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Contra los monocultivos y minería contaminantes y a favor de la Soberanía Alimentaria y de un Proyecto Nacional Sustentable

17 de julio de 2019

El litio y el riesgo hídrico



Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio

Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.

FUENTE: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/search/label/Salta


Asambleas jujeñas piden ser escuchadas por el litio
  Publicado por Eco Sitio |




Litio y extractivismo: las asambleas jujeñas se movilizan y reclaman que se escuche su voz

Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Jujuy


El litio y otros minerales son uno de los negocios más rentables para las empresas trasnacionales y Argentina cuenta con una de las leyes más flexibles de la región. En ese marco las comunidades buscan proteger su territorio de daños irreparables.
La provincia de Jujuy avanza con una amplia agenda extractivista a todo vapor: nuevos proyectos, sumados a otros que vienen desde varios años atrás que el gobierno de Gerardo Morales impulsa con fuerza. La polémica acompaña a estos emprendimientos, por un lado, los pasivos ambientales que anteriores experiencias han dejado en los territorios que explotaron, pero también la falta de consultas, previas, libres e informadas a las comunidades originarias que obliga la ley. Por otro lado, los puestos de trabajo que implican estos desarrollos mineros hace que una parte de la población no los vea con malos ojos y desatienda el costo ambiental a mediano y largo plazo.
A lo largo y ancho de la Puna, inclusive en las poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, asambleas ambientales de comunidades y pobladores han vuelto a despertar alarmados por estos proyectos. “Las asambleas tienen una dinámica en directa relación con los avances mineros –cuenta a Tiempo un asambleísta de Abrapampa–, en toda la Puna empezamos a juntarnos especialmente cuando hay movimientos en el territorio, como ahora está pasando con algunos proyectos y emprendimientos con minería de litio”.
En enero y febrero, las comunidades empezaron con medidas concretas de resistencia, como los cortes de la Ruta 52 de comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Este sábado 6 de julio en la localidad de Pozo Colorado, se realizó una asamblea que además contó con representantes de la Comunidad de Mudana y Cimarrones (de la Asamblea de Autoconvocados de Huacalera), Ayllu Inti Yaku Apu Coyamboy (de Coranzuli) que también se encuentran amenazadas por proyectos extractivos en sus territorios.
En la Puna, las asambleas vienen trabajando desde antes de 2011 en defensa del territorio. Toda esa experiencia acumulada es la que intentan articular en los diferentes espacios. Aunque a veces parecen hibernar, de repente se reavivan ante algún hecho puntual, como sucedió en enero y febrero de este año en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc cuando expulsaron a Ekekos S.A. y AIS Resources Limited de su territorio. En ese momento, las asambleas emitieron un comunicado en el que expresaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos”.
La asamblea del último sábado ratificó el documento del 22 febrero en uno de cuyos puntos dice que “ninguna comunidad en particular está autorizada a aprobar, autorizar ni mantener negocios vinculados a actividades que afecten negativamente al territorio”.
Un reclamo de las asambleas es que los gobiernos no respetan el territorio comunitario, “nunca lo han hecho, pero las comunidades ya han conformado un protocolo de consulta, que salió con mucho de trabajo de asamblea. Y desde la gestión Morales, al que se le regaló un ejemplar, nunca, nunca se nos llamó y vemos como los intereses de los gobiernos y de las empresas priman más que los de los dueños verdaderos del territorio”, declaran. El protocolo se llama Kachi Yupi, y el gobernador Gerardo Morales supo prometer sacarlo por decreto y reglamentarlo, hasta la fecha eso no sucedió. Sin embargo, la consulta previa, libre e informada se encuentra en el convenio 169 de la OIT y se incorporó por ley nacional en 1992.
La voz de las asambleas no encuentra suficiente eco en los medios de comunicación, enfrentan intereses varias veces millonarios y aunque son los únicos que se encuentran en el territorio no son tomados como interlocutores válidos hasta que logran una acción de gran visibilización. El gobernador Morales, por su parte, mantiene su gran apuesta por el litio, según sus estimados unos 2.000 millones de dólares llegaron a la provincia interesados especialmente por la flexibilidad de la legislación nacional. China está entre los países con mayor interés, al punto que Morales ya realizó tres viajes al país asiático y se reunió con su presidente durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires.
Argentina posee el costo de producción más bajo del denominado triángulo del litio (el NOA junto con Bolivia y norte de Chile poseen más del 75% de las reservas del mundo), que se relaciona con el modo de explotación por medio de la evaporación de agua para producir el carbonato de litio. El agua dulce en la región es un bien precioso y escaso. “Ahora la gente empieza a ver consecuencias ambientales de otros proyectos que avanzaron. En el litio, el problema es el uso del agua que cambia el sistema de la salina, las imágenes del impacto visual ya son elocuentes”, cuenta Enrique, de la Biblioteca Andina Ñawpayachaykuna , quien sigue el proceso de cerca.
Otro punto de alerta en el caso de minería de otros metales es Rinconada, con minas Chinchillas (SSR Mining Puna) que a fines del 2018 empezó la explotación a cielo abierto de plomo, plata y zinc, luego del cierre de Mina Pirquitas en 2016. En esa zona las comunidades tienen una tradición minera a lo que se suma la estrategia del gobierno y de las empresas de convencer a la población por medio de las fuentes de trabajo que generan estos proyectos. “Nosotros comprendemos la necesidad de trabajar. Incluso se ve una suerte de enfrentamiento generacional, con la gente mayor que tienen experiencia en las consecuencias, porque cerca de Rinconada hay pasivos ambientales que no han sido remediados, que están activos, como mina La pulpera, Minera Aguilar (que contaminó el río Yacoraite, que desemboca en el río Grande de Jujuy), Mina Loma Blanca, Mina Providencia, que son emprendimientos pequeños”.
El más emblemático de estos proyectos es la mina Pan de azúcar. Los relatos coinciden en que al llegar al lugar se siente el olor a plomo. Ese pasivo ambiental drena y en época de lluvia va por distintos arroyos y ríos durante el verano a desembocar en la laguna de Pozuelos, que es un Monumento Natural Nacional. “Los estudios de 2016 y 2017 ya detectaron una subida del ph del agua”, cuentan los asambleístas.
El ruido que producen estos emprendimientos de litio y otros metales hace que la gente se empiece juntar, los rumores llegan hasta la misma Quebrada de Humahuaca. Hasta los turistas que pasan por ese territorio se ven interpelados por carteles, llamados a asambleas, megáfonos. La asamblea de Huacalera está muy activa en la zona, en el documento del último sábado reafirmaron que los datos de catastro minero de la provincia de Jujuy el gobierno ofrece múltiples proyectos mineros en esa zona.
Al no tener información directa, fuera de la que brinda la página web, es la experiencia la que les reclama atención. “Cuando empezamos a ver movimiento de maquinarias o empiezan a dar vuelta las camionetas de las mineras ya sabemos que están por emprender algo. De la noche a la mañana te construyen o arreglan caminos. Por eso el tema de la consulta es tan importante. Por ejemplo eso pasó en la mina de cobre que había cerrado en Rumicruz que los puneños se alertaron al ver que el Estado de repente comenzó a arreglar un camino. Algo parecido pasa en Huacalera, y lo más probable es que estén buscando realizar exploraciones en la zona”.
Ya desde Purmamarca arranca la movilización asamblearia, los vecinos autoconvocados de allí impidieron hace no mucho la privatización del cerro De los siete colores y el Camino de los colorados. Aún están peleando por el agua, dado que hay una obra en marcha que toma agua de Laguna La Doncella para enviarla a otros sitios de la provincia. “Desconocemos aún los fines reales de este emprendimiento”, aseguran y desde su sitio en la red Facebook denuncian: “Aquí la consulta libre, previa e informada jamás existió y se alteró un patrimonio ecológico de forma irreversible”.
“En concreto lo que nos moviliza es la defensa del territorio de la Pachamama”, dicen desde Abra Pampa, una de las poblaciones más emblemáticas en cuanto a daño ambiental. Niños y adultos de esa localidad tenían niveles de plomo nocivos para la salud en su sangre a más de 20 años de que se fuera una minera de allí.
Pese a las largas distancias, a los impedimentos impuestos por los gobiernos nacional y provincial y a la falta de información, las comunidades y los asambleístas de la Puna se están movilizando, compartiendo experiencias, autogestionándose y articulando entre ellas ante el avance de la minería extractiva.
En junio, la empresa de capitales mixtos Jemse se asoció con la italiana Seri para desarrollar una fábrica para ensamblar baterías de litio en la localidad de Perico, donde ya construyeron un aeropuerto. Esto por su puesto no quita que las regalías que quedan en Jujuy, como en el resto de las provincias, sigue siendo del 3 por ciento de boca de mina, el ínimo de la región. Los otros tres países del triángulo del litio participan fuertemente de la lógica extractivista pero desde otra mirada. El Estado chileno concentra la producción y ha reducido las licencias en la zona cordillerana y Bolivia ha nacionalizado sus yacimientos.

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