A raíz del proyecto de ley propuesto por la Presidenta Cristina Fernández, titulado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”,proponemos llamar la atención sobre el proceso que ha seguido nuestro país en los últimos años en relación a la tierra y el territorio, agregando algunos datos y reflexiones, que no deberían dejar de considerarse a la hora de discutir con amplitud un tema tan sensible para los argentinos, tal como lo es el control y manejo por parte de extranjeros de nuestra tierra…
Como GRR, entendemos que lo primero que debe quedar en claro a la hora de hablar de “extranjerización de tierras rurales”, es que las variables que deben ser consideradas en la discusión no pueden centrarse únicamente sobre la propiedad de la tierra, en la medida que al hacerlo caeríamos en un reduccionismo malicioso que nos enarbola tras un supuesto nacionalismo confuso, porque limita el problema a la discusión sobre los nombres que deben figurar en los registros de tierras (dueños argentinos), mientras permite que el manejo y control de las tierras puedan seguir en poder de los grandes capitales.
Cuando hablamos de luchas contra la “extranjerización de tierras”, la propiedad no es el único punto a considerar. El uso de esas tierras, la producción, la vida misma sobre ellas, su manejo y control, son aspectos tanto o más importantes que la propiedad de las mismas. Basta recordar que desde el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 se señalaba la disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (que entonces era -8,4 millones de hectáreas) y el crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contrato, especialmente, el arrendamiento. En estas condiciones, la participación de asociaciones de hecho como los “pooles de siembra” ha sido preponderante. Hoy en día tenemos menor cantidad de productores pero con mayores extensiones de tierra y nivel de capitalización.
En ese contexto, que los extranjeros no puedan tener la propiedad de las tierras, pero sí el uso, explotación y control de ellas, parece una disposición absurda o al menos una contradicción in situ.
¿Por qué deberíamos aceptar que la discusión sobre la tierra y el territorio, que no es otra cosa que discutir nuestra Soberanía, se limite de esta manera a una tenencia de pasaporte? ¿No nos merecemos al menos la posibilidad de que se introduzca en el debate el QUÉ, EL CÓMO, CON QUIÉN y sobre todo PARA QUÉ y para QUIÉN estarán a disposición las tierras argentinas? ¿Tendremos que conformarnos con que en la Argentina actual las tierras “rurales” continúen figurando en los registros de propiedad a nombre de argentinos, mientras en la realidad cotidiana serán otros quienes las controlen y dispongan de ellas?
No nos confundamos, este tipo de simulacros de defensa de lo Nacional, adormecen nuestra conciencia popular, al engañarnos con textos de leyes que parecen proteger nuestros bienes naturales en salvaguarda de la Soberanía, pero que, en realidad, resultan ser meras distracciones o cortinas de humo, mientras se profundiza la entrega del control y manejo de nuestras tierras.
El caso de los acuerdos firmados por el Gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Angel Saiz con la empresa estatal china de la provincia de Heilongjian, es un claro ejemplo de cómo se puede avanzar sobre el control de vastas extensiones de territorio argentino (más de 320.000 hectáreas) por parte de potencias extranjeras, sin que dicha entrega y sometimiento se vea aunque sea mínimamente afectado por los proyectos de regulación a la extranjerización de las tierras rurales. Los chinos no tienen oposición al proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, más bien nos cabría pensar que celebran este tipo de leyes porque calman con engaños el clamor de nuestro pueblo, mientras ellos continúan con los negociados espurios que les permiten hacerse del control de las tierras argentinas.
No tendrá China la propiedad de la tierra, pero sí el total control de las mismas. Pero aún en el caso que el proyecto de acaparamiento se propusiera la compra de esas tierras, la asociación de que disponen con la empresa CRESUD de Eduardo Elsztain o con las empresas de Marcelo Mindlin, publicitadas como supuestamente nacionales, les permitiría sortear los triviales obstáculos que le impondría la Ley contra la extranjerización de tierras en debate.
Lo mismo sucederá en la provincia del Chaco, donde el Gobernador Capitanich ha firmado acuerdos con la empresa proveniente de Arabia Saudita del Sheik Al-Khorayef (Alkhorayef Group) para que dicha empresa pueda producir más de 220.000 hectáreas de patrimonio de los Chaqueños.
Es claro que, a partir de estos acuerdos, estas provincias quedarán sometidas a las necesidades y designios de los capitales extranjeros, con la consecuente violación a la Soberanía Nacional, implicada en la violación a las Soberanías Provinciales por parte de potencias extranjeras. Nos preguntamos ¿Habrá sido esa, la fragmentación del poder político, una de las razones para derogar la Constitución Nacional de 1949?
Volviendo a la discusión sobre la propiedad, uso y control de la tierra, viene bien recordar los dichos de Gustavo Grobocopatel, quien muchas veces se ha calificado a sí mismo como un “sin tierra” jugando con el paralelismo del MST de Brasil, a pesar de ser uno de los grandes empresarios del agro que tiene la argentina. El hecho de que pueda convivir esta contradicción en nuestro país, debiera al menos llamar nuestra atención sobre lo que implica la propiedad de la tierra y la poca importancia que tiene hoy para el modelo económico productivo agroexportador. De la totalidad de las tierras que controla y maneja Grobocopatel, menos del 20% son de su propiedad.
Al igual que Grobocopatel, los pooles de siembra argentinos e internacionales, los chinos en Río Negro y muy probablemente los Saudíes en el Chaco, podrán decir que ellos en la Argentina son “sin tierras”, puesto que ninguno pretende tener la propiedad de la tierra, si no que buscan controlarlas, explotarlas y manejar a su arbitrio lo cosechado.
Por otro lado, la vaguedad y ambigüedad de los conceptos que se encuentran en el proyecto de ley introducido en el Congreso por la presidenta, aporta a la generalizada confusión que envuelve la discusión sobre la extranjerización de las tierras argentinas.
La ley indica que debe ser aplicada a todas las personas que posean “tierras con destino rural”, que es un concepto que la ley no define o al menos no lo define con claridad. También habla de “tierras rurales” y que es “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino” lo que nos remite nuevamente a la discusión que venimos sosteniendo en el marco de las llamadas “zonas libres de agrotóxicos” que muchos ambientalistas realizan… ¿Qué es ejido urbano, donde está definido, determinado, demarcado? ¿Los ejidos urbanos definidos por las cartas orgánicas de los Municipios se encuentran realmente actualizados, o son los mismos que se establecerían en las actas fundacionales? Entonces, ¿Desde donde habrá de contarse las tierras rurales o las tierras urbanas?
Otro punto que debe sostenerse es que si bien el proyecto tiene como objeto “a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones comunes y particulares que nacen del dominio, posesión o tenencia de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley”, luego sólo habla de los límites a la titularidad de dichas tierras (punto b) del Art. 2), dejando de lado la posesión y/o la tenencia de las mismas.
En fin, irregularidades jurídicas podríamos sostener más, pero la vaguedad y ambigüedad del proyecto de la presidenta, debe ser al menos una alarma más a tener en cuenta, aunque más no sea en la corta discusión sobre los registros dominiales de las tierras, que seguirá siendo siempre poco a la hora de hablar sobre extranjerización de tierras.
No deja de llamarnos la atención el triste proceso mediante el cual llegamos a discutir sobre registros y titularidades dominiales, dejando de lado la discusión sobre el poder y control de las tierras argentinas.
Las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo de las zonas rurales han estado largamente ausentes, o mejor dicho, esa es en realidad la política pública imperante de los últimos años: el abandono de un desarrollo rural que incluya en su seno la vida en esa misma ruralidad y el trabajo de los argentinos en la tierra y echando sus raíces en ella. El modelo actual de Agronegocios, nos impone nuevos debates y mayores consideraciones sobre la tierra y sobre nuestro territorio, que simplemente la discusión sobre la mera titularidad dominial, Entre la enormidad de secuelas provocadas por el modelo de uso y acaparamiento del suelo para la agro exportación, debería considerarse la presión inmobiliaria y especulativa sobre todas las nacientes de agua a lo largo de toda la cordillera de los Andes, lo cuál significa un mayor éxodo rural.
El agronegocio sigue sumando consignas, a la de “las semillas patentadas – sin derecho al uso propio”, se le agrega hoy “la tierra escriturada – sin usufructo propio”. Un modelo de agricultura sin agricultores, con propiedad de la tierra, pero sin poder disponer de ella el país de los argentinos. La situación que denunciamos en Río Negro y en el Chaco, y que creemos que debe considerarse en las discusiones sobre la tierra y el territorio, se enmarca a nivel internacional en las discusiones del land grabbing o sea el acaparamiento de tierras. Con el land grabbing se extranjerizan las tierras, con los acuerdos como los que se implementan en las provincias de Río Negro y del Chaco también, aunque no impliquen la propiedad de las tierras.
GRR – Grupo de Reflexión Rural
Septiembre de 2011
www.grr.org.ar
http://www.pararelmundo.com/
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