GRAVÍSIMAS DISFUNCIONES EN LA SEXUALIDAD, FERTILIDAD Y METABOLISMO OCASIONADAS POR LOS PESTICIDAS DE LAS MULTINACIONALES

ARGENTINA: NEGOCIO GENOCIDA DE LA SIONISTA MONSANTO. CONOZCA POR REGIONES Y PRODUCTOS CUANDO LE TOCARÁ MORIR

OCULTADAS AL PÚBLICO: GRAVÍSIMAS DISFUNCIONES EN LA SEXUALIDAD, FERTILIDAD Y METABOLISMO OCASIONADAS POR LOS PESTICIDAS DE LAS MULTINACIONALES
Los límites “seguros” de ingesta de pesticidas con la alimentación no existen
Por Miguel Jara

Sabemos que una agricultura (y ganadería) basada en el uso de productos químicos tóxicos, como los pesticidas, envenena el medio natural y a nosotros mismos. La utilización de pesticidas en la agricultura causa muchas enfermedades pero ¿qué datos más o menos recientes tenemos y cual es la dimensión del problema?

Cada año se esparcen sobre las áreas cultivadas de la Unión Europea (UE) más de 400.000 toneladas de pesticidas. Según los últimos datos de Eurostat, nuestro país es donde más se utilizan estos productos destinados a “matar bichos”. Así nos lo cuenta el periodista Carlos de Prada en el informe Alimentos con residuos de pesticidas alteradores hormonales.

Un alto porcentaje de los productos alimentarios europeos contienen residuos de pesticidas, tal y como muestran los informes regulares de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Existe una exposición generalizada de la población a estas sustancias.

Muchos pesticidas son disruptores endocrinos, esto es, sustancias que podrían alterar el equilibrio hormonal.

Son sustancias como el polémico glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo (en Francia se han hecho estudios que muestran que casi todo el mundo lo orina); clorpirifos, cipermetrina, dimetoato, epoxiconazol, procloraz, conazol, tebuconazol o tiacloprid.

Numerosos estudios científicos muestran que las sustancias disruptoras endocrinas podrían actuar a niveles muy bajos de concentración, inferiores a los de los límites legales actualmente establecidos. Es más, de modo semejante a como sucede con las sustancias cancerígenas, por ejemplo, se duda también de que para las sustancias disruptoras endocrinas se pueda establecer un umbral realmente seguro de exposición por bajo que sea”, afirma el informe.VEA: EL GLIFOSATO YA ESTÁ EN LAS VENAS DE LOS PORTEÑOS. ALGUNAS REFLEXIONES PARA EL PUEBLO ARGENTINO

Estas sustancias una vez en nuestro organismo imitan la actividad de las hormonas y con sus “mensajes” confunden los sistemas claves de nuestro cuerpo provocando disfunciones. Los daños más conocidos son los relacionados con la sexualidad y la fertilidad y también con el debilitamiento del sistema inmunitario y los retrasos en el aprendizaje infantil.

Los pesticidas disruptores endocrinos han sido asociados a infinidad de posibles efectos secundarios como diferentes tipos de cáncer, malformaciones, diabetes u obesidad. De hecho, hace tiempo nos preguntamos en este blog: ¿Estamos más gordos porque somos más tóxicos? (ver debajo)

VEA: INFORME ESPECIAL- TRAGEDIA HUMANA POR ROUNDUP EN ARGENTINA- MONSANTO Y UE OCULTARON LA TOXICIDAD DEL GLIFOSATO

Existe relación causal entre el aumento de los químicos tóxicos ambientales (más bien serían industriales) y el crecimiento de la frecuencia de la obesidad en la población.

Muchas sustancias químicas sintéticas con las que nos relacionamos todos los días son los conocidos como “disruptores endocrinos” que interfieren con nuestro sistema hormonal, causando alteraciones en nuestro metabolismo. Lo hacen porque el cuerpo las acumula y las “confunde” con nuestras hormonas y pueden interferir con la regulación y conservación de la energía.

Las enfermedades son el reflejo de la pérdida de calidad de vida de una sociedad. Por paradójico que pueda parecer además, esos efectos de la industrialización alimentaria mal concebida también tiene un reverso económico. Un ejemplo que cita De Prada:

La Endocrine Society, entidad de referencia mundial en el ámbito de las enfermedades ligadas a las hormonas atribuye a un tipo de pesticidas, los organofosforados, unas pérdidas económicas de unos 146.000 millones de euros anuales en Europa a causa de los daños sobre el sistema nervioso central infantil que se saldan con la pérdida de millones de puntos de coeficiente intelectual entre otros efectos”.

Las alertas oficiales sólo se disparan cuando esos límites se superan, cosa que solo sucede con un porcentaje reducido de las muestras que se analizan. Así que intenta convencerse a la población de que ello no representa un riesgo para su salud pero no es así.

Si antes citaba lo del glifosato en la orina de franceses y francesas hay que tener en cuenta otro dato: Existen estudios en Europa que muestran que más del 90% de los niños y madres analizados tenían en su orina al menos un metabolito asociado a la exposición a pesticidas organofosforados y que un 30% tuviese cuatro de los metabolitos estudiados.

La exposición a estos productos tóxicos es a través de la dieta, como comentaban los autores de la investigación. Y se mostraron preocupados porque la amplia literatura científica sobre el tema asocia una mayor presencia de estos residuos con un aumento del riesgo de padecer problemas de salud durante la infancia.

VEA: MURIÓ UNA NIÑA TRAS COMER UNA MANDARINA CON AGROTÓXICOS

Hay que saber que sólo en la UE existen unas 480 sustancias autorizadas para su uso industrial en la agricultura. Pero los criterios oficiales hoy han quedado obsoletos, no tienen en cuenta el nivel de conocimiento actual de la ciencia o lo que es lo mismo, esta va muy por delante de los reguladores cuya indefinición y lentitud en la toma de decisiones que favorezcan la salud pública es clamorosa (¿quizá por la enorme presión de los lobbies que actúan en el ámbito?).

VEA: ADIVINE QUIENES CONFORMAN LA JUNTA DIRECTIVA DE MONSANTO

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EN MENOS DE 20 AÑOS MAS DE 110 CIENTÍFICOS MUERTOS EN MUY EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS

Se fijan límites de concentración de residuos de pesticidas considerando que si esos niveles no se superan no existe riesgo para la salud. Los llamados Límites Máximos de Residuos (LMR), que junto con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), constituyen las supuestas líneas de defensa de la salud de los ciudadanos frente a estos contaminantes.

Pero lo que hoy sabe la ciencia al respecto plantea una gran incertidumbre acerca de si los LMR y la IDA cumplen adecuadamente su función de ofrecer una plena garantía sanitaria.

¿Por qué? El informe lo explica:

"Pues porque a la hora de establecer los Límites Máximos de Residuo no se ha tenido en cuenta lo que la ciencia sabe acerca de los efectos de disrupción endocrina como, por ejemplo, su capacidad de causar efectos a muy bajas concentraciones, muy inferiores a los límites legales, en especial sobre sectores de población más sensibles tales como los niños o las embarazadas, ni el efecto cóctel [sustancias que de manera aislada pueden no tener un efecto sí pueden causarlo cuando están juntas]”.Los científicos no tienen claro que pueda haber un umbral seguro claro de exposición a estas sustancias, lo que cuestiona que los Límites Máximos de Residuos de estos productos garanticen con claridad la defensa de la salud.

Todo esto nos lleva a que han de adoptarse medidas urgentes que tienen que ver con la prohibición de estas sustancias, la correcta información para que el derecho de la población a la salud sea auténtico y la implantación de un modelo sano de producción de alimentos que pasa porque sea ecológico todo el proceso.

¿Estamos más gordos porque somos más tóxicos?

Existe relación causal entre el aumento de los químicos tóxicos ambientales (más bien serían industriales) y el crecimiento de la frecuencia de la obesidad en la población. Muchas sustancias químicas sintéticas con las que nos relacionamos todos los días son los conocidos como “disruptores endocrinos” que interfieren con nuestro sistema hormonal, causando alteraciones en nuestro metabolismo. Lo hacen porque el cuerpo las acumula y las “confunde” con nuestras hormonas y pueden interferir con la regulación y conservación de la energía.

VEA: PLAN DE HOMOSEXUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN LECHE MATERNA PUEDEN ALTERAR EL DESARROLLO TESTICULAR

Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal, tanto en seres humanos como en animales, responsable de múltiples funciones vitales como el crecimiento o el desarrollo sexual. Al imitar o alterar el efecto de las hormonas, los disruptores endocrinos pueden enviar mensajes confusos al organismo ocasionando diversas disfunciones.Entre ellas diabetes u obesidad.

Paula Baille-Hamilton, profesora de la Universidad de Stirling (Escocia) especialista en toxicología y metabolismo, publicó en el Journal of Alternative and Complementary Medicine un artículo científico con el explicativo título deChemical toxins: a hypothesis to explain the global obesity epidemic. Poco después, como cuenta El Confidencial bajo el título de Obesógenos: las sustancias que nos están haciendo engordar sin darnos cuenta, se acuñó ese concepto, obesógenos, para nombrar a estas sustancias químicas que contaminan el medio ambiente y acaban en nuestro cuerpo.

VEA: EL DESEQUILIBRIO HORMONAL: LOS PELIGROSOS XENOESTRÓGENOS

Entren los llamados disruptores (lo correcto en castellano sería denominarlos “rompedores”) endocrinos están el bisfenol A y los ftalatos. Ambos son sustancias sintéticas que se utilizan para ablandar los plásticos y hacerlos más manejables. Se encuentran en artículos tan diversos como jeringas y material sanitario como bolsas para guardar sangre o en chupetes y biberones.

Como en tantas ocasiones la contaminación nos entra por la boca. Sí, mediante la alimentación, cargada de pesticidas y otras químicos tóxicos. Es interesante leer el informe Comida disruptora,muy bien presentado y con datos concretos para buscar alternativas cotidianas.

Con acierto, en el reportaje de El Confidencial se afirma que aunque cada vez hay mayor evidencia de los daños de estos tóxicos las investigaciones chocan con industrias como la química o la alimentaria. Yo añadiría otra que es prima hermana de las primeras, la farmacéutica.

Las dos primeras pueden temer que una regulación más estricta de los tóxicos cotidianos les haga perder cuota de mercado pero la otra es que en muchos casos se beneficia de la medicación de enfermedades producidas por sus propios productos.

Estoy pensando por ejemplo en que otra dolencia al alza, la endometriosis, está relacionada con los pesticidas, que como explicamos son estrogénicos. Pues bien hay industrias como Bayer que al tiempo que producen pesticidas fabrican medicamentos para la endometriosis.

Cada cual que lo interprete como quiera.

Fuente: Miguel Jara. Títulos originales: "Los límites “seguros” de ingesta de pesticidas con la alimentación no existen". "¿Estamos más gordos porque somos más tóxicos?"

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FUENTE: http://infoconnoticias.blogspot.com.ar/2017/12/ocultadas-al-publico-gravisimas.html

SALTA: Los arboricidas ya están aquí

El fantasma del desmonte recorre Salta. El perfil de los ministros Yarade y Bibini, el impulso nacional a flexibilizar la Ley de Bosques y la comunión de ideas entre Urtubey, Macri y grandes medios provinciales prometen reeditar el arboricidio de los últimos años de Juan Carlos Romero. (Daniel Avalos)

Los intereses sojeros y ganaderos que siempre están asociados a la necesidad de los desmontes deben estar frotándose las manos. Una combinación de variables explican el entusiasmo y una de ellas se encuentra en los apellidos anunciados para el nuevo gabinete que incluye a personas que por perfiles individuales, trayectorias empresariales e intereses sectoriales se llevan bien con esos arboricidas congénitos que al ver un monte sienten un irreprimible impulso de tumbarlo.

El nuevo Jefe de Gabinete y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable lo confirman. Del primero sólo recordemos que tras dejar la política en el año 2013, su relación profesional se vinculó al Banco Macro del poderoso Jorge Britos quien -como lo precisó nuestro colega Gonzalo Teruel a partir de informes del diario El Cronista- en septiembre pasado anunció que saldría a cotizar acciones en la Bolsa de Nueva York para “recaudar hasta 200 millones de dólares” que den liquidez a los inversores del emprendimiento que posee en Salta: Inversora Juramento, la firma que busca multiplicar las cabezas de ganado que hoy se estiman en 70 mil y adquirir tierras para expandir las 87.414 hectáreas que posee en Anta, donde también se cultiva maíz y soja empleada para alimentar a ese ganado.

La nueva ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, tiene un perfil similar y algunos elementos permiten anticipar que la direccionalidad de la política productiva salteña es permitir la expansión de la frontera agropecuaria. No sólo porque al reunificado ministerio que conducirá se le mutiló la palabra “Ambiente” que resulta irritativa para quienes sienten que el “proteccionismo” obstaculiza la explotación indiscriminada de recursos naturales; también porque en ese ministerio se reunificarán las secretarías de Ambiente y Asuntos Agrarios a fin de que las competencias de la primera se subordinen a los intereses de los segundos; pero fundamentalmente porque la nueva ministra es, junto a su marido, socia fundadora de “Industrias Frigoríficas Norte Grande S.A.”, empresa que desde 2007 amasó una fortuna dedicándose a tareas agrícolas, ganaderas y forestales que también ven en la expansión de la frontera agropecuaria la condición de posibilidad para respirar beneficios y alimentarse de los intereses del dinero.

Uno y otra forman parte de esos CEO’s evangelizados por la prédica macrista que los insta a saltar hacia la política con el objeto de subordinar a “los políticos”; y uno y otra forman parte de los nuevos ricos que el gobierno de Juan Carlos Romero impulsó en los 90 cuando incorporó la provincia al mercado internacional como proveedora de recursos naturales extraídos con nuevas tecnológicas y lógicas laborales propias de la globalización. Un sector influyente y adinerado que desde hace una década reniega de las regulaciones estatales para el uso de las tierras rurales bien simbolizada por la llamada Ley de Bosques.

Digresión romerista

Esa ley cumplirá diez años el 21 de noviembre próximo y en su génesis hubo un claro intento de evitar que los desmontes desaforados protagonizados por el gobierno de Juan Carlos Romero se extendieran a otras provincias del NOA y NEA. El caso salteño fue bien pincelado por un informe de la Auditoría General de la Nación -publicado en mayo de 2014- que denunciaba que nuestra provincia incumplía la ley de Bosques. Antes de especificar cómo se violaba la norma, los auditores reconstruyeron el proceso señalando que el Censo Agropecuario de 1937 indicaba que la superficie de bosques nativos del país era de 37.535.308 hectáreas; que entre ese año y 1987 se había desmontaron 2.355.308 de ese total; que tal cifra se estiró a 6.452.853 hectáreas entre 1988 y el 2006 siendo Salta y Santiago del Estero los distritos que más aportaron al respecto.

En el caso salteño y a partir de datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, los auditores nacionales precisaron que entre 1998 y 2002 (auge romerista) las hectáreas desmontadas fueron 194.386, número que se estiró a 414.934 entre 2002 y 2006. En medio de esa tendencia hubo dos momentos claves del gobierno de Romero que motivaron al por entonces diputado nacional “K”, Miguel Bonasso, a plantear la necesidad de la llamada Ley de Bosques. El primero ocurrió en abril de 2005 cuando los lotes 32 y 33 de General Pizarro (Anta) fueron desafectados de su condición de “reserva natural” y vendidos en siete parcelas de más de 2.000 hectáreas cada una. El otro hecho ocurrió en noviembre de 2007 cuando a Romero le restaba un mes para dejar el gobierno. Bonasso lo resumió así: “El gobernador Romero había aprovechado la demora en el Senado para autorizar el desmonte de 478 mil hectáreas de bosques nativos, en beneficio de terratenientes argentinos y texanos.” (“El Mal”. Edit. Planeta. 2001, pág. 262).

Ante ello, el 21 de noviembre de 2007, el Senado Nacional dio la media sanción que faltaba a ese proyecto que reconocía la emergencia forestal y suspendía los desmontes hasta que cada provincia realizara un ordenamiento territorial que estableciera qué bosques debían preservarse sin alteración (pintado de rojo en el mapa de ordenamiento territorial), cuáles podían desmontarse parcialmente (color amarillo) y cuáles podían talarse sin restricciones (color verde). La sanción de la ley coincidió con el inicio de la era Urtubey quien por un lado apelaba a cierta retórica proteccionista, mientras por otro impulsaba un Ordenamiento Territorial que desconociendo el texto original redactado por un equipo de técnicos universitarios terminó optando por el proyecto de los senadores provinciales que incluía a un todavía ignoto sojero: Alfredo Olmedo.

Tras ello vino la trampa que los auditores nacionales denunciaron en mayo de 2014: deforestaciones en el periodo comprendido entre la sanción de la Ley de Bosques y la aprobación de la ley provincial; más desmontes durante el periodo que fue desde la entrada en vigencia de la ley provincial y el año 2011; y fundamentalmente un irregular artículo 17 de la ley salteña que contemplaba “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331”.

Traducido: la provincia permitía que zonas pintadas de amarillo se convirtieran en verde a pedido de los productores que cumpliendo ciertos requisitos administrativos desmontaban ilegalmente. Según los auditores nacionales 14.000 hectáreas habían sido “víctimas” de esas maniobras aunque organizaciones como FARN, Vida Silvestre o Greenpeace aseguraban que la ilegalidad se llevó puesta 120.000 hectáreas protegidas.

Lo cierto, sin embargo, es que tras la denuncia de la Auditoria General de la Nación, el gobernador debió derogar en septiembre de 2014 los mecanismos provinciales que permitían las recategorizaciones ilegales. Desde entonces el enojo velado de los sectores vinculados al campo se volvió explícito. La hora del ajuste de cuentas con esa ley por parte de los terratenientes va llegando. No lo harán burlando la norma como lo hicieron hasta el año 2014, sino exigiendo la desaparición o al menos la flexibilización de la misma con el objeto de que el despojo se legalice.

La restauración

El arribo de los ministros antes mencionados constituye el fragmento de un todo que apunta en esa dirección. Un todo que incluye al gobierno nacional, al Grand Bourg y hasta la oposición provincial que siendo también macrista coinciden en que dicha ley trastocó la “armonía” agro-exportadora a la salteña siempre asociada a lo voraz. Un bloque dominante que a su vez contará con los servicios de un conjunto de instituciones políticas, ideológicas y mediáticas que asegurarán que los intereses de ese sector son los intereses de toda la provincia.

La nueva ministra Paula Bibini ya contó con el favor de un medio para anunciarlo. Fue en FM Profesional, la emisora del diputado nacional electo por el macrismo, Martín Grande, quien en medio de la entrevista se quejó de que nadie hable ya de las “zonas amarillas” que los agentes económicos no pueden desmontar por imperio de la odiosa ley. Bibini lo tranquilizó asegurándole que ella aprovechará sus contactos con la gestión Macri “para flexibilizar” la norma.

De igual manera se comportará el diario El Tribuno. La comunión de intereses entre el medio de la familia Romero, el gobierno nacional y el plan de Urtubey se evidenció incluso cuando el ex y el actual gobernador aseguraban ser como el agua y el aceite ante la eminencia de las elecciones en las que se enfrentaron por la gobernación. Una nota del 25 de septiembre de 2014 lo confirma: se titulaba “La incertidumbre frena las inversiones rurales en Salta” y allí el editorialista lamentaba que los “proteccionistas” se hubieran impuesto sobre un Urtubey al que calificaron de timorato por emitir “la resolución Nº 381/14 y por la cual se suspendían las recategorizaciones prediales” que habían sido denunciadas por ambientalistas pero corroboradas por el auditores de la nación como ya vimos.

Al frente de ese poderoso bloque no se avizora nada con la fuerza suficiente para frenar la arremetida. Ni los grupos proteccionistas, ni la izquierda, ni el progresismo salteño son capaces de aportar musculatura a una población campesina e indígena cada vez más debilitada por el cerco al que son sometidos por el avance de esos sectores. Grafica bien esa situación la atomización de nuestros pueblos originarios que representan un mosaico étnico tejido por un número indefinido de pequeños y a veces insignificantes parajes salpicados a lo largo de una geografía enorme. Situación a la que debe sumarse el hecho de que en nuestra provincia existen ocho etnias distintas organizadas en más de 440 comunidades legalmente reconocidas según el padrón confeccionado para las elecciones del año 2016 por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas.

Todas variables que combinadas entre sí, son la materia prima indispensable para que agentes externos a esas comunidades y cuyos intereses suponen la desgracia de esos pueblos, perpetúen una balcanización que favorece a los poderosos que buscan lo de siempre: rentabilidad asombrosa, avance de la desforestación, tecnología de punta para arrasar la tierra y monocultivos. Un combo productivo en donde miles de hombres y mujeres simplemente sobran.

 FUENTE: https://www.cuartopodersalta.com.ar/los-arboricidas-ya-estan-aqui/

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