El Procurador General, Pablo López Viñals, ratificó que la demanda que se sigue en contra de Juan José Karlen por el daño ambiental provocado a causa del desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en Dragones sigue vigente.
Viñals explicó que una primera negociación decayó debido a que el productor no se ajustó a las exigencias legales, no obstante y por orden del juzgado, se volvió a abrir una nueva conciliación, la cual está aún en trámite y se espera para los próximos días el arribo de un funcionario nacional del INTA, quien analizará el caso y emitirá una opinión sobre las tareas a desarrollar para la recuperación del ambiente dañado.
El juicio civil por este caso se encuentra en proceso de conciliación por segunda vez, ya que en la primera instancia surgida tras la condena de Karlen por el delito de desobediencia judicial, fue cerrada a instancias un informe técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales respecto a las tareas propuestas por el productor para recuperar el daño ambiental.
En vista de ello, el Procurador rechazó las presentaciones de la parte demandada, consideradas inconsistentes para la recuperación ambiental del terreno afectado y ordenó a la fiscalía civil de Tartagal, a cargo del fiscal Gonzalo Vega, que continúe el pleito.
Ante la información difundida días atrás por el matutino Nuevo Diario respecto a un supuesto cierre y “perdón” de parte de la Procuración General al productor condenado, López Viñals señaló que “dicha información es mendas y tendenciosa, pues el proceso de conciliación, abierto por segunda vez a instancia de la parte demandada y por orden del juzgado civil, aún se encuentra en curso”.
De esta manera, el Procurador aclaró la situación legal que rodea la demanda millonaria que aún se encuentra vigente, la cual incluye dos fallos a favor por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Cabe señalar que la conciliación es una instancia contemplada por la ley en los procesos judiciales civiles, y que debe hacerse previamente al dictado de una sentencia por parte de un juez, en este caso, la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal.
Como se informó desde este sitio, el Procurador y la fiscal civil de Tartagal impulsaron una demanda de 171 millones de pesos en contra de Juan José Karlen, condenado por el delito de desobediencia judicial a disposiciones emitidas por el la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, las que le impedían realizar desmontes en un terreno ubicado en la localidad de Dragones.
Karlen fue llevado a juicio a instancia del fiscal penal Pablo Cabot y condenado por el delito de desobediencia judicial el 2 de octubre del año 2015, sentencia que dejó abierta la posibilidad de llevar adelante una demanda civil destinada a lograr la recuperación ambiental del grave daño causado. Por su parte la Fiscalía de Estado demandó millonariamente a Karlen por la multa impuesta por Medio Ambiente. La reparación ambiental es llevada por la Procuración y la fiscalía civil.
En el juicio, la jueza interviniente ordenó, como manda el Código, el proceso de una conciliación en la cual el Procurador prefijó que sólo accedería si las tareas de Karlen entraban en la legalidad, es decir, atender a que lo único productivo que podía legalmente hacer ante de cometer la irregularidad era “ganadería integrada bajo monte”. Por ello, surgió la firma de un “convenio marco”, el cual estableció determinadas pautas de discusión, entre ellas se contempló el objetivo de lograr un paisaje de bosque nativo mediante un proceso de restauración y reconversión productiva.
No obstante, y como las propuestas del productor no se ajustaban a estos parámetros de recuperación ambiental del terreno desmontado ya prefijados, se terminó por realizar una presentación fiscal al juzgado, en la cual se dio por concluida la negociación ordenada.
Luego, y ante una serie de planteos de nulidad presentados por Karlen, la Procuración y la fiscalía avanzaron en el litigio respectivo de dichos recursos, los cuales finalmente fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con lo cual el caso quedó para concluir algunas pruebas y luego la sentencia.
Nueva conciliación
El 20 de diciembre del año pasado, sin embargo, Karlen volvió a insistir con un nuevo proceso de conciliación, a lo cual la jueza Yance, accedió y ordenó que las partes nuevamente discutan los términos a fin de arribar o no a una solución que permitan la recuperación ambiental de la zona afectada. El fiscal de Tartagal aceptó, aunque mantuvo la condición de solo acceder dentro del marco de legalidad convenido.
En esta nueva etapa, Karlen presentó nuevas propuestas que, a criterio de un informe realizado por peritos del CIF el 8 de marzo pasado, todavía fueron consideradas inconsistentes con respecto a la recuperación del daño causado en el ambiente. Por ello aconsejó nuevamente el rechazo de la propuesta interpuesta por la parte demandada.
Frente a este revés, Karlen volvió a insistir con un nuevo proyecto técnico y más social y ambiental, el cual también fue rechazado por los expertos del CIF el 7 de abril pasado. En su reporte, el CIF sostuvo que Karlen sigue apuntando a realizar acciones en las que se favorece la explotación ganadera y se deja de lado o se hace una menor inversión en la recuperación del bosque nativo y la cuestión social.
El estado de la causa, según se informó desde la Procuración, es informado de manera constante por el fiscal Vega, quien en los últimos días remitió un informe pormenorizado del estado de la causa. (Ver archivo) Documentos-Caso-Karlen
El 19 de abril pasado, en tanto, Karlen volvió a pedir al juzgado civil una prórroga para presentar una nueva propuesta. Mientras tanto y ante la falta de acuerdo, se dispuso incorporar la asistencia técnica del ingeniero, Marcelo Navall, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero. Este funcionario nacional del INTA ya recibió toda la información técnica y arribará en los próximos días a fin de conocer la situación en campo, estudiar las propuestas de Karlen y emitir una opinión sobre las acciones que se deben desarrollar para la recuperación ambiental y social de la zona desmontada.
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