por Paula Rizzi, Actualidad, 15.08.2011
En varias oportunidades alertamos sobre el uso de agroquímicos en Argentina, uno de los países más dependientes de estas sustancias tóxicas capaces de perjudicar no sólo al medioambiente sino que además a la salud de las personas.
Los agrotóxicos más utilizados en el suelo nacional son el endosulfán y el glifosato, ambos destinados a numerosas plantaciones como es el caso de la soja. A pesar de existir algunos fallos contra estos productos y de haberse prohibido el endosulfán a partir del 2013, organizaciones ambientalistas exigen que dejen de utilizarse de manera inmediata debido al peligro que representan.
En este post te contamos cuál es la situación de los agroquímicos y por qué urge revertir este modelo, insostenible a largo plazo.
Con la incorporación de la soja trasngénica en la década de los noventa, el uso de agroquímicos como el glifosato se extendió rápidamente en el país debido a que el cultivo es dependiente de estas sustancias para reproducirse y generar rápidas ganancias. En este sentido, mientras que según las entidades rurales la presencia de herbicidas e insecticidas es fundamental para asegurar la productividad, el crecimiento y las mejoras en el sector, para los pueblos aledaños significa enfermedades, riesgos para la salud y deterioro ambiental.
Las provincias más afectadas son Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, que se dedican a la actividad agrícola a través de estas sustancias tóxicas que son rociadas desde avionetas en zonas aledañas a los pueblos. Gracias a diferentes investigaciones, quedaron demostrados los daños toxicológicos en la población, que incluyen enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas, alergias, daños pulmonares, problemas cardiovasculares y abortos espontáneos, entre otros. La contaminación no sólo afecta al aire sino que también a suelos, ríos y alimentos.
A pesar de quedar demostrados estos gravísimos efectos, y de disponer de sentencias que limiten su uso, el glifosato y endosulfán todavía siguen siendo utilizados en el territorio nacional y poniendo en riesgo a miles de personas. El problema es que aquí entran varios intereses en juego, como son los de productores agrarios, los fabricantes y comercializantes del producto, y las asociaciones que los agrupan. En el medio de esta puja, quedan perjudicados los ciudadanos y el medioambiente al ser castigados por la contaminación.
Hace falta modificar la legislación
Respecto a las legislaciones, en Argentina existe una norma nacional que categoriza a los agroquímicos por su toxicidad. Es parte de un manual incluido como anexo en la Resolución 350 del año 1999, y que clasifica a las sustancias a través de una metodología conocida como DL50, que determina cuál es la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de ratas expuestas al producto investigado durante un breve período. Cuanto menos producto se necesita para matar a las ratas, más peligroso es.
El problema es que la clasificación tiene en cuenta los efectos a corto plazo y no aquellos causados por la exposición permanente hacia estos productos tóxicos. Así, resultaría “poco nocivo” el agroquímico capaz de generar otros daños o muerte por una exposición repetida en el tiempo, lo que sucede en las poblaciones que reciben de estas sustancias por años. Asimismo, esta normativa no contempla el uso de agroquímicos mezclados con otros productos, los que pueden ser aún más peligrosos.
Conociendo sobre esta situación, los vecinos y organizaciones se movilizaron en muchas provincias y así lograron fallos que restringen la actividad. Un claro ejemplo se produjo en febrero pasado, cuando el Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11 de Santa Fe dejó firme una sentencia que limitó su utilización en la localidad de San Jorge. Aquí se puntualizó en la existencia de la Ley General del Ambiente N° 25.675, aplicando el principio precautorio ante un perjuicio ambiental irremediable.
Sin embargo todavía queda mucho por trabajar. Como ocurre en otras áreas, el conflicto generado por la puja de intereses hace que la justicia se vuelva lenta, y en muchos casos ineficiente. Resulta necesario revisar la legislación para modificar la metodología de categorización de los agroquímicos y prohibir aquellos productos que no sean evaluados en la totalidad de sus componentes, o que sean perjudiciales a largo plazo.
Hace falta, entonces, transitar un largo recorrido hacia nuevas formas de producción sustentable, donde lo orgánico (alimentos cultivados sin químicos ni fertilizantes) cobre protagonismo. Como explicó a TuVerde el Ingeniero Eduardo Tilatti, coordinador de la iniciativa Pampa Orgánica, “para extender más la superficie orgánica extensiva falta implementar algunas tecnologías. Tenemos los conocimientos, tenemos la herramienta, sabemos que existe en el mundo pero hace falta traerla, probarla y demás. A eso se suma la exportación dado que si bien los productos orgánicos extensivos tienen una retención muy inferior respecto a la producción convencional (por ejemplo, la soja transgénica tiene un 35 por ciento y la orgánica un 9 por ciento), hace falta dar un mayo estímulo y no hacer tan complejo el proceso burocrático”.
Se trata, entonces, de rever todo el modelo para comenzar a trabajar en una nueva forma de producción que no ponga más en juego la salud de las personas ni del medioambiente. Pensar a largo plazo y tener en cuenta lo que queda para las futuras generaciones es fundamental para no dilatar más esta tóxica e insostenible situación.
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