El miércoles pasado, el ISEPCi, organizó en la Universidad de Salta una charla-debate por los desmontes que se vienen llevando a cabo en nuestra provincia. A continuación expondremos un caso testigo en la lucha de los pueblos aborígenes para detener el desmantelamiento del planeta. (por Garrik)
La charla-debate dejó bien en claro que grupos empresariales locales y foráneos, con la venia y participación de los gobiernos de turno, cada vez más arrasan con los bosques nativos y territorios donde ancestralmente vivencomunidades aborígenes y criollas. Los daños ambientales y humanos que generan y podrán generar son inimaginables, toda vez que con la deforestación desequilibran el hábitat natural y exterminan el oxígeno pulmonar de nuestra tierra. Lamentablemente, nuestra Corte de Justicia nacional, a fines del año pasado se declaró incompetente en materia de desmontes y talas en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, dejando sin efecto la prohibición cautelar que había dictado hacía casi tres años y que había paralizado la expansión de la producción sobre los cuatro departamentos del norte salteño. También reconoció que la aplicación de los criterios de protección ambiental es una facultad de la Provincia y dejó para la Corte local las decisiones sobre la continuidad de la causa de amparo interpuesta por grupos originarios y criollos del chaco salteño a fines de 2008. Esta decisión fue celebrada por los "depredadores" ambientales y recobraron sus argumentos para continuar con la destrucción de los bosques y reservas naturales.
Caso testigo
La Comunidad Lhaka Honhat, reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se obligue a nuestra Provincia a que reconozca y garantice los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan en el Departamento Rivadavia, registradas como "lotes fiscales 55 y 14". La Comisión, es la instancia previa para que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que de comprobar las denuncias allí efectuadas podría caracterizar violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, sancionando internacionalmente al Estado argentino y provincial.
La lucha inclaudicable
Esta lucha lleva más de 20 años. En el año 1984 jefes indígenas se presentaron ante la provincia para rechazar una propuesta de entrega de títulos de propiedad sobre el territorio que habitaban, ya que la decisión gubernamental consistía en urbanizar las comunidades y dividir el espacio territorial para entregar a cada jefe un título individual. Esta modalidad anularía sus posibilidades de acceder libremente a los recursos y generaría disputas y conflictos internos por la defensa de uso exclusivo que haría cada comunidad una vez que tuviera un título de propiedad individual. Por ello, le pidieron al gobierno la entrega de una superficie sin divisiones internas, bajo un único título a nombre de todas ellas. Recién en el año 1991 se decretó unificar los lotes 55 y 14 y adjudicar una superficie sin subdivisiones mediante título único de propiedad a las comunidades aborígenes, garantizándoles el espacio necesario para su supervivencia y desarrollo. Las entonces 35 comunidades (alrededor de 6.000 personas) constituyeron una organización que llamaron Lhaka Honhat, que en idioma wichí significa "nuestra tierra".
Entre 1993 y 1995 funcionó la Comisión Asesora Honoraria, dedicada a analizar la situación y recomendar una forma adecuada de entrega de las tierras. Sin tener en cuenta estos antecedentes e ignorando la actividad de la Comisión, en 1995 el Gobierno provincial, con el aval del Gobierno nacional, puso en marcha la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo, cuya cabecera se encuentra en una de las comunidades de Lhaka Honhat y forma parte del "mega plan" de integración de la zona sur al desarrollo del Mercosur, que comprende la creación del corredor Bioceánico y abarca, además, obras de infraestructura para Aduana, Migraciones y Gendarmería y la construcción de una ruta nacional sobre el territorio indígena. Lhaka Honhat interpuso una acción de amparo solicitando la inmediata suspensión de las obras y la realización de estudios de impacto socio-ambiental. La Justicia provincial rechazó la petición en una absurda decisión judicial convalidada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia, decretó adjudicar a las comunidades "una superficie única y sin subdivisiones" de 240.000 has pero elevó este decreto en forma de proyecto de ley a la Legislatura. En 1996, presionados por el incumplimiento del gobierno, más de mil indígenas tomaron pacíficamente las obras del puente durante 23 días. La protesta culminó con la firma de un nuevo acuerdo con el gobernador. Ninguno de los decretos ni el acuerdo que puso fin a la protesta se cumplieron. Agotadas las instancias judiciales internas, en 1998, Lhaka Honhat, acudió a la Comisión Interamericana para denunciar la violación de sus derechos indígenas y cuyo principal objetivo fue arribar a una instancia de conciliación que permitiera una solución integral, justa y sustentable. Lhaka Honhat sostuvo entonces que para aceptar el ofrecimiento del Estado, éste se comprometiera formalmente a no realizar obras que modificaran la situación existente al comienzo de la mediación, y a que durante la negociación no se transmitieran derechos de dominio a terceros sobre las tierras objeto de la denuncia. Con una serie de acuerdos verbales, se dio inició el "proceso de solución amistosa" propuesto por la Comisión. El diálogo tuvo por fin acordar en forma consensuada el otorgamiento del título de propiedad, concretar un informe de impacto socio ambiental y consultar la opinión de lascomunidades sobre las obras viales iniciadas en el territorio indígena. El proceso logró avanzar y obtuvo algunos resultados. Sin embargo, se ha visto obstaculizado por el quebrantamiento de los acuerdos básicos que posibilitaron el inicio de las conversaciones. Ello ha obligado a los denunciantes a informar periódicamente a la Comisión y asolicitar su intervención en numerosas oportunidades, injerencia que ha posibilitado la continuidad de las negociaciones.
A raíz de la excesiva duración y los escasos avances del proceso, en 2005 se quebró el proceso. La provincia desconoció los compromisos asumidos y se retiró de las negociaciones. Ello obligó a Lhaka Honhat a utilizar otras herramientas de protección del sistema interamericano (como la solicitud de medidas cautelares a la Comisión) y a ensayar en el terreno local distintas alternativas. Una de ellas fue la presentación de una acción originaria declarativa de certeza directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ella se intentaba paralizar un referéndum convocado por el gobierno provincial cuya formulación era contraria a la Constitución. El 28 deseptiembre de 2005 la Corte emitió su fallo sosteniendo que era incompetente para entender en el asunto. El referéndum se llevó a cabo y el resultado alcanzado, generó reacciones diversas. La complejidad del conflicto espera en el ámbito interamericano de protección de derechos una respuesta que los poderes locales se resisten a dar.
La causa aborigen es una causa de todos
El ejemplo de lucha, la tenacidad y perseverancia en la misma, en defensa de su identidad y de la protección de su medio ambiente, se debe a que son comunidades que sobreviven a través de la pesca, caza de animales y recolección de frutos necesarios para su alimentación y protegen un territorio que habitan desde tiempos ancestrales al cual están arraigados y adaptados. Pero además le sumemos que la defensa del medio ambiente es contra su deforestación y contaminación por parte de empresarios locales, multinacionales y dirigentes políticos que hipotecan el futuro de todos nosotros. Es por ello que la causa de nuestros hermanos aborígenes es una causa que nos involucra a todos.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario