Olmedo, el rey de la soja, entre concesiones fraudulentas, desmontes masivos y aludes
Publicado el 24 de Octubre de 2010
Por Alejandro Guerrero
La familia se benefició con la adjudicación de miles de hectáreas de bosques, propiedad de la provincia, para destinarlas a la siembra de la oleaginosa. Otorgadas por el ex gobernador Romero, fueron entregadas para su explotación por 64 años.
Seguir diciéndome rey de la soja ya no tiene sentido, creeme”, declaró hace muy poco Gustavo Grobocopatel. Ese título, desde hace tiempo, lo merece más el terrateniente salteño Alfredo Olmedo, de 75 años, que con sus 110 mil hectáreas es el mayor productor individual de soja en tierra propia de la Argentina. Su hijo –Alfredo Horacio, de 45 años, también explotador agropecuario, diputado nacional por el bloque unipersonal Salta Somos Todos– aspira a la gobernación provincial en 2011, en nombre de los intereses de su padre y de los suyos propios. Aliado y amigo de los ex gobernadores Juan Carlos Romero y Walter Wayar, Olmedo hizo algún ruido hace unas semanas, cuando presentó un proyecto de ley para reimplantar el servicio militar obligatorio, aunque sólo para jóvenes “sin recursos y delincuentes”, de modo que la juventud se encarrile gracias al “orden militar”.
Actualmente la lucha política por la gobernación ha pegado de lleno en la actividad empresarial de los Olmedo, por lo menos desde que en junio de este año la Legislatura de la provincia aprobó una ley que modifica la concesión sobre otras 362 mil hectáreas que le fueron entregadas por el gobierno de Romero, en el año 2001.
Se trata de la extensa zona boscosa que perteneció en otros tiempos a La Forestal -empresa de capitales ingleses que cometió una masacre histórica en 1920, en el norte santafesino- y luego a Salta Forestal SA, una empresa mixta entre la provincia y Fabricaciones Militares, que la gobernación de Roberto Ulloa liquidó y declaró sujeta a privatización en 1994. Cuatro años antes, cuando Hernán Hipólito Cornejo era gobernador, la Ley de Emergencia Económica y Reforma Administrativa del Estado había delegado en el Poder Ejecutivo la facultad “de declarar sujeta a privatización y/o liquidación aquellas empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuyo capital perteneciera total o parcialmente a la provincia”.
En mayo de 2000, ya bajo el gobierno de Romero, la provincia entregó esas 362 mil hectáreas a Ecodesarrollo Salta SA, una asociación de Olmedo Agropecuaria y la empresa Agropecuaria Cervera. El total del paquete accionario de Cervera es propiedad de Cresud, brazo agropecuario de IRSA, el grupo empresarial de Eduardo Elsztein.
La concesión se entregó por 64 años (35 con opción a otros 29). Según el contrato firmado con la provincia, Ecodesarrollo no pagaría canon alguno durante los primeros 20 años, y sólo debía pagar un impuesto anual fijo de 300 mil pesos. En 2003, Ecodesarrollo entregó a Cresud 132 mil hectáreas correspondientes a la zona norte de la concesión y a una parte de la zona sur. Ese traslado, irregular desde el punto de vista contractual, fue aceptado por Romero, decreto mediante.
De las 230 mil hectáreas que quedaron en poder de Ecodesarrollo, ya hay 20 mil en explotación, sometidas a un desmonte masivo. Las especies boscosas se transforman rápidamente en postes, carbón y madera empleados en los establecimientos de Olmedo Agropecuaria. El bosque destruido es remplazado en parte con la implantación de otras especies de ciclo corto, de no más de siete años, para comercializar subproductos de la madera.
Los desmontes fueron posibles gracias a la aprobación, en diciembre de 2008, de la ley provincial 7543. Elaborado por equipos técnicos de la Secretaría Ambiental y de la Universidad Nacional de Salta, el proyecto originario sufrió severas modificaciones en la Legislatura, de modo que se suprimió la protección a las regiones boscosas. Esto es: funcionó a pleno el lobby legislativo de la familia Olmedo. En aquel momento, el diario El Intransigente tituló: “Triunfó la corrupción sojera”. Dos días después de aprobada aquella ley, el gobernador Juan Manuel Urtubey la promulgó, pese a que organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas esperaban que vetara los artículos más polémicos. No lo hizo. El proyecto de ley había sido presentado por el entonces senador Alfredo Olmedo.
Urtubey recordó que “la Legislatura modificó esa propuesta con una mayoría abrumadora, prácticamente por unanimidad en Senadores y con dos o tres diputados en contra en Diputados. Obviamente, la voluntad de los legisladores está claramente expresada allí.” No le faltaba razón: la voluntad de los Olmedo había sido casi unánime: en Diputados, sólo votaron en contra Carlos Morello (Libres del Sur), y Pablo López y Patricia Poblete, del Partido Obrero.
De inmediato, el Consejo Superior de la UNSa autorizó a su rectora, Stella Bianchi, a presentar un recurso de inconstitucionalidad de aquella ley, pero la disputa judicial está hasta ahora en agua de borrajas.
Ahora la discusión recrudece, desde que en junio de este año la Legislatura aprobó una modificación de las cláusulas contractuales de la concesión de la ex Salta Forestal. En adelante, Olmedo y Cresud deberán pagar un canon anual del 10% de su producción. El diputado justicialista Pedro Sandez, aunque había respaldado la privatización en 1993, ahora exige que lisa y llanamente se anule la concesión. Otros diputados, como Claudio del Plá (PO) y Virginia Cornejo (Propuesta Salteña), dijeron que no hacía falta ley alguna porque el Estado mantiene en su poder la propiedad del 98% de las acciones y puede detener por sí el proceso de liquidación. Esos legisladores recordaron que el precio de mercado por el alquiler de tierras para explotación agropecuaria es el equivalente a unos 15 quintales de producción, pero Olmedo le paga 15 veces menos al Estado salteño.
Aun así, la aprobación de aquella ley hizo bramar a los Olmedo. Olmedo (hijo), representante en la Argentina de la automotriz japonesa Usuzi, dijo que recomendó a sus representados que no inviertan más en el país debido a la “inseguridad jurídica”.
Dicho sea al pasar, el de los autos no es el único negocio del diputado de Salta Somos Todos. El hijo del viejo terrateniente tiene a su vez 1100 hectáreas de olivares en La Rioja, con más de 3000 kilómetros de riego por goteo. Además, arrienda otras 30 mil hectáreas para producir soja, e importa, como quedó dicho, camiones y camionetas Usuzi.
LATIFUNDISTA TRADICIONAL. Alfredo Olmedo no se parece a los grandes sembradores de soja. A diferencia de los “pools de siembra”, como Los Grobo, MSU, El Tejar, La Redención-Sofro, Adecoagro y hasta su socio Cresud, Olmedo Agropecuaria trabaja sólo en tierras propias o, como se ha visto, en las que la provincia le entrega en concesión. Únicamente 10 mil de sus 110 mil hectáreas son arrendadas.
Olmedo padre, que apenas completó la primaria, vive en Rosario de la Frontera, una población de 30 mil habitantes con las aguas termales más calientes de Sudamérica. Tiene tres aviones privados y dicen que cuando compró el primero sobrevoló la provincia para elegir desde el aire las tierras que habría de comprar.
Al igual que los rivales de los “pools”, usa tecnología de punta en sus propiedades esparcidas en los departamentos salteños de Anta, Metán y Rosario de la Frontera, y en la provincia de Santiago del Estero. En los campos de secano (sin riego artificial) obtiene 2,3 toneladas de soja por hectárea; en otros, en los que ha introducido un buen paquete tecnológico, ese rinde se duplica.
CONTRA NATURA. A las 6 y media de la mañana del 9 de febrero de 2009, un cerro de agua y lodo cayó encima de Tartagal, en el norte de Salta. Hubo muertos, más de 1000 evacuados, una ciudad destruida. El desastre no obedeció a causas puramente naturales. “Sin la vegetación propia del lugar, la estructura de las laderas se vuelve cada vez más inestable. Sin retención suficiente, se acelera el escurrimiento superficial. Con poca retención y excesivo escurrimiento, las crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puente ni camino que resista. El ecosistema es dinámico y se repone, pero ante la explotación descontrolada muchas veces no tiene capacidad de cicatrización para mitigar el impacto de copiosas lluvias en tan escaso tiempo”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En ese momento, todas las miradas volvieron a caer sobre los Olmedo, aunque no sólo sobre ellos. A partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, propuesta por el senador Alfredo Horacio Olmedo, se llevan desmontadas 5 millones de hectáreas. Hasta hay una empresa dedicada específicamente a desmontar: JOFA, propiedad de Facundo Norberto y José Antonio Urtubey, hermanos del gobernador. El primero de ellos es también funcionario público provincial: es director de la Agencia de Promoción de Salta.
Incluso el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, ha sido señalado por ser propietario de uno de los aserraderos más importantes de la región y beneficiario directo de los desmontes masivos.
Hasta el momento, el gobierno de Salta no logra, a pesar de la ley, renegociar con los Olmedo la concesión de las tierras de la ex Salta Forestal. Los Olmedo y Cresud pagan un quintal de soja, unos 46 kilos, por cada 2,3 toneladas producidas por hectárea; es decir, un 2% y no el 10% que marca la ley. Como se ve, un negocio redondo.
Fuente: http://tiempo.elargentino.com/notas/olmedo-rey-de-soja-entre-concesiones-fraudulentas-desmontes-masivos-y-aludes
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