La Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó sobre la vinculación del herbicida glifosato y el cáncer. En nuestro país ya hubo sentencias que declararon delitos a determinadas fumigaciones. La legislación que rige en nuestra provincia. (Garrik)
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que depende de la OMS dictaminó que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. La evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001, y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, situación que tiene relación directa con el cáncer.
El documento, fue publicado el 20 de marzo pasado luego de un año de trabajo de 17 expertos de 11 países. El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial registrado por la firma Monsanto, que criticó esta sentencia de la OMS): un herbicida no selectivo de amplio espectro, el más utilizado a nivel global, para eliminar las “malas hierbas” sobre todo en agricultura, como el caso de los campos sojeros en la Argentina. También se usa en actividades forestales y en aplicaciones urbanas y hogareñas. Ha sido detectado en el aire durante la fumigación, así como en el agua y en alimentos. La población general queda expuesta principalmente por residir cerca de áreas fumigadas, por el uso hogareño y por la dieta, y el nivel que ha sido observado es generalmente bajo.
Jurisprudencia
La justicia argentina ya declaró delitos penales las fumigaciones ilegales con agroquímicos a campos de soja cercanos a barrios poblados. La primer sentencia en nuestro país se dio en la provincia de Córdoba hace un par de años, donde se condenó a tres años de prisión a dos productores rurales por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo, cercano a la capital provincial, por dos hechos de fumigación ocurridos en 2004 y 2008.
Uno de los condenados fue considerado autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos, en forma continuada y el otro fue condenado como coautor del delito de contaminación ambiental. Ambos fueron inhabilitados durante diez años para operar con productos agroquímicos y también condenados a realizar trabajos comunitarios.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según estudios realizados en el lugar. Agua contaminada con arsénico, PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) emplazados en el sector y los agrotóxicos por las fumigaciones. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos se comprobó que 114 tienen agroquímicos en su organismo.
Por casa
Un documento emanado de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, sostuvo que el volumen de los agroquímicos aplicados mediante las pulverizaciones de herbicidas e insecticidas utilizados para la expansión de la frontera agraria en nuestra provincia, resulta preocupante por la cercanía de muchas familias indígenas y criollas a estos campos de cultivo y a merced de aplicaciones aéreas. No pueden ignorarse graves problemas de salud aparejados, que manifiestan pobladores y trabajadores de la salud y que coincide con lo expresado en el informe final del “Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados” realizado en Agosto de 2010 en la Universidad de Córdoba.
La legislatura salteña a fines del 2013 reguló las acciones relacionadas con agroquímicos, para prevenir la contaminación del ambiente y evitar las intoxicaciones. La normativa prohíbe fumigar con aviones a menos de 3.000 metros de un poblado, cuando el veneno sea de alta toxicidad y a menos de 500 cuando la aplicación sea terrestre. También establece que antes de una aplicación debe haber una autorización de un experto técnico que brindará asesoramiento al respecto.
Agrotóxicos
Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Ya sea que se empleen para proporcionar nutrientes químicos, para matar insectos o microorganismos, para eliminar las malezas u hongos de los cultivos, estos químicos generan importantes grados de contaminación y pueden desencadenar serios problemas de salud en las personas que están en contacto con ellos o habitan en las vecindades donde el agroquímico se utiliza, incluso se pone en riesgo los bebes por nacer.
Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace años los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores, las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente fue la ausencia de “estudios serios” que demostraran los efectos negativos del herbicida. Sin embargo, investigaciones científicas previas a esta última, ya sostenían que el glifosato era altamente tóxico y provocaba efectos devastadores en embriones.
Así lo había determinado el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, había comprobado trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayaba el trabajo, que también hacía hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.
La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que depende de la OMS dictaminó que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. La evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001, y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, situación que tiene relación directa con el cáncer.
El documento, fue publicado el 20 de marzo pasado luego de un año de trabajo de 17 expertos de 11 países. El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial registrado por la firma Monsanto, que criticó esta sentencia de la OMS): un herbicida no selectivo de amplio espectro, el más utilizado a nivel global, para eliminar las “malas hierbas” sobre todo en agricultura, como el caso de los campos sojeros en la Argentina. También se usa en actividades forestales y en aplicaciones urbanas y hogareñas. Ha sido detectado en el aire durante la fumigación, así como en el agua y en alimentos. La población general queda expuesta principalmente por residir cerca de áreas fumigadas, por el uso hogareño y por la dieta, y el nivel que ha sido observado es generalmente bajo.
Jurisprudencia
La justicia argentina ya declaró delitos penales las fumigaciones ilegales con agroquímicos a campos de soja cercanos a barrios poblados. La primer sentencia en nuestro país se dio en la provincia de Córdoba hace un par de años, donde se condenó a tres años de prisión a dos productores rurales por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo, cercano a la capital provincial, por dos hechos de fumigación ocurridos en 2004 y 2008.
Uno de los condenados fue considerado autor del delito de contaminación ambiental penado por la Ley de Residuos Peligrosos, en forma continuada y el otro fue condenado como coautor del delito de contaminación ambiental. Ambos fueron inhabilitados durante diez años para operar con productos agroquímicos y también condenados a realizar trabajos comunitarios.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según estudios realizados en el lugar. Agua contaminada con arsénico, PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) emplazados en el sector y los agrotóxicos por las fumigaciones. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos se comprobó que 114 tienen agroquímicos en su organismo.
Por casa
Un documento emanado de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, sostuvo que el volumen de los agroquímicos aplicados mediante las pulverizaciones de herbicidas e insecticidas utilizados para la expansión de la frontera agraria en nuestra provincia, resulta preocupante por la cercanía de muchas familias indígenas y criollas a estos campos de cultivo y a merced de aplicaciones aéreas. No pueden ignorarse graves problemas de salud aparejados, que manifiestan pobladores y trabajadores de la salud y que coincide con lo expresado en el informe final del “Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados” realizado en Agosto de 2010 en la Universidad de Córdoba.
La legislatura salteña a fines del 2013 reguló las acciones relacionadas con agroquímicos, para prevenir la contaminación del ambiente y evitar las intoxicaciones. La normativa prohíbe fumigar con aviones a menos de 3.000 metros de un poblado, cuando el veneno sea de alta toxicidad y a menos de 500 cuando la aplicación sea terrestre. También establece que antes de una aplicación debe haber una autorización de un experto técnico que brindará asesoramiento al respecto.
Agrotóxicos
Los agroquímicos son sustancias químicas muy utilizadas en la agricultura, cuyo objetivo principal es mantener y conservar los cultivos. Ya sea que se empleen para proporcionar nutrientes químicos, para matar insectos o microorganismos, para eliminar las malezas u hongos de los cultivos, estos químicos generan importantes grados de contaminación y pueden desencadenar serios problemas de salud en las personas que están en contacto con ellos o habitan en las vecindades donde el agroquímico se utiliza, incluso se pone en riesgo los bebes por nacer.
Las comunidades indígenas y los movimientos campesinos denuncian desde hace años los efectos sanitarios de los agrotóxicos sojeros. Pero siempre chocaron con las desmentidas de tres actores de peso, productores, las grandes empresas del sector y los ámbitos gubernamentales que impulsan el modelo agropecuario. El argumento recurrente fue la ausencia de “estudios serios” que demostraran los efectos negativos del herbicida. Sin embargo, investigaciones científicas previas a esta última, ya sostenían que el glifosato era altamente tóxico y provocaba efectos devastadores en embriones.
Así lo había determinado el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina) que, con dosis hasta 1500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras, había comprobado trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión, sugiriendo la posibilidad de que se estén interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, subrayaba el trabajo, que también hacía hincapié en la urgente necesidad de limitar el uso del agrotóxico e investigar sus consecuencias en el largo plazo.
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