Fecha de Publicación: 18/07/2011
Fuente: INTA
Provincia/Región: Río Negro
Sus técnicos consideraron que la firma extranjera es un “monstruo” que impondrá condiciones de comercialización.
Un experto de la Estación Experimental Agropecuaria del Valle Inferior del Río Negro, ubicado en la provincia homónima y que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se manifestó en contra de la idea de que cualquier proyecto de cultivo sojero o de una única especie agrícola pueda ser la llave del desarrollo regional, tal como las autoridades de Río Negro han señalado a la hora de “promover” su acuerdo de venta de tierras fiscales a una empresa china para que produzca soja.
El jueves pasado, técnicos del INTA de esta estación experimental expusieron sus reparos ante funcionarios provinciales y autoridades de entidades intermedias y cuestionaron abiertamente los acuerdos del Poder Ejecutivo provincial con la empresa china Heilongjang Beidahuang State Farm Business, que propone financiar las obras de irrigación de valles para la producción de alimentos producidos por esa misma firma, en particular soja. Como contrapartida, Río Negro otorgaría una serie de facilidades, entre las que se encuentra la concesión del puerto de San Antonio Este por 50 años.
Oscar Lascano, técnico de la Estación Experimental, dijo en una entrevista con Radio Nacional que se ha presentado un “proyecto de desarrollo adecuado para la región” porque “es importante poner en valor las tierras con procesos de irrigación”, lo cual fue considerado “estratégico para el desarrollo de la zona”. Además resaltó que las obras de irrigación “implican un gran avance, somos partidarios de los procesos de irrigación, pero tienen que darse en un marco de desarrollo, con la participación de muchos actores, con procesos de colonización, producciones pequeñas con procesos transformadores y agregado de valor posteriores”.
Lascano fustigó la idea de que “no vamos a tener clientes para estas producciones cuando hay un mundo ávido de alimentos”.
En ese sentido, el técnico del INTA resaltó que “lo opuesto” a ese proyecto alternativo que plantearon “es desarrollar un valle o varios valles, como se piensa, con proyectos sojeros tratando de producir commodities en competencia con la pampa húmeda”.
El experto describió a la empresa china como un “monstruo” que impondrá las condiciones de comercialización y “negociaría en condiciones inequitativas”. En el documento elaborado por el INTA, los técnicos manifestaron que “es técnicamente inviable” desarrollar áreas irrigadas “a través de un modelo de monocultivo basado en la soja o en cualquier otro producto a gran escala”.
Un convenio Cuestionado
El cuestionado acuerdo sojero firmado el año pasado con la mayor productora de alimentos de China generó una fuerte polémica en Río negro.
El pacto le otorga a la estatal Heilongjiang Farms la concesión por hasta 50 años de 320 mil hectáreas en el valle inferior de Río Negro. Por sólo U$S 1500 millones de inversión, los chinos plantarán soja, colza y otros cultivos, con la particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, a pesar del daño al suelo que generan.
La preocupación apunta a indagar acerca de cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo. Según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se contaminarán los ríos.
En ese contexto, la legisladora del Movimiento Evita- FPV Silvia Horne, presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo. Otros diputados locales opinan que el acuerdo es incostitucional.
Fernando Glenza - APAS -
Un convenio de inversión agroalimentario entre la provincia argentina de Río Negro y una empresa china genera fuertes cuestionamientos. La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata se suma al debate.El “Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Inversión Agroalimenticio” suscripto entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia de Río Negro, cedería cerca de 320 mil hectáreas por un plazo de 20 años para la producción agrícola destinada al consumo de ese país asiático, constituyendo un verdadero enclave en territorio argentino, regido por sus propias leyes.
El convenio cedería a la empresa china -exceptuándola de todo tipo de gravámenes- un territorio compuesto por diversos valles y mesetas de una superficie mayor a quince veces la ciudad de Buenos Aires, 3 mil hectáreas para la realización de un campo experimental de cultivos, el uso exclusivo del aeropuerto de San Antonio Oeste, las instalaciones del puerto de San Antonio Este y la concesión de una nueva terminal portuaria por un plazo de 50 años con renovación automática. “Si negocian con nuestra Soberanía, nos imponen la Colonia” denuncia el Foro Permanente Por una Vida Digna -integrado por numerosas organizaciones sociales, sindicales, académicas y ambientales- en un paralelismo entre lo sucedido con el Pacto Roca-Runciman suscripto con el Reino Unido en 1933, en donde las empresas británicas gozaban de un trato preferencial para la adquisición de carnes argentinas.En ese sentido, el gobierno de Río Negro ofrece alquilar tierras privadas a cambio de mejorar su infraestructura de riego para la producción de soja, maíz, trigo, cebada, cebolla, papas, avellana, vid y leche que sería vendida exclusivamente al gigante asiático por un lapso de 20 años.Según informó al diario La Nación el consultor externo del proyecto, Oscar Gómez, se generarán 100.000 puestos de trabajo, aclarando que "serán todos argentinos". Una suma exagerada, considerando que la agropecuaria Los Grobo siembra cerca de 300 mil hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, empleando solamente alrededor de 800 personas. El acuerdo suma críticas en contra de la "sojización" y el deterioro que sufrirían los suelos rionegrinos, cuestión minimizada por el gobernador Miguel Ángel Saiz, que promete garantizar la sustentabilidad de los recursos y el ambiente.Según el diario citado, el subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Maximiliano Bruno, explicó que “el proyecto cuenta con el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de las universidades de la región”. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue expresó a ese mismo matutino que “con este acuerdo se puede comprometer la soberanía agroalimentaria y la sustentabilidad de los sistemas” iniciando un serie de charlas de debate a la comunidad, al igual que en el Concejo Deliberante de la capital provincial, Viedma, en donde se convocó a funcionarios provinciales e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas (CONICET).Por su parte, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se sumó al debate a través de una resolución de su Consejo Directivo a pedido de una estudiante de la casa, en donde no avala los términos del acuerdo y propone instancias de debate en torno a la temática de Soberanía Alimentaria.La resolución de la FPyCS-UNLP expresa que “se aprecian incertidumbres acerca del futuro uso de los recursos naturales y el modelo de desarrollo agropecuario para la provincia de Río Negro y las consecuencias socioeconómicas, ambientales, culturales y sanitarias” y que “con este acuerdo se crean condiciones preferenciales para proyectos agroalimentarios en manos de monopolios extranjeros y que se realizó sin los estudios de impacto ambiental ni las audiencias públicas correspondientes”.Según la denuncia penal presentada recientemente por el Grupo de Reflexión Rural en contra del gobernador de la provincia de Río Negro, “no se están respetando los principios básicos del uso del suelo, ocupación, protección del acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, de las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, la integración regional, desarrollo rural con colonización del territorio, asiento de familias campesinas y protección del arraigo de las existentes”.En otro pasaje, la denuncia expresa que el acuerdo se enmarca en lo que se conoce a nivel mundial como acaparamiento y extranjerización de tierras: “proceso mediante el cual países industrializados y/o faltos de tierras, están acaparando tierras en continentes como África, Latinoamérica e incluso en zonas de Asia con el fin de asegurarse la provisión de alimentos y piensos para sus ganados en detrimento de la Soberanía de los pueblos”.La empresa china anunció recientemente su intención de invertir en Brasil, África y Oceanía; cuenta con 800.000 empleados y abastece al 11 por ciento de su población: alrededor de 150 millones de personas.
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