26 de mayo 2016.-
Un grupo de familias del chaco salteño acusó al director técnico de la Selección de fútbol, Gerardo “Tata” Martino, de comprar sus tierras y tramitar una autorización de desmonte para venderlas con el permiso otorgado, pese a que parte de la propiedad es un área protegida por la ley de bosques.
El expediente exhibe varias irregularidades y contradicciones.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Martino compró junto a tres socios dos de los catorce lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Son más de 5 mil hectáreas en total. Pero se encontró con que allí vive desde hace unos 120 años la familia Rea y que otra treintena de familias usan esos terrenos para pastar.
Los Rea son ocho: la madre con siete hijos. El padre falleció hace unos años, al igual que otros dos hijos. Argumentan que siempre vivieron allí y que son la quinta generación instalada en un puesto bautizado como La Esquinita, porque queda justo en un ángulo de los dos lotes que compró Martino. Sus terrenos son explotados también por una veintena de familias del vecino paraje el Lecheronal y otra diez del paraje Climaco. Son los legítimos propietarios de las tierras, aunque nunca reclamaron judicialmente su titularidad, pese a que están en condiciones de hacerlo.
Infobae intentó comunicarse con Martino para conocer su versión, pero los voceros del DT no respondieron a los pedidos de entrevista. Aún así, este medio pudo reconstruir su posición en base a varios testimonios que brindó en distintos canales informales. Al parecer, Martino dice que compró los terrenos de buena fe, que no sabía que había gente viviendo y que su objetivo no es explotarlos, sino hacer un negocio inmobiliario.
Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.700 hectáreas y de desbajerado sobre otras 700. El DT asegura que desde el propio gobierno de Salta le recomendaron que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador.
A primera vista, dos cosas llaman a la atención. Por un lado, si Martino tiene razón, sería grave que un Gobierno provincial promueva el desmonte. Por otro, en lugar de accionar contra el vendedor –que lo habría estafado y le vendió una propiedad que al poco tiempo fue embargada–, el técnico busca avanzar contra la familia Rea, a la que le ofreció apenas 100 hectáreas.
El problema de fondo son los desmontes y los desalojos a comunidades criollas y originarias. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente nacional, entre 1998 y 2014 se desmontaron, sólo en Salta, 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Es la provincia más afectada, detrás de Santiago de Estero.
La Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aseguran que parte del problema tiene que ver con dos decretos del gobernador Juan Manuel Urtubey que violan abiertamente la ley de bosques, ya que consagraron la posibilidad de rezonificar terrenos a simple solicitud del titular de la finca para que puedan pedir permisos de desmonte. En Greenpeace estiman que esta maniobra habilitó la deforestación de unas 120 mil hectáreas que están protegidas, casi un tercio del total de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la ley en 2007.
El caso de Martino va en esa línea: el gobierno provincial promoviendo el desmonte y priorizando los agronegocios. La mayoría de los terrenos suelen usarse para la ganadería. A lo sumo se planta maíz y sorgo para los animales. Pero en Salta no son pocos los que creen que en cualquier momento el INTA aprobará una semilla transgénica de soja capaz de ser cultivada en la zona.
La ley de bosques exige una serie de requisitos para autorizar un desmonte, entre ellos, la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y social, celebrar una audiencia pública y respetar los derechos de las comunidades que usan los bosques. Martino habría cumplido con los tres, pero sólo en apariencia.
Uno de los que se acercó a la familia Rea para ofrecer su colaboración es Nahuel Morandini, un técnico de la Universidad Nacional de Salta que es parte de una cátedra sobre ecología y que tiene familiares en la zona. Le contó a Infobae que el estudio de impacto ambiental y social lo hizo el experto en agronegocios Gonzalo Barni, un ex delegado de Bayer CropScience en Salta –según su cuenta de Linkedin–, quieninformó al Ministerio de Ambiente que en El Totoral no vive nadie y que ningún habitante de la zona usa la finca para pastar.
“El informe ambiental es una gran mentira y el social está lleno de contradicciones. Pero el problema vino después, porque la Provincia pidió que se haga un mapa de uso de las tierras por parte de las familias de El Lecheronal y de Climaco, pero antes de que Barni lo presente, una comisión del Ministerio de Ambiente viajó a El Totoral y llegó a las mismas conclusiones: que nadie vive en la finca, que nadie usa el lugar y que los reclamos que hay sobre la tierra son de otras personas“, explicó Morandini.
“Este proyecto en particular sobresale por el nivel de falencias técnicas del estudio de impacto ambiental.Es muy llamativo que técnicos profesionales aprueben algo con tantos problemas“, coincidió en una entrevista con Infobae el presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak.
El Ministerio de Ambiente finalmente aprobó el pedido técnico de desmonte. En la zona sospechan de los vínculos entre Martino y el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya que ambos se reunieron en enero de 2015, cuando el DT vacacionó con su familia en Salta, y el propio entrenador reconoció que fue el Ejecutivo el que le recomendó vender las tierras con la autorización de desmonte tramitada.
El último paso antes de la habilitación final fue la audiencia pública, que no es vinculante. Son contadas las veces en las que se logró frenar un pedido de desmonte. Se realizó el 12 de mayo, pero no en la zona, sino en la localidad de la Estrella, que ni siquiera queda en Rivadavia, sino en Orán, a más de 80 kilómetros por caminos de tierra que demandan no menos de dos horas y media en auto para llegar. De hecho, todas las audiencias que se hicieron por terrenos en el municipio de Rivadavia Banda Sur se celebraron fuera del departamento. Es una estrategia sistemática del Gobierno provincial para desalentar la participación.
Para ser parte de una audiencia hay que pedir un permiso. En este caso, se presentaron la familia Rea, la Fundación Refugio, el propio Morandini, la organización El Ocultar –que nuclea a los vecinos de la zona– y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Pero el Gobierno rechazó el pedido de los últimos tres y casi impide la participación activa de los Rea, que tuvieron que hacer un escándalo para ser tenidos en cuenta.
El presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak, hizo hincapié en las groseras contradicciones en las que incurrió el Ministerio de Ambiente.
Primera. De acuerdo al Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la finca el Totoral está ubicada sobre un punto en el que confluyen áreas protegidas, zonas pasibles de desmonte y terrenos de uso intermedio, es decir, que pueden ser parcialmente desforestados. Sin embargo,actualmente la provincia está revisando su mapa con el objetivo de agregar una serie de Áreas con Valor de Conservación (AVC) y corredores ecológicos que las unan. Y El Totoral está, justamente, dentro de esas áreas.
Segunda. La finca está ubicada dentro de un Área de Gestión Territorial Integral (AGTI) llamada Los Palmares, en el núcleo de la cual hay una reserva, en cuyos alrededores la actividad productiva debería ser compatible con la necesidad de conservación.
“Es una contradicción que el mismo ministerio que propone conservar un área autorice desmontes. El problema es que en el expediente no se menciona nada de eso“, advirtió Leak a Infobae.
Usualmente, entre 10 y 15 días hábiles luego de la audiencia se concede el permiso definitivo de desmonte, por lo que es posible que en breve Martino y sus socios consigan la habilitación.
Los Rea podrían perder sus terrenos.
El tema prácticamente no trascendió en Salta, hasta que la semana pasada el diputado Jesús Ramón Villa alertó a sus colegas por los desmontes en Rivadavia y puso como ejemplo el caso de Martino, aunque no brindó muchos detalles.
“Esto es una figurita repetida, algo que sufrimos a diario. Los que quieren desmontar y quedarse con los terrenos suelen ser personas con poder político, económico y mediático, y siempre se salen con la suya“, le dijo el diputado a Infobae.
Morandini contó que el entrenador de la Selección se enojó con la divulgación del caso y lo insultó. “Nosotros estuvimos conteniendo la noticia, porque queríamos llegar a una instancia de diálogo, pero la información es pública y no hay motivo para ocultarla. Martino me dijo de todo, que él ya había pagado para levantar un embargo y que no iba a poner un peso más, que cerraba toda negociación“, recordó. Y agregó: “Primero nos ofreció una hectárea, después 10 y al final 100, porque no entiende cómo funcionan los modelos de producción acá. La familia lo único que pide es que respeten sus tierras. No quieren plata, sino seguir viviendo y trabajando en paz”.
El expediente exhibe varias irregularidades y contradicciones.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Martino compró junto a tres socios dos de los catorce lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Son más de 5 mil hectáreas en total. Pero se encontró con que allí vive desde hace unos 120 años la familia Rea y que otra treintena de familias usan esos terrenos para pastar.
Los Rea son ocho: la madre con siete hijos. El padre falleció hace unos años, al igual que otros dos hijos. Argumentan que siempre vivieron allí y que son la quinta generación instalada en un puesto bautizado como La Esquinita, porque queda justo en un ángulo de los dos lotes que compró Martino. Sus terrenos son explotados también por una veintena de familias del vecino paraje el Lecheronal y otra diez del paraje Climaco. Son los legítimos propietarios de las tierras, aunque nunca reclamaron judicialmente su titularidad, pese a que están en condiciones de hacerlo.
Infobae intentó comunicarse con Martino para conocer su versión, pero los voceros del DT no respondieron a los pedidos de entrevista. Aún así, este medio pudo reconstruir su posición en base a varios testimonios que brindó en distintos canales informales. Al parecer, Martino dice que compró los terrenos de buena fe, que no sabía que había gente viviendo y que su objetivo no es explotarlos, sino hacer un negocio inmobiliario.
Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.700 hectáreas y de desbajerado sobre otras 700. El DT asegura que desde el propio gobierno de Salta le recomendaron que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador.
A primera vista, dos cosas llaman a la atención. Por un lado, si Martino tiene razón, sería grave que un Gobierno provincial promueva el desmonte. Por otro, en lugar de accionar contra el vendedor –que lo habría estafado y le vendió una propiedad que al poco tiempo fue embargada–, el técnico busca avanzar contra la familia Rea, a la que le ofreció apenas 100 hectáreas.
El problema de fondo son los desmontes y los desalojos a comunidades criollas y originarias. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente nacional, entre 1998 y 2014 se desmontaron, sólo en Salta, 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Es la provincia más afectada, detrás de Santiago de Estero.
La Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aseguran que parte del problema tiene que ver con dos decretos del gobernador Juan Manuel Urtubey que violan abiertamente la ley de bosques, ya que consagraron la posibilidad de rezonificar terrenos a simple solicitud del titular de la finca para que puedan pedir permisos de desmonte. En Greenpeace estiman que esta maniobra habilitó la deforestación de unas 120 mil hectáreas que están protegidas, casi un tercio del total de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la ley en 2007.
El caso de Martino va en esa línea: el gobierno provincial promoviendo el desmonte y priorizando los agronegocios. La mayoría de los terrenos suelen usarse para la ganadería. A lo sumo se planta maíz y sorgo para los animales. Pero en Salta no son pocos los que creen que en cualquier momento el INTA aprobará una semilla transgénica de soja capaz de ser cultivada en la zona.
La ley de bosques exige una serie de requisitos para autorizar un desmonte, entre ellos, la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y social, celebrar una audiencia pública y respetar los derechos de las comunidades que usan los bosques. Martino habría cumplido con los tres, pero sólo en apariencia.
Uno de los que se acercó a la familia Rea para ofrecer su colaboración es Nahuel Morandini, un técnico de la Universidad Nacional de Salta que es parte de una cátedra sobre ecología y que tiene familiares en la zona. Le contó a Infobae que el estudio de impacto ambiental y social lo hizo el experto en agronegocios Gonzalo Barni, un ex delegado de Bayer CropScience en Salta –según su cuenta de Linkedin–, quieninformó al Ministerio de Ambiente que en El Totoral no vive nadie y que ningún habitante de la zona usa la finca para pastar.
“El informe ambiental es una gran mentira y el social está lleno de contradicciones. Pero el problema vino después, porque la Provincia pidió que se haga un mapa de uso de las tierras por parte de las familias de El Lecheronal y de Climaco, pero antes de que Barni lo presente, una comisión del Ministerio de Ambiente viajó a El Totoral y llegó a las mismas conclusiones: que nadie vive en la finca, que nadie usa el lugar y que los reclamos que hay sobre la tierra son de otras personas“, explicó Morandini.
“Este proyecto en particular sobresale por el nivel de falencias técnicas del estudio de impacto ambiental.Es muy llamativo que técnicos profesionales aprueben algo con tantos problemas“, coincidió en una entrevista con Infobae el presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak.
El Ministerio de Ambiente finalmente aprobó el pedido técnico de desmonte. En la zona sospechan de los vínculos entre Martino y el gobierno de Juan Manuel Urtubey, ya que ambos se reunieron en enero de 2015, cuando el DT vacacionó con su familia en Salta, y el propio entrenador reconoció que fue el Ejecutivo el que le recomendó vender las tierras con la autorización de desmonte tramitada.
El último paso antes de la habilitación final fue la audiencia pública, que no es vinculante. Son contadas las veces en las que se logró frenar un pedido de desmonte. Se realizó el 12 de mayo, pero no en la zona, sino en la localidad de la Estrella, que ni siquiera queda en Rivadavia, sino en Orán, a más de 80 kilómetros por caminos de tierra que demandan no menos de dos horas y media en auto para llegar. De hecho, todas las audiencias que se hicieron por terrenos en el municipio de Rivadavia Banda Sur se celebraron fuera del departamento. Es una estrategia sistemática del Gobierno provincial para desalentar la participación.
Para ser parte de una audiencia hay que pedir un permiso. En este caso, se presentaron la familia Rea, la Fundación Refugio, el propio Morandini, la organización El Ocultar –que nuclea a los vecinos de la zona– y el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Pero el Gobierno rechazó el pedido de los últimos tres y casi impide la participación activa de los Rea, que tuvieron que hacer un escándalo para ser tenidos en cuenta.
El presidente de la Fundación Refugio, Andrés Leak, hizo hincapié en las groseras contradicciones en las que incurrió el Ministerio de Ambiente.
Primera. De acuerdo al Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la finca el Totoral está ubicada sobre un punto en el que confluyen áreas protegidas, zonas pasibles de desmonte y terrenos de uso intermedio, es decir, que pueden ser parcialmente desforestados. Sin embargo,actualmente la provincia está revisando su mapa con el objetivo de agregar una serie de Áreas con Valor de Conservación (AVC) y corredores ecológicos que las unan. Y El Totoral está, justamente, dentro de esas áreas.
Segunda. La finca está ubicada dentro de un Área de Gestión Territorial Integral (AGTI) llamada Los Palmares, en el núcleo de la cual hay una reserva, en cuyos alrededores la actividad productiva debería ser compatible con la necesidad de conservación.
“Es una contradicción que el mismo ministerio que propone conservar un área autorice desmontes. El problema es que en el expediente no se menciona nada de eso“, advirtió Leak a Infobae.
Usualmente, entre 10 y 15 días hábiles luego de la audiencia se concede el permiso definitivo de desmonte, por lo que es posible que en breve Martino y sus socios consigan la habilitación.
El tema prácticamente no trascendió en Salta, hasta que la semana pasada el diputado Jesús Ramón Villa alertó a sus colegas por los desmontes en Rivadavia y puso como ejemplo el caso de Martino, aunque no brindó muchos detalles.
“Esto es una figurita repetida, algo que sufrimos a diario. Los que quieren desmontar y quedarse con los terrenos suelen ser personas con poder político, económico y mediático, y siempre se salen con la suya“, le dijo el diputado a Infobae.
Morandini contó que el entrenador de la Selección se enojó con la divulgación del caso y lo insultó. “Nosotros estuvimos conteniendo la noticia, porque queríamos llegar a una instancia de diálogo, pero la información es pública y no hay motivo para ocultarla. Martino me dijo de todo, que él ya había pagado para levantar un embargo y que no iba a poner un peso más, que cerraba toda negociación“, recordó. Y agregó: “Primero nos ofreció una hectárea, después 10 y al final 100, porque no entiende cómo funcionan los modelos de producción acá. La familia lo único que pide es que respeten sus tierras. No quieren plata, sino seguir viviendo y trabajando en paz”.
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