Por Cira Rodríguez César*
La Habana (PL)
Los conflictos mineros desencadenados por ocho proyectos de explotación indiscriminada de la naturaleza marcan hoy a América Latina, donde voces populares se levantan en defensa del medio ambiente y contra la contaminación del agua.
Comunidades enteras tienen paralizados varios planes ante el peligro de ver sacrificar su entorno porque para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
A esta realidad escapan muy pocos, en todo el continente se suceden a diario la oposición de los ciudadanos a los intereses de las grandes trasnacionales mineras como anglo-suiza, canadienses y estadounidenses en complicidad con los grandes capitales nacionales.
Hay proyectos paralizados o postergados en Argentina, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Colombia y, según el Observatorio de Conflictos Mineros, en América Latina se registran más de 120 disputas en 15 países, donde se afectan 150 comunidades.
Según esa institución los conflictos se generan por la intervención de 190 empresas -la mayoría filiales de transnacionales-, las cuales pretenden avanzar imponiendo su política de ganancias y destrucción.
En Perú es recurrente el rechazo popular a dos casos: las violaciones medio ambientales de la compañía Doe Run Perú y la suspensión del proyecto Conga.
Desde 2009 en la región de Junín se detuvieron las operaciones de Doe Run Peru, que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), por lo que se le ha permitido modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) se le otorgaron prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud al revelar una reducción de la presencia de plomo en los niños.
Dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso sobre una eventual extensión del plazo, para que esa minera culmine su plan ambiental y pueda reanudar las operaciones.
Conga, en el departamento de Cajamarca, es un proyecto de Yanacocha, formada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, que prevé una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio de impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto en noviembre del pasado año, han designado a tres peritos extranjeros para que evalúen la investigación presentada por la compañía.
En Argentina, hubo manifestaciones que buscaban impedir la explotación en Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, el mayor yacimiento de cobre y oro del país, considerado entre los 10 grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Un dictamen de la Fiscalía General de la Cámara de Tucumán denunció una cadena de excesos en la explotación de esas minas: valores de arsénico hasta 20 mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
La compañía, integrada por la anglo-suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana, que opera en Bajo La Alumbrera, mantiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre, ubicado a 35 kilómetros.
El 97por ciento del beneficio neto declarado de esas empresas no quedó en el país hasta mediados del año 2006. A partir de esa fecha y hasta el final de la explotación, el 77 por ciento de la ganancia neta declarada será para las compañías foráneas que allí operan.
Según los cálculos la ganancia total de Minera Alumbrera supera los mil 200 millones de dólares anuales, varios cientos de millones más que el presupuesto provincial del año 2010 (alrededor de 900 millones de dólares).
También es emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), donde dos proyectos auríferos de la canadiense Osisko Minning Corporation preveían instalar una mina de oro a cielo abierto para producir por unos 25 mil millones de dólares en 30 años. Tras las protestas, dicho programa quedó suspendido.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, opina que "en toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el papel de exportadores de la naturaleza", pues se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities.
UNA REGI�"N PLAGADA DE CONFLICTOS MINEROS
En Mina Invierno en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer unos seis millones de toneladas de carbón cada año, pero reciben las críticas de los grupos ambientalistas, que opinan que contaminará esa región.
Contempla una inversión de 530 millones de dólares y aunque fue aprobado por el consejo de ministros con algunas observaciones, está en espera de ejecución.
Otro tanto sucede con Santurban, Colombia, donde la empresa canadiense Greystar pretendía explotar esa mina a tres mil 600 metros de altura en el este del país, con el fin de extraer al año alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Pero habitantes y grupos protectores de la naturaleza sostienen que pondrá en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander, por lo que el proyecto quedó suspendido en 2011.
En Aratirí en Uruguay, la compañía de capital indio Zamin Ferrous pretende desde 2007 desarrollar la extracción de hierro en el centro este del país, aspiración que de concretarse alcanzaría una inversión de tres mil millones de dólares, para convertirse en la de carácter privado más importante en la historia del país.
Durante los últimos años se han organizado varias manifestaciones contra el daño ambiental, por lo que el gobierno uruguayo aún no ha decidido su aprobación.
Fruta del Norte en Ecuador es otro plan rechazado a pesar de que está próximo a firmarse un acuerdo con la canadiense Kinross, el primero bajo la nueva ley minera de 2009, para una inversión inicial de mil100 millones de dólares.
Su objetivo es explotar hasta el 2030 un campo amazónico subterráneo con reservas recuperables por 6,4 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata.
Similar situación tiene un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas en Cerro Colorado, Panamá, cuya reserva equivale a tres años la producción de Chile, que es la mayor del mundo.
Los indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades panameñas de conceder la explotación a empresas de Corea del Sur y Singapur, se manifestaron con cortes de carretera entre Panamá y el resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.
Costa Rica no escapó de las fuertes presiones del movimiento ecologista y algunos sectores políticos que en 2010 lograron la cancelación del contrato con la canadiense Industrias Infinito, para la explotación de 900 mil onzas de oro en una mina a cielo abierto.
Dichas labores implicaban la tala de un bosque tropical seco con especies de flora y fauna endémicas, por lo que la sentencia fue ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre del pasado año.
En todos estos conflictos hay elementos comunes: son enormes inversiones con severos impactos ambientales y sociales, en las que se priorizan las expectativas de ingresos por exportación por encima de los deterioros ambientales y sociales.
De ahí el rechazo ciudadano, porque ninguno de estos proyectos tiene en cuenta los estudios y programas de adecuación y manejo ambiental, ni se contabiliza en dinero el impacto en la naturaleza por la pérdida de suelos, daños a la salud, tratamiento de agua contaminada y asistencia en energía eléctrica, entre otros elementos.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios básicos, pero no la explotación minera desordenada, por el costo que ha significado en su pasado, presente y futuro.
* Periodista de la Redacción de América del Sur de Prensa Latina.
em/crc
Comunidades enteras tienen paralizados varios planes ante el peligro de ver sacrificar su entorno porque para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
A esta realidad escapan muy pocos, en todo el continente se suceden a diario la oposición de los ciudadanos a los intereses de las grandes trasnacionales mineras como anglo-suiza, canadienses y estadounidenses en complicidad con los grandes capitales nacionales.
Hay proyectos paralizados o postergados en Argentina, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Colombia y, según el Observatorio de Conflictos Mineros, en América Latina se registran más de 120 disputas en 15 países, donde se afectan 150 comunidades.
Según esa institución los conflictos se generan por la intervención de 190 empresas -la mayoría filiales de transnacionales-, las cuales pretenden avanzar imponiendo su política de ganancias y destrucción.
En Perú es recurrente el rechazo popular a dos casos: las violaciones medio ambientales de la compañía Doe Run Perú y la suspensión del proyecto Conga.
Desde 2009 en la región de Junín se detuvieron las operaciones de Doe Run Peru, que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), por lo que se le ha permitido modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) se le otorgaron prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud al revelar una reducción de la presencia de plomo en los niños.
Dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso sobre una eventual extensión del plazo, para que esa minera culmine su plan ambiental y pueda reanudar las operaciones.
Conga, en el departamento de Cajamarca, es un proyecto de Yanacocha, formada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, que prevé una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio de impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto en noviembre del pasado año, han designado a tres peritos extranjeros para que evalúen la investigación presentada por la compañía.
En Argentina, hubo manifestaciones que buscaban impedir la explotación en Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, el mayor yacimiento de cobre y oro del país, considerado entre los 10 grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Un dictamen de la Fiscalía General de la Cámara de Tucumán denunció una cadena de excesos en la explotación de esas minas: valores de arsénico hasta 20 mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
La compañía, integrada por la anglo-suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana, que opera en Bajo La Alumbrera, mantiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre, ubicado a 35 kilómetros.
El 97por ciento del beneficio neto declarado de esas empresas no quedó en el país hasta mediados del año 2006. A partir de esa fecha y hasta el final de la explotación, el 77 por ciento de la ganancia neta declarada será para las compañías foráneas que allí operan.
Según los cálculos la ganancia total de Minera Alumbrera supera los mil 200 millones de dólares anuales, varios cientos de millones más que el presupuesto provincial del año 2010 (alrededor de 900 millones de dólares).
También es emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), donde dos proyectos auríferos de la canadiense Osisko Minning Corporation preveían instalar una mina de oro a cielo abierto para producir por unos 25 mil millones de dólares en 30 años. Tras las protestas, dicho programa quedó suspendido.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, opina que "en toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el papel de exportadores de la naturaleza", pues se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities.
UNA REGI�"N PLAGADA DE CONFLICTOS MINEROS
En Mina Invierno en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer unos seis millones de toneladas de carbón cada año, pero reciben las críticas de los grupos ambientalistas, que opinan que contaminará esa región.
Contempla una inversión de 530 millones de dólares y aunque fue aprobado por el consejo de ministros con algunas observaciones, está en espera de ejecución.
Otro tanto sucede con Santurban, Colombia, donde la empresa canadiense Greystar pretendía explotar esa mina a tres mil 600 metros de altura en el este del país, con el fin de extraer al año alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Pero habitantes y grupos protectores de la naturaleza sostienen que pondrá en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander, por lo que el proyecto quedó suspendido en 2011.
En Aratirí en Uruguay, la compañía de capital indio Zamin Ferrous pretende desde 2007 desarrollar la extracción de hierro en el centro este del país, aspiración que de concretarse alcanzaría una inversión de tres mil millones de dólares, para convertirse en la de carácter privado más importante en la historia del país.
Durante los últimos años se han organizado varias manifestaciones contra el daño ambiental, por lo que el gobierno uruguayo aún no ha decidido su aprobación.
Fruta del Norte en Ecuador es otro plan rechazado a pesar de que está próximo a firmarse un acuerdo con la canadiense Kinross, el primero bajo la nueva ley minera de 2009, para una inversión inicial de mil100 millones de dólares.
Su objetivo es explotar hasta el 2030 un campo amazónico subterráneo con reservas recuperables por 6,4 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata.
Similar situación tiene un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas en Cerro Colorado, Panamá, cuya reserva equivale a tres años la producción de Chile, que es la mayor del mundo.
Los indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades panameñas de conceder la explotación a empresas de Corea del Sur y Singapur, se manifestaron con cortes de carretera entre Panamá y el resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.
Costa Rica no escapó de las fuertes presiones del movimiento ecologista y algunos sectores políticos que en 2010 lograron la cancelación del contrato con la canadiense Industrias Infinito, para la explotación de 900 mil onzas de oro en una mina a cielo abierto.
Dichas labores implicaban la tala de un bosque tropical seco con especies de flora y fauna endémicas, por lo que la sentencia fue ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre del pasado año.
En todos estos conflictos hay elementos comunes: son enormes inversiones con severos impactos ambientales y sociales, en las que se priorizan las expectativas de ingresos por exportación por encima de los deterioros ambientales y sociales.
De ahí el rechazo ciudadano, porque ninguno de estos proyectos tiene en cuenta los estudios y programas de adecuación y manejo ambiental, ni se contabiliza en dinero el impacto en la naturaleza por la pérdida de suelos, daños a la salud, tratamiento de agua contaminada y asistencia en energía eléctrica, entre otros elementos.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios básicos, pero no la explotación minera desordenada, por el costo que ha significado en su pasado, presente y futuro.
* Periodista de la Redacción de América del Sur de Prensa Latina.
em/crc
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario