El fantasma del desmonte recorre Salta. El perfil de los ministros Yarade y Bibini, el impulso nacional a flexibilizar la Ley de Bosques y la comunión de ideas entre Urtubey, Macri y grandes medios provinciales prometen reeditar el arboricidio de los últimos años de Juan Carlos Romero. (Daniel Avalos)
Los intereses sojeros y ganaderos que siempre están asociados a la necesidad de los desmontes deben estar frotándose las manos. Una combinación de variables explican el entusiasmo y una de ellas se encuentra en los apellidos anunciados para el nuevo gabinete que incluye a personas que por perfiles individuales, trayectorias empresariales e intereses sectoriales se llevan bien con esos arboricidas congénitos que al ver un monte sienten un irreprimible impulso de tumbarlo.
El nuevo Jefe de Gabinete y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable lo confirman. Del primero sólo recordemos que tras dejar la política en el año 2013, su relación profesional se vinculó al Banco Macro del poderoso Jorge Britos quien -como lo precisó nuestro colega Gonzalo Teruel a partir de informes del diario El Cronista- en septiembre pasado anunció que saldría a cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York para “recaudar hasta 200 millones de dólares” que den liquidez a los inversores del emprendimiento que posee en Salta: Inversora Juramento, la firma que busca multiplicar las cabezas de ganado que hoy se estiman en 70 mil y adquirir tierras para expandir las 87.414 hectáreas que posee en Anta, donde también se cultiva maíz y soja empleada para alimentar a ese ganado.
La nueva ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, tiene un perfil similar y algunos elementos permiten anticipar que la direccionalidad de la política productiva salteña es permitir la expansión de la frontera agropecuaria. No sólo porque al reunificado ministerio que conducirá se le mutiló la palabra “Ambiente” que resulta irritativa para quienes sienten que el “proteccionismo” obstaculiza la explotación indiscriminada de recursos naturales; también porque en ese ministerio se reunificarán las secretarías de Ambiente y Asuntos Agrarios a fin de que las competencias de la primera se subordinen a los intereses de los segundos; pero fundamentalmente porque la nueva ministra es, junto a su marido, socia fundadora de “Industrias Frigoríficas Norte Grande S.A.”, empresa que desde 2007 amasó una fortuna dedicándose a tareas agrícolas, ganaderas y forestales que también ven en la expansión de la frontera agropecuaria la condición de posibilidad para respirar beneficios y alimentarse de los intereses del dinero.
Uno y otra forman parte de esos CEO’s evangelizados por la prédica macrista que los insta a saltar hacia la política con el objeto de subordinar a “los políticos”; y uno y otra forman parte de los nuevos ricos que el gobierno de Juan Carlos Romero impulsó en los 90 cuando incorporó la provincia al mercado internacional como proveedora de recursos naturales extraídos con nuevas tecnológicas y lógicas laborales propias de la globalización. Un sector influyente y adinerado que desde hace una década reniega de las regulaciones estatales para el uso de las tierras rurales bien simbolizada por la llamada Ley de Bosques.
Digresión romerista
Esa ley cumplirá diez años el 21 de noviembre próximo y en su génesis hubo un claro intento de evitar que los desmontes desaforados protagonizados por el gobierno de Juan Carlos Romero se extendieran a otras provincias del NOA y NEA. El caso salteño fue bien pincelado por un informe de la Auditoría General de la Nación -publicado en mayo de 2014- que denunciaba que nuestra provincia incumplía la ley de Bosques. Antes de especificar cómo se violaba la norma, los auditores reconstruyeron el proceso señalando que el Censo Agropecuario de 1937 indicaba que la superficie de bosques nativos del país era de 37.535.308 hectáreas; que entre ese año y 1987 se había desmontaron 2.355.308 de ese total; que tal cifra se estiró a 6.452.853 hectáreas entre 1988 y el 2006 siendo Salta y Santiago del Estero los distritos que más aportaron al respecto.
En el caso salteño y a partir de datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los auditores nacionales precisaron que entre 1998 y 2002 (auge romerista) las hectáreas desmontadas fueron 194.386, número que se estiró a 414.934 entre 2002 y 2006. En medio de esa tendencia hubo dos momentos claves del gobierno de Romero que motivaron al por entonces diputado nacional “K”, Miguel Bonasso, a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques. El primero ocurrió en abril de 2005 cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” y vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre de 2007 cuando a Romero le restaba un mes para dejar el gobierno. Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (“El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262).
Ante ello, el 21 de noviembre de 2007, el Senado Nacional dio la media sanción que faltaba a ese proyecto que reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que cada provincia realizara un ordenamiento territorial que estableciera qué bosques debían preservarse sin alteración (pintado de rojo en el mapa de ordenamiento territorial), cuáles podían desmontarse parcialmente (color amarillo) y cuáles podían talarse sin restricciones (color verde). La sanción de la ley coincidió con el inicio de la era Urtubey quien por un lado apelaba a cierta retórica proteccionista, mientras por otro impulsaba un Ordenamiento Territorial que desconociendo el texto original redactado por un equipo de técnicos universitarios terminó optando por el proyecto de los senadores provinciales que incluía a un todavía ignoto sojero: Alfredo Olmedo.
Tras ello vino la trampa que los auditores nacionales denunciaron en mayo de 2014: deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley de Bosques y la aprobación de la ley provincial; más desmontes durante el periodo que fue desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011; y fundamentalmente un irregular artículo 17 de la ley salteña que contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”.
Traducido: la provincia permitía que zonas pintadas de amarillo se convirtieran en verde a pedido de los productores que cumpliendo ciertos requisitos administrativos desmontaban ilegalmente. Según los auditores nacionales 14.000 hectáreas habían sido “víctimas” de esas maniobras aunque organizaciones como FARN, Vida Silvestre o Greenpeace aseguraban que la ilegalidad se llevó puesta 120.000 hectáreas protegidas.
Lo cierto, sin embargo, es que tras la denuncia de la Auditoria General de la Nación, el gobernador debió derogar en septiembre de 2014 los mecanismos provinciales que permitían las recategorizaciones ilegales. Desde entonces el enojo velado de los sectores vinculados al campo se volvió explícito. La hora del ajuste de cuentas con esa ley por parte de los terratenientes va llegando. No lo harán burlando la norma como lo hicieron hasta el año 2014, sino exigiendo la desaparición o al menos la flexibilización de la misma con el objeto de que el despojo se legalice.
La restauración
El arribo de los ministros antes mencionados constituye el fragmento de un todo que apunta en esa dirección. Un todo que incluye al gobierno nacional, al Grand Bourg y hasta la oposición provincial que siendo también macrista coinciden en que dicha ley trastocó la “armonía” agro-exportadora a la salteña siempre asociada a lo voraz. Un bloque dominante que a su vez contará con los servicios de un conjunto de instituciones políticas, ideológicas y mediáticas que asegurarán que los intereses de ese sector son los intereses de toda la provincia.
La nueva ministra Paula Bibini ya contó con el favor de un medio para anunciarlo. Fue en FM Profesional, la emisora del diputado nacional electo por el macrismo, Martín Grande, quien en medio de la entrevista se quejó de que nadie hable ya de las “zonas amarillas” que los agentes económicos no pueden desmontar por imperio de la odiosa ley. Bibini lo tranquilizó asegurándole que ella aprovechará sus contactos con la gestión Macri “para flexibilizar” la norma.
De igual manera se comportará el diario El Tribuno. La comunión de intereses entre el medio de la familia Romero, el gobierno nacional y el plan de Urtubey se evidenció incluso cuando el ex y el actual gobernador aseguraban ser como el agua y el aceite ante la eminencia de las elecciones en las que se enfrentaron por la gobernación. Una nota del 25 de septiembre de 2014 lo confirma: se titulaba “La incertidumbre frena las inversiones rurales en Salta” y allí el editorialista lamentaba que los “proteccionistas” se hubieran impuesto sobre un Urtubey al que calificaron de timorato por emitir “la resolución Nº 381/14 y por la cual se suspendían las recategorizaciones prediales” que habían sido denunciadas por ambientalistas pero corroboradas por el auditores de la nación como ya vimos.
Al frente de ese poderoso bloque no se avizora nada con la fuerza suficiente para frenar la arremetida. Ni los grupos proteccionistas, ni la izquierda, ni el progresismo salteño son capaces de aportar musculatura a una población campesina e indígena cada vez más debilitada por el cerco al que son sometidos por el avance de esos sectores. Grafica bien esa situación la atomización de nuestros pueblos originarios que representan un mosaico étnico tejido por un número indefinido de pequeños y a veces insignificantes parajes salpicados a lo largo de una geografía enorme. Situación a la que debe sumarse el hecho de que en nuestra provincia existen ocho etnias distintas organizadas en más de 440 comunidades legalmente reconocidas según el padrón confeccionado para las elecciones del año 2016 por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.
Todas variables que combinadas entre sí, son la materia prima indispensable para que agentes externos a esas comunidades y cuyos intereses suponen la desgracia de esos pueblos, perpetúen una balcanización que favorece a los poderosos que buscan lo de siempre: rentabilidad asombrosa, avance de la desforestación, tecnología de punta para arrasar la tierra y monocultivos. Un combo productivo en donde miles de hombres y mujeres simplemente sobran.
Los intereses sojeros y ganaderos que siempre están asociados a la necesidad de los desmontes deben estar frotándose las manos. Una combinación de variables explican el entusiasmo y una de ellas se encuentra en los apellidos anunciados para el nuevo gabinete que incluye a personas que por perfiles individuales, trayectorias empresariales e intereses sectoriales se llevan bien con esos arboricidas congénitos que al ver un monte sienten un irreprimible impulso de tumbarlo.
El nuevo Jefe de Gabinete y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable lo confirman. Del primero sólo recordemos que tras dejar la política en el año 2013, su relación profesional se vinculó al Banco Macro del poderoso Jorge Britos quien -como lo precisó nuestro colega Gonzalo Teruel a partir de informes del diario El Cronista- en septiembre pasado anunció que saldría a cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York para “recaudar hasta 200 millones de dólares” que den liquidez a los inversores del emprendimiento que posee en Salta: Inversora Juramento, la firma que busca multiplicar las cabezas de ganado que hoy se estiman en 70 mil y adquirir tierras para expandir las 87.414 hectáreas que posee en Anta, donde también se cultiva maíz y soja empleada para alimentar a ese ganado.
La nueva ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, tiene un perfil similar y algunos elementos permiten anticipar que la direccionalidad de la política productiva salteña es permitir la expansión de la frontera agropecuaria. No sólo porque al reunificado ministerio que conducirá se le mutiló la palabra “Ambiente” que resulta irritativa para quienes sienten que el “proteccionismo” obstaculiza la explotación indiscriminada de recursos naturales; también porque en ese ministerio se reunificarán las secretarías de Ambiente y Asuntos Agrarios a fin de que las competencias de la primera se subordinen a los intereses de los segundos; pero fundamentalmente porque la nueva ministra es, junto a su marido, socia fundadora de “Industrias Frigoríficas Norte Grande S.A.”, empresa que desde 2007 amasó una fortuna dedicándose a tareas agrícolas, ganaderas y forestales que también ven en la expansión de la frontera agropecuaria la condición de posibilidad para respirar beneficios y alimentarse de los intereses del dinero.
Uno y otra forman parte de esos CEO’s evangelizados por la prédica macrista que los insta a saltar hacia la política con el objeto de subordinar a “los políticos”; y uno y otra forman parte de los nuevos ricos que el gobierno de Juan Carlos Romero impulsó en los 90 cuando incorporó la provincia al mercado internacional como proveedora de recursos naturales extraídos con nuevas tecnológicas y lógicas laborales propias de la globalización. Un sector influyente y adinerado que desde hace una década reniega de las regulaciones estatales para el uso de las tierras rurales bien simbolizada por la llamada Ley de Bosques.
Digresión romerista
Esa ley cumplirá diez años el 21 de noviembre próximo y en su génesis hubo un claro intento de evitar que los desmontes desaforados protagonizados por el gobierno de Juan Carlos Romero se extendieran a otras provincias del NOA y NEA. El caso salteño fue bien pincelado por un informe de la Auditoría General de la Nación -publicado en mayo de 2014- que denunciaba que nuestra provincia incumplía la ley de Bosques. Antes de especificar cómo se violaba la norma, los auditores reconstruyeron el proceso señalando que el Censo Agropecuario de 1937 indicaba que la superficie de bosques nativos del país era de 37.535.308 hectáreas; que entre ese año y 1987 se había desmontaron 2.355.308 de ese total; que tal cifra se estiró a 6.452.853 hectáreas entre 1988 y el 2006 siendo Salta y Santiago del Estero los distritos que más aportaron al respecto.
En el caso salteño y a partir de datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los auditores nacionales precisaron que entre 1998 y 2002 (auge romerista) las hectáreas desmontadas fueron 194.386, número que se estiró a 414.934 entre 2002 y 2006. En medio de esa tendencia hubo dos momentos claves del gobierno de Romero que motivaron al por entonces diputado nacional “K”, Miguel Bonasso, a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques. El primero ocurrió en abril de 2005 cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” y vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre de 2007 cuando a Romero le restaba un mes para dejar el gobierno. Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (“El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262).
Ante ello, el 21 de noviembre de 2007, el Senado Nacional dio la media sanción que faltaba a ese proyecto que reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que cada provincia realizara un ordenamiento territorial que estableciera qué bosques debían preservarse sin alteración (pintado de rojo en el mapa de ordenamiento territorial), cuáles podían desmontarse parcialmente (color amarillo) y cuáles podían talarse sin restricciones (color verde). La sanción de la ley coincidió con el inicio de la era Urtubey quien por un lado apelaba a cierta retórica proteccionista, mientras por otro impulsaba un Ordenamiento Territorial que desconociendo el texto original redactado por un equipo de técnicos universitarios terminó optando por el proyecto de los senadores provinciales que incluía a un todavía ignoto sojero: Alfredo Olmedo.
Tras ello vino la trampa que los auditores nacionales denunciaron en mayo de 2014: deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley de Bosques y la aprobación de la ley provincial; más desmontes durante el periodo que fue desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011; y fundamentalmente un irregular artículo 17 de la ley salteña que contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”.
Traducido: la provincia permitía que zonas pintadas de amarillo se convirtieran en verde a pedido de los productores que cumpliendo ciertos requisitos administrativos desmontaban ilegalmente. Según los auditores nacionales 14.000 hectáreas habían sido “víctimas” de esas maniobras aunque organizaciones como FARN, Vida Silvestre o Greenpeace aseguraban que la ilegalidad se llevó puesta 120.000 hectáreas protegidas.
Lo cierto, sin embargo, es que tras la denuncia de la Auditoria General de la Nación, el gobernador debió derogar en septiembre de 2014 los mecanismos provinciales que permitían las recategorizaciones ilegales. Desde entonces el enojo velado de los sectores vinculados al campo se volvió explícito. La hora del ajuste de cuentas con esa ley por parte de los terratenientes va llegando. No lo harán burlando la norma como lo hicieron hasta el año 2014, sino exigiendo la desaparición o al menos la flexibilización de la misma con el objeto de que el despojo se legalice.
La restauración
El arribo de los ministros antes mencionados constituye el fragmento de un todo que apunta en esa dirección. Un todo que incluye al gobierno nacional, al Grand Bourg y hasta la oposición provincial que siendo también macrista coinciden en que dicha ley trastocó la “armonía” agro-exportadora a la salteña siempre asociada a lo voraz. Un bloque dominante que a su vez contará con los servicios de un conjunto de instituciones políticas, ideológicas y mediáticas que asegurarán que los intereses de ese sector son los intereses de toda la provincia.
La nueva ministra Paula Bibini ya contó con el favor de un medio para anunciarlo. Fue en FM Profesional, la emisora del diputado nacional electo por el macrismo, Martín Grande, quien en medio de la entrevista se quejó de que nadie hable ya de las “zonas amarillas” que los agentes económicos no pueden desmontar por imperio de la odiosa ley. Bibini lo tranquilizó asegurándole que ella aprovechará sus contactos con la gestión Macri “para flexibilizar” la norma.
De igual manera se comportará el diario El Tribuno. La comunión de intereses entre el medio de la familia Romero, el gobierno nacional y el plan de Urtubey se evidenció incluso cuando el ex y el actual gobernador aseguraban ser como el agua y el aceite ante la eminencia de las elecciones en las que se enfrentaron por la gobernación. Una nota del 25 de septiembre de 2014 lo confirma: se titulaba “La incertidumbre frena las inversiones rurales en Salta” y allí el editorialista lamentaba que los “proteccionistas” se hubieran impuesto sobre un Urtubey al que calificaron de timorato por emitir “la resolución Nº 381/14 y por la cual se suspendían las recategorizaciones prediales” que habían sido denunciadas por ambientalistas pero corroboradas por el auditores de la nación como ya vimos.
Al frente de ese poderoso bloque no se avizora nada con la fuerza suficiente para frenar la arremetida. Ni los grupos proteccionistas, ni la izquierda, ni el progresismo salteño son capaces de aportar musculatura a una población campesina e indígena cada vez más debilitada por el cerco al que son sometidos por el avance de esos sectores. Grafica bien esa situación la atomización de nuestros pueblos originarios que representan un mosaico étnico tejido por un número indefinido de pequeños y a veces insignificantes parajes salpicados a lo largo de una geografía enorme. Situación a la que debe sumarse el hecho de que en nuestra provincia existen ocho etnias distintas organizadas en más de 440 comunidades legalmente reconocidas según el padrón confeccionado para las elecciones del año 2016 por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.
Todas variables que combinadas entre sí, son la materia prima indispensable para que agentes externos a esas comunidades y cuyos intereses suponen la desgracia de esos pueblos, perpetúen una balcanización que favorece a los poderosos que buscan lo de siempre: rentabilidad asombrosa, avance de la desforestación, tecnología de punta para arrasar la tierra y monocultivos. Un combo productivo en donde miles de hombres y mujeres simplemente sobran.
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