La evolución de la extranjerización de las propiedades en zonas de seguridad ha vulnerado el espíritu del decreto-ley 15.385/44, dispuesto por el gobierno del general Edelmiro Farrell, con Juan Perón como vicepresidente, en 1944. Esa norma declaraba de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. En ese año de establecimiento de las zonas de seguridad, el gobierno de Farrell-Perón expropió numerosas propiedades extranjeras, para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina.
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Por Jose Luis Livolti *
Desde la época de la colonia, los campos argentinos fueron objeto de deseo. De los españoles primero, de los ingleses después y finalmente de los estadounidenses. Todos ellos se han apropiado de tierras haciendo abuso de la facilidad que la insípida, cuando no inexistente, legislación permite en relación con la tenencia de ese recurso natural estratégico. Si la estructura económica y social se encuentra concentrada, y en gran parte extranjerizada, la tierra no es la excepción. Apellidos como Benetton, Tompkins, Turner y muchos otros engrosan la lista de la gran burguesía extranjera propietaria de inmensas porciones del territorio nacional.
Existe el grave problema de las tierras de frontera, aquellas ubicadas en la franja de 150 kilómetros (abarcando la cordillera) y de 50 kilómetros desde las costas. Son las zonas con mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce. Es un proceso que se ha acelerado en los últimos veinte años, pero que tuvo su explosión en los ’90. Durante el menemismo, en el bienio 97/98, la Secretaría de Seguridad Interior, organismo encargado de aprobar las operaciones, habilitó ventas de tierras a extranjeros por la friolera de 8 millones de hectáreas.
La evolución de la extranjerización de las propiedades en zonas de seguridad ha vulnerado el espíritu del decreto-ley 15.385/44, dispuesto por el gobierno del general Edelmiro Farrell, con Juan Perón como vicepresidente, en 1944. Esa norma declaraba de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. En ese año de establecimiento de las zonas de seguridad, el gobierno de Farrell-Perón expropió numerosas propiedades extranjeras, para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina.
Dentro de las zonas de seguridad, o en áreas de influencia, están los siguientes inversores extranjeros:
- Sesenta y tres explotaciones mineras en manos de multinacionales, que representan el 91 por ciento del total. Sólo seis pertenecen a argentinos.
- El heredero del emporio de los snacks Lays y de la gaseosa Pepsi, Ward Lay, compró por 4,5 millones de dólares unas 80 mil hectáreas a los hermanos Benetton en Neuquén. Allí funciona la estancia Alicurá, donde el magnate de Texas lleva adelante un proyecto turístico con alojamiento cinco estrellas, coto de caza y lodges de pesca. La habitación ronda los 1200 dólares la noche e incluye un guía especializado por cada cazador.
- Los italianos Carlo y Luciano Benetton poseen un millón de hectáreas productivas en la Patagonia, siendo unos de los principales terratenientes del país.
- El estadounidense Douglas Tompkins es el mayor propietario privado de recursos naturales vinculados con el agua, en la Patagonia y en los Esteros del Iberá de Corrientes, debajo del cual está la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. Controla, por ejemplo, propiedades de la naciente y de la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.
- La empresa chilena Arauco, asociada con capitales argentinos, compró casi el 6 por ciento del territorio de Misiones.
- El inglés Charles Lewis es dueño de la mayor parte de El Bolsón y el Lago Escondido, en la frontera con Chile.
- El grupo estadounidense AIG, en Salta, posee junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi el 7 por ciento de la superficie de la provincia.
- El magnate Ted Turner, dueño de la CNN, compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La firma Nieves de Mendoza SA, en la Cordillera, del consorcio anglo-malayo Walbrook, en Malargüe, se registró en 1999 para impulsar los deportes de invierno, la agricultura y el ganado caprino. En esa sociedad participa el malayo Pakiri Arumugam, cabeza visible del grupo. Este consorcio se creó cuando adquirió 150 mil hectáreas del llamado Campo El Alamo a la familia Fraga, estancieros y abogados de Buenos Aires.
- En Catamarca, Fiambalá, con 700 mil hectáreas, opera el grupo GCN Combustibles. El principal accionista sería el Grupo Nikkon.
- La firma italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petroleras y gasíferas, compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué. La intención es utilizarlas para la actividad de turismo aventura, para hacer safaris exóticos en la laguna Brava, paraíso ecológico donde puede apreciarse la belleza de los flamencos rosados.
- La familia Bush posee 30.000 hectáreas en la provincia de Córdoba.
Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones, 17 millones (53,8 por ciento) fueron vendidas a conglomerados extranjeros, mientras que unos 14,5 millones (46,2 por ciento) estaban hipotecadas en la banca pública. Actualmente se estima en 22 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros (20 por ciento del territorio), superficie equivalente a todo el territorio de Italia o 69 veces la Capital Federal.
También se ha verificado el desembarco reciente de capitales saudíes en el Chaco para la agriculturización intensiva y riego con agua dulce en una extensión de 250.000 hectáreas. Y avanza el convenio de inversión por 200.000 hectáreas en Río Negro con capitales chinos.
La percepción social de este proceso de desapoderamiento de la tierra de manos de argentinos es de preocupación. Según una encuesta, nueve de cada diez argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta a extranjeros de tierras y de recursos naturales. Para evadir los controles y obtener la necesaria aprobación de la Secretaría de Seguridad Interior para la compra de tierras, la burguesía transnacional realiza diversas maniobras. Por ejemplo, el uso de testaferros. Por caso, Tompkins compró en Colonia Manuel Quintana, Santa Cruz, 15 mil hectáreas en 1992 a través de dos fundaciones. Como fue rechazado su proyecto de inversión de reinserción del huemul (un ciervo nativo que habita los bosques patagónicos y está en peligro de extinción), ofreció las tierras en donación a través de Patagonia Land Trust Argentina SA (una de las compañías de Tompkins) a Parques Nacionales. Pero esa donación, para la Secretaría de Seguridad Interior, no se concretó, ya que no existe registro de la transferencia de dominio de las fundaciones a la sociedad anónima de Tompkins. Mal puede donar algo una firma si la tierra pertenece en los papeles a dos fundaciones. Tompkins sí donó 60 mil hectáreas santacruceñas de Monte León a Parques Nacionales, pero retuvo otras 330 que controlan el cauce del río Santa Cruz. Además, en el caso de las estancias El Rincón o Don Aike, de un total de 42 mil hectáreas, las donaciones no se han efectuado.
En síntesis, Argentina sólo tiene protegido el 6,3 por ciento de su territorio. La organización norteamericana The Waters Society calcula que es menos: 1,57 por ciento. De las áreas protegidas (parques naturales, reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas), el 79,7 por ciento pertenece a las provincias y el resto a la Nación. El país falla en el ordenamiento de su territorio. Es decir, no encuentra consensos entre las distintas actividades (energía, infraestructura, parques) para una división guiada por la capacidad de los ecosistemas. Un ejemplo: se desmonta para hacer agricultura, lo que trae el problema de la “agriculturización”. Por otro lado, la contracara de la extranjerización es, por lo general, el cierre de caminos y el desalojo de productores y pobladores.
En definitiva, si se analiza quiénes son los dueños de la tierra, y de las 22 millones de hectáreas extranjerizadas, se concluye que en su mayoría son integrantes de la gran burguesía monopólica transnacional norteamericana y europea, y en menor medida de sectores de la burguesía doméstica, subordinada a los intereses de la primera.
Ante la iniciativa de regular la tenencia de tierra planteada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso inaugural de la sesiones ordinarias del Congreso nacional, y reiterada el día después de las elecciones primarias, vale destacar que se trata de un avance muy importante. Pero se advierte que en dicho proyecto se contempla permitir que hasta un 20 por ciento de las tierras permanezcan en manos extranjeras. Es necesario debatir en profundidad el proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos productivos de inclusión social del sujeto agrario postergado
* Coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación.
Por Jose Luis Livolti *
Desde la época de la colonia, los campos argentinos fueron objeto de deseo. De los españoles primero, de los ingleses después y finalmente de los estadounidenses. Todos ellos se han apropiado de tierras haciendo abuso de la facilidad que la insípida, cuando no inexistente, legislación permite en relación con la tenencia de ese recurso natural estratégico. Si la estructura económica y social se encuentra concentrada, y en gran parte extranjerizada, la tierra no es la excepción. Apellidos como Benetton, Tompkins, Turner y muchos otros engrosan la lista de la gran burguesía extranjera propietaria de inmensas porciones del territorio nacional.Existe el grave problema de las tierras de frontera, aquellas ubicadas en la franja de 150 kilómetros (abarcando la cordillera) y de 50 kilómetros desde las costas. Son las zonas con mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce. Es un proceso que se ha acelerado en los últimos veinte años, pero que tuvo su explosión en los ’90. Durante el menemismo, en el bienio 97/98, la Secretaría de Seguridad Interior, organismo encargado de aprobar las operaciones, habilitó ventas de tierras a extranjeros por la friolera de 8 millones de hectáreas.
La evolución de la extranjerización de las propiedades en zonas de seguridad ha vulnerado el espíritu del decreto-ley 15.385/44, dispuesto por el gobierno del general Edelmiro Farrell, con Juan Perón como vicepresidente, en 1944. Esa norma declaraba de “conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”. En ese año de establecimiento de las zonas de seguridad, el gobierno de Farrell-Perón expropió numerosas propiedades extranjeras, para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina.
Dentro de las zonas de seguridad, o en áreas de influencia, están los siguientes inversores extranjeros:
- Sesenta y tres explotaciones mineras en manos de multinacionales, que representan el 91 por ciento del total. Sólo seis pertenecen a argentinos.
- El heredero del emporio de los snacks Lays y de la gaseosa Pepsi, Ward Lay, compró por 4,5 millones de dólares unas 80 mil hectáreas a los hermanos Benetton en Neuquén. Allí funciona la estancia Alicurá, donde el magnate de Texas lleva adelante un proyecto turístico con alojamiento cinco estrellas, coto de caza y lodges de pesca. La habitación ronda los 1200 dólares la noche e incluye un guía especializado por cada cazador.
- Los italianos Carlo y Luciano Benetton poseen un millón de hectáreas productivas en la Patagonia, siendo unos de los principales terratenientes del país.
- El estadounidense Douglas Tompkins es el mayor propietario privado de recursos naturales vinculados con el agua, en la Patagonia y en los Esteros del Iberá de Corrientes, debajo del cual está la mayor reserva de agua dulce del mundo, el Acuífero Guaraní. Controla, por ejemplo, propiedades de la naciente y de la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia, desde la cordillera al Atlántico.
- La empresa chilena Arauco, asociada con capitales argentinos, compró casi el 6 por ciento del territorio de Misiones.
- El inglés Charles Lewis es dueño de la mayor parte de El Bolsón y el Lago Escondido, en la frontera con Chile.
- El grupo estadounidense AIG, en Salta, posee junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi el 7 por ciento de la superficie de la provincia.
- El magnate Ted Turner, dueño de la CNN, compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.
- La firma Nieves de Mendoza SA, en la Cordillera, del consorcio anglo-malayo Walbrook, en Malargüe, se registró en 1999 para impulsar los deportes de invierno, la agricultura y el ganado caprino. En esa sociedad participa el malayo Pakiri Arumugam, cabeza visible del grupo. Este consorcio se creó cuando adquirió 150 mil hectáreas del llamado Campo El Alamo a la familia Fraga, estancieros y abogados de Buenos Aires.
- En Catamarca, Fiambalá, con 700 mil hectáreas, opera el grupo GCN Combustibles. El principal accionista sería el Grupo Nikkon.
- La firma italiana Nettis Impianti, dueña de empresas mineras, petroleras y gasíferas, compró en La Rioja 418 mil hectáreas en la localidad de Jagué. La intención es utilizarlas para la actividad de turismo aventura, para hacer safaris exóticos en la laguna Brava, paraíso ecológico donde puede apreciarse la belleza de los flamencos rosados.
- La familia Bush posee 30.000 hectáreas en la provincia de Córdoba.
Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones, 17 millones (53,8 por ciento) fueron vendidas a conglomerados extranjeros, mientras que unos 14,5 millones (46,2 por ciento) estaban hipotecadas en la banca pública. Actualmente se estima en 22 millones de hectáreas en manos de capitales extranjeros (20 por ciento del territorio), superficie equivalente a todo el territorio de Italia o 69 veces la Capital Federal.
También se ha verificado el desembarco reciente de capitales saudíes en el Chaco para la agriculturización intensiva y riego con agua dulce en una extensión de 250.000 hectáreas. Y avanza el convenio de inversión por 200.000 hectáreas en Río Negro con capitales chinos.
La percepción social de este proceso de desapoderamiento de la tierra de manos de argentinos es de preocupación. Según una encuesta, nueve de cada diez argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta a extranjeros de tierras y de recursos naturales. Para evadir los controles y obtener la necesaria aprobación de la Secretaría de Seguridad Interior para la compra de tierras, la burguesía transnacional realiza diversas maniobras. Por ejemplo, el uso de testaferros. Por caso, Tompkins compró en Colonia Manuel Quintana, Santa Cruz, 15 mil hectáreas en 1992 a través de dos fundaciones. Como fue rechazado su proyecto de inversión de reinserción del huemul (un ciervo nativo que habita los bosques patagónicos y está en peligro de extinción), ofreció las tierras en donación a través de Patagonia Land Trust Argentina SA (una de las compañías de Tompkins) a Parques Nacionales. Pero esa donación, para la Secretaría de Seguridad Interior, no se concretó, ya que no existe registro de la transferencia de dominio de las fundaciones a la sociedad anónima de Tompkins. Mal puede donar algo una firma si la tierra pertenece en los papeles a dos fundaciones. Tompkins sí donó 60 mil hectáreas santacruceñas de Monte León a Parques Nacionales, pero retuvo otras 330 que controlan el cauce del río Santa Cruz. Además, en el caso de las estancias El Rincón o Don Aike, de un total de 42 mil hectáreas, las donaciones no se han efectuado.
En síntesis, Argentina sólo tiene protegido el 6,3 por ciento de su territorio. La organización norteamericana The Waters Society calcula que es menos: 1,57 por ciento. De las áreas protegidas (parques naturales, reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas), el 79,7 por ciento pertenece a las provincias y el resto a la Nación. El país falla en el ordenamiento de su territorio. Es decir, no encuentra consensos entre las distintas actividades (energía, infraestructura, parques) para una división guiada por la capacidad de los ecosistemas. Un ejemplo: se desmonta para hacer agricultura, lo que trae el problema de la “agriculturización”. Por otro lado, la contracara de la extranjerización es, por lo general, el cierre de caminos y el desalojo de productores y pobladores.
En definitiva, si se analiza quiénes son los dueños de la tierra, y de las 22 millones de hectáreas extranjerizadas, se concluye que en su mayoría son integrantes de la gran burguesía monopólica transnacional norteamericana y europea, y en menor medida de sectores de la burguesía doméstica, subordinada a los intereses de la primera.
Ante la iniciativa de regular la tenencia de tierra planteada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el discurso inaugural de la sesiones ordinarias del Congreso nacional, y reiterada el día después de las elecciones primarias, vale destacar que se trata de un avance muy importante. Pero se advierte que en dicho proyecto se contempla permitir que hasta un 20 por ciento de las tierras permanezcan en manos extranjeras. Es necesario debatir en profundidad el proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos productivos de inclusión social del sujeto agrario postergado
* Coordinador nacional del Movimiento Campesino Liberación.
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