía que intentó desarrollar Chávez, superado en ello por el llamado “mal holandés” o el síndrome de “la maldición del petróleo” que provee dólares fáciles que desalientan otras producciones.

Sin duda no se puede caer en el simplismo que proponen los medios hegemónicos de comunicación, manejados o alineados con la Sociedad Interamericana de Prensa, entidad que claramente responde a intereses globalizantes, los cuales pretenden justificar la agresión burdamente colonialista, en supuestas defensas “de la democracia”, “de la libertad”, o “de los derechos humanos”. ¡Es intervencionismo extranjero puro, liso y llano, es burlarse abiertamente de la soberanía arrogándose el rol de juez mundial supremo, por el solo peso brutal de la doctrina del garrote!

En ese contexto, la Argentina macrista, el Brasil “temeriano” y los restantes países sudamericanos que implícita o explícitamente avalan las políticas intervencionistas amenazadoramente expuestas por EEUU, cumplen roles de vulgares países bananeros genuflexos a los dictados del establishment de EEUU y de sus asociados menores de las otras potencias atlantistas.

Actitud muy lejos de la visión geopolítica de grandeza, de integración efectiva, defensa de nuestra soberanía individual y conjunta del bloque regional, que eran objetivos básicos de la hoy anémica UNASUR.

Pero hay algunas diferencias básicas entre Argentina y Brasil, en demérito nuestro, lamentablemente.
En Brasil, los altos mandos castrenses, en paralelo con Itamaraty (la Cancillería) analizan concienzudamente la situación venezolana, y tienen criterios amplios como para invitar a disertar por ejemplo al especialista en geopolítica Dr. Miguel Ángel Barrios, de fundamentada postura simpatizante con el Comandante Chávez. Claramente, los altos mandos y posiblemente toda la oficialidad del país lusitano, entienden y razonan la geopolítica con criterio nacional y continental sudamericano.

En Argentina, incomprensiblemente, el grueso de los retirados opinantes y posiblemente buena parte del personal militar en actividad, agotan su pensamiento de soberanía en el himno y la bandera; pero ni se inmutan ante las acciones de destrucción socio económica, desindustrialización intencional, desguace de entes y de proyectos tecnológicos (satelital, aeronáutico, de cohetería, de radares, nuclear, científico en general), de endeudamiento masivo a escala de espiral desenfrenada, de la vuelta de la timba financiera, y de resignación explícita de soberanía, entre otros hechos deplorables de esta reedición corregida y aumentada de los años ’90. No solo no se inmutan, sino que apoyan abiertamente al modelo neoliberal, que es apátrida por definición…pero declaman patriotismo.
Incluso algunos opinantes, auto identificados como retirados, recitan el discurso “políticamente correcto” neoliberal de inmiscuirse en cuestiones internas de Venezuela, sin analizar un ápice las negativas proyecciones geopolíticas de tan dudosamente fundamentada postura; la cual es afín a los dictados de los medios periodísticos dominantes. Siguen “atados a los años ’70, persiguiendo zurditos”, mientras que hoy la cruda realidad transita claramente por otros carriles.

Juraron defender a la Patria, y son meros defensores de un sistema caduco y anacrónico; pero ni se dan cuenta. Sumamente lamentable.
Como dijera Belgrano: “Ay, Patria mía”.


(*) CARLOS ANDRÉS ORTIZ

---------------------------------------

Nacido en Posadas, Misiones, Argentina. Perito Mercantil egresado de la Escuela Nacional de Comercio Libertador General San Martín de Posadas.

Graduado de Contador Público en 1974, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE - Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Chaco.

Posgrados en: Docencia Universitaria – Fac. de Ciencias Económicas – UNaM (Universidad Nacional de Misiones) // Gestión de la Calidad – Fac. de Ingeniería – UNaM // Gestión Ambiental – Fac. de Ing. – UNaM // Gestión de la Producción Fac. de Ing. – UNaM // Especialista en Gestión de Producción y Ambiente – Fac. de I. – UNaM // Maestría en Gestión de la Energía – UNLa (Universidad Nacional de Lanús, con auspicio de la Comisión Nacional de Energía Atómica) – Diplomado Superior en Geopolítica Regional y Nacional y Miembro Honorario y Permanente del Instituto Combate de Mbororé, de Posadas.

25 de agosto de 2017

Agrocidio





La Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre la vinculación del herbicida glifosato y el cáncer. En nuestro país ya hubo sentencias que declararon delitos a determinadas fumigaciones. La legislación que rige en nuestra provincia. (Garrik)

La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que depende de la OMS dictaminó que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. La evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001, y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, situación que tiene relación directa con el cáncer.

El documento, fue publicado el 20 de marzo pasado luego de un año de trabajo de 17 expertos de 11 países. El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.

El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial registrado por la firma Monsanto, que criticó esta sentencia de la OMS): un herbicida no selectivo de amplio espectro, el más utilizado a nivel global, para eliminar las “malas hierbas” sobre todo en agricultura, como el caso de los campos sojeros en la Argentina. También se usa en actividades forestales y en aplicaciones urbanas y hogareñas. Ha sido detectado en el aire durante la fumigación, así como en el agua y en alimentos. La población general queda expuesta principalmente por residir cerca de áreas fumigadas, por el uso hogareño y por la dieta, y el nivel que ha sido observado es generalmente bajo.

Jurisprudencia

La justicia argentina ya declaró delitos penales las fumigaciones ilegales con agroquímicos a campos de soja cercanos a barrios poblados. La primer sentencia en nuestro país se dio en la provincia de Córdoba hace un par de años, donde se condenó a tres años de prisión a dos productores rurales por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo, cercano a la capital provincial, por dos hechos de fumigación ocurridos en 2004 y 2008.

Uno de los condenados fue considerado autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos, en forma continuada y el otro fue condenado como coautor del delito de contaminación ambiental. Ambos fueron inhabilitados durante diez años para operar con productos agroquímicos y también condenados a realizar trabajos comunitarios.

La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según estudios realizados en el lugar. Agua contaminada con arsénico, PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) emplazados en el sector y los agrotóxicos por las fumigaciones. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos se comprobó que 114 tienen agroquímicos en su organismo.

Por casa

Un documento emanado de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, sostuvo que el volumen de los agroquímicos aplicados mediante las pulverizaciones de herbicidas e insecticidas utilizados para la expansión de la frontera agraria en nuestra provincia, resulta preocupante por la cercanía de muchas familias indígenas y criollas a estos campos de cultivo y a merced de aplicaciones aéreas. No pueden ignorarse graves problemas de salud aparejados, que manifiestan pobladores y trabajadores de la salud y que coincide con lo expresado en el informe final del “Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados” realizado en Agosto de 2010 en la Universidad de Córdoba.

La legislatura salteña a fines del 2013 reguló las acciones relacionadas con agroquímicos, para prevenir la contaminación del ambiente y evitar las intoxicaciones. La normativa prohíbe fumigar con aviones a menos de 3.000 metros de un poblado, cuando el veneno sea de alta toxicidad y a menos de 500 cuando la aplicación sea terrestre. También establece que antes de una aplicación debe haber una autorización de un experto técnico que brindará asesoramiento al respecto.

Agrotóxicos

Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Ya sea que se empleen para proporcionar nutrientes químicos, para matar insectos o microorganismos, para eliminar las malezas u hongos de los cultivos, estos químicos generan importantes grados de contaminación y pueden desencadenar serios problemas de salud en las personas que están en contacto con ellos o habitan en las vecindades donde el agroquímico se utiliza, incluso se pone en riesgo los bebes por nacer.

Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace años los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores, las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente fue la ausencia de “estudios serios” que demostraran los efectos negativos del herbicida. Sin embargo, investigaciones científicas previas a esta última, ya sostenían que el glifosato era altamente tóxico y provocaba efectos devastadores en embriones.

Así lo había determinado el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, había comprobado trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayaba el trabajo, que también hacía hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.

Salta: los desmontes de Karlen en etapa crucial

                  


La demanda millonaria contra Karlen por desmonte ilegal ingresó en una etapa decisiva

El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.

Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.

El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.

En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.

Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.

De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.

Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.

Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.

En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.

No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.

Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.

Nueva conciliación

El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.

En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.

Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.

El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen

El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.

FUENTE:

24 de agosto de 2017

Antofagasta Minerals : la Justicia Federal le ordenó sacar el megabasural minero que creó en San Juan


Resultado de imagen para san juan Antofagasta Minerals

Antofagasta Minerals contra las cuerdas: la Justicia Federal le ordenó sacar el megabasural minero que creó en San Juan

Luego de más de dos años de intensas investigaciones, Antofagasta Minerals recibió la peor de las noticias. El juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó que la empresa chilena deberá sacar la escombrera que instaló en la Provincia de San Juan entre los años 2007 y 2012.

El magistrado consideró que Antofagasta Minerals fue responsable de depositar en la localidad de Calingasta más de 20 millones de toneladas de residuos peligrosos provenientes de Los Pelambres, el proyecto minero que la compañía tiene en la localidad trasandina de Cerro Amarillo (a pocos kilómetros de la frontera con San Juan).

Según diferentes informes de las consultoras SGS y URS AECOM, en ese lapso se arrojaron distintos tipos de residuos provenientes de la mina: desde neumáticos, hasta rocas sin valor comercial –por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados– que terminaron por generar drenajes ácidos, arrasar lagunas enteras y contaminar un curso de agua con conexión directa al Río San Juan.

La decisión de Rago Gallo estuvo respaldada por el resultado de las pericias que la Fiscalía de Estado realizó a través de un equipo de inspectores liderado por su titular, Jorge Alvo, y el adjunto Gastón Orzanco. De esta manera, el fallo también coincide con la posición del fiscal federal Francisco Maldonado, quien había solicitado el retiro de la escombrera “sin dilación alguna, ordenándose a los peritos designados en la causa que elaboren un plan progresivo de ejecución”.

A principios de año, las autoridades de la minera chilena habían afirmado que fue el Gobierno de Chile el que les informó mal los límites entre ambos países. Sin embargo, esa teoría fue frenada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que a principios de julio pasado ratificó la responsabilidad de la minera en la contaminación del suelo argentino.

Tampoco tuvo efecto el proyecto del Gobierno de San Juan. Ampliamente criticado por el arco ambientalista, le había propuesto a Antofagasta Minerals que simplemente aísle la escombrera. No obstante, el tribunal mendocino también dio de baja el proyecto e hizo cambiar la posición del ejecutivo sanjuanino, que ahora se manifiesta a favor de la remoción de los desechos tóxicos, una tarea que según las estimaciones costaría unos 210 millones de dólares. 


Resultado de imagen para san juan Antofagasta Minerals  

Glencore al banquillo

Como parte del mismo fallo, Rago Gallo además incluyó la indagatoria de los ejecutivos de Glencore. En un principio, la minera de origen suizo fue quien denunció durante 2014 la presencia del megabasural, ya que su propio proyecto minero, El Pachón, se encuentra a corta distancia de Los Pelambres. Sin embargo, luego se conoció que tiempo atrás Glencore había iniciado negociaciones con Antofagasta Mineral para venderle El Pachón, una operación que finalmente terminó frustrándose luego de que saliera a la luz el escándalo del megabasural.

Por esta razón, la Justicia intensificará sus investigaciones sobre Glencore, que en su momento podría haber escondido el tema para que prospere la millonaria inversión. De comprobar la complicidad, el fiscal Federal de la causa ordenaría que también sea condenada a limpiar la escombrera, que hoy tiene 52 hectáreas del lado argentino y mide unos 70 metros de altura.

Fuente: Foro Ambiental (20.08.17)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...