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5 de enero de 2012

Agronegocios en Santiago del Estero: La tierra o la vida


SANTIAGO DEL ESTERO

Una historia de empresarios que avanzan, campesinos que resisten, y un poder judicial y político fuertemente cuestionado.

Miércoles, 04/01/2012 | 15:21 hs


En Santiago miles de personas resisten el desalojo ante el avance del cultivo de soja. Foto: Rompiendo Rejas

TEMASCRISTIAN FERREYRAMOCASE

SANTIAGO DEL ESTERO.- Luego de que el país se conmoviera el pasado 16 de noviembre con la muerte del campesino Cristian Ferreyra, la semana pasada dos personas fueron heridas por la misma causa: la resistencia al desalojo.

El panorama lejos de aclararse se fue complicando: el Fiscal Penal Ricardo Lissi recusó al Juez Alejandro Sarría Fringes de la causa Ferreyra por considerar que había prejuzgado y perdido pruebas vitales de la investigación. El Juez intentó continuar en la causa pero luego de una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 19 de diciembre sobre todas las causas que pasaron por sus manos, renunció al cargo.

En Santiago del Estero son más de 9.000 las familias reunidas sólo en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). La cifra se agranda si se considera al resto de las familias que, en solitario o agrupados en otras organizaciones resisten el avance de los empresarios sobre sus tierras.

Dos de ellos son Néstor e Ignacio Palacios, internados el primero con una herida de bala en el pecho y el segundo por traumatismos producidos por golpes. Los campesinos habían ido a reclamar junto a otras siete personas el avance de los alambrados sobre sus propiedades, con fines de ampliar las tierras cultivables pertenecientes al empresario tucumano Ricardo Villa.

Allí, a la vista de todos, Alonso Santillán, empleado de Villa, disparó contra los campesinos. Así lo relata Deolinda Carrizo, campesina, miembro del Mocase, en exclusiva para . “Se hizo una ampliación testimonial de una denuncia radicada en el 2009, porque estos ataques vienen desde antes. Estamos esperando que los Palacios salgan del hospital para que declaren en la policía”, cuenta.

Efectivamente, la denuncia que data de ese año alerta sobre el intento de la empresa Servicios y Negocios S.A. de Yerba Buena, Tucumán, de ocupar unas 15.000 hectáreas en las que se hallan unos 50 parajes habitados.

Vivir y morir en Santiago

Miles de personas, entre ellos varias comunidades indígenas, viven en el campo Santiagueño desde hace décadas. A los pueblos originarios los ampara la ley Nacional 26.160 de Emergencia de las Comunidades Indígenas, a los demás el artículo 4015 de Prescripción Adquisitiva del Código Civil.

Sin embargo, el boom de la soja empuja a los agro empresarios a mandar topadoras y balas contra los pequeños campesinos. "Contratan gente armada y desde hace varios meses realizan actos que van contra la seguridad de las familias. Hay varios prófugos que amenazan a los compañeros”, cuenta Deolinda Carrizo. “Dos grupos armados de unas 15 personas vigilan a la comunidad de la Armonía, parque nacional Copo, extremo noreste de Santiago", denuncia.

La madre de Cristian Ferreyra declaró al diario Perfil que “Nos perturbaban en las escuelas, tenían armas. Teníamos miedo que balearan a nuestros chicos. Decían que los iban a secuestrar, que eran capaces de matar por el campo”.

Ricardo Cuella, integrante del Mocase, estuvo detenido dos meses por reclamar el avance de Servicios y Negocios S.A. sobre sus tierras. En diálogo con denunció al empresario Villa: “Quiero que se sepa quién disparó (a Néstor e Ignacio Palacios), porque a mí me metieron preso por reclamar lo mismo que estas personas”

Cariló Olaiz es ingeniero agrónomo y miembro del Mocase Vía Campesina. Vive en Quimilí, al noreste de la provincia, y coordina el área de Bosques Nativos, Agroecología y Apicultura, una entidad que lleva 21 años en el trabajo con comunidades campesinas del noroeste argentino.

Olaiz relata que "en la comunidad de San Antonio (…) también fue amenazado y golpeado un compañero de apellido Ladriel. Lo tomaron dos prófugos de la justicia. Lo intentaron ahorcar con las sogas de su mochila, pero luego lo tiraron en el monte". "En agosto, antes de que mataran a Cristian, el juez había ido a la comunidad por las denuncias de amenazas a los pobladores. Pero no hizo nada, la policía recorrió algo de Monte Quemado, pero nada más", denunció.

Remarcó el carácter de la resistencia de los pobladores: "Habrá unos 250 militantes que intervienen en zonas de conflictos: Copos, Alberdi y Pellegrini, entre otras zonas. Sin la organización del campesino se hubieran apoderado de todo"

Fuente: Semanario de Tucumán, Edición Impresa.
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