BLOG VECINAL ORIENTADO A LA DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES VIVIMOS EN EL NOA Y EN PARTICULAR EN LA HERMOSA CIUDAD DE SALTA "LA LINDA".
Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

16 de febrero de 2012

Con "c" de cianuro, de Catamarca y de Canal 13



La gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci declaró este martes 14 que “Minera Alumbrera no utiliza en ningún momento de su producción cianuro”.  Lo hizo en el marco de una paradójica conferencia de prensa referida a la “desinformación” sobre el tema minero:  en esta página reproducimos fojas del último Informe de impacto ambiental conocido y realizado por la propia minera, en el que se especifica que utiliza 700 toneladas anuales de cianuro. Y publicamos además los fundamentos de la Universidad de Córdoba en 2009 para rechazar los fondos de la minera que rebaten una hipótesis asombrosa de la gobernadora Corpacci: que la actividad minera no perjudica las cuencas hídricas.
 
“El tema del cianuro no es el central cuando se cuestionan los efectos de la explotación minera pero teniendo en cuenta que la gobernadora lo mencionó, es importante destacar que la propia empresa ha revelado lo contrario en su informe original” explicó a lavaca el licenciado Horacio Machado Aráoz, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca e investigador de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). No se ha conocido públicamente actualización alguna del informe original de 1999. Otras versiones, del ámbito minero, sostienen que no se ha usado cianuro sino otro tipo de ácidos para separar el oro de la tierra. La confusión y oscuridad de la información simbolizan un  rasgo genético del hermetismo en que se desenvuelve esta industria extractiva, cuyos datos de producción además no son auditados ni corroborados por nadie: a juzgar por las experiencias en diversos países, todo puede ser peor de lo que ellas mismas autodeclaran.
 
Datos para entender  
El debate se da en el contexto de algunas noticias que por alguna extraña razón no son la tapa de todos los diarios o el encabezamiento de cualquier noticiero, incluso oficial:
1)      La ciudad de Andalgalá está literalmente sitiada por patotas pro mineras que amenazan a los vecinos y funcionan como frontera interna que deja o impide el paso a quienes intentan llegar o salir.
2)      Las patotas son apoyadas por la policía, que obedece sus directivas. De creerle al gobierno catamarqueño y a Minera Alumbrera que no tienen vínculo con esos grupos de choque, es más asombroso todavía que nadie haga algo al respecto.
3)      La policía catamarqueña y el grupo antimotines Kuntur reprimió e hirió a las vecinas y vecinos que reclamaban pacíficamente en Tinogasta. Reprimió a mujeres y niños en un ambiente con todos los síntomas de ser una provocación contra las comunidades que reclaman ser escuchadas.
4)      El jefe de policía catamarqueño Juan Palomeque reconoció que se están realizando trabajos de inteligencia interna (espionaje) sobre las comunidad de Belén (que también sufrió su dosis represiva la semana anterior, con 30 detenidos), Andalgalá y Tinogasta, lo cual se suma a las provocaciones a los vecinos que tuvieron otro punto culminante en Famatina (La Rioja) cuando se pudo acceder en diciembre a los documentos de la minera Osisko, con los nombres de vecinos, calificativos como “cabecillas” y “agresivos”, en lo que  terminó siendo una abortada maniobra de espionaje sobre la comunidad, ante el silencio oficial.
5)      La sanción de la llamada Ley Antiterrorista que puede ser aplicada a vecinos como los que actualmente reclaman contra la minería por cualquier juez provincial lo suficientemente dócil al poder político y/o económico.
6)      La aparición de sujetos fingiendo ser mineros en actoss presidenciales, a quienes además se aprueba y da micrófono, simulacro que parece demostrar que la industria ni siquiera logra reunir una claque presentable.
7)      El renacimiento del discurso por Malvinas, mientras el territorio argentino se sigue abriendo gracias a las leyes menemistas a multinacionales y megaproyectos mineros, negocios con nexos políticos no excesivamente claros, que además no cuentan con licencia social.
Ayer, además, se produjo la reunión de gobernadores de las provincias mineras con el ministro de Planificación Julio De Vido. Quedó planteada la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, un modo de reunir aún más masa de poder estatal para enfrentar a las comunidades.
 
Canal 13 y el oportunismo
La gobernadora Corpacci en la Casa de Catamarca de Buenos Aires, mostró un video de Canal 13 y TN en Tinogasta, donde el enviado denuncia el paso de camiones con cianuro.  Ninguno de los vecinos autoconvocados había dicho que esos camiones portaran cianuro, sino materiales, químicos y explosivos para la minera. El licenciado Machado Aráoz argumenta: “Supongo que la gobernadora se centró en el relato de Julio Bazán, el periodista de Canal 13 y TN, que dijo montón de veces “pasan los camiones con cianuro”. Ella habrá querido contestarle a eso. Lo que uno observa es el oportunismo del Grupo Clarín. Pero no tenemos porqué hacernos cargo si ellos informan algo que no es exacto. Los cortes son medidas de fuerza que llevan varias semanas, el reclamo tiene varios años, y ningún periodista de esos grupos vino nunca. Seguramente TN no lo hizo por ecologismo, sino en el marco de su enfrentamiento con el gobierno”. La situación empalma con el curioso desfile de figuras de la llamada “oposición” que logran asomarse a las pantallas del Grupo Clarín.
Por eso surge otra idea: “El sensacionalismo banaliza el conflicto –dice desde Catamarca Machado Aráoz-,  pero ese no es nuestro problema. Lo que sí es cierto es que por nuestras rutas, las rutas de la minería en Catamarca, pasan de 30 a 50 camiones diarios que llevan sustancias tóxicas, explosivos, combustibles, nitrato de amonio. Ha habido muchos accidentes, que han sido denunciados, lo cual ha hecho que en muchas municipalidades del país se prohíba el paso de este tipo de camiones”.  Hubo incluso conflictos interprovinciales cuando la provincia de Tucumán denunció a Alumbrera por la contaminación de las cuencas hídricas.
 
Un grano de cianuro
Machado Aráoz aclara que una pizca de cianuro, del tamaño de un grano de arroz, alcanza para matar a una persona: “El informe de impacto ambiental de Minera Alumbrera es un documento engorroso, de más de 14 mil fojas. Hay que tomarse el trabajo de leerlo y analizarlo, y es lo que hemos hecho nosotros. Seguramente la gobernadora no lo haya leído. Creo que las empresas hacen semejantes mamotretos a propósito, para que nadie los lea. Pero insisto que, siendo grave, el del cianuro no es el principal problema”.
Machado se refiere a otros efectos que ni siquiera requieren del cianuro para que se trate de una minería de destrucción y extracción: las solas explosiones provocan un desastre ambiental; se destruyen montañas enteras generando cráteres de 5 kilómetros de diámetro por cientos de metros de profundidad; se generan montañas de desechos químicos y de material estéril; los diques de cola donde se produce la lixiviación (separación del oro y la tierra) con cianuro –o  en su defecto con sopas ácidas- suelen tener derrames. Aún si no los tuvieran (que los han tenido) la actividad en sí ha impactado en la sociedad destruyendo producciones locales y provocando enfermedades (como ocurre con las fumigaciones sojeras).
Además Catamarca, la provincia que tiene en su seno el mayor proyecto minero en marcha desde hace 15 años, sigue siendo pese a esa “mega inversión” una de las dos más pobres del país, desnudando en qué medida la palabra “progreso” se ha transformado en un mero espejismo.
 
Entre los insumos de Alumbrera: 700 toneladas de cianuro

Alumbrera, según la Universidad de Córdoba


 
La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera (3.300.000 pesos) fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería, todo lo contrario a lo que sostienen empresas, gobernadores y funcionarios nacionales. Los argumentos son los que antes aún venían denunciando las propias comunidades afectadas en diversas provincias, a través de sus vecinos autoconvocados. El periodista Darío Aranda preparó este trabajo que resume y explica por qué la Universidad de Córdoba rechazó el subsidio minero.
 
El rechazo que genera la megaminería en Argentina se instaló en la agenda pública las últimas semanas a fuerza de asambleas, bloqueos de camiones, judicialización de la protesta y represiones. Empresas y funcionarios alegan que “la gente no está informada” o los “ambientalistas tienen posiciones dogmáticas”. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) publicó una carta abierta1 a la Presidenta en la que refutan los argumentos que intentan deslegitimar el conocimiento de los pueblos en lucha. Pero las asambleas no están solas. Un ejemplo: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la universidad más antigua de Argentina, fundada en 1613, próxima a cumplir 400 años. Referente entre las universidad latinoamericanas, en 2009 rechazó 3,3 millones de pesos fondos provenientes de Minera Alumbrera-Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

Meses de análisis y debates

  • “Luego de varios meses de análisis y debate, la Universidad Nacional de Córdoba rechazó finalmente los fondos de la Minera Alumbrera. Lo hizo a través de su Consejo Superior, que tras dos horas de exposición de sus miembros y en una sala colmada de representantes de diferentes organizaciones ambientalistas, aprobó por unanimidad el proyecto en general”, destaca el comunicado fechado el 15 de diciembre de 20092.
La fundamentación del rechazo es totalmente vigente:
  • ”Se ha verificado empíricamente, y lo sostiene la amplia mayoría de los informes recogidos por este cuerpo, que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.

Consumo de agua: 1 minera = 2 Catamarcas

La Universidad Nacional de Córdoba afirma, textual, que las actividades productivas de Minera Alumbrera “tienen impactos socioambientales de corto, mediano y largo plazo”. Y destaca:
  • ”El alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos: está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca)”.
  • ”Los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos: sobre el Vis Vis-Amanao, por encontrarse en su cabecera el dique de colas; sobre el río Santa María debido a la captación y alto consumo de agua subterránea en el Campo del Arenal; sobre el Salí y el Dulce por cuanto se vierten los líquidos residuales de la Planta de Filtros en Tucumán a través del Desagüe Pluvial 2 (DP2)”.

Es lo que hay

  • ”En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados”.
  • ”La contaminación debida al drenaje ácido vinculado principalmente a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), mineral que queda acumulado en las escombreras y diques de colas y que bajo determinadas condiciones, se transforma en ácido sulfúrico, que es lixiviado por la lluvia”.

Drenaje ácido

  • ”Los efectos a largo plazo del proceso del drenaje ácido, con todas sus implicancias socioambientales: luego de veinte años ese efecto se puede constatar aún hoy tras el abandono de minas con características similares”.
  • Otro efecto mencionado por la Universidad de Córdoba: ”La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes, una profunda afectación de la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana”.

Cultura y economía

  • ”Este tipo de actividades (la minería) produce por lo general un avasallamiento de las pautas culturales de la población local, lo que sumado a los daños ambientales empíricamente verificados, degradan la calidad de vida en las regiones afectadas”.

  • ”La actividad de la minería metálica no tiene un alto impacto económico en relación a la generación de riqueza ni es alta su contribución al PBI”.

¿Sociedad o gran capital?

Plantea la Universidad de Córdoba que la actividad minera se ha visto beneficiada, a lo largo de la década del noventa, por legislaciones “muy favorables (…) esta situación requiere de una pronta modificación de la legislación que dé prioridad al interés general de la sociedad argentina y no a los intereses del gran capital involucrado en los mega emprendimientos mineros”.
  • ”Tampoco resultan ajenas a esta problemática las prácticas del clientelismo de empresa practicado por Minera Alumbrera bajo el revestimiento ideológico de la denominada ‘minería socialmente responsable’, ‘responsabilidad social empresaria’, o ‘minería sustentable’, para acallar las voces críticas y provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la libertad de opinión de las comunidades y judicializando la protesta social, tal como fuera denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación (Actuación Nº 2538/05)”.

Derechos humanos

  • ”Minera Alumbrera ha desarrollado, desarrolla y financia, con instituciones educativas de nivel primario, secundario e incluso universidades, actividades formativas y académicas que son utilizadas como instancias de legitimación de la empresa y de sus emprendimientos extractivos y que a través de estrategias de validación amparadas en la supuesta neutralidad del saber científico como variable asimétrica y vertical,  busca inhibir y/o controlar los conflictos y anular la legitimidad de derechos ciudadanos, desautorizando, desacreditando, y/o invisibilizando las resistencias al modelo de desarrollo que propugna”.
  • ”La problemática socioambiental no sólo involucra dimensiones económicas y técnicas, sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las comunidades”.

El artículo 9 de la resolución, que rechaza los fondos, tuvo 9 votos negativos y 29 positivos. “Independientemente de ello, en el recinto quedó claro que todos los consiliarios reconocían y repudiaban el impacto negativo de esta actividad económica, una postura que fue ratificada en la aprobación unánime del proyecto en general”, afirma el comunicado de la Universidad Nacional de Córdoba.






Andalgalá: la gente vs. el Estado Minero


Por primera vez desde que inició su explotación, la actividad de la mina Alumbrera pudo ser detenida por la acción coordinada de cuatro asambleas ambientalistas. Por primera vez, además, lograron impedir el inicio de otra explotación minera irregular, la de Agua Rica. Pero por primera vez, también, las corporaciones mineras mostraron las uñas y presionaron para que cuerpos especiales de policía primero y proveedores locales, después, usaran la violencia para restablecer la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La brutal represión en Tinogasta no lo logró: los vecinos volvieron a la ruta para impedir el paso de los camiones que llevaban materiales para los emprendimientos. En Belén y en Santa María, también. En Andalgalá intentaron entonces otra táctica: armaron una patota que tomó el control del acceso a la ciudad e impidió el ingreso de asambleístas, periodistas y delegaciones de derechos humanos. Así, Andalgalá quedó desde ayer a la madrugada bajo el control de una fuerza parapolicial, con la complicidad de las autoridades locales, que se encargó de revisar autos, palpar a los vecinos, revisar sus pertenencias e impedir el ingreso, entre otros, a los delegados del Serpaj con el siguiente argumento: “Estos son de Pérez Esquivel, que financia a los antimineros”. Luego de obligarlos a abandonar la ciudad, los persiguieron durante casi 50 kilómetros para vigilar su retirada.
El Estado Minero
“Acá no hay Estado de Derecho: hay Estado Minero”, sintetiza la asambleísta de El Algarrobo en diálogo telefónico con lavaca. No fue fácil concretar la comunicación. “Es que nos interfieren los teléfonos así como las transmisiones de nuestra radio comunitaria”, explica la asambleísta. Sin embargo, la radio sigue transmitiendo gracias a la cadena de radios comunitarias que reproducen sus contenidos y la alojan en sus páginas web. En esos detalles, se notan los avances de la organización asamblearia, que fue tejiendo sus redes en base a solidaridades y batallas territoriales similares. Esto es exactamente lo que también quedó a la vista estos días cuando el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda autorizó que la multinacional Yamana Gold (que también participa en el consorcio que explota la Alumbrera) realice tareas menores en el proyecto Agua Rica, aún cuando les recordó que por resolución de la justicia “antes de los inicios de los trabajos, deberá contar con la declaración de impacto ambiental, para que luego la Secretaría de Minería haga un seguimiento y control de los trabajos que se vayan efectuando”. Yamana interpretó como le convenía esta resolución e intentó avanzar con la instalación, pero los vecinos de Belén detectaron el paso de camiones cargando “unos caños enormes y tanques con líquidos que vaya a saber qué tenían”. Fue entonces cuando decidieron hacer las dos cosas que ya aprendieron que hay que hacer en esos casos para que las mineras acaten la letra de la ley: controlar la ruta y avisar a las otras asambleas. Así se sumaron las de Andalgalá, Santa María y Tunagasta. No se dedicaron a cortar la ruta, sino a impedir el paso de los camiones mineros.
 
La verdad es la realidad
Las cuatro localidades tienen en común algo más que la organización asamblearia: sufren desde hace 16 años el impacto de Alumbrera. No hay discurso mediático, campaña de marketing ni propaganda oficial o corporativa que pueda competir con esa realidad. “El modelo minero se basa en la explotación y destrucción del suelo y del agua. Y estamos entregando ese suelo y esa agua, sin siquiera debatir sobre las consecuencias, a corporaciones que violan la ley en todas sus formas, corrompen políticos y crean violencia social. Donde hay una minera, hay conflicto social. Eso está claro para nosotros, pero también está claro en un informe que hizo el Observatorio de la Actividad Minera en Chile, por ejemplo. Forma parte de su modo de instalarse”, señala la asambleísta de El Algarrobo.
Las patotas
La asambleísta describe la tensa situación que viven en estas horas en Andalgalá. “Los subcontratistas locales de las mineras, medianos comerciantes que agarran algunas migas, organizaron un grupo para tomar el control de la ruta y, así, de la ciudad. Son 40 ó 50 personas, que están ahí con la promesa de algún trabajo o alguna prebenda. Muy cebados por eso, en una ciudad donde lo único que ha traído la actividad minera es más pobreza y por eso cualquier salida desesperada puede avanzar”. La asambleísta aclara: “Nosotros no vamos a enfrentarnos contra los vecinos, por más que estén haciendo esto. Nuestra pelea no es con ellos, sino contra las corporaciones que provocan estas situaciones.” Pero la tensión crece al ritmo que fracasa la escala de esas empresas. “Hoy ningún asambleísta puede decir que no corre peligro porque se palpa un clima de incitación a la violencia con la anuencia de las autoridades nacionales y provinciales”. También señala que el propósito de la asamblea es claro: que se cumpla la ley. “Estas empresas violan todas las normas, resoluciones judiciales, leyes nacionales y tratados internacionales. Ya tienen sentencias que así lo dictaminan, pero la única forma de pararlas y que las acaten es con nosotros en la ruta. No  hay autoridad local ni nacional que hoy esté dispuesta a hacerlas cumplir la ley.”
El proyecto Agua Rica es un claro ejemplo. No tiene autorización para funcionar y no ha completado los pasos requeridos por la Ley de Minería para obtenerlo. El informe de impacto ambiental, la llamada licencia social y otros requisitos básicos para poder aspirar a la explotación no fueron aun presentados. El propio intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se presentó ante la justicia para impedir que comiencen los trabajos en Agua Rica y este sábado dio una conferencia de prensa donde dejó en claro su posición. “No estoy a favor del emprendimiento Agua Rica y no voy a cambiar mi discurso de un día para otro. Llegué con esta propuesta de salvaguardar los recursos naturales para mi pueblo”, señaló. También mencionó que mantuvo una reunión con la gobernadora, Lucía Corpacci, quien le confirmó que se iba a hacer el estudio de impacto ambiental antes de autorizar las obras. Esa misma madrugada, las patotas tomaron el control de la ciudad.

El 15, día clave
La escalada en Andalgalá tiene una fecha clave: el próximo miércoles 15 de febrero se cumplen 2 años de la represión con que se intentó desalojar la asamblea de El Algarrobo. Para ese día se está organizando un festival en la plaza, además de la caminata mensual, que el mes pasado reunió a más de 2.000 personas. Para éste, se esperaba aún más, lo cual da idea de cuánto ha crecido el apoyo a los asambleísta en una ciudad pequeña y con permanente caza de brujas para desalentar la participación en este tipo de actos. Los integrantes de El Algarrobo no piensan desistir y se preparan para comenzar a las 22, con el acto y un recital. Como siempre, y como hasta ahora, esperan que los acompañen y saben que son más.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...