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29 de julio de 2011

“Al no hacer estudios, el Estado es cómplice de la codicia”


Dr. Raúl Montenegro, sobre efectos de los plaguicidas

“Al no hacer estudios, el Estado es cómplice de la codicia”

Lo aseveró el biólogo ambientalista y Premio Nobel Alternativo con respecto a la falta de controles epidemiológicos a las poblaciones expuestas a los agrotóxicos. Dijo que se debe cambiar el método de clasificación de los plaguicidas



Dr Raul Montenegro

“El vacío que tiene el Estado al no hacer (estudios de) morbimortalidad termina siendo cómplice de la codicia, entonces se expanden las zonas con cultivos industriales, se hace cada vez más intensa la utilización de plaguicidas y no hay registro. Al no haber registro, solamente estalla cuando una comunidad lo muestra públicamente, como en el caso de La Leonesa y Las Palmas. Pero en realidad la Leonesa y Las Palmas no son una excepción, son la regla, son un ejemplo de lo que pasa en la mayor parte de la provincia del Chaco, y en la mayor parte de otras provincias agrícolas argentinas”. Así lo advirtió el biólogo y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Raúl Montenegro, quién se sumó al reclamo por un cambio en la metodología de clasificación de los agrotóxicos que tenga en cuenta la exposición cotidiana de los pueblos fumigados a estos productos utilizados cada más con los cultivos transgénicos.

En declaraciones a FM Libertad, el premio Nobel Alternativo -2004- señaló que “a nivel de normas, en nuestro país sigue estando vigente la dosis letal 50, la dosis de plaguicida que mata a una persona. Muchos funcionarios creen que porque la gente no se muere inmediatamente de plaguicidas no son tan problemáticos. Pero es un problema simplemente de falta de formación técnica. Hay un problema administrativo legal clave, mientras se siga autorizando y controlando en función de la dosis letal 50 y no de las pequeñas dosis que van enfermando a la población, estamos verdaderamente en problemas”.

“Los efectos no son necesariamente de largo plazo, las pequeñas dosis también tienen efectos en el corto plazo. No hace falta esperar mucho tiempo para que un sistema dé irrupción endócrina, que es uno de los efectos de los plaguicidas clorados, o la reducción de resistencia a enfermedades, no hace falta esperar al largo plazo. Al no haber estudios de epidemiología, la gente enferma y muere sin que la sociedad registre que es por culpa de la aplicación de plaguicidas a niveles legales, entre comillas”, alertó Montenegro. Y agregó que “muchas organizaciones que han estado trabajando en esto insisten con algo que obviamente es la discusión de fondo, mientras se siga permitiendo la autorización con sistemas totalmente cuestionables de plaguicidas y se trabaje con la dosis letal 50 y no con las pequeñas dosis vamos a seguir teniendo este problema al frente”.

La codicia y las enfermedades

El biólogo y ambientalista consideró además que “tampoco hay que minimizar el tremendo poder económico que tiene la codicia en este momento. Sería ingenuo creer que no hay una fuerte asociación entre los grandes sectores que manejan cultivos industriales con buena parte del poder político en el país”. Y precisó que “esto constituye una formidable barrera en donde, de alguna forma, sin decir en voz alta, se ha tomado la decisión política de que en última instancia los codiciosos ganen enormes cantidades de dinero, que haya asociación entre distintos poderes de turno con la Mesa de Enlace, pero no es tan importante la salud de las personas, esto está en el fondo”.

“Creo que las cosas van a ir cambiando a medida que la propia sociedad vaya tomando en cuenta de cómo la codicia es la principal responsable de enfermedades y muertes en todo el país, y que por ahora esta falta de estudios epidemiológicos, organismos que no funcionan, no hay monitoreo para saber que niveles de plaguicidas hay en cada cultivo antes de hacer una nueva receta, va a empezar a cambiar a partir de ese punto”, reflexionó Montenegro, y rescató que “desde esa perspectiva creo que ha sido espectacular el aporte que ha hecho la provincia del Chaco especialmente”.

“Todo este debate, aunque haya funcionarios que no tienen tanta formación en el tema, es un debate que no se da en todos lados”, resaltó.

El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente reveló que es común la falta de estudios epidemiológicos vinculados a los daños producidos a la salud de la población por los plaguicidas y exhortó a que haya “registros continuos de morbimortalidad” tanto en los hospitales públicos como en la parte privada para dar información sobre lo que está sucediendo. Al respecto, admitió que existen estudios pero solamente aplicados a casos puntuales, pero recalcó que “no hay sistemas de epidemiología a nivel continuo y masivo, entonces esta es la peor complicidad que tiene la codicia de quienes aplican soja con plaguicidas para incrementar sus ganancias”.

“Monsanto me preocupa absolutamente poco”

Tratando salir de la demonización que muchas organizaciones ambientalistas hacen de la multinacional Monsanto, el biólogo apuntó al SENASA, a la CONABIA y a las universidades nacionales que son las que deben resolver sobre la utilización o no de determinados plaguicidas.

“No es que no le quiera pegar a Monsanto, ni siquiera se da cuenta. Donde hay que pegar es donde los golpes se sienten, son las autoridades que ejercen poder de policía y lo hacen mal: SENASA por un lado y CONABIA por el otro. Monsanto es lo que es en nuestro país, en los cultivos se están utilizando en forma absolutamente irracional los plaguicidas porque SENASA es uno de los responsables. También hay una responsabilidad profesional de las propias universidades”, señaló Montenegro. Y agregó que “es absolutamente irracional que las decisiones sobre uso de plaguicidas las tomen los ingenieros agrónomos”.

Al respecto, el biólogo recordó que en un debate con miembros del Consejo de Ingenieros Agrónomos de Córdoba “fue lastimoso darse cuenta de que no tenían la más mínima idea de cuáles eran las tres principales vías de irrupción endócrina. ¿cómo un ingeniero agrónomo, que no tiene la más pálida idea de lo que es irrupción endócrina, puede estar con su receta fitosanitaria haciendo peligrar la salud de las personas cuando no tiene formación para hacerlo?”.

“Quienes terminan pagando son los sectores más marginados de la sociedad, las comunidades indígenas, los que terminan recibiendo el peor de los castigos porque no hay quien hable en nombre de ellos, porque están alejados de los centros de poder. Mientras tanto, las recetas siguen corriendo”, sostuvo.



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