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25 de agosto de 2011

Amparo en la Justicia para cambiar la clasificación de los agroquímicos



Buenos Aires.— Con más de 10 mil avales, el colectivo integrado por habitantes, organizaciones y redes ambientalistas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que se cambie la metodología...


La categorización según la toxicidad de los agroquímicos permitirá fijar con certeza la distancia para que no se apliquen cerca de zonas habitadas.
Por Luis Emilio Blanco / La Capital
Buenos Aires.— Con más de 10 mil avales, el colectivo integrado por habitantes, organizaciones y redes ambientalistas presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que se cambie la metodología de clasificación de los agroquímicos.
En forma coordinada los ambientalistas nucleados en la Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina (Renace) comenzaron a demandar esa modificación desde hace varios años con un intenso trabajo que derivó en reclamos ante la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta noviembre de 2010 y luego ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Ante la falta de respuestas, concretaron hace unos días una presentación en la Justicia Federal de una acción de amparo ambiental para solicitar que se ordene el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos.
En concreto se solicita que el organismo encargado de analizar, clasificar y rotular los químicos que se utilizan en las explotaciones agropecuarias según su grado de toxicidad, considere no solo las consecuencias de la exposición aguda como se hace actualmente, sino que además se tengan en cuenta las implicancias subletales (si enferman aunque no maten) y crónicas (si ocasionan daños por exposición reiterada a bajas dosis).
También reclaman que se regularice el libre acceso a la información ambiental vinculada a la clasificación para el ingreso, elaboración y comercialización de los agroquímicos.
De esta manera la Renace, que lidera el requerimiento judicial, informó que quedaron bajo demanda el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Plazo. Este tipo de medidas tiene previsto un plazo de resolución de unas 48 horas, aunque los ambientalistas consideran que la Justicia prolongará esos plazos para resolver en virtud de la complejidad del tema que deben abordar. Estimaron que habrá una decisión sobre el cuestionamiento legal a fines de la semana en curso o a principio de la entrante.
La solicitud, que fue avalada por más de 10 mil vecinos de las provincias sojeras, incluye la exigencia de que los agroquímicos aprobados que actualmente no tengan evaluado el grado de toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos" e identificados con banda roja.
Según la petición, los formulados de los agroquímicos deberán clasificarse con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.
Este último punto cobra relevancia si se tiene en cuenta que en la actualidad, tanto el Senasa como la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) incorporaron para pronunciarse sobre el debate de la utilización de químicos agrarios, documentación y protocolos emanados de organismos y laboratorios relacionados con compañías multinacionales fabricantes y comercializadoras.
Testigos y adhesiones.Uno de los denunciantes de esa situación, el científico del Conicet Andrés Carrasco, fue incluido en la lista de testigos de la medida judicial junto a otros científicos, vecinos demandantes y víctimas de la exposición a los agroquímicos de diversas partes del país que integran la grilla de amparistas y testigos presentados a la Justicia.
Para resolver la petición judicial resultó sorteada la secretaría 15 del Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, al que se hicieron llegar para acompañar el reclamo 102 adhesiones, copias y planillas originales con 10.630 firmas de ciudadanos argentinos de los más diversos lugares del país.
Todos peticionan que la metodología de clasificación de los productos agroquímicos abarque al conjunto de los daños a la salud que el producto químico pueda ocasionar a la población.

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