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25 de junio de 2015

Neocolonialismo y hambre, los agronegocios de la Soja Transgénica Salta Argentina by Sonia Alvarez Leguizamón

Publicado en Víctor Arancibia y Alejandra Cebrelli 2012 “Luchas y transformaciones sociales en Salta” Salta: Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología - CEPIHA, Facultad de Humanidades, UNSA, 300 p. ; 21x17 cm. ISBN 978-987-1602-04-9, ps 15 a 95. Foto de Tapa: Rodrigo Castro. *La publicación no ha incluido los epígrafes ni la mayoría de las imágenes por cuestiones de espacio.*Neocolonialismo y hambre, los agronegocios de la Soja Transgénica Salta Argentina



21 de febrero de 2012

Nuevos colonialismos en América del Sur y África

TESTIMONIO: Nuevos colonialismos en América del Sur y África

Radiografía de la megaminería
Por Javier Rodriguez Pardo*

Una de las características del capitalismo del siglo XXI es el auge del extractivismo, un fenómeno que no es nuevo pero que se ha reconfigurado al calor de las necesidades de la economía y el mundo global. El actual boom de los precios de las materias primas ha redibujado territorios, en el marco de leyes benévolas para las empresas extractivas. África y parte de Sudamérica son objetivo de firmas multinacionales que articulan intereses políticos, económicos y a menudo militares para llevar adelante sus negocios.

Argentina nunca fue un país minero (no confundir con un país con minerales). Sin embargo, en la actualidad presenta territorios subastados y ocupados por unas 80 megacorporaciones dedicadas especialmente a la extracción metalífera, la mayoría canadienses y del «club» de las Islas Británicas (Commonwealth). En 2011, los proyectos mineros argentinos sumaban más de 200, en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación, o esperando luz verde. De ellos, unos 60 corresponden a las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, medio centenar aún pretende operar en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y los restantes se desarrollan en las patagónicas provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que examinan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con una inexplicable laxitud legal: las cifras extractivas estremecen por el volumen de la devastación que se practica no solo en Argentina sino en el conjunto de América Latina.

Gas, petróleo, bosques, biodiversidad, minerales, agua y suelos fértiles fueron siempre los objetivos recurrentes de la política colonial, situación que hoy se magnifica con claridad en su adaptación neoliberal a través de reflotadas «invasiones» en nueva versión. El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile firmado por Carlos Menem y Eduardo Frei en 1997 es un buen ejemplo de neocolonialismo. Se trata de un instrumento legal que cede literalmente la Cordillera de los Andes a las firmas transnacionales y transforma vastos territorios en un virtual «tercer país» con legislación y código propios de funcionamiento: 4.441 km de frontera argentino-chilena y una franja de unos 150 km a cada lado componen ese nuevo territorio regido por el extractivismo. En el resto de la geografía argentina, las corporaciones mineras obtuvieron ventajas que no rigen para las otras actividades comerciales: un paquete de disposiciones jurídicas y un código minero, encabezados por la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, les permiten pagar regalías paupérrimas, las eximen de impuestos y gravámenes, les facilitan obtener subsidios en insumos y reintegros por exportaciones, al mismo tiempo que tributan con declaraciones juradas -con la evidente posibilidad de fraguar los datos- una vez que los bienes extraídos arriban al país de destino y no al atravesar la aduana. Las corporaciones mineras eluden, en definitiva, los controles reales que deberían tutelar las exportaciones. Un importante matutino porteño lo destacaba ya hace años con inocultable sorpresa: «los propios representantes de las empresas mineras comentaron públicamente que Argentina supera en oportunidades de negocios a Australia y a Estados Unidos merced a un marco legal conveniente en materia económica y fiscal, y flexible en el terreno medioambiental» (1)

América Latina padece las «invasiones» mineras porque la tecnocracia globalizada de las corporaciones descubrió la manera de extraer los minerales de baja ley, minerales críticos y estratégicos que faltan en el Norte y que abundan en partículas diseminadas en territorios del llamado Sur, a los que se accede dinamitando extensos ecosistemas, pulverizando rocas, destruyendo glaciares, expulsando a comunidades y contaminando con una sopa química las nacientes de acuíferos y las napas en las áreas donde se ejecuta la actividad extractiva. Todas las manifestaciones mineras registradas en las direcciones de los organismos provinciales respectivos figuran como polimetálicas; yacimientos de oro, plata, cobre y uranio contienen también minerales como molibdeno, renio y las llamadas «tierras raras», generalmente de mayor relevancia que el mineral madre motivo de la explotación. Del socavón de antaño se pasó a la minería a cielo abierto, y el open pit hegemonizó nuevos paisajes y convirtió territorios en verdaderos quesos gruyer. Los estragos que produce esta nueva minería, que desecha la linterna en el casco del obrero, son considerables: requiere de mayores volúmenes de agua, más energía para movilizar equipos y plantas y, cuanto más baja es la denominada ley mineral, de mayor cantidad de compuestos químicos con cianuro y ácido sulfúrico, más voladuras y más escoria arrumbada en los alrededores: por cada anillo de oro la minería abandona unas 20 toneladas de escombros, cúmulos de contaminación e impacto ambiental en todos los órdenes.



Pasivos ambientales

Como señalamos, las transnacionales mineras pagan en función de lo que informan en sus eclaraciones juradas, pero además, aunque se les aumente el canon, miles de proyectos dejarán un pasivo ambiental a perpetuidad. No se trata de unas pocas explotaciones capaces de comprometer un ecosistema; son cientos de mineras y subsidiarias que intentan operar en una misma provincia. «Pueblo minero, pueblo mísero», decía un antiguo proverbio del pasado europeo que repetían acongojadas comunidades mineras de asturianos y vascos. Sin embargo, el actual boomlatinoamericano es presentado como un proceso razonable por medio del cual los recursos deben ser arrancados de la tierra a cambio de trabajo y de ingresos escasos. Se les dice «recursos» porque se puede acudir a ellos, recurrir a ellos, pero ¿debemos hacerlo? ¿Quién lo decide, quién lo propone y por qué? ¿Con qué derecho se justifica semejante impacto y dolo si 86% del oro termina en las estanterías de los joyeros y la mayor parte del 14% restante, en las bóvedas de los bancos? Solo una minúscula porción (3%) del 14% remanente se utiliza en la industria. ¿Se acude al recurso o, en realidad, al bien común? La actual minería a cielo abierto extrae arrasando, apela al ecosistema y destruye su complejidad para obtener los bienes que son comunes a todos los habitantes. Las riquezas existentes en el planeta no son recursos naturales, son bienes comunes, pero en el debate nos dirán (ya lo hacen) que las viviendas, las rutas, los vehículos y los electrodomésticos, todo proviene de la minería y, en gran parte, de la minería metalífera. De modo que -proclaman los defensores más eufóricos- la irracionalidad y la demencia del ecologismo fundamentalista nos quieren hacer retornar a la Prehistoria; pero estos argumentos en realidad ocultan, por ejemplo, que el agua vale más que el oro y que la actividad minera la agota en regiones que solo cuentan con un par de oasis, como las provincias cuyanas de Mendoza y San Juan.

La lógica habitual del ingeniero minero únicamente entiende que si hay mineral y es rentable extraerlo, se extrae, y no acepta la discusión sobre dónde, cuándo, cómo, cuánto y para qué se extrae. Sin formularse estas preguntas, las empresas se dedican a derribar montañas buscando minerales que -metafóricamente- solo existen en polvo, minimizando el pasivo ambiental con cálculos que finalizan en las bolsas de valores del «Primer Mundo»; es que la roca mineral -extinguida- perdió su formato vetiforme. Es el saqueo al que se refieren quienes critican las aberraciones de la prospección minera y de la bioprospección, el que fue decididamente advertido en septiembre de 2002 en la ciudad de Esquel cuando el activismo social de ese pequeño pueblo de la cordillera chubutense proclamó «¡Vienen por el oro, vienen por todo!» y mediante un plebiscito derribó con 82% de los votos las intenciones mineras de la aurífera canadiense Meridian Gold.




La respuesta de los pueblos latinoamericanos no es violenta, al menos por el momento. Se trata de puebladas que intentan defender el agua y los territorios considerados como el bien común.


La respuesta de los pueblos latinoamericanos no es violenta, al menos por el momento. Se trata de rebeliones, puebladas que intentan defender el agua y los territorios considerados como el biencomún natural más preciado del hábitat. Curiosamente, el agua que escasea en países del Norte está presente en Argentina con relativa abundancia; sin embargo, en el Noroeste argentino, la escasez de agua y la desertización son alarmantes. Pese a ello, la minera bhp Billiton mandó perforar cinco pozos para, a través de dos acueductos de 3.000 litros por segundo cada uno, llevar agua dulce desde la provincia argentina de Salta hasta Monturaqui, una estación chilena que se encuentra a 25 km de Socompa y a 75 km de mina La Escondida. De acuerdo con estudios realizados para bhp Billiton, los acuíferos de Atacama están en franco retroceso y natural más preciado la producción de cobre de La Escondida no podría continuar sin agua (2) Son varias las explotaciones cupríferas chilenas que esperan el agua dulce que se bombeará desde el desierto salteño para lixiviar las rocas metalíferas. Una de ellas es mina Zaldívar, de Barrick Gold, ubicada a solo 10 km de La Escondida y a distancia semejante de Chuquicamata, gigantesca mina chilena de cobre a cielo abierto que opera Codelco, en Calama, y que consume 1.800 litros de agua dulce por segundo durante las 24 horas.

Hace 500 años se detectaban minerales a ojo, hoy se los detecta mediante satélites. La teledetección es un método eficaz para que los riesgos de inversión minera y los costos de la búsqueda de yacimientos se reduzcan sustancialmente. En 1900, eeuu obtenía cobre 5% de ley mineral; el que obtiene hoy apenas llega a 0,4% de ley. El planeta colapsa y la principal potencia mundial continúa con igual o mayor derroche; cada estadounidense consume por año casi 20 toneladas de minerales. La pregunta recurrente es qué planeta sería este si China consumiera la misma cantidad de minerales por habitante, y
la respuesta es única: tendríamos un mundo inhabitable. Si consideramos que dentro de 40 años se habrá duplicado la cantidad de habitantes del planeta, habría que imaginar entonces una respuesta que evite la inmolación humana.






Adnan Khashoggi fue accionista de Barrick Gold Corporation; multimillonario traficante de armas árabe saudita, aliado de Bush y famoso por sus ventas ilícitas de armas a Irán

Para las corporaciones transnacionales como Barrick Gold, estas cuestiones parecen ser manejables sin reparar en los métodos. Basta recordar cómo fue creciendo la minera mayor del oro, de la mano de George Bush (padre), Adnan Khashoggi y Peter Munk (3). Para nosotros, se trata de un caso testigo. En su condición de ex-presidente, Bush se convirtió en un importante accionista de Barrick y miembro honorario de la junta de asesoría internacional de la empresa. Adnan Khashoggi fue accionista de Barrick Gold Corporation; multimillonario traficante de armas árabe saudita, aliado de Bush y famoso por sus ventas ilícitas de armas a Irán (4), fue detenido luego por el tráfico de armas a los «contras» nicaragüenses. Peter Munk fracasó en los negocios y pasó a ser un niño mimado de la monarquía británica, socio de Khashoggi y presidente de Barrick Gold Corporation. Brian Mulroney, ex-primer ministro de Canadá, director y mediador de Barrick, asistió en los comienzos mineros a Bush en la junta internacional de la empresa. En una nota que publicamos en La Séptima (5), revista sanjuanina en la que denunciamos las actividades de Barrick en los yacimientos de Veladero y Pascua Lama, reprodujimos un texto del periodista Anton Chaitkin que afirma que «la inversión inicial mayoritaria de Barrick fue aportada por Khashoggi y algunos socios suyos del tráfico de armas, que por aquellas fechas organizaban el trueque de armas y drogas entre Irán, Israel y Nicaragua, que condujo en 1986 al escándalo de Irán y los contras» (6). La representación legal de Barrick Gold en la provincia de San Juan respondió duramente al artículo, amenazó con iniciar acciones legales contra mí y exigió el derecho a réplica con el mismo espacio utilizado por las notas publicadas. Sostuvo que «aseverar que el Sr. Munk o cualquier persona en Barrick está involucrada con el narcotráfico o venta de armas es totalmente irresponsable, injurioso, escandaloso e indignante» (7) Mi respuesta, por así decirlo, fue un nuevo informe: «Barrick miente», que ratifica el dossier cuestionado (8). La doctora Jimena del Valle Daneri, representante legal de Minera Argentina Gold sa y Barrick Exploraciones Argentinas sa, ambas subsidiarias de Barrick Gold Corporation, según copia del poder que adjuntaron (en la causa legal que sugirieron iniciarme), no niega la vinculación de Barrick con el ex-presidente de eeuu, pero se esmera en rechazar «toda participación de Bush en el proyecto minero de Zaire», entre otras consideraciones.




Peter Munk: "Fabricación de un magnate moderno"

Por otra parte, la biografía autorizada de Munk, Peter Munk: fabricación de un magnate moderno (9), describe vínculos, acciones y negocios del presidente de Barrick Gold y permite rastrear socios y orígenes empresarios, asociaciones investigadas judicialmente y, sobre todo, el método para sortear dificultades financieras y políticas.

Traficante de armas y amante del lujo hasta la excentricidad -su yate favorito apareció en una película de James Bond-, Khashoggi merodeó todos los grandes escándalos de los años 70 y 80. Entre otros, el Irán-contras, el bcci, el banco de Gaith Pharaon, del megalavado y hasta la desaparición del patrimonio (mal habido, claro) de los filipinos Ferdinand e Imelda Marcos, por cientos de millones de dólares.(10)

Además, Khashoggi fue socio de Munk en emprendimientos hoteleros. El empresario saudí fue arrestado en 1989 por fraudes relacionados con propiedades inmobiliarias adquiridas por el matrimonio Marcos en Manhattan y cuadros que desaparecieron del Museo de Arte Contemporáneo de Manila (11)

Respecto de la mina Goldstrike en Nevada, la defensoría legal de Barrick que contraatacó mi escrito en la provincia de San Juan insistió en que «el Sr. Bush no tuvo desempeño alguno en la adquisición de esa mina para Barrick»; contesté recomendando repasar los numerosos artículos periodísticos sobre el tema, en particular uno escrito por Mark Sonnenblick que describe cómo «George Bush le regaló 10.000 millones de dólares a Barrick Gold» (12), o mejor aún, la denuncia del 11 de marzo de 1993 en la subcomisión respectiva del Congreso Nacional de eeuu, efectuada por Philip M. Hocker, presidente del grupo ambientalista Mineral Policy Center.

Por razones de espacio, en mi artículo «La macabra Barrick de Bush» omití mencionar a un singular número de ejecutivos y accionistas privilegiados de Barrick. Se destacaba Andrónico Luksic, asesor de la firma minera y acaudalado empresario chileno. Luksic maneja los destinos de mina Pelambres, sobre la cordillera, en el límite con la provincia de San Juan, donde se asientan del lado argentino los yacimientos de cobre y polimetálicos Pachón, segunda explotación binacional en ciernes, como la de Pascua Lama. El empresario fue construyendo un imperio bancario en sociedad con el Hong Kong and
Shanghai Bank, conocido también como el «banco del tráfico de opio». En la actualidad, un proyecto conjunto entre Antofagasta Minerals -empresa perteneciente al grupo Luksic- y Barrick Gold los fuerza a litigar juntos contra el gobierno de Pakistán, que les impide explotar la concesión minera de Reko Diq por violar reglas locales (13)

Lo que seguramente causó mayor espanto en los lectores sanjuaninos de «La macabra Barrick de Bush» fue la descripción del genocidio en Zaire, que comenzó en septiembre de 1996, poco antes de la entrada de Barrick y Anglo American en esa zona minera. Los testimonios recogidos por Jeffrey Steinberg prueban que la invasión del este de Zaire coincidió con la entrada de Barrick y Anglo American para adueñarse exactamente de esa zona, y narran el espantoso genocidio llevado a cabo por fuerzas financiadas por franceses y británicos. En ninguna guerra -dice Steinberg- está ausente el botín. Este moderno mundo empresario incluye mafias sostenidas en estrategias globales para la apropiación de yacimientos, que enlazan a ex-oficiales de inteligencia, ejércitos y escuadrones de la muerte, sicarios de las mineras. Según Steinberg, la destrucción de África tiene un ideólogo: «Barrick Gold, junto con la Corporación Anglo American, con sede en Sudáfrica, está involucrada en las operaciones para arrebatarles los metales estratégicos a las naciones de África Central, mediante el mayor genocidio per cápita que se haya visto en los tiempos modernos» (14)

El auge del teléfono móvil desató la guerra del coltan, un mineral que extiende la vida de las baterías y combina dos metales: colombita y tantalita, de los que se extraen el tántalo y el niobio. Según parece, el continente guarda 80% de las reservas mundiales. Con el coltan se fabrican potentes teléfonos celulares y misiles balísticos intercontinentales, y su precio supera varias veces los del tungsteno y el oro; el mundo de la electrónica, la ciencia del espacio y las centrales nucleares dependen del desarrollo de este mineral (15). En 1997, al caer en Zaire el presidente Mobutu (apoyado por capitales franceses), irrumpe
Laurent Kabila, apoyado por Ruanda y Uganda (y sostenido por eeuu y Gran Bretaña), a costa de millones de caídos en enfrentamientos tribales sangrientos. En menos de un año, el conglomerado de intereses antimobutistas conquistó Kinshasa y cambió el nombre del país, que pasó a llamarse República Democrática del Congo. Las grandes empresas mineras anglosajonas obtuvieron concesiones en Katanga, al sur, área rica en cobre y otros minerales. Entre los beneficiados por el nuevo reparto destacan tres: Barrick Gold, de Canadá; American Mineral Fields, en la que Bush padre también tenía intereses, y la sudafricana Anglo-American. Las empresas francesas, aliadas de Mobutu,
quedaron fuera. Pero Kabila muy pronto cayó también en desgracia al proyectarse como un nuevo Lumumba, cuando comenzó a exigir a las transnacionales el pago de impuestos por la explotación de las riquezas mineras...




El antiguo Congo quedó convertido en el escenario de una guerra en la que han participado directamente los ejércitos de siete países. Madeleine Albright lo llamó la «Primera Guerra Mundial africana»

La Organización de las Naciones Unidas (onu) no duda en afirmar que el estratégico coltan financia estos genocidios y es una de sus causas, pero el resto de los minerales también siembran muertes que benefician a las corporaciones transnacionales: el antiguo Congo quedó convertido en el escenario de una guerra en la que han participado directamente los ejércitos de siete países. Madeleine Albright lo llamó la «Primera Guerra Mundial africana»: las fuerzas de Kabila, Angola, Zimbabwe, Sudán y Chad en un bando; tres guerrillas congoleñas, Ruanda, Burundi y Uganda, en el otro. El expolio de diamantes, oro y coltan del este del Congo llevó a los ejércitos de Ruanda y Uganda a enfrentarse a tiros tres veces (dos en 1999 y una en 2000) por el control de Kisangani (16).

Los propios ingleses divulgaron los sucesos de manera impactante. El influyente diario The Times, de Londres, publicó una opinión concluyente:

En noviembre de 1996, Washington acordó su apoyo diplomático a la rebelión en el este de Zaire, formada esencialmente por los tutsi (etnia fundadora del fpr de Kigali, entonces en el poder), que se saldó con la caída de Mobutu. En consecuencia, los medios franceses ven una conspiración anglófila con Kabila, en la que Inglaterra pone su experiencia de la era imperial, y los americanos, el dinero y el entrenamiento militar que los tutsi han necesitado para invadir el Zaire en solo siete meses. Puede que la teoría de la conspiración oculte una verdad. Entre los beneficiarios del cambio de régimen se encuentra
George Bush, que con el ex-primer ministro canadiense Brian Mulroney es consejero de la Barrick Gold de Toronto y ha obtenido de los rebeldes una concesión minera de oro de 80.000 km2, en el noreste de Zaire. Pero la conspiración es más profunda y más sutil.(17)

Este análisis no recibió objeciones de los involucrados. En cambio, los sucesos de Tanzania preocuparon mucho más a los magnates de Barrick y a sus vinculados políticos. Los abogados de Barrick que contestaron mi artículo «La macabra Barrick de Bush» también se preocuparon por desmentir mi nota referida a esos hechos: 400.000 personas, mineros artesanales, granjeros, campesinos, comerciantes pequeños, fueron desalojados por la fuerza de Bulyanhulu, en la región de Shinyanga, Tanzania central occidental, después de dos años de lucha en los que gobierno y mineras reclamaban el enclave de los depósitos del oro. Según varias denuncias, más de medio centenar de trabajadores fueron muertos (al parecer enterrados vivos) cuando en 1996 las autoridades y la compañía minera canadiense decidieron rellenar los pozos de extracción (18). El trabajo sucio quedó hecho, y en marzo de 1999, Barrick Gold Corporation adquirió los depósitos de Bulyanhulu al comprar la Sutton Resources y su subsidiaria de Tanzania, responsables directas del genocidio. En el Foro Económico Mundial de 2007, Munk respondió las acusaciones afirmando que «cuando vamos a Tanzania o a Argentina o a la punta de Paquistán, aplicamos los mismos estándares ambientales y antipolución que en la Columbia británica». Las evidencias parecen refutarlo.

En secuencia semejante, Barrick opera mina Porgera, en Papúa Nueva Guinea. La misión Human Rights Watch investigó denuncias sobre expulsión de poblaciones y violaciones a mujeres de la comunidad local por parte de fuerzas de seguridad de Barrick Gold. Fui testigo presencial de las acusaciones en el Parlamento de Ottawa, llevadas a cabo por los indígenas a los que Barrick les incendió las viviendas. Los congresistas canadienses, preocupados por los métodos extractivos de sus empresas en el extranjero, trataban entonces un proyecto de ley (C-300) con ánimo de regularlas y controlarlas, motivo por el cual fui invitado a exponer en el Congreso. Pero en definitiva el proyecto no prosperó, precisamente debido al poder del lobby minero.




Veladero, Argentina



En los cinco continentes, Barrick se ha teñido de sangre (como en mina Pierina, en Perú) y ha ejecutado fraudes (la mina El Indio jamás tributó al fisco chileno al no declarar ganancias). Barrick fue noticia por contaminación, destrucción territorial y saqueo, con derrumbes (Lake Cowal, Australia), derrames degasoil y multas (Veladero, Argentina) e informes de impacto ambiental adulterados, en los que se mencionaban inexistentes cuerpos de hielo de diez años de antigüedad, cuando en realidad se trataba de glaciares que la empresa intentó trasladar con palas mecánicas. En 2008, el Fondo Soberano Noruego se deshizo de las acciones de la Barrick Gold por razones de ética ambiental; concretamente, condenó los «daños irreparables» en Papúa Nueva Guinea (19).



Papúa Nueva Guinea


Son varias las puntas del neogenocidio empresario trasnacional. Como ha afirmado Noam Chomsky,
A comienzos de año, luego de que se informó que abogados del Departamento de Justicia de eeuu intentaron demostrar que el presidente podía autorizar el uso de la tortura, el decano de la Facultad de Derecho de Yale, Harold Koh, dijo alFinancial Times: «La idea de que el presidente tiene el poder constitucional de permitir la tortura es como decir que tiene el poder constitucional de cometer genocidio». (20)



Noam Chomsky en la Facultad de Derecho de Yale

A medida que los pueblos resistan, la respuesta de las potencias industrializadas también se endurecerá; necesitan perpetuarse, consolidar su dominio en un futuro que se presenta incierto para todos, en un planeta colapsado por una devastación consumista que ofrece cada vez menos insumos. Gran parte del Norte insiste con un modelo económico tan agotado como errátil e igualmente defiende su estatus de derroche y de poder, sabe que los recursos se acaban y los acopia, transfiere sus industrias contaminantes a regiones ignotas del Sur, mitiga su hacinamiento poblacional, la escasez de agua, el espacio territorial que perdió, y ejecuta para ello una irrupción masiva. Cobre y estaño, oro y diamantes dejaron de ser el botín preferido de las corporaciones mineras monopólicas que explotan las montañas orientales del Congo al aparecer el coltan, también frecuente en el continente sudamericano; estos minerales se convirtieron en la vedette de la minería, y muy pronto serían vitales para una variedad de artefactos electrónicos de la modernidad aeroespacial y médica (implantes) y para la industria bélica. De pronto los diarios europeos se tiñeron de sangre; eeuu decidió orquestar una guerra civil que desplazaría a gobierno y fuerzas congoleñas que no controlaba, como ya vimos, provocando dos millones y medio de muertos y más de medio millar aniquilados por los tutsi y otras etnias al cruzar en fuga y en éxodo la frontera. ¿Acaso eso no es genocidio?

El advenimiento de un sinfín de denuncias sobre violación de derechos humanos no se hizo esperar, al tiempo que Nokia, Motorola, Compaq, Sony y otras fábricas pertenecientes a japoneses, chinos, alemanes y norteamericanos comenzaban a dominar el mercado mediante firmas de la talla de Cabot Corporation, om Group de eeuu, la hc Starck de Alemania y Nigncxia de China, responsables de un genocidio escandaloso -si es que acaso hay algún tipo de genocidio que no lo sea-.

Los minerales críticos y estratégicos hoy son las «tierras raras», unos 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo xx no tenían aplicación y cuya utilidad se desconocía, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productora, a limitar las exportaciones de estos productos,
previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el «raro» neodimio. Otro componente de estas «tierras» es el lantano, crucial para las baterías de los automóviles, en la electrónica y en comunicaciones digitalizadas, la biotecnología, la balística intercontinental, el dominio de las patentes, el territorio, el poder del conocimiento, la hegemonía del poder; el Norte viene por todo y, para entonces, estos pueblos del hemisferio sur habrán transitado de la resistencia a la rebelión, aunque amen desesperadamente la paz.

En este plano, juega un papel crucial la Ley Antiterrorista, patrocinada en su momento por eeuu, por orden y presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (gafi), y secundada por gobiernos como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que lleva adelante una suerte de progresismo liberal desarrollista y una política pendular entre el revisionismo defensor de los derechos humanos y el apoyo a las corporaciones transnacionales extractoras de commodities. Esta ley permitiría juzgar acciones promovidas por militantes de movimientos sociales que ejercen el derecho a la protesta, que se oponen al uso licencioso del agua de la megaminería hidroquímica a cielo abierto, a la biodiversidad diezmada por el saqueo, rigurosamente defendida por campesinos y pueblos originarios. La criminalización de la protesta social es el resorte que les faltaba a las corporaciones transnacionales que condicionan sus inversiones al otorgamiento de licencias sociales para operar en paz su extracción utilizando trabajadores cautivos por necesidades básicas insatisfechas. Para el mundo globalizado de las corporaciones, un país con ley antiterrorista es un país confiable.

http://rodriguezpardo.blogspot.com
Javier Rodríguez Pardo




*Javier Rodríguez Pardo: Docente, periodista de investigación y militante de asambleas socioambientales. Fue fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut (mach), que frenó el establecimiento de un repositorio de desechos radiactivos en Gastre (Patagonia argentina). Es cofundador de Renace Argentina y autor de los libros En la Patagonia n o (Lemú, El Bolsón, 2006) y Vienen por el oro, vienen por todo (Ciccus, Buenos Aires, 2009). Integra la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina).

1. La Nación, 19/4/1996, en el marco de la conferencia «Haciendo minería en la Argentina».
2. El Tribuno, Salta, 15/4/2008.
3. V., por ejemplo, Hugo Alconada Mon: «Peter Munk, el polémico rey Midas de los negocios
mineros» en La Nación, Buenos Aires, 6/11/2011, disponible enwww.lanacion.com.ar/1420837-
peter-munk-el-polemico-rey-midas-de-los-negocios-mineros.
4. V. «Arabia Saudí intentó retener los fondos de Khashoggi al estallar el 'Irangate'» en El País,
17/2/1987, disponible en http://elpais.com/diario/1987/02/17/internacional/540514815_850215.html
5. «La macabra Barrick de Bush», 26/11/2004.
6. A. Chaitkin: «The Bush Gang and Barrick Gold Corporation» en Executive Intelligence Review
24 No2, 3/1/1997.
7. Carta fechada en San Juan, Argentina, el 9 de diciembre de 2004, dirigida a La Séptima y firmada por Jimena Del Valle Daneri.
8. La Séptima, 9/2/2005.
9. Donald Rumball: Peter Munk: The Making of a Modern Tycoon, Stoddart, Toronto, 1996.
10. H. Alconada Mon: ob. cit.
11. Félix Monteira: «Kashogui planea aceptar la extradición y evitar la cárcel» en El País, 21/4/19 8 9.
12. M. Sonnenblick: «George Bush's $10 billion giveaway to Barrick Gold» en Executive Intelligence
Review vol. 24 No2, 3/1/1997.
13. Sandra Novoa F.: «Luksic activará negociación con gobierno pakistaní para proyecto Reko» en La
Tercera, 3/12/2011, disponible enhttp://diario.latercera.com/2011/12/03/01/contenido/negocios/10-92675-9-luksic-activara-negociacion-con-gobierno-pakistani-para-proyecto-reko.shtml
14. J. Steinberg: «George Bush's 'Heart of Darkness'» en e i r vol. 24 N° 2, 3/1/1997. 15. Keith Harmon Snow y David Barouski: «El saqueo del Congo i» en Business in Africa Magazine (International Edition), 8/2006, reproducido en Rebelión, 28/9/2006, www.rebelion.org/noticia.php?id=38262 . V. tb. Ramón Lobo: «La fiebre del Coltan» en El País, 2/9/2001 y Deirdre Griswold
y Johnnie Stevens: «Bush y Clinton en la red: Tras el asesinato de Kabila» en Znet en español,
24/1/2001, reproducido en Rebelión, 18/7/2001, 180701.htm>; Alberto Vázquez-Figueroa: Coltan, Ediciones b, Barcelona, 2008; Kevin Fedarko, Peter Graff y Marguerite Michaels: «Death Cries of a Nation» en Time, 11/11/1996; José Ferraz: «El
coltan», video reportaje, 2006, disponible en http://youtu.be/NX8C-YSA2tY
16. Ver Ramón Lobo: «Ruanda, en busca del contexto 2 (1998-2010)» en Aguas Internacionales, blog
de El País.com, 21/7/2010, http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2010/07/ruanda-en-busca-del-contexto-19982010.html
17. Sam Kiley: «New Leaders Take Africa's Destiny Into Their Own Hands» en The Times, 20/5/1997;
Uwe Friesecke: «Strategic Considerations of the Rwandan Catastrophe of 1994», dossier preparado
para el Equipo de Defensa Caso Ntagerura, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Arusha,
Tanzania, 25 de junio de 2002.
18. Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher: Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Les Éditions Écosociété, Montreal, 2008. Las empresas Barrick Gold y Banro
negaron estas informaciones, acusaron a los autores de orquestar una campaña de difamación y
los demandaron por us$ 11 millones. V. «Dos mineras demandaron a tres investigadores por us$
11 millones» en b a e, www.diariobae.com/diario/2011/05/27/471-dos-mineras-demandaron-atres-investigadores-por-u$s11-millones.html
19. V. la respuesta de la empresa minera enwww.barricksudamerica.com/minera/temas_respuesta_fondo_inversion.php
20. «La presidencia imperial y sus consecuencias» en La Jornada, 5/1/2005.


Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nu e v a So c i e d a d No 237, enero-febrero de 2012, ISSN: 0251-3552,

8 de abril de 2011

“A ESTOS HAY QUE PARARLOS”

“A ESTOS HAY QUE PARARLOS”

ENTREVISTA CON JULIO ARIZA, PEQUEÑO PRODUCTOR
Por Gilda García y Osvaldo Quintana

Supo existir un tiempo en que la gente emigraba al campo buscando la tierra prometida, lejos de una ciudad alienante, soñando con hallar paz, tranquilidad y una vida más saludable. Irse al campo era sinónimo de vuelta a la naturaleza, significaba comenzar nuevamente con otra perspectiva. Algo así debe haber imaginado la familia Ariza cuando 18 años atrás, decidían hacer una elección de vida y trasladarse a una zona rural, en las cercanías de San Benito. Un tiempo antes de que irrumpiría en el país la llamada” fiebre sojera”.




La vivienda de los Ariza se encuentra por el kilómetro 400 en la zona rural de San Benito Sur. Unas quince hectáreas situadas a seis kilómetros de la ciudad de Oro Verde. Por un camino de tierra, luego de atravesar campos y más campos bajo un sol impiadoso, divisamos la señal de la que nos habían hablado: una cabeza de vaca apoyada junto a la tranquera.
“Hubieran preguntado por el loco que pegó un tiro y enseguida los orientaban”, dice al recibirnos Alicia Franco de Ariza. El “loco” en cuestión no es otro que Julio, su esposo, dueño de una reciente notoriedad tras haberle disparado a un mosquito que fumigaba al lado de su vivienda.
La cocina-comedor es amplia, la mesa, alrededor de donde nos sentamos, está cubierta de hojas con apuntes y algunos cuadernos. Alicia prende un viejo ventilador mientras pide que disimulemos el desorden. El marido junto a su hijo de 24 años y estudiante de agronomía, está al llegar. Mientras prepara el mate, nos cuenta que son novios desde que tenía catorce años, que es jubilada docente, que vivieron mucho tiempo en Paraná donde ella daba clases mientras su marido trabajaba de empleado bancario.

Sin estudios propios sobre sus efectos en seres humanos y el medio ambiente y con una velocidad digna de mejor causa, hace exactamente quince años, el gobierno nacional firmaba la resolución 167 autorizando la producción y comercialización de soja transgénica, con uso de glifosato. El documento dejaba al descubierto que solo se habían tenido en cuenta los estudios de una de las partes interesadas: la multinacional Monsanto.

Con las primeras fumigaciones aéreas en la zona, cada vez más constantes catorce años atrás, muchos vecinos comenzaron a sentir un olor que no lograban definir. El tiempo los llevó a atar cabos, pero ninguno sabía hasta entonces que aquello que caía del cielo, sin discriminar sembrados y poblaciones, era tóxico. “La gente de campo, los productores chiquitos, no saben nada de leyes- afirma Alicia- . Nosotros tomamos conciencia recién durante los cortes de ruta, cuando la presidenta dijo que el glifosato era tóxico”.

En el último tiempo Alicia bajó 18 kilos. Tiene anemia, glóbulos rojos bajos y blancos altos, algo llamativo ya que proviene de una familia de contextura más bien robusta. Sospecha que las fumigaciones no son ajenas a lo que le pasa. Relata con preocupación que le pidió al médico un análisis toxicológico. Allí se enteró que éste solo puede hacerse con una orden judicial. “Sé que todos vamos a morir. Es inevitable, pero yo no quiero sufrir”. La conversación queda flotando sobre un incómodo silencio interrumpido por el ladrido de los perros y el ruido de la camioneta acercándose.



Julio Ariza cuenta hoy con 66 años. Cuando vivía en Paraná se encargaba de hacer remates, entre muchas otras actividades. “Soy jubilado, tengo una miocardiopatia de riesgo, aparte soy epiléptico. Los nervios me descontrolan el corazón”. Al cumplir los 18 años le descubren un pequeño tumor en el parietal izquierdo. El médico le aconseja por entonces buscar un equilibrio, hacer algún deporte o recreación. O sino irse al campo. “Tardé cincuenta años en poder venir .Existen cincuenta años de razones para estar acá”.
El pequeño productor es metódico y locuaz al momento de narrar lo ocurrido. Lleva algunos apuntes en unos papeles que saca del bolsillo. Nos alcanza unas revistas que trae del pueblo. Señala una foto. “Así fumiga el INTA, ¿ven?, se ponen ese traje y fumigan, porque eso es veneno”.

Cuando se mudaron, allá por el año 1993, el sueño de los Ariza parecía haberse convertido en realidad: a metros de su vivienda existía un monte de diez hectáreas junto a un tajamar. El monte nativo tenía infinidad de especies: aromitos, espinillos, ñandubay, algunos algarrobos. La fauna era impresionante. Desde conejos hasta caranchos. Encendían la luz y encontraban diez sapos en el patio. Tardaron en habituarse al ruido ensordecedor de miles de ranas. Al tiempo les costó acostumbrarse al silencio. “Este año no vimos ni un sapo- relatan- ranas tampoco se ven más”.



Mediante un crédito del plan social agropecuario, la familia puso un criadero de chanchos. Tiempo después incorporaron un gallinero con pollos de campo. Todo iba bien hasta que, a los pocos años, el monte vecino se vendió. Después, la historia repetida: el nuevo dueño arrasó con monte y tajamar y los cubrió de soja. Al tiempo fumigó. Allí comenzaron los problemas: las chanchas empezaron a abortar, quedaron infértiles y se perdieron 30 lechones. La piara, que había sido construida cuando allí todo era monte, ahora tenía un sojal a cero metros del alambrado.

Después de algunas averiguaciones buscando las causas de lo sucedido, los Ariza llegaron a una conclusión: se trataba del glifosato. Cuando Julio le dio a conocer sus sospechas, que por aquel entonces ya eran certezas, Sergio Plez, el vecino en cuestión, le dijo muy suelto de cuerpo: “¿Sabes lo que pasó? La última vez el mosquito tenía que venir un día y vino al otro, había viento norte, pero le pedí que fumigue igual”.
Al poco tiempo, abortó también la chancha que había criado su hijo. Un aborto placentario. Así, mientras el vecino continuaba fumigando incumpliendo la ley, el pequeño productor efectuaba tres exposiciones ante la policía y una ante el juzgado de faltas de la Municipalidad. Hasta que el jefe de Policía le dijo, “no más exposiciones, acá la denuncia”. Y la denuncia fue a parar al juzgado de instrucción de la doctora Barbagelata.
“A partir de la tercera chancha que abortó y murió, Plez dejo de hablarnos- Sigue relatando Ariza- Lo llamábamos por teléfono y no atendía. Yo pensé: nos está agarrando de estúpidos. La primera vez hice la denuncia, la segunda una advertencia, a la tercera tiro. Y a la tercera tiré”.








Ese martes, como todas las mañanas, Julio estaba mateando en la cocina cuando, de pronto, escuchó un ruido. La esposa dormía y su hijo no estaba. Entonces salió de la casa y vio el mosquito. “Es la tercera –pensó- a este tengo que pararlo”. Dice que tiró de lejos, para asustarlo “¡que susto se pegó el tipo! Se bajó, me gritó. Era un empleado, un contratista que está obligado a saber que el viento llega en segundos hasta casa transportando el veneno. Cuando fumigas no debe haber viento. Me estaba matando a los animales, a mi mujer, a mí”. Al rato llegó la policía, luego el secretario del juez. Ahí fue cuando una justicia renga y sorda transformó a la víctima en victimario.
“Como no soy delincuente, dejé la escopeta acá nomas. Vino el fiscal y me las llevaron todas. Pero esto tomó un estado público que nunca imaginé. De las armas que encontraron, solo una de ellas funcionaba. “La escopeta era de mi padre y, como soy el hermano mayor varón, me traje todo. Una era de mi abuelo, que iba heredando el mayor de los varones. Ese sí mató gente en 1908 en Cuba. Tiene antecedentes”, dice con sonrisa pícara. Después agrega: “me han dicho que el abuelo debe de estar orgulloso”.

Debido a la multiplicidad de denuncias de vecinos y organizaciones ambientales sobre el efecto nocivo de agroquímicos.en enero de 2009 la presidenta Cristina Kirchner se vio obligada a firmar un decreto mediante el cual creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. El informe preliminar de la supuesta investigación arrojó dos conclusiones que parecen una verdadera tomadura de pelo.
La primera dice que “bajo condiciones de uso responsable, el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana o el ambiente”; la segunda, que “en Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios permanentes”. La conclusión que no se dice pero que trasunta el “informe” es muy clara: el Gobierno Nacional no tiene ninguna intención de realizar una investigación seria sobre el tema.


“…nos han robado/hasta la sonrisa. /Porque algunos pocos/que el alma perdieron, /nos están matando/y matan el suelo”. Todo lo que me pasa lo escribo, dice Alicia, es mi cable a tierra, mis cuadernos están lleno de poesías, tengo anotaciones de distintos casos parecidos al nuestro, donde pasó esto o donde pasó lo otro. Esto es como la fiebre de oro que veíamos en las películas. Solo que hoy es fiebre de soja. No piensan que sus hijos van a ser infértiles, que sus hijas pueden abortar. Nosotros tampoco sabíamos que existía una ley que protegía al monte nativo. En cambio hoy estamos hechos unos doctores”, bromea. Aunque sabe bien que todo lo sucedido ha dejado secuelas en la salud del grupo familiar, tanto que a Alicia le cuesta recordar ese tiempo donde aquello era algo lejano que le sucedía a otros y le cuesta borrar de su memoria esa profunda sensación de desamparo, cuando la policía irrumpía en su domicilio. “No apareció nadie. Ni el intendente, ni algún representante de la iglesia o del centro de salud. Y todo esto sucedió porque él fue a denunciar. Acá se han tiroteado, han roto mosquitos, han muerto animales, pero nadie denuncia, ni el dueño de los animales ni el dueño del mosquito, porque todos están en infracción”. “Parece mentira pero la angurria los enceguece- agrega enojado Ariza haciendo un gesto de fastidio- El médico me dice que debo estar tranquilo y este vecino me desarregla el corazón”.
Sin embargo el pequeño productor, actualmente procesado por presunto abuso de armas, considera que es necesario estudiar y juntarse para que estas cosas dejen de suceder: “No hagan lo que hice yo: empezar a estudiar esto cuando te pasa, porque ya es tarde. Todos debemos involucrarnos en lo que es la tierra, el agua, el aire. Estaría bueno lograr de a poco denuncias más colectivas. De lo contrario vamos a quedarnos sin nada. Porque hay otra forma de producir comida. Sucede que es más trabajo y más gasto. Y los ingenieros agrónomos tienen el veneno en la cabeza”.


En distintos ámbitos se escucha que la sociedad señala, critica y condena nuestras prácticas (a nuestro entender sin fundamentos), por participar de un modelo de producción hoy cuestionado. (…) cada uno de nosotros debe asumir con responsabilidad su rol profesional y luchar por hacer posible una producción sustentable, velando por el uso seguro de agroquímicos y el respeto por el medio ambiente. De esta manera aquello que tanto pregonamos, será realidad, y habremos dado respuesta a nuestra sociedad con un ejercicio profesional ético. (Ing. Agrónomo Héctor Tórtul, Presidente del COPAER - Revista institucional. Diciembre 2010)






Los Ariza coinciden en que no existen prácticamente controles por parte del gobierno para el cumplimiento de la ley de agroquímicos. “La ley habla de que los municipios deben controlar y archivar la receta agronómica, de que serán juzgados por la misma secretaria de agricultura. Pero eso es como si un delincuente tuviera que cuidar a otro. La única intervención que le da la ley a la policía es recepcionar la exposición y derivarla a esa secretaria.
La ley dice también que no puede haber criaderos de chanchos a menos de mil metros de distancia de gallineros de pollos, habla de que no puede plantarse soja dentro del perímetro del campo donde esté el gallinero. Héctor Tortul, presidente del COPAER, vive de este lado de la ruta. Del otro, a unos seiscientos metros, hay 20 mil pollos de grupo Motta. El mismo fiscal entendió cuando le dije: “ese pollo parrillero no se muere porque tiene sesenta días de vida y se venden muy chicos, pero la gallina que tiene dos años de vida, sí.” “Estamos comiendo veneno”, me respondió. El campo de Tortul tiene soja, tuvo glifosato, herbicida, insecticida, tiene los chanchos, y este señor es el encargado de firmar las recetas agronómicas, es quien juzga si está bien o mal lo que hace Plez. Hay ingenieros agrónomos que son representantes de las empresas agroquímicas. Y están también quienes los venden”. Sergio Plez, en tanto, continúa fumigando, incumpliendo la ley, ahora escoltado por policías armados. Con la prepotencia de quienes se saben impunes.

Luego que desmontaron, en casa de los Ariza duerme una pareja de halcones. En el galpón búhos de cabeza blanca sacan sus pichones. Ya no se ven más ranas, ni teros ni garzas. Antes había caranchos que se comían las vaquillonas que morían. El que comía la carroña no está más, se lamenta Alicia, y uno no puede evitar pensar que en esta Argentina de fantasía, aquellos nobles animales han sido reemplazados por otros caranchos, aquellos que arribaron para devastar el territorio y quedarse con las riquezas energéticas y mineras, con el suelo y el agua.
“Esta historia continúa”, dice Julio. Actualmente su familia atraviesa un difícil momento por el perjuicio económico sufrido, con una justicia lenta y un estado cómplice. “Estamos viviendo con dos jubilaciones mínimas. Nosotros con eso y los pollos andábamos. Criábamos chanchos para que nuestro hijo pueda tener el vehículo y continuar sus estudios .Hoy solo pedimos que se cumpla la ley de agroquímicos y el resarcimiento de los animales muertos. Que nos paguen lo que nos mató. Mi hijo quiere trabajar, no queremos subsidios ni vivir del gobierno. Yo le digo a él que algo tenemos que hacer, no podemos seguir así porque nos va a terminar matando. Vas a tener que vender el campo y yo voy a estar en ese campo, ¿cómo vas a venderme a mí? Sé que es una multinacional muy grande, muy poderosa. Pero recordemos, cuando Goliat enfrentó a David, él se confió, por su tamaño, por la fuerza y avanzó. El pequeño David esperó el momento, tiró con una pequeña honda y derribó al gigante. Lo que estoy seguro es que no tenes que tener miedo y ser paciente”.
La paciencia, aquella que se le acabó una mañana a Don Ariza. La paciencia, esa que se les está acabando a muchos vecinos que empiezan a organizarse, porque no logran entender como puede ser beneficioso para el país un modelo que enriquece a unos pocos, enfermando y matando todo lo vivo que existe.
“Este no es el único caso, hay muchos otros que están ocurriendo pero no se dan a difusión. Nos enteramos los que estamos preocupados. Los ambientalistas, ustedes, pero todos son muy pacíficos”- define. Luego se ríe al recordar que alguien le sugirió colocar un cartel en la entrada diciendo “no tengo perro pero sí buena puntería”.
Después, este pequeño productor que confiesa con orgullo su origen vasco se pone serio, apura el mate y ensaya una definición: “Yo no estoy en contra de ellos. Por mí pueden hacer toda la plata que quieran, pero el derecho de ellos termina en el alambrado, donde empieza mi derecho a vivir”.

(Las fotos que acompañan la nota corresponden a una de las últimas fumigaciones efectuadas en el campo de Plez y fueron cedidas por la familia Ariza)
FUENTE: Revista EL COLECTIVO Nº 32
http://elcolectivo2004.blogspot.com/2011/04/estos-hay-que-pararlos.html

1 de abril de 2011

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja




Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja



En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional

Fuente: http://glifosatoenbuenosaires.blogspot.com/2010/11/otra-campana-del-desierto-ahora-por-la.html

1 de marzo de 2011

Santa Fe: histórico fallo frena agrotóxicos

Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe





La Justicia de Santa Fe prohibió, con fallo firme, fumigar en cercanías de zonas urbanas. El caso marca un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Anuncian nuevas presentaciones judiciales.
Zona libre de agrotóxicos en Santa Fe
Luego de dos años de disputa judicial, donde en primera y segunda instancia los jueces cuestionaron y limitaron el uso de agroquímicos, la Justicia de Santa Fe acaba de dejar firme la prohibición de fumigar en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge. Es el primer caso de Argentina donde, con fallo firme, la Justicia prohíbe las fumigaciones para proteger la salud. El expediente judicial, que marca jurisprudencia para centenares de denuncias en todo el país, invoca el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas), cuestiona al glifosato (pilar del cultivo de soja) y apunta a un modelo agropecuario en base a agroquímicos. Anuncian nuevas presentaciones judiciales para cientos de pueblos afectados por fumigaciones.
A los cinco días de nacer, Ailén tuvo su primera intoxicación con agroquímicos. Y comenzó el calvario: médicos, internaciones, estudios, ahogos permanentes, desmayos, cócteles de medicamentos para poder respirar. Siempre, casualmente, sus malestares eran precedidos por fumigaciones en un campo de soja vecino. El sentimiento más básico, proteger a su hija, llevó a Viviana Peralta –una ama de casa de un barrio humilde de Santa Fe– a pisar por primera vez tribunales. Pidió mediante un amparo que se privilegie la salud de los niños por sobre los negocios agropecuarios. Fue el inicio de la causa.
“Me decían que estaba loca, pero desde que frenamos las fumigaciones nuestros hijos dejaron de enfermarse”, resume Viviana Peralta, remarca que son muchos los vecinos que trabajaron juntos para proteger la salud de los niños y aún no sale del asombro por los llamados de otras provincias y de Europa, donde “el caso San Jorge” (como comienza a conocerse) marca un hito en la lucha contra un modelo rentable, en manos de empresas, pero con costos sanitarios y sociales.
En marzo de 2009, Viviana Peralta –junto a otros vecinos del barrio Urquiza– y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) presentaron el amparo. El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre de 2009, ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y dio un paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esa manera, por primera vez, se invirtió el cargo de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serían los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrían que demostrar la inocuidad de los químicos.
Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utilizó como una de las bases de su fallo, enumeró siete casos en los que fue implementado y destacó que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenaza de daño al ambiente o la salud humana”.
La Cámara ordenó al gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción y la cartera de Salud, que elabore informes donde pruebe que los agroquímicos no afectan la salud ni el ambiente. También solicitó la intervención de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esas investigaciones tendrían como destino el Juzgado de Primera Instancia, para decidir si revertía o reafirmaba la medida.
Fechada el 21 de febrero pasado, pero dada a conocer el jueves, la nueva resolución judicial resume: “Resuelvo disponer con la prohibición impuesta en la causa”. Dos líneas, en lenguaje jurídico, históricas, que establecen la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas). La medida es para el barrio Urquiza, a las afueras de San Jorge, ciudad de 25 mil habitantes ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia.
En diez carillas, el juez Tristán Martínez dictaminó: “Los informes no han dirimido el interrogante de si es conveniente continuar con las fumigaciones o no. De todos modos, tras su evaluación, me permito concluir que todo parece indicar que la deducción comulga más con la segunda alternativa (la prohibición) que con la primera (permitir la fumigación)”. Deja constancia de que el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe y lo toma como un indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones.
Sí cumplió el Ministerio de Salud, que reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar. Si bien no confirma la conexión, plantea la hipótesis como “bastante plausible”, factor de peso para que el juez sostenga la medida y dé lugar al principio precautorio.
El juez Martínez marca precedente: “(De los informes científicos) No surge con grado alguno de convicción que sea conveniente continuar con las fumigaciones, sino todo lo contrario”. Explica que luego de “leídos y releídos” los informes del Ministerio de Salud y de la Universidad del Litoral se deja atrás la “duda relevante” mencionada en segunda instancia y se dirige hacia la “certeza” de que es necesario limitar las fumigaciones: “Dado por reproducidos cada uno de los argumentos (...) el resultado no puede ser otro que continuar con la prohibición impuesta, conforme en definitivo. De lo aportado no surgen elementos que avalen otra solución”.
La ONG Cepronat, que acompaña a los vecinos en la acción judicial, integra la “Campaña Paren de Fumigar”, donde participan 70 pueblos de Santa Fe y también está presente en Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. “Luego de tantos años de denuncias, y que nos trataban como locos, la Justicia confirmó que los pueblos fumigados tienen razón. Con este antecedente, vamos a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia”, anunció el presidente del Cepronat, Carlos Manessi.
Manessi remarcó que “no se trata sólo del glifosato, sino del modelo agropecuario con consecuencias sanitarias y sociales”. Y recuerda que “el uso de agrotóxicos en Argentina está autorizado en base a los ‘estudios’ de las propias empresas, y no con investigaciones independientes. Cuando se comienzan a revisar los estudios serios de científicos no comprados, sobrevienen fallos justos, como el de San Jorge”.
Un fallo con prueba científica
La Justicia de Santa Fe, a lo largo de la causa, revalorizó los testimonios de los afectados, resaltó la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y citó trabajos científicos independientes que alertan sobre los efectos del glifosato. La histórica resolución judicial del juez Tristán Martínez también hace hincapié en una recopilación de trabajos científicos y técnicos presentada por la Universidad Nacional del Litoral: “No existen agroquímicos inocuos (...) Se ha comprobado que existe riesgo potencial de transporte de glifosato y su metabolito AMPA a las aguas subterráneas y superficiales (...) La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato, Roundup y otros, ha sido documentada con estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de agua dulce”.
La resolución judicial hace eje en la consecuencia del agroquímico en el agua. “Los efectos tendrían la capacidad de provocar cambios en las estructuras tróficas de las comunidades. Las interacciones a largo plazo en el herbicida glifosato y la microbiota (...) pueden provocar alteraciones en la cadena trófica y procesos biológicos en el suelo. No se puede afirmar que el glifosato sea inocuo para las poblaciones de organismos invertebrados terrestres.”
El juez recuerda que el glifosato ha sido recientemente clasificado como perturbador endocrino (obstaculiza la acción de las hormonas humanas). “La exposición a bajas dosis, menores a las definidas como seguras, podría tener efectos adversos”, alerta la resolución judicial y remarca que “la preocupación sobre los posibles efectos adversos sigue vigente”.

Fuente: Página 12
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Argentina_Santa_Fe_historico_fallo_frena_agrotoxicos

28 de diciembre de 2010

MODELO NEOCOLONIAL: ACAPARAMIENTO DE TIERRA, MONOCULTIVOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL




MODELO NEOCOLONIAL: ACAPARAMIENTO DE TIERRA, MONOCULTIVOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL

El modelo de agro exportación de commodities, una agricultura extractivista y minera que actualmente se ha impuesto en la Argentina, suma veinte millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, lo cual representa más de la mitad de la superficie agrícola del país. Esta agricultura de monocultivo industrial, que ya lleva veinte años, tuvo como objetivo, en principio, proveer forrajes para las producciones de carnes en encierro tanto en Europa como en China, así como harinas y subproductos industriales de la producción de aceites. Tras dos décadas de padecer este monocultivo, las consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y sanitarias para la Argentina, son devastadoras. Es un modelo de agricultura, que impone la exclusión o la marginalidad social y la pobreza. El modelo de sojización ha afectado, no solamente los agro ecosistemas mas frágiles en el norte, sino que, algunos estudios indican también, importantes pérdidas de fertilidad en la pampa húmeda. Estas tierras que históricamente han caracterizado la riqueza de la Argentina y han construido en el imaginario de nuestro pueblo y del mundo, una idea de opulencia alimentaria, ya están convirtiéndose en un mero mito, gracias a la sobre exigencia a que se encuentran sometidos sus suelos, que ayudados por las recurrentes sequías y vientos, consecuencias de la deforestación, del maltrato productivista y de los cambios climáticos, amenazan convertirse en un nuevo Dust Bowl, tormentas de tierra en sequía y por agriculturización excesiva, con desaparición de la cobertura vegetal autóctona protectora del suelo, uno de los desastres ecológicos más importantes del siglo XX.[1]

La producción de commodities se complementó con la instalación de los agronegocios como eje de poder que reconfiguró la economía. Los agronegocios son uno de los principales núcleos de poder de las corporaciones que dominan el Cono Sur. Estas corporaciones comparten el territorio con las transnacionales mineras y petroleras. Las actividades de los agronegocios y las industrias extractivas, constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana. Los agronegocios son el motor que mueve la violencia y la criminalización de las comunidades campesinas e indígenas que luchan por su tierra. Ellos se extienden con estrategias que conducen a la destrucción de las mismas bases de vida de la población rural y de las generaciones venideras.

El boom de la soja transgénica ha provocado la especialización en la producción y exportación de unos pocos productos primarios, subordinando el país a los vaivenes de la economía mundial y del capital financiero especulativo. Y aunque los commodities fueron favorecidos en los mercados, el futuro continúa siendo imprevisible. La creciente dependencia a los mercados globales ha generado una sociedad de servicio y de gran inseguridad alimentaria, en que los planes sociales reemplazan el trabajo productivo. De haber sido un importante proveedor de carnes y cereales para Europa durante gran parte del siglo XX, y siendo autosuficiente de los alimentos que consumía su propia población, en la actualidad, la Argentina ha pasado a ser un país básicamente productor de transgénicos y exportador de forrajes. Se redujo, cuando no se eliminó por completo, la producción de otros cultivos, provocando serios deterioros en la seguridad alimentaria. Por otra parte, como consecuencia directa del poder en los mercados de las corporaciones transnacionales, la producción de alimentos ha quedado subordinada a los cultivos de transgénicos para la exportación, originando un fenómeno de dependencia del país respecto de los mercados globales, las empresas exportadoras y otras corporaciones que, como Monsanto, no sólo proveen la semilla, sino también el paquete tecnológico, que integran fertilizantes y agrotóxicos.

Este modelo es responsable de la desaparición de la agricultura familiar y de los trabajadores rurales. Miles de ellos son expulsados violentamente de sus tierras y de sus fuentes de trabajo para imponer el paquete tecnológico de la siembra directa y las semillas GM, y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. Considerando la expulsión de trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva, el promedio de trabajadores que quedan, sumado a los del brevísimo trabajo temporario de los de los contratistas de maquinaria agrícola, no es más de un trabajador cada 500 Has. Condenados al éxodo rural, las poblaciones pasan a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades, convirtiéndose en consumidores rehenes de lo que el mercado les impone a través de las cadenas agroalimentarias y el supermercadismo a la vez que transformándose en cautivos del asistencialismo clientelar y una enmarañada red de punteros políticos, crimen organizado, trata de personas e iglesias destinadas a la contención y al control social de las periferias de pobreza extrema.

El crecimiento de la soja está íntimamente ligado al deterioro ambiental. Su expansión está ocasionando la deforestación de extensas áreas, en particular en las provincias del norte. Cada año se desforestan en la Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo, debido al avance de los monocultivos que afectan grave e irremediablemente a la Biodiversidad. Muchos hábitats naturales, tales como bosques, humedales o estepas, junto con especies de plantas y animales, fueron eliminados o corren peligro de extinguirse. Otras de las consecuencias de la deforestación, son el importante aumento en la incidencia de varias enfermedades zoonóticas como consecuencia de que los vectores y patógenos quedaran sin sus hábitats naturales y han debido colonizar los poblamientos urbanos. Ahora, esas enfermedades, afectan a las economías familiares y a los presupuestos en salud del Estado, agregando un factor de estrés y de gastos que es ignorado y permanece invisible dentro de las ecuaciones del mercado.

El empobrecimiento sistemático de nuestros suelos y la creciente desertificación, es otra de las graves secuelas que deja la soja, los otros cultivos genéticamente modificados y las zonas con forestación implantada y en escala. Pero la consecuencia más siniestra siguen siendo los modos en que este modelo de monocultivos ha impactado en la salud de cientos de miles de pobladores que viven cercanos a los campos de soja. Nuestra población está siendo afectada en forma directa por las fumigaciones de agrotóxicos produciéndose cáncer, leucemia, lupus, púrpura, alergias de todo tipo, malformaciones en recién nacidos, abortos y demás enfermedades vinculadas a la afectación del sistema inmunológico. A esto se suma el caso de numerosas muertes producidas por intoxicaciones. Esta situación se repite a lo largo de todo el Cono Sur, los relatos acerca de envenenamientos y desalojos, amenazas y asesinatos se producen no sólo en la Argentina, también en Brasil y Paraguay.

Según ensayo “Agricultura, alimentación, biocarburantes y medio ambiente” de diversos autores, en la Revista económica ICE de Madrid: “La agricultura y la alimentación se configuran globalmente como un reto pendiente de solución: la sexta parte del mundo pasa hambre y la población mundial y el cambio en las dietas van a elevar sustancialmente la demanda de materias primas agrarias. El mundo, pese a todo, cuenta con recursos suficientes, tierra y agua, para alimentarse, pero requiere más inversión en capital y tecnología, una regulación mejor y más justa del comercio y la mitigación de las causas de la pobreza. La producción de biocarburantes comporta una nueva demanda para la agricultura, compitiendo por los mismos recursos con la producción de alimentos”.[2] Lo que con seguridad incrementará la expansión del actual modelo de agricultura industrial y semillas GM, es el cada vez mayor interés de los países ricos por cortar su petróleo con combustibles provenientes de la agricultura. Con el surgimiento del mercado de agrocombustibles, el futuro de la producción agrícola se torna todavía más pavoroso porque nos amenaza conducirnos a una catástrofe de carácter irreversible. Múltiples organizaciones sociales han expresado su preocupación por las consecuencias que puede generar este nuevo modelo de energía, donde la agricultura estará el servicio de producir alimentos para motores. En el Cono Sur de la América Latina, el sector sojero se promociona como el gran abastecedor de biodieseles para el mercado europeo. Para América Latina esta actual ola de expansión de la agricultura industrial, amenaza lo que resta de población rural y las últimas zonas de producción de alimentos. Una de las consecuencias directas de estas políticas, es que cada vez, mayores sectores de la población de menores o escasos ingresos, tienen acceso a una alimentación adecuada debido a los altos precios de los alimentos básicos (frutas, verduras, carne, leche).

La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema global que condiciona e impone políticas de Estado. Lo que en un momento se denominó como agricultura sin agricultores, en realidad fue el comienzo de un arrebato masivo del territorio por parte de las corporaciones y que actualmente culmina en la desolación de un pueblo privado de sus suelos y del arraigo a la tierra, de su seguridad alimentaria y en consecuencia, de su Soberanía Alimentaria.

La tierra en América Latina: el talismán de las corporaciones

La crisis alimentaria mundial y la crisis financiera de 2008, reconfiguraron el mapa mundial de los más poderosos. Los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las fábulas del “crecimiento”, descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo. Es el caso de China. Sus tierras agrícolas están desapareciendo ante el avance industrial y sus suministros de agua se encuentran en estado crítico. Con más de 1.8 billones de dólares de reservas en divisas, China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad alimentaria en el extranjero. Y es lo que está haciendo, no sólo en Asia y en África. Ahora también logró instalarse en la Argentina.

La provincia de Río Negro en la Patagonia argentina, le asegurará de esa manera a China la provisión de comida durante 20 años, según lo acordó el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, en su reciente visita a ese país, con una de las mayores empresas de alimentos, la estatal Beida Yuang. El convenio consiste en que Río Negro alquile a productores de su provincia campos para que allí Beida Yuang instale sistemas de riego que permitan la plantación de soja, trigo y colza, entre otros cultivos que la empresa se encargará de comercializar en la provincia china de Heilongjiang. En una primera etapa experimental, que comenzará de inmediato, Beida Yuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3000 hectáreas de campos alquilados. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 1.450 millones en 20 años y sobre 320.000 hectáreas. Beida Yuang quiere asegurarse alimentos e insumos para producción de carnes en China por 20 años, donde sólo el 10 por ciento de las tierras son productivas y en el que cada año millones de personas se van del campo a la ciudad.

La jugada de China se ajusta a una época de Globalización en la que los precios de los alimentos son altos y los de la tierra son bajos. El negocio sería el de tener control sobre muchas de las mejores tierras cercanas a suministros de agua. La tierra será la nueva fuente de lucro y, el objetivo: controlar la producción de alimentos e insumos alimentarios para la producción de carnes en su territorio. Es en este punto donde el sector privado juega un rol esencial. No serán pocas las transnacionales y corporaciones que se lancen a la caza de tierras fértiles para la producción de lo que el mercado global les demande, ya sean alimentos o Agrocombustibles. Según nos informa Infobae del 14 de Octubre de este año, otro tanto estaría haciendo Qatar que, está implementando conversaciones preliminares con el Gobierno argentino, para instalar proyectos agrícolas destinados a la producción de cereales a fin de asegurarse el abastecimiento de alimentos, y está dispuesto a comprar tierras en Argentina por valor de unos 100 millones de dólares. [3]

Las semillas de Monsanto y los pooles de siembra: una nueva agricultura

El argentino Gustavo Grobocopatel, fundador y presidente de la compañía Los Grobo, considerado el empresario número uno y referente indiscutido a nivel mundial en el terreno de la soja, hace dos años pasó a formar parte de Sollus Capital, un grupo de inversión que tiene por finalidad adquirir tierras cultivables en el Cono Sur. Conocido como “el rey de la soja”, Grobocopatel cultiva más de 280.000 hectáreas, de las que unas 120.000 son en la Argentina y el resto en Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy sus ventas superan probablemente en mucho el millar de millones de dólares en cada campaña. La familia Grobocopatel, de origen ruso-judío llegó a la Argentina en 1912, proveniente de Berasabia, al sur de Rusia. Se instalaron en una colonia judía de Carlos Casares, un pueblo a 300 kilómetros de Buenos Aires. Allí comenzaron a realizar distintas tareas como contratistas agropecuarios. En el año 1984, Gustavo Grobocopatel funda junto a su padre Los Grobo Agropecuaria. En ese entonces era tan sólo una empresa familiar, en donde trabajaban 4 personas en la administración, disponían de un camión y una oficina en un taller reformado, que cumplía funciones de depósito, en la localidad de Carlos Casares.

En 1986 se produjeron dos hechos concurrentes y vitales para la expansión de la empresa familiar: inflación e hiperinflación y paralelamente la inundación en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Ambos eventos dejaron secuelas agronómicas y económicas financieras. En esos años muchos productores abandonaron la producción y muchos campos se ofrecieron en alquiler. La experiencia agronómica y de relaciones comerciales consolidada en Los Grobo Agropecuaria facilitó el desarrollo de una incipiente red de agronegocios por contratos. Esta experiencia los motivó a seguir sembrando fuera de los campos propios. Así fue que los efectos de la hiperinflación y las secuelas de las inundaciones les permitió a los Grobocopatel, realizar diversas operaciones de compra y venta de campos. Pero el verdadero salto cualitativo se produce durante los años noventa. Con la llegada a la presidencia de Carlos Menem en 1989, se inaugura lo que luego se conocería como neoliberalismo. Las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado generan el campo propicio para la expansión de los agronegocios. El propio Gustavo Grobocopatel sintetizó así lo que significó la década del noventa para su mega empresa: “El único camino posible fue el crecimiento en escala y la eficiencia. La década de la convertibilidad originó inmensas oportunidades anticipándose a los acontecimientos. Los aumentos de precios de granos se aprovecharon porque estábamos muy posicionados en la producción. La caída de muchos competidores, primero acopios locales y la liberación de tierras de muchos productores que se retiran de la actividad, se tradujo en oportunidad para nosotros”.

Con la incorporación del sistema de siembra directa primero, y con la de las semillas transgénicas después, Gustavo Grobocopatel comienza a ser portavoz de lo que él denomina el nuevo paradigma: “la sociedad del conocimiento”. En esos años la empresa eleva exponencialmente su producción de granos. En el año 2001 la familia Grobocopatel funda “el Grupo Los Grobo” y se consolida como uno de los principales grupos económicos de la Argentina. Los Grobo es una empresa que produce granos, los acopia, los procesa y presta servicios para la producción y la industria alimentaria en el MERCOSUR. Dentro de la cadena de valor de la actividad, la empresa está vinculada desde la investigación biotecnológica y la genética vegetal, hasta la comercialización de harinas y subproductos de la molienda. Su principal característica es que no compra tierras sino que las arrienda, es decir que usa la tierra de otros, bajo el convencimiento de que en una época de capitales líquidos no tiene sentido congelarlos en la propiedad de tierras sino dinamizarlos en el uso. De esta manera nacen los llamados pooles de siembra que rápidamente se extienden por todo el territorio de la sojización, imponiendo la escala y el abaratamiento de costos. Pero asimismo expresa Grobocopatel en estas prácticas y desde el principio, un claro liderazgo, una vocación de sumar a muchos a un proyecto que denomina nueva agricultura y sociedad del conocimiento. Él mismo lo explica: “…La nueva agricultura, con campesinos transformados en emprendedores, en proveedores de servicios, con hijos en las universidades o escuelas técnicas, con condiciones de trabajo calificadas, creo que es lo mejor para toda la sociedad. Hay más empleo, pero alocados en diferentes lugares, menos productores, más proveedores de servicios, más industrias. El impacto sobre la sociedad está estudiado incipientemente, pero los primeros resultados son optimistas. En un reciente trabajo encargado por Naciones Unidas se comprobó que diferentes grupos de interés vinculados con Los Grobo han ganado en autonomía, empleabilidad (que para mí es más importante que el empleo), enprendedurismo y liderazgo. Una sociedad más libre, más creativa, con más capacidad de adaptarse a los cambios, con más acceso al conocimiento. Por supuesto que esto no basta. Tenemos que tener un Estado e instituciones fuertes, robustas, que faciliten, que estimulen, que den igualdad de oportunidades.”[4]

La mejor definición del Grupo Los Grobo se encuentra descripta en su publicación en Internet denominada Visión[5], donde se destaca que la compañía es una empresa de producción y procesamiento de granos, pero fundamentalmente, de servicios. La empresa, desde la localidad de Carlos Casares en la pampa argentina: Los Grobo Agropecuaria S.A Argentina, año1984, se ha extendido agresivamente a los EEUU y a Bradil. En el 2008, el Grupo Los Grobo S.A. informó que los capitales del Fundo de Investimento em Participações PCP (Brasil) y PCP LP (Islas Cayman) ingresaron como accionistas del Grupo Los Grobo. “El grupo argentino Los Grobo comenzó el proceso de unificación de sus operaciones de granos en Brasil. Con presencia en ese mercado desde el año pasado, el Grupo concentrará su actividad en CEAgro, que pasará a ser su marca en el país. Fortalecido por la incorporación de dos nuevas actividades, CEAgro se propone facturar unos u$s 360 millones en 2010. Con la reestructuración y una inversión no revelada, considerada "poco significativa" para el grupo, Los Grobo Brasil se convirtió en el principal accionista de CEAgro. La cuota inicial del 35%, adquirió a mediados del año pasado, se amplió a 59,5%. El paranaense, Alberto Paulo Fachin, que fundó la CEAgro en 1994, obtiene el otro 40,5%, y sigue como presidente de la compañía. El 66,6% de las acciones de Los Grobo Brasil están en manos de Grupo Los Grobo, en el que la participación de la familia Grobocopatel es mayoritaria con un 76,64%. Vinci Partners, a través del fondo PCP, dos ex socios del Banco Pactual, tienen el 21,56% del Holding y el 33,3% de Los Grobo Brasil”.[6]



La expansión sobre el Cono Sur de los grandes grupos sojeros argentinos ligados a las empresas agroexportadoras como Cargill y Bunge, se produce durante la llamada Crisis del Campo, en el transcurso del segundo semestre del año 2008[7]. En su libro sobre la mafia Judía, Fabián Spollansky nos dice sobre el grupo Elsztain lo mismo que podría afirmarse sobre otros grandes grupos y pooles sojeros: “La gran masa de productores en negro, aquellos a los que el propio fisco no incorpora deliberadamente, se ve obligada a realizar operaciones a pérdida que para intermediarios, acopiadores y cerealistas exportadores son ganancia redonda. Eso motivó el larguísimo paro granario en rechazo a la política fiscal del gobierno, que a los cerealistas no les significó absolutamente ningún riesgo ni mucho menos, costo adicional. Encabezados por la mafia Elsztain, trajeron 4 millones de toneladas de saja del Paraguay que llegaron a Rosario en convoyes de balsas por la Hidrovía del Paraná. La larga huelga agraria produjo desabastecimiento y, a la vez, un tremendo desprestigio del gobierno, pero los grandes cerealistas silenciosamente, siguieron ganando dinero y consolidaron su expansión en todo el MERCOSUR. La mafia Elsztain avanza rápidamente en el territorio sojizado. Lo obtenido como ganancia extraordinaria con la crisis lo utilizará para extender sus latifundios en Goiás y en el Matto Grosso. Pero así como se sirve del fisco para extorsionar a los más débiles del circuito productivo, pasa por sobre este cuando se trata de lavado de dinero. El domingo 22 de junio del 2008 se conocieron detalles del lavado de divisas de la Argentina, realizado por grandes capitalistas, noticia que fue difundida por el diario Crítica, en una nota del director de ese medio, Jorge Lanata, que reproducimos íntegra en el apéndice. Uno de los principales lavadores de dinero es Marcos Marcelo Mindlin, socio y amigo de Elsztain. Operaba por medio de JP Morgan, y uno de los ejecutivos de esta banca, Hernán Arbizu, denunció las maniobras en Estados Unidos y en la Argentina.[8]

Los Grobo: posicionándose en las nuevas tecnologías

Asimismo el Grupo los Grobo ha generado una empresa líder en el área de Biotecnología y clonación de animales que se denomina Bioceres, una sociedad inversora en la que agrupa y lidera a más de doscientos emprendedores agropecuarios. Asimismo, mediante Bioceres y más precisamente mediante INDEAR, un instituto de agro biotecnología dependiente de Bioceres, ha concertado importantes acuerdos con las instituciones científicas del Estado Argentino para determinar las políticas oficiales en el área de investigación y desarrollo, a la vez que capitalizar esos avances científicos para el sistema de agronegocios biotecnológicos que lidera.



Grobocopatel se ha definido públicamente a sí mismo como un “sin tierra” ya que sólo es dueño del veinte por ciento del total de las tierras que cultiva, el resto son arrendadas. Con respecto al éxodo rural al que se ven arrastrados miles de campesinos como consecuencia del avance de los agronegocios, el llamado “rey de la soja” sostuvo que “La agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con trasformaciones en la sociedad. Es un proceso que observamos desde la década del ’40, no está asociado a una ideología y no afecta sólo al campo; también hay muchas industrias con menos obreros. Por supuesto que las políticas aceleran o retrasan el proceso y lo pueden hacer más o menos equitativo, pero es inevitable y, desde mi punto de vista, positivo más allá de los temores que despierte”.

Hoy Los Grobo se han posicionado como el cuarto grupo molinero del país detrás de Cargill, Navilli y Lagomarsino y el tercer grupo exportador a Brasil. A partir del año 2008, con la incorporación de socios extranjeros, se transformó en una verdadera transnacional. En Febrero del 2008 el holding de Los Grobo incorporó, a través de un aumento de capital por 100 millones de dólares, al fondo de inversión Fundo de Investimento em Participações PCP, ex propiedad del banco suizo UBS, y actualmente perteneciente al grupo financiero brasileño Pactual Capital Partners, ahora denominado Vinci Partners. En mayo del 2008 el Grupo Los Grobo, junto a PCP y a Touradji Capital Management se unieron para formar parte del grupo de inversión Sollus Capital. Touradji Capital Management es una administradora de hedge funds (Fondos de Cobertura, fondos de inversión especulativos de algo riesgo que buscan elevadas rentabilidades) con sede en Nueva York y especialista en investigación fundamental e inversiones activas en commodities y valores vinculados a ellos. Actualmente, la empresa administra activos de más de US$ 3,5 mil millones. La página web oficial de Sollus Capital define así esta sociedad: “La alianza entre PCP, Touradji y el Grupo Los Grobo es una combinación poderosa con una posición única para capitalizar la atractiva dinámica de tierras agrícolas en América del Sur”.

Y más adelante señala lo que se puede considerar un resumen del principal objetivo de esta alianza: “Sollus Capital está estructurada para capitalizar la valorización potencial de tierras de cultivo en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Sollus pretende identificar y adquirir tierras a través de una completa red de agentes de campo de los recursos propios de Los Grobo y Sollus. La empresa pretende adquirir tierras subdesarrolladas, comenzar su desarrollo y dejar que Los Grobo aumenten su valor con la implementación o mejora del "ecosistema" regional de agronegocios. Este "ecosistema" incluye servicios de consultoría, tecnología, infraestructura utilizada para el almacenamiento y distribución de insumos, financiamiento y servicios de hedging (cobertura), y apoyo logístico ofrecido a agricultores de las regiones aledañas. Después de mejorar el ecosistema de agronegocios y de que el valor creado sea reconocido en los precios de las tierras, la empresa pretende venderlas y lucrar con su valoración”.

Los Grobo no están solos… siguen sumando aliados

Según el diario La Nación del 31 de Octubre de 2010: “El buen momento que viven las commodities agrícolas despertó el interés de los inversores internacionales por el campo argentino. Una semana después de que la empresa Los Grobo sumara un socio minoritario brasileño, Cresud, la compañía agropecuaria del grupo IRSA, anunció una ampliación de su capital con la que busca captar 300 millones de dólares. Ayer, Eduardo Elsztain, el número uno del grupo IRSA, y su hermano Alejandro, presidente de Cresud, encabezaron la presentación formal de la oferta pública, tras obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador de los mercados de capitales en los Estados Unidos. Durante la presentación, los Elsztain adelantaron que los fondos obtenidos con la ampliación de capital serán destinados a financiar el plan de expansión de Cresud en el mercado argentino y a potenciar su presencia en el exterior. Hasta el momento, la división de negocios agropecuarios del grupo sólo está presente en Brasil y su objetivo es extender sus operaciones a otros países de la región, como Uruguay, Paraguay y Bolivia”.

A su vez Brasil Agro[9], había anticipado hace pocas semanas la intención de la empresa CRESUD, propiedad del hombre más rico de la Argentina, Eduardo Elsztain[10], a su vez tesorero del Consejo Judío Mundial, de sumarse como empresa a las actividades que desarrollan Los Grobo y Sollus Capital. La noticia dice lo siguiente: “…Cresud construye un puente entre BrasilAgro y Sollus. A argentina Cresud está plantando a semente de uma operação que poderá dar origem à maior controladora de propriedades agrícolas do país. O cultivo começou a ser feito há dois meses, com o aumento da sua participação no capital da BrasilAgro. Após comprar as ações em poder da Tarpon Investimentos e se tornar o maior sócio individual da companhia, com 40% das ordinárias, o grupo portenho caminha agora na direção do conterrâneo Gustavo Grobocopatel, um dos principais nomes do agronegócio na Argentina. O objetivo da Cresud é costurar a associação entre a BrasilAgro e a Sollus, controlada por Grobocopatel, pelo fundo Pactual Capital Partners (PCP) e pelo private equity norte-americano Touradji. Um dos caminhos para a fusão entre as duas empresas seria um cruzamento societário entre os atuais acionistas, sem a necessidade de aporte financeiro. Do lado da BrasilAgro, além da própria Cresud, outro personagem importante neste enredo é o empresário Elie Horn, dono da Cyrela e um dos principais acionistas da empresa. Seu imprimatur seria decisivo para a negociação. Horn, um dos fundadores da BrasilAgro, tem forte ascendência sobre a miríade de fundos de investimento que integram o capital da empresa. Procuradas pelo RR - Negócios & Finanças, a BrasilAgro e a Sollus negaram a associação.
A fusão entre BrasilAgro e Sollus resultaria em uma empresa com mais de 240 mil hectares de terras no país. Levando-se em consideração o plano de expansão já em curso nas duas companhias, esta nova holding poderia chegar ao fim do ano com uma carteira de mais de 340 mil hectares em propriedades rurais, superando a atual líder do setor, a Tiba Agro. A empresa teria ainda terras na Argentina, com o carry over dos ativos da Los Grobo e dos irmãos Alejandro e Eduardo Elsztajn, donos da Cresud. A eventual associação é um reflexo do poder que a Cresud ganhou ao aumentar sua participação no capital da BrasilAgro. Além da aproximação com Gustavo Grobocopatel, o grupo argentino é também um dos idealizadores da emissão de ADRs programada pela companhia. Independentemente da operação com a Sollus, dentro da própria BrasilAgro a expectativa é que a maior ingerência da Cresud vai se refletir na gestão da companhia, inclusive com a possível troca de executivos indicados pela Tarpon Investimentos (Relatório Reservado, 6/7/2010).

La sumatoria y la articulación entre las fuerzas de Eduardo Elsztain, Gustavo Grobocopatel y sus respectivas empresas en la Argentina y en el Cono Sur, pueden ser trágicas para el porvenir de nuestros países y sumamente difíciles de contrarrestar, en especial debido al respaldo que estas Corporaciones suelen contar por parte de los diversos gobiernos progresistas de la América Latina.



Especulación con los alimentos y avalancha del acaparamiento de tierras



Con el acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones, los agricultores y las comunidades locales inevitablemente perderán el acceso a la tierra para la producción local de alimentos. Se está entregando la base misma sobre la cual construir la Soberanía Alimentaria. En marzo de 2010 el GRAIN difundió un documento en el que afirma que: “Se dice como excusa que en muchos casos las tierras no se venden sino que se rentan, pero qué propicia más la devastación sin miramientos de las tierras: ¿que se vendan, o que se renten por… noventa y nueve años? Al final de tales contratos, los “inquilinos” regresarán a una tierra agotada, erosionada, contaminada, a la cual será muy difícil recuperarle su fertilidad, y ellos simplemente se mudan a nuevas tierras “disponibles”.



Este proceso que hemos descripto amenaza convertirse en una verdadera catástrofe para nuestros pueblos, en la medida en que las corporaciones transnacionales redireccionan el flujo de capitales financieros errantes desde la crisis de los mercados inmobiliarios, hacia las zonas de agricultura en América del Sur y en África. La consecuencia será la devastación de los ecosistemas naturales sometidos a procesos productivos que agotan rápidamente los frágiles equilibrios en zonas como la Patagonia y el Norte argentino. Otra consecuencia importante será la pérdida de la soberanía nacional sobre vastos espacios que funcionarán como enclaves extra territoriales a la vez que, como bolsones de producción sometidos a las demandas de intereses externos, en detrimento de los Estados nacionales y de sus responsabilidades de mantener la integridad y la soberanía de sus propios espacios. La decisión sobre la vida y los bienes comunes quedarán en ese caso, en manos de quienes concentran el manejo de las producciones, constituyéndose gobiernos paralelos, a la vez que mutilándose el cuerpo de la Nación.



Con estas nuevas formas de apropiación se acentúa la tendencia al despojo de las poblaciones criollas, campesinas e indígenas que por decenas de años han estado arraigadas en esos territorios y que las obligará a migrar a las periferias de los centros urbanos. Las fronteras nacionales se desdibujarán como consecuencia del acaparamiento de las tierras agrícolas, tornando inaplicables las leyes y reglamentaciones que protegen nuestros espacios, desertizando vastos territorios y agotando las escasas fuentes de agua. En el documento de las FAO: Perspectivas para el medio ambiente, podemos leer: “… parece probable que el calentamiento global beneficie a la agricultura de países desarrollados situados en zonas templadas y que tenga efectos adversos sobre la producción de muchos países en desarrollo situados en zonas tropicales y subtropicales. Por tanto, el cambio climático podría aumentar la dependencia de los países en desarrollo de las importaciones y acentuar las diferencias existentes entre el norte y el sur en cuanto a seguridad alimentaria”.[11]



Este sombrío panorama constituye una realidad en marcha. Los mega emprendimientos agroindustriales se unen y consolidan avanzando sobre los territorios y sobre nuestras vidas, mientras las burguesías y los gobiernos operan como meros facilitadores del despojo, obnubilados por las ganancias inmediatas y sin considerar las graves consecuencias que soportarán las generaciones de argentinos aún no nacidas. El acaparamiento de tierras es en definitiva, la nueva etapa de un proceso de neocolonización que en su momento nos obligó a producir forrajes y aceites de soja, más tarde a producir agrocombustibles para los automotores de Europa, y que ahora se manifiesta y profundiza sobre los amplios territorios despoblados por el modelo anterior, con la constitución de enclaves agro productivos, por parte de ciertos países necesitados de solucionar su crisis alimentaria, en este caso a costa del hambre, del desarraigo de nuestras propias poblaciones y en detrimento de nuestra Soberanía Nacional.



GRR Grupo de Reflexión Rural

Octubre - Noviembre de 2010




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[1] http://es.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl

[2] http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_847_41-57__D22088E3FFF96C7A09B33666F54EF033.pdf

[3] http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=541491&IdxSeccion=101275

[4] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-151221-2010-08-13.html

[5] http://www.losgrobo.com.ar/nuestra-empresa/vision.html

[6] http://www.losgrobo.com/index.php/news/view/id/32

[7] http://www.haceteamigo.com.ar/web-@PW-conflicto-campo-agro-gobierno-argentina-kirchner-delia-angeli.asp

[8] http://www.fabianspollansky.com.ar/novedades.php

[9] http://www.brasilagro.com.br/index.php?noticias/detalhes/9/28824

[10] http://www.taringa.net/posts/noticias/5714157/El-Hombre-Mas-Rico-De-La-Argentina---Eduardo-Elsztain.html

[11] http://www.fao.org/docrep/004/y3557s/y3557s11.htm

Fuente: F:\GRR - Grupo de Reflexión Rural-3-9-10.mht
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