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Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

15 de noviembre de 2012

ME INTOXICAN SI TRABAJO Y SI NO TRABAJO ME INTOXICAN, POR SILVINA ELIAS



La unión de la lucha contra los agrotóxicos y el trabajo esclavo e infantil en los campos de Mar del Plata y Batán apunta hacia una critica estructural del modelo de producción agroindustrial. Contaminación, enfermedades y esclavitud de los trabajadores rurales y sus familias son distintas caras de una misma moneda de sobreexplotación y sometimiento. La sociedad civil organizada pone freno a los empresarios del agro y la cola del conflicto local podría generar un precedente a nivel nacional.
* por Silvina Elias, periodista y miembro de la Fundación Alameda. (Mar del Plata)


La ordenanza municipal de Agroquímicos N° 18.740 tras su sanción en 2008 empezó a aplicarse en Mar del Plata y Batán. Pero fue a partir del advenimiento de cuantiosas multas para los empresarios del agro que trasgredían la norma cuando el conflicto estalló y la presión del lobby sobre los funcionarios locales estuvo a punto de precipitar su derogación. Pese a su aprobación por unanimidad en el Concejo Deliberante la ordenanza tuvo que ser reglamentada por orden de un fallo judicial a causa de un recurso de amparo de un vecino contra la Municipalidad (1). La norma que regula los agrotóxicos, establece la prohibición de las fumigaciones en un radio de mil metros de zonas pobladas.
Esta restricción para los empresarios trajo un fuerte debate que tuvo su máxima expresión en una Audiencia Pública con más de sesenta expositores en la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, el pasado 24 de octubre. Aunque la intención final era –y continúa siendo- la derogación de la ordenanza, las contundentes pruebas de enfermedades y contaminación vinculadas a los agrotóxicos finalmente lograron sostener la legislación pero rige actualmente una suspensión temporal por 150 días para su afectiva aplicación.

Si bien la estrategia empresarial fue propagar en los medios de comunicación la idea de que se trataba de una lucha entre “ambientalistas” y “productores”, cierto es que en Mar del Plata y Batán, tanto trabajadores rurales, como vecinos y consumidores se encuentran en alto riesgo sanitario por el uso indiscriminado de agrotóxicos que son aplicados, en la mayor parte de los casos, bajo el exclusivo asesoramiento y presión comercial de las empresas proveedoras de insumos.



Un estudio técnico publicado en 2008, afirma que “de los principales insecticidas utilizados en el área el 80 % se corresponde con productos categorizados como productos sumamente peligrosos, muy peligrosos a moderadamente peligrosos. Si a ellos se agrega que más del 50 % de los herbicidas son categorizados como moderadamente peligrosos, es posible aseverar que en el área hortícola –de Mar del Plata-, se emplean mayoritariamente productos con elevada potencialidad de causar daño en la salud de quienes los manipulan” (2). El trabajo de campo de dicho estudio permitió registrar distintos testimonios, entre ellos, “un productor afectado por sinusitis crónica luego de padecer una intoxicación con el insecticida Parathión, otro horticultor con daños en la vista, producto de una intoxicación, que se han incrementado a través del tiempo llevándolo a comprometer la visión de un ojo, y un mediero, de origen boliviano, que manifiesta aparición de manchas y costras en la piel luego de aplicar plaguicidas”.

En efecto, la ordenanza en disputa es producto de la lucha de vecinos autoconvocados que comenzaron a tener problemas respiratorios, neurológicos, dérmicos, y otras derivaciones de intoxicaciones por agrotóxicos y decidieron organizarse para pelear una legislación que los proteja. En ese momento, no pensaban los alcances que podría tener la norma, ya que las grandes empresas de producción frutihortícola son, en sí mismas, zonas pobladas. Sucede que las mismas empresas que pujan para retrotraer la norma, son las mismas empresas que utilizan mano de obra esclava, principalmente de familias bolivianas que trabajan a destajo en la zona bajo la modalidad de trabajo esclavo. Los trabajadores viven donde trabajan imposibilitados en muchos casos de salir de los establecimientos. Al estar sus viviendas ubicadas dentro de estos establecimientos, o bien no van a poder fumigar, o bien deberán relocalizar las viviendas de los trabajadores. Por lo cual, el cumplimiento de la normativa pone en jaque las paupérrimas condiciones laborales a las que están sujetos los trabajadores rurales.

En el año 2010, tres empresas fueron denunciadas penalmente por trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo esclavo y trabajo infantil por la Fundación La Alameda. El primer resultado de la denuncia fue un megaoperativo ordenado por la justicia federal en uno de los establecimientos, Compañía Frutihorticola SA, ubicado en el paraje La Peregrina en el Km 19 de la Ruta 226. La foto donde se ven los bidones de agrotóxicos que acompaña esta nota fue tomada durante el allanamiento a esta empresa conocida como “El Frutillar”. Los bidones contienen un peligroso agrotóxico llamado Bromuro de Metilo, prohibido en la mayor parte del mundo.

También forma parte del debate la calidad sanitaria de los alimentos que se producen en la zona, ya que se plantean dudas respecto de cual es el porcentaje real de agrotóxicos que queda residualmente en las frutas y hortalizas. Por su parte, el Secretario de Salud, Alejandro Ferro, confirmó que finalmente comenzarían a realizar estudios en los alimentos, compromiso que había asumido ocho meses antes. En la Audiencia Pública citada anteriormente, también fue interpelado por la Alameda para que cumpla con la instrucción del Ministerio de Salud de la Nación de implementar el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas, por el cual los centros sanitarios de la zona deben hacer controles a las poblaciones.

Es importante destacar la importancia productiva de la zona y el precedente que podría generar un plan de desarrollo sustentable tendiente a una transición agroecológica en cuanto el modelo de producción. El Cordón Frutihortícola del Partido de General Pueyrredón es el segundo centro productivo en importancia del país, el primero está en La Plata. En el momento más álgido del conflicto, como medida de fuerza, la cúpula de empresarios agrícolas de la zona agrupados en la Asociación de Productores Frutihortícolas ejecutaron un lock out que se mantuvo por cuatro días. El desabastecimiento de frutas y hortalizas perjudicó a los changaleros y otros trabajadores del Abasto Central y produjo una suba de precios de hasta un 50% que duró algunos días. Analistas de la economía rural del país tienen sus ojos puestos en Mar del Plata.

Como reflexión final, es importante marcar la aberrante invisibilización a los trabajadores de los campos donde se producen los alimentos. Quiénes son y cómo los producen es una realidad que pretenden dibujarnos como paralela. Subyace en todo esto la xenófoba idea de que hay ciudadanos de segunda, a los que se le atribuyen supuestas características culturales de autoexplotación que justificarían la pérdida de derechos laborales y humanos. Cuando se pensó una ordenanza para proteger la salud de los vecinos de General Pueyrrredón se omitió la salud de los que más cerca están de los agrotóxicos. Ellos son los verdaderos productores de las frutas y verduras que consumimos cada día en nuestras mesas. Los están envenenando, y a nosotros también.

1) Fallo Picorelli Jorge Omar y otro/a c/Municipalidad de General Pueyrredón.
2) Souza & Bocero 2008. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica Vol. 9: 87-101. Agrotóxicos: Condiciones de utilización en la horticultura. Provincia de Buenos Aires (Argentina).

Posted in: Crimen organizado,Silvina Elias
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